Azuero versus el ataque minero

POBREZA Y ABANDONO REGIONAL.

Sobre bosques, minería y cultura orejana

Milcíades Pinzón Rodríguez

Me gusta llamar Península de Cubitá a la región que comprende Herrera y Los Santos, creo que el apelativo es más certero que el de Azuero, denominación colombiana que honra la memoria del Dr. Vicente Azuero y Plata, personaje santanderista que no tuvo vínculos con la región. Cubitá es el nombre indígena del Río La Villa.

La zona es un cuadrilátero con apenas 80 kilómetros de ancho por 100 de largo. Sin embargo, la región ha hecho un aporte nacional que no se compagina con su dimensión geográfica. Cuando se estudia este espacio bajo la mirada escrutadora de la sociología salen a relucir verdades que no siempre son de dominio público. Yo he nacido y crecido en la península y he tratado de amarla con el corazón y pensarla con el cerebro. Me duelen sus cosas, como a un chiricano la suerte del Barú o a un habitante de la ciudad de Panamá las amenazas que pudieran cernirse sobre el Cerro Ancón. Para mí, el Canajagua es un símbolo, el 10 de noviembre un emblema de libertad, la mejorana un ícono de nuestra identidad y La Moñona el legado religioso.

La cultura de la región está casada con la economía. Podría decir que en los últimos 500 años se forjó una sociedad centrada en la agricultura y la ganadería, aparte de algunas contribuciones menores del sector terciario. En cambio, la cultura regional es un amasijo complejo de valores y creencias que tiene parte de su sustento en una estructura agraria minifundista. A diferencia de Coclé y Veraguas, la pequeña propiedad se enseñoreó sobre los campos, mientras aquéllas se distinguían por el latifundio.

Herrera y Los Santos no son peores ni mejores que el resto de las provincias, pero tienen una identidad que debe respetarse. El minifundio hizo posible un amor a la tierra que permitió que floreciera un sentimiento de apego al terruño, fenómeno que ha dado vida al folclor regional. Actualmente se vive la destrucción de esa añeja estructura socioeconómica. Pienso cómo, por ejemplo, la minería con su destrucción ecológica y su visión fenicia, podría constituirse en un poderoso factor de destrucción que rebasaría la cuestión ecológica y amenazaría los cimientos sociales y culturales del hombre orejano. El asunto se torna más complejo si a ese “sancocho” le añadimos ingredientes como la compra de los terrenos de las costas, la destrucción de los manglares, la desaparición de los bosques, la contaminación de los ríos, la presencia de los agroquímicos y una economía vapuleada por la política económica de corte neoliberal.

La minería no sólo es perjudicial por su impacto sobre los ecosistemas regionales, sus actividades amenazan el sustrato de la cultura campesina, estimulan el latifundio y colocan al grueso de la población en el centro de una tormenta que tendría la depredadora actividad minera en las montañas y al turismo desenfrenado en las costas. En ese emparedado de intereses mercuriales la población tendría que preservar su identidad cultural y mantener sus actividades económicas. Todo esto mientras suenan las murgas, los acordeones, las mejoranas y las cantaderas en un esfuerzo por subsistir en el siglo XXI.

Hay pobreza y abandono regional, pero los gobiernos de turno recetan la minería para que el orejano de Cubitá calme sus males. Desde las montañas y sobre las cuencas hidrográficas, ¡increíble! Nunca antes se ha jugado tan miserablemente con el hombre del campo. Quiero pensar, quizás ingenuamente, que el silencio de algunas autoridades regionales y nacionales es producto del desconocimiento, mas no excusa para la iniquidad.

Como habitante de la zona lucho para que le región se desarrolle, tampoco me opongo al progreso, pero aspiro a un desarrollo sostenible y con equidad. Si duda la región tiene otros problemas que reclaman su atención, pero la minería a cielo abierto llega a la Península para apagar con gasolina las llamas del incendio. Sean serios, ¡así no se juega con la suerte de un pueblo noble y trabajador!

 

El autor es sociólogo

Implicaciones de la minería a cielo abierto

AMENAZAS.

