Relator Especial de las ONU se reúne con comunidades afectadas por proyecto hidroeléctrico en Bocas del Toro

Relator Especial de las ONU se reúne con comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico CHAN 75

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BURICA PRESS- Derechos Humanos.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos James Anaya, se encuentra en Panamá desde el 27 de enero en reuniones con sectores del gobierno, la empresa privada, ambientalistas y las comunidades afectadas.  En este marco realizó gira de campo para inspeccionar las áreas del Río Changuinola afectadas por las obras de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro.

En las comunidades del Valle del Río Changuinola en la Provincia de Bocas del Toro, conformadas por miles de personas, se han suscitado una serie de abusos y violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Ngobe, por parte del Estado panameño con la participación de AES Corporation, cuyas filiales en Panamá son AES Panamá y AES Changuinola.

El Estado le ha otorgado la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en el Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, que forma parte de la Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sólo con la construcción de la primera, Chan 75, y con la modificación de su altura a 165 metros, se prevé la inundación de cuatro comunidades indígenas y la inundación de más de 1500 hectáreas (15 millones de metros cuadrados) de bosques del área protegida.

Para los índígenas Ngobes que residen en esas comunidades, el momento más importante de la visita del Relator James Anaya, fue el diálogo que efectuaron en la comunidad de Charco La Pava porque era la oportunidad de contar sus testimonios sobre las experiencias y preocupaciones que tienen respecto al proyecto hidroeléctrico. De acuerdo al enviado de ACD al área el gran momento de la reunión fue cuando la señora Isabel Becker, indígena Ngobe, analfabeta, y que solo domina su lengua materna Ngobe, se dirigió al Relator Anaya para contarle su historia con ayuda de un traductor.

Esