Camino de Cruces amenazado otra vez, en otro frente

AFRENTA A LA HISTORIA

El mercado y el camino colonial

Luis Puleio C.
opinion@prensa.com

La construcción del Mercado de Abastos en el sector del antiguo campo de antenas de Chivo Chivo marcará el principio del fin del Camino de Cruces.

El campo de antenas de Chivo Chivo, hasta la entrada en vigencia de los tratados Torrijos–Carter, era un importante centro de comunicaciones del ejército estadounidense acantonado en Panamá. Con una superficie de 150 hectáreas, el campo era parte del polígono de entrenamiento de la Brigada 193 de Fort Clayton y centro de escucha del sector pacífico del continente.

A pesar de ello, los estadounidenses respetaron el sendero empedrado del Camino de Cruces que, desde el Puente del Rey, construido sobre el río Hondo actualmente río Curundú, era la puerta para llegar o salir de la ciudad de Panamá, después de 1673.

Su eje de marcha, para detallarlo en la actualidad, va desde el cruce del río Curundú pasa por el terreno del museo Reyna Torres de Araúz en altos de Curundú, continúa en dirección al Colegio de Las Esclavas, servidumbre de la Embajada de Estados Unidos, traspatio del Colegio Javier, el Hospital de Clayton, los terrenos en litigio de la compañía Pazco, la calle de la Guanábana, unidad de viviendas de Clayton, internándose en el campo de antenas con destino a la carretera Madden y el poblado de Venta de Cruces en Gamboa, a orillas del río Chagres.

Para ahondar un poco más en la historiografía nacional, es en el campo de antenas donde se pretende construir el Mercado de Abastos de la ciudad, en donde existió el poblado colonial de Guayabal desde el cual el gobernador Pérez de Guzmán planeó la defensa de la ciudad de Panamá contra los piratas de Henry Morgan.

Guayabal fue uno de los tantos sitios de relevo con que contó el camino para el hospedaje y descanso de los viajeros. El explorador Enrique García y el profesor de historia Geovanni Duarte, han realizado la prospección en el área encontrando fragmentos de cerámica de la época.

Doblemente revelador es dar a conocer a la luz pública que, además del Camino de Cruces, en el sitio de Guayabal se entroncaba el camino de Gorgona, una construcción hecha de piedra de río, igual al de Cruces, por los españoles, como ruta directa a dicho poblado asentado algunos kilómetros más abajo del poblado de la Venta de Cruces.

El capitán e ingeniero español Nicolás Rodríguez, en 1735, fue comisionado por su majestad del reino de tierra firme para inspeccionar los caminos de Cruces, Gorgona y Real a solicitud de los comerciantes de Porto Bello y Chagres. El porqué respondía al hecho del peligro que representaba para los bongos, el vencer los rápidos del río Chagres que ocasionaban pérdidas en vidas y mercancías. Por ello se tenía en mente trasladar la Aduana de Venta de Cruces hacia la comunidad de Gorgona por estar ubicada, lejos de la impetuosa escorrentía del río (Informe de inspección del capitán Nicolás Rodríguez, Biblioteca del Smithsonian Institute).

Construir el Mercado de Abastos en el centro del Parque Camino de Cruces generaría el asentamiento paulatino de villas miseria en derredor del perímetro del mercado, donde los pepenadores y los precaristas de toda clase pulularían en el área.

Las aguas negras y la basura se deslizarían hacia los lagos de Miraflores, auxiliares del Canal, y los inversionistas impulsarían proyectos de viviendas, aniquilando el verdor del parque.

En hora buena, el diputado José Blandón adelanta el proyecto de declarar el Camino de Cruces y Camino Real en monumentos históricos de Panamá. La construcción del mercado en ese terral histórico será, a no dudar, una afrenta a la historia nacional que negaría a los panameños el disfrutar y conservar, para las generaciones presentes y por venir, una ruta que le dio la existencia al Panamá de hoy.

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Talarán bosques protegidos de Camino de Cruces

PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES

Talarán bosque de área protegida

27.9 hectáreas de bosque empezaron a desvastarse para construir un proyecto residencial y comercial. La Anam aprobó el estudio de impacto ambiental.