Implicaciones de la minería a cielo abierto

Alida Spadafora

La explotación de minerales metálicos a cielo abierto es aquella que para su desarrollo necesita desnudar y remover el suelo para extraer el mineral que se encuentra disperso en la roca y la tierra a diferentes profundidades.

Producto de este tipo de explotación minera, hay varios problemas graves. El primero –con una afectación irreversible– es la remoción total, en cientos de hectáreas, del tesoro más rico que tenemos: nuestro bosques y la biodiversidad que albergan. Estos bosques, bien manejados, podrían sostener a cientos de familias a largo plazo mediante lo que se conoce como forestería comunitaria, modelo de aprovechamiento forestal, actualmente desarrollado exitosamente en comunidades indígenas de Darién.

El segundo problema es que al no contar el suelo con una capa vegetal, se incrementa la escorrentía de las aguas de lluvias, provocando altos niveles de sedimentación en cursos de agua, lo que acaba con la vida acuática en ríos y costas, y perjudica la salud humana. Se intensifican las crecidas de los ríos, produciéndose inundaciones y deslizamientos, y luego afirman algunos que la naturaleza “castiga”.

El tercer problema –más extensivo y persistente– de la minería a cielo abierto es el llamado drenaje ácido producido en áreas con yacimientos metálicos por la simple exposición de la roca y la tierra removida del subsuelo, cuyos minerales reaccionan con el agua y el viento produciendo sustancias tóxicas para todo ser vivo, incluyendo a los humanos. Este drenaje ácido continúa produciéndose en el sitio por cientos y miles de años.

El cuarto problema de la minería a cielo abierto –en particular la de oro– es que utiliza grandes cantidades de cianuro. No importa qué tanta “tecnología de punta” promueva una empresa minera, el país no está preparado para manejar ni controlar adecuadamente estos químicos. Además, para diluir el cianuro se necesitan extraer volúmenes colosales de agua de los ríos, cambiar sus cursos y afectar el nivel de las aguas subterráneas.

Y hay más problemas: ¿qué hacer con los desechos? Para producir un anillo de oro se necesita generar alrededor de 20 toneladas de desechos tóxicos, según un estudio del 2004 de Oxfam y Earthworks, dos organizaciones mundialmente reconocidas.

Tenemos al menos dos grandes dilemas en el país. Siendo la deforestación la segunda mayor causa del calentamiento global, Panamá muy atinadamente presentó en la reciente cumbre de cambio climático una estrategia para incentivar la conservación de los bosques en la que podría pagarse 90 dólares o más anuales por hectárea conservada. Sin embargo, el mismo país regala nuestros bosques y territorio por un valor que va entre 50 centavos y 1.50 dólar la hectárea, pero para lo contrario, para devastarlos a causa de las explotaciones mineras a cielo abierto.

Otra gran contradicción es que el país promueva el turismo rural, como fórmula para reducir la pobreza, en las mismas provincias donde hoy se afectan cientos de hectáreas de bosques y se contaminan las áreas que podrían haber generado medios de vida a largo plazo. Otro ejemplo es que a partir de diciembre de 2008 Colón será puerto de embarque de líneas de cruceros por el Caribe, iniciativa lograda gracias a la promoción de nuestros ricos recursos naturales y belleza natural…

¡Como país debemos ser coherentes!

Si socialmente la minería trajera soluciones para aliviar la pobreza, no tendríamos a miles de personas en países hermanos que reclaman sufrir altos costos sociales. Por esto, organizaciones conscientes hemos solicitado una moratoria a la minería a cielo abierto para discutir, de forma transparente y participativa, si esta actividad es más beneficiosa para el país que el turismo rural que promueve el Instituto Panameño de Turismo, la forestería comunitaria o el pago por servicios ambientales promovidos por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Todo esto puede caer en oídos sordos, pero puede también calar en personas responsables de la sociedad panameña y de los gobiernos, que ante la magnitud de los impactos referidos, pueden decidir actuar visionariamente y acorde con un verdadero desarrollo sostenible.

La autora es directora ejecutiva de ANCON