JOSÉ ARCIA

jarcia@prensa.com

Las zonas boscosas del distrito capital siguen perdiendo terreno ante la industria inmobiliaria. La empresa Promotores de la Metrópoli, S.A., vinculada a la familia del ministro de Vivienda, Gabriel Diez, desarrolla el proyecto residencial y comercial Colinas de Versalles en un área de 27.9 hectáreas formada por bosque maduro.

Parte de los terrenos está dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, según lo determinó la Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD), al trazar en un mapa los límites del parque, utilizando como referencia las coordenadas que aparecen en la Ley 30 de diciembre de 1992, que crea el área protegida.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó, en agosto de 2006, el Estudio de Impacto Ambiental, que señala que “el desarrollo del proyecto generará impactos significativos sobre la vegetación al destruir o eliminar 27.9 hectáreas”.

Gabriel Diez M., vicepresidente de la empresa, dijo que solo se afectarán 3.5 hectáreas, y alegó desconocer que parte del terreno está dentro del parque.

Ariel Rodríguez, presidente de ACD, presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue un delito ecológico, ya que la empresa empezó a mediados de diciembre con la tala de árboles.

PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES

Se pierden bosques urbanos

Proyecto urbanístico afectará área protegida. Ambientalistas piden frenar el daño ecológico lo antes posible.

DAÑO. Los tractores entraron a la zona boscosa que, según los cálculos de un biólogo ambientalista, están dentro de Parque Nacional Camino de Cruces. La destrucción del área se hizo para marcar los márgenes de las calles de un proyecto inmobiliario. LA PRENSA/ David Mesa
Ariel Rodríguez, Presidente de Alianza para la Conservación y el Desarrollo, ACD

JOSÉ ARCIA

jarcia@prensa.com

Otra zona boscosa de la ciudad capital está a punto de desaparecer, como consecuencia de la industria inmobiliaria.

Esta vez se trata de 27.9 hectáreas de bosque maduro (con más de 100 años de edad), e incluso parte de ellas se encuentran dentro del Parque Nacional Camino de Cruces (PNCC), una reserva natural creada en 1992 para, entre otros objetivos, proteger la orilla este del Canal de Panamá y asegurar su funcionamiento.

En la salida del Corredor Norte, por la avenida de la Paz, a un costado de los terrenos de la Universidad Tecnológica de Panamá, se levanta el proyecto residencial y comercial Colinas de Versalles, que en agosto de 2006 recibió el aval de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), cuando fue aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La obra es desarrollada por Promotores de la Metrópoli, S.A., que pertenece a la familia del ministro de Vivienda, Gabriel Diez.

Tractores y camiones han entrado al lugar, desde mediados de diciembre, y las consecuencias ambientales empiezan a notarse: el bosque está siendo desmontado para abrir una trocha, que marca el comienzo de la tala de 5 mil 586 árboles, cifra que consta en el EIA.

Ariel Rodríguez, biólogo y presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, opinó que la ciudad capital sigue perdiendo lo mejor que tiene, sus bosques, para dar paso a “aberraciones urbanísticas” que destruyen naturaleza para generar réditos particulares.

LÍMITES

La mayor preocupación de Rodríguez es que “evidentemente” parte del área está dentro del PNCC.

Así lo confirmó el biólogo al ubicar geográficamente los límites del parque, tomando como referencia las coordenadas que aparecen descritas en la Ley 30 de diciembre de 1992, que crea la reserva forestal.

La medición también determinó que los límites del parque atraviesan el estadio Rod Carew y otras zonas que ya han sido urbanizadas.

Incluso, dentro del parque funciona una concretera de la empresa M&S que está justamente al lado del proyecto Colinas de Versalles (Ver infografía).

Los límites del parque son materia de análisis en estos momentos por la Anam. En 1996 se hizo una medición de campo, pero no fue aprobada porque no coincidió con las coordenadas que se establecieron en la ley, señaló Edgar Araúz, jefe del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas de la entidad.

Esto, añadió, explica en gran medida que surjan estos problemas de urbanizaciones dentro del parque, porque no se tiene una medición en campo de los límites.

Gabriel Diez M., vicepresidente de Promotores de la Metrópoli, S.A., afirmó que, a su entender, el terreno no está dentro del parque.

“Por primera vez me entero de que alguien alega que la propiedad en mención está ubicada en un área que, supuestamente, está en un parque natural”, adujo Diez M. Por eso prefirió no hacer más comentarios.

Sobre el proyecto, afirmó que no se urbanizarán las 27.9 hectáreas que señala el EIA, sino aproximadamente 3.5 hectáreas.

La cantidad de árboles que se menciona tampoco se talará, explicó, porque “de común acuerdo” con la Anam han dejado un área de 2.2 hectáreas.

FIDEICOMISO

Los terrenos donde se desarrolla Colinas de Versalles fueron dados por la Caja de Ahorros (CA), en fideicomiso, a la empresa en 2001.

La CA aparecía como propietaria, desde 1991, de un globo de terreno de 190 hectáreas que fue dividido y otorgado a varias empresas, a través de la figura de fideicomisos, para que estas lo desarrollaran bajo su riesgo, con el objetivo de que la CA obtuviera ganancias al momento de la venta de casas y espacios comerciales.

Para Rodríguez, se trata de una “repartición” de los terrenos del parque. Citó como ejemplo, la urbanización Camino de Cruces en la avenida de La Amistad.

Este diario contactó a la oficina de Relaciones Públicas de la CA, y a pesar de que esta solicitó las preguntas por correo electrónico, no respondió.

La Anam se reunió el pasado viernes 16 de enero con la Unidad Administrativa de Áreas Revertidas del Ministerio de Economía y Finanzas, con la idea de buscar una solución al problema.

Araúz dijo que se trata de un tema complicado porque hay que investigar los antecedentes de cómo los terrenos pasaron a manos privadas y cuándo.

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27 DE ENERO DE 2009

PARQUE CAMINO DE CRUCES

Anam verificará los límites

Conservacionistas denuncian que el proyecto residencial Colina de Versalles ocupará parte del parque Camino de Cruces.

OBRA. Para construir la urbanización talarán 27.9 hectáreas de bosques urbanos. LA PRENSA/David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) realizará hoy una inspección al terreno donde se desarrolla el proyecto residencial Colinas de Versalles, a un lado de la Avenida de la Paz.

La medida busca determinar si el proyecto incluye o no áreas que pertenecen al Parque Nacional Camino de Cruces.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo determinó que parte del proyecto está dentro del área protegida, al ubicar geográficamente los límites del parque, tomando como referencia las coordenadas que aparecen descritas en la Ley 29 de junio de 1995 y no la ley 30 de 1992, como se informó el pasado domingo.

Edgar Araúz, jefe del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas de la Anam, dijo que la inspección se hará para verificar si hay posibles afectaciones al área protegida.

Para esto, dijo, se examinará la información que aparece en el estudio de impacto ambiental del proyecto y se realizarán las mediciones en campo del límite del parque, que fue creado en 1992.

A pesar de que la Ley 29 de 1995 estableció las coordenadas de los límites del parque, la Anam –hasta la fecha– no ha hecho la medición en campo para establecer el área que ocupa el parque.

Desde agosto de 2008, grupos conservacionistas le han pedido a la Anam que haga las mediciones en campo. Para esa misma fecha, la entidad le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que le asignara al parque áreas boscosas que aún no han sido desarrolladas. Esto no se ha hecho.

Araúz dijo que con la inspección de hoy se empezará la medición y que en las próximas semanas se reunirá con funcionarios del MEF.

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Esta situación sólo indica una cosa: que Panamá es un país donde no se respeta la naturaleza y el ordenamiento ecológico de Panamá.

Burica Press

Intento de invasión del Parque Nacional Camino de Cruces

Precaristas intentan tomarse el Parque Camino de Camino de Cruces

En un patrullaje terrestre de funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), por las riberas del Río Pedro Miguel en las áreas revertidas, se descubrió que personas inescrupulosas pretendían establecer viviendas en el lugar, además de tratar de devastar el territorio del lugar a fin de realizar actividades agrícolas.

Norma Ponce, directora del Parque Nacional Camino de Cruces (Área protegida), afirmó que en una acción de patrullaje en las riberas del río Pedro Miguel, al entrar por la ruta de los rieles del ferrocarril como a 600 metros hacia adentro del bosque, se encontró un lugar ya devastado por personas que pretendían hacer de esta área un lugar de vivienda y de labranza.

Estas personas cuyas acciones les convierten en precaristas o invasores oportunistas, de ser atrapados en estas prácticas serán puestas en manos de las autoridades competentes debido a que existen severas sanciones para el que sea sorprendido y atrapado en la comisión de este tipo de actividades dentro de las áreas protegidas.

Informó la funcionaria que la Policía Ecológica colaboró en la destrucción de las chozas para salvaguardar las áreas protegidas que es patrimonio de todos los panameños.

Los caminos transístmicos coloniales de Panamá

Los caminos transístmicos

Los caminos que se originaban en las poblaciones de Nombre de Dios y Portobelo (antes Fortuna), a los cuales hay que agregar las del otro puerto atlántico, el de Chagres. Eran el Camino Real (todo terrestre) y el Camino de Cruces (terrestre y fluvial).

Ellos estaban llenos de peligrosos enemigos para las valerosas personas que por un motivo u otro se atrevían a pasarlos, pero no parecía que estas le daban mayor importancia a lo anterior.

El calor, las torrenciales lluvias, las crecidas y desbordamiento de los ríos, los indígenas, los esclavos fugitivos, los asaltantes, los mosquitos y las enfermedades que trasmitían, otras peligrosas alimañas y reptiles, el tedio, a veces la desorientación, las vestimentas, la mayor parte de las veces inadecuadas, en fin que todo se transformaba en un reto más casi imposible de vencer.

¿Cuántos seres humanos cavaron en cierta forma sus tumbas por allí?

Los ataques de los piratas fueron otro desastroso factor que obligó a clausurar las rutas ya establecidas y hasta de cambiar el camino por el extremo sur de la América, así fuera más costoso y muchísimo más demorado.

Los caminos transístmicos Caribe – Pacífico en el Istmo de Panamá en la época colonial (siglos XVII y XVIII). Los dos principales caminos fueron El Camino Real y el Camino de Cruces

Por cada 200 a 300 libras de carga que fueran transportadas de un océano a otro (por tierra), llegaba a costar unos 45 pesos de la época. A lo cual había que añadir las constantes pérdidas de los valientes seres humanos y de sus valiosas mercancías, así como de los animales que tenían que utilizar.

Eran cuatro el mínimo de días necesarios para la travesía, si es que no se presentaban los peligros ya expuestos para trasladarse de un litoral al otro de …. Panamá.

Otra carga en metálico que se cobraba y esta vez por cuenta del Estado lo constituía las averías de los terrenos aledaños y del mismo piso, por este último por cada mula que transportaba deberían sus dueños pagar dos reales de la época.

Otro dato más para aportar era que el tránsito desde Portobelo a Panamá o viceversa duraba cuatro días por el Camino Real y casi dos semanas por el de Cruces.

Un segmento despejado del antiguo empedrado del Camino de Cruces, restos localizados al pie de la Colina del antiguo Hospital de Clayton en la Ciudad de Panamá

Un segmento despejado del antiguo empedrado del Camino de Cruces, restos localizados al pie de la Colina del antiguo Hospital de Clayton en la Ciudad de Panamá. Foto: http://www.caminodecrucespanama.blogspot.com/

Textos: Harry Castro Stanziola

La Prensa, 24 de agosto de 2008

Solicitan justicia para proteger bosques urbanos

FALLOS DE LA CORTE.

Queremos justicia

Rafael Spalding
opinión@prensa.com

¿Qué pasa cuando una mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se equivoca? En abril de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Justicia falló que la Ley 12 de 2007 es constitucional. Las comunidades lo ven de otra forma.

Una demanda de inconstitucionalidad había sido presentada contra la Ley 12 por las modificaciones a la Ley 21 de 1997. Antes de dar su fallo, los magistrados recibieron la opinión de la Procuraduría General de la Nación y la opinión de un opositor. Es un derecho ciudadano de participar en demandas sobre temas de constitucionalidad.

La Procuradora General de la Nación encontró que la Ley 12 viola el artículo 46 de la Constitución. El opositor opinó que la Ley 12 no es inconstitucional. Alegó que los cambios urbanísticos realizados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) entre 1997 y 2007 fueron de forma y no de fondo; consecuentemente, como no hubo afectados, no hubo violación.

La mayoría de los magistrados coincidió con el opositor. Ellos concluyeron que ningún acto administrativo realizado por el Mivi entre 1997 y 2007 había violado los derechos a terceros. Los cambios a la Ley 21, introducidos por la Ley 12, son hacia el futuro, a partir de su promulgación: no se había violado ni el artículo 46 ni ningún otro artículo de la Constitución.

Los magistrados se equivocaron. Para su lectura, presentamos extractos pertinentes de las leyes en cuestión. Gaceta Oficial No. 23323, Ley 21, artículo 13: “…el Ministerio de Vivienda… podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y en el plan general, previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa, mediante ley que al efecto se dicte”.

Gaceta Oficial No. 25731, Ley 12, Artículo 2; donde modifica la Ley 21, artículo 13: “Parágrafo: Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo [el artículo 13 de la Ley 21] las resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda en materia de desarrollo urbano para los sectores de la Región Interoceánica, en el periodo comprendido desde el mes de julio de 1997 hasta la fecha de promulgación de la ley que adiciona este parágrafo”. Lo parentético es nuestro. Está claro que la Ley 12 exime al Mivi de cumplir con el artículo 13 de la Ley 21 desde julio de 1997, hasta febrero de 2007, cuando la Ley 12 fue promulgada.

No hay ninguna otra modificación a la Ley 21. Por ende, el día después de la promulgación de la Ley 12, la Ley 21 guardaría su condición original de requerir la consulta del Mivi a la Asamblea Nacional para variar las categorías de ordenamiento territorial. Contrario a lo que alegan los magistrados, la Ley 12 modifica a la Ley 21 retroactivamente hacia el pasado y no hacia el futuro, y viola el artículo 46 de la Constitución, tal como opinó la Procuradora General de la Nación.

Además, contrario a lo dicho por el opositor y los magistrados, las comunidades de las áreas revertidas han demostrado que reiteradamente el Mivi ha violado el artículo 13 durante el periodo entre julio de 1997 y febrero de 2007, afectando su seguridad jurídica.

Solicitamos, respetuosamente, que los magistrados rectifiquen esta injusticia.

El autor es ingeniero mecánico

Importancia de los bosques urbanos de Panamá

Importancia de los bosques urbanos de Panamá

Ariel R. Rodríguez V.
Biólogo y Ecologista

Los bosques urbanos de Panamá lo comprenden las áreas forestales ricas en biodiversidad que estuvieron cerca o en la periferia de las instalaciones civiles, residenciales y militares de las bases militares estadounidenses en Panamá. También corresponde a bosques incluidos dentro de las áreas de operación del Canal de Panamá, cercanos a la ciudad de Panamá y Colón.

Los bosques urbanos en el sector Pacífico de la antigua Zona del Canal corresponden a los bosques localizados en el Cerro Ancón, Farfán, Rodman, Punta Bruja, Kobe, Howard, Albrook, Los Ríos, Cárdenas, Corozal, Clayton, Llanos de Curundú, Parque Natural Metropolitano y los bosques periféricos del Parque Nacional Camino de Cruces. En el sector Atlántico corresponde a los bosques de Galeta, Davis, Espinar, Sherman. Incluyen también los bosques de mangle del sector de Colón y Bahía Limón.

Estos bosques tienen edades que oscilan entre 85 y 150 años de edad y forman parte del corredor biológico Atlántico-Pacífico en el sector del área del Canal. Estos bosques tienen características ecológicas muy particulares por su ubicación geográfica dentro del Istmo de Panamá. Los bosques de la región atlántica (o Caribe) son bosques más húmedos que los del Pacífico.

Los bosques del Pacífico se consideran bosques semideciduos de tierras bajas. Estos bosques contienen una riqueza avifaunística insuperable en proporción a su tamaño con relación a cualquier otra parte del mundo. Hoy estos bosques en Panamá están en peligro de extinción dado que han sido erradicados en la mayor parte de su existencia y los remanentes presentes en la antigua Zona del Canal en el sector Pacífico están siendo codiciados para ser transformados o desnaturalizados con proyectos urbanísticos, carreteras de acceso y otras infraestructuras de “desarrollo”. También los bosques urbanos de las áreas revertidas de Colón están amenazados, ya que actualmente es evidente la masacre de bosques de mangle para construcciones civiles. Muchos otros sectores de bosque se han vendido o están en venta para crear infraestructuras urbanas, muchas no planificadas. El panorama peligroso que se observa es que los planes de “desarrollo” a costa de estos incomparables áreas verdes continúa y no parece haber forma de detener el “desarrollo” y por ende la destrucción de estos hermosos bosques.

Bosque semideciduo de Kobbe

Bosque urbano, semideciduo de Fuerte Kobbe, áreas revertidas. Foto: www.almanaqueazul.org

Estos bosques especialmente los del Pacífico también son sitios claves e importantes de convergencia de aves rapaces migratorias. A estos bosques llegan desde Norteamérica en los meses de septiembre y octubre grandes bandadas de gavilanes aludos, gavilanes de Swainson y los gallinazos cabecirrojos de Norteamérica. Igualmente estos bosques son hábitat de mamíferos grandes y pequeños, incluyendo especies amenazadas.

La ley 21 de julio de 1997 que aprueba el Plan Regional y el Plan General para el desarrollo, uso, conservación de las áreas revertidas en la región interoceánica y que estableció el marco normativo para la incorporación de los bienes revertidos al desarrollo nacional es la única ley que protege estos bosques urbanos, sin embargo, su destrucción lenta y continua amenaza la existencia a largo plazo la existencia de estos.

Pocas ciudades, tienen el privilegio de la Ciudad de Panamá o la de Colón de contar con hermosos y ricos bosques naturales en su periferia, que le dan gran atractivo, belleza incalculable y valor agregado para todas las actividades que se desarrollan dentro de éstas, especialmente el turismo, la recreación, la contemplación y los beneficios propios de los bosques como es la riqueza biológica, el clima local, la belleza escénica, la regulación de las aguas de los ríos que drenan al canal de Panamá y áreas cercanas, entre otras cosas.

Mientras el país no vea a estos bosques urbanos como riqueza del país, promoverá o avalará su destrucción. Hoy estamos a tiempo de salvar estos bosques. Súmate a los esfuerzos de grupos u organizaciones que velan este noble fin. El beneficio de ello será para todos nosotros.

La lucha por el medio ambiente de Raisa Banfield

Raisa BanfieldEl espeso y hermoso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir. Foto Jihan Rodríguez, editada por Burica Press

La lucha por el medio ambiente

 
Grandes proyectos turísticos y residenciales están en el ojo de la tormenta. ¿Funciona la figura de los estudios de impacto ambiental (EIA)? El método de aprobación de este requisito es cuestionado por ambientalistas y juristas
 
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

 

Cortesía.

1. INMOBILIARIA. El proyecto Red Frog Beach mantiene a los ambientalistas en pie de guerra porque se construye en un área de amortiguamiento del Parque Marino de Bastimentos.

La Prensa | David Mesa

2.TENACIDAD. Raisa Banfield lideró varias protestas para proteger reservas forestales en la ciudad capital. Ahora está pendiente de los proyectos que se desarrollan en Bocas del Toro.

La Prensa | Jihan Rodríguez.

3.autoridad. Bolívar Zambrano, director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar los estudios de impacto ambiental.

El espeso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir.

El proyecto Red Frog Beach, en la provincia de Bocas del Toro, que incluye tres fases de construcción —sólo en las dos primeras se destinarán 400 millones de dólares— es un claro ejemplo del provecho que sacan inversionistas del Panamá aún verde.

Pero este ambicioso plan, al igual que otros en el resto del país, ha encontrado una “piedra en su camino” al no contar con el aval de los ambientalistas que cuestionan los estudios de impacto ambiental (EIA) que hacen las promotoras, a través de consultores ambientales independientes, como parte de los requisitos previos a la aprobación de sus proyectos.

El espíritu de la ley general del ambiente que establece los EIA se ha “distorsionado”. Esa es la percepción de Raisa Banfield que en mayo de 2002 inició una lucha abierta por la protección de los bosques panameños al oponerse, al igual que los residentes de Clayton, al proyecto residencial Camino de Cruces que se pretendía desarrollar en un área boscosa del Parque Nacional Camino de Cruces.

El proyecto está suspendido provisionalmente, ya que la Corte Suprema de Justicia acogió una demanda de la Asociación de Residentes de Clayton.

Ahora Banfield como el resto de los ambientalistas tiene su mirada puesta sobre la isla de Bastimentos en Bocas del Toro, donde el pasado jueves se realizó un foro público para discutir el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach que con una inversión de 340 millones construirá 650 casas, un campo de golf y una marina.

Aunque la empresa alega tomar todas las medidas de mitigación, los ambientalistas no le ven viabilidad al proyecto por los “efectos negativos” que ocasionará al ecosistema marino. Una de las principales preocupaciones es el deterioro de los corales, debido a los agroquímicos que se requiere utilizar para el mantenimiento del campo de golf.

No es para menos. En los indicadores ambientales preparados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se reconoce que los recursos marino-costeros del país no están al margen de los grandes problemas ambientales que la sociedad mundial enfrenta actualmente. Uno de esos problemas es la degradación de las zonas costeras por el desarrollo industrial, turístico y la urbanización incontrolada.

Otra de las alertas que lanzan los ambientalistas cuando hablan del tema, es que el proyecto se desarrolla dentro del área de amortiguamiento del Parque Marino Bastimentos.

Panamá, como pocos países en el mundo, posee costas en ambos océanos que son áreas de asentamiento de importantes ecosistemas como los arrecifes de coral, los manglares y las playas de arenas.

El presidente de Red Frog Beach, Joe Haley, se defiende de los ambientalistas y alega haber tomado todas las medidas de mitigación. “Por el hecho de que el proyecto está próximo a las áreas del parque, la empresa ha puesto en ejecución las medidas necesarias para minimizar los impactos en el medio ambiente”.

Y es así como proyectan levantar las residencias en áreas de menor impacto ambiental. Adicional, realizarán un programa de reforestación que consiste en plantar tecas. ¿Será suficiente?

Peligro en la altura

El complejo turístico Red Frog Beach no es el único que está en el ojo de los ambientalistas. Los ejemplos sobran, dice Banfield.

El punto más alto de la ciudad de Panamá, el cerro Ancón, área protegida y reserva natural del distrito, también es custodiada de cerca.

Allí la Anam aprobó el EIA para construir un teleférico, sin embargo, un análisis realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá determinó que la capacidad geológica de la reserva no era apta para desarrollar un proyecto de tal magnitud.

Banfield se pregunta cómo la Anam puede aprobar estudios de impacto ambiental de proyectos que a todas luces pueden ocasionar daños al ecosistema.

Es por eso que los ambientalistas, como Banfield, cuestionan los EIA principalmente de proyectos inmobiliarios, turísticos y de generación de energía eléctrica.

Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2005 ingresaron a la Anam 812 EIA (Ver cuadro: EIA ingresados al proceso de evaluación).

En la Anam hay 582 personas naturales y 110 personas jurídicas registradas para realizar EIA. Estas consultorías se hacen por un precio superior a los 10 mil dólares, dependiéndio de la categoría del estudio, que es definida por los consultores y los promotores, según los parámetros establecidos en el Decreto 59 de 16 de marzo de 2000, que reglamenta la ley general de ambiente de 1998.

De acuerdo a la magnitud del proyecto y del lugar donde se realice el EIA puede ser categoría I (bajo impacto ambiental), II (mediano impacto ambiental) y de categoría III (cuando el proyecto implica un gran impacto ambiental).

Según Banfield este requisito se ha quedado en la “buena intención” para proteger al medio ambiente.

El asunto es que la Anam no tiene una metodología de seguimiento de los proyectos para hacer cumplir las medidas de mitigación. “Y en el peor de los casos, las empresas inician la construcción de los proyectos sin contar con los EIA aprobados”, dijo.

Lo cierto es que el proceso es relativamente nuevo en el país y para el director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, Bolívar Zambrano, se han empezado a tomar algunas disposiciones en lo referente al control de los estudios de impacto ambiental.

El año pasado la entidad y los consultores ambientales firmaron un pacto ético que establece sanciones morales por el incumplimiento de los requisitos que se exigen en el Decreto 59.

Una de las sanciones es cancelar la licencia de los consultores por un tiempo determinado o definitivo. De hecho, Zambrano dijo que en la actualidad hay entre 10 y 15 procesos de seguimiento.

En la Anam le siguen la pista a los consultores que presentan los EIA con una categoría inferior a la que se requiere en los proyectos que representan.

La categorización de los estudios es otra de las críticas que hacen los ambientalistas, por ser definida por los consultores y los promotores, en vez de ser determinada por la Anam.

Zambrano defiende el sistema. Los promotores son los únicos que saben qué tipo de proyectos quieren desarrollar y en base a eso los consultores ambientales deben establecer la categoría del estudio.

Lo primero que evalúa la institución es si el EIA corresponde al tipo de proyecto, de lo contrario es devuelto para su recategorización.

Aunque Haley considera que los EIA son procesos “muy valiosos y esenciales” para la realización de cualquier proyecto, hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo: que los impactos económicos de los proyectos sean evaluados en la misma dimensión que los aspectos naturales, sociales y culturales de las áreas por urbanizar.

Participación ciudadana

La ley general de ambiente establece la consulta ciudadana como un requisito para la aprobación de los estudios cuando son de categoría II y III, pero para Banfield es otra “burla” de las autoridades y los promotores.

Las consideraciones que hacen los ciudadanos en los foros públicos sobre un proyecto no son vinculantes e incluso hacen consultas ciudadanas con personas que no son residentes en el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto.

Zambrano, por su parte, prefiere hablar de los planes de modernización que adelanta la institución para lograr la mayor participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. En ese sentido analiza la posibilidad de automatizar el proceso de evaluación de los EIA.

En medio de este debate Banfield sacó su primera enseñanza. “Hay una ciudadanía que ha empezado a despertar en la protección del medio ambiente”.

Las luchas están sustentadas en que el país, en el año 2000, tenía una superficie boscosa de 3 millones 364 mil 591 hectáreas que representaba el 45% del territorio nacional. Sin embargo, la Anam reconoce que esta cobertura boscosa “se ha ido reduciendo con gran rapidez en los últimos años”.

La mayor parte de estos bosques se encuentra en la vertiente atlántica, donde los inversionistas han empezado a llegar con sus proyectos inmobiliarios.

Consultar ante de construir

La lucha de los ambientalistas ya ha empezado a crear conciencia en el sector empresarial, o por lo menos ha logrado que un inversionista toque las puertas de quienes viven en la zona en la que pretende invertir.

Este fue el caso de Alfredo Alemán que desarrolla el proyecto residencial Embassy Garden en Clayton y antes de colocar la primera piedra optó por sentarse con los residentes del área para analizar la viabilidad de la iniciativa.

Al final salió con un proyecto modificado, pero con la sensación de que su inversión no afectará al medio ambiente.

El proyecto se desarrollaría sobre un área boscosa, pero los residentes se opusieron porque se trataba de una zona verde no desarrollable. Alemán se comprometió con los residentes a modificar los planos y dejar el bosque como parque público. “Dado que ha surgido un gran interés por el medio ambiente, nos hemos sensibilizado y hemos considerado como algo imprescindible conocer las preocupaciones de las comunidades antes de desarrollar un proyecto”, dijo Alemán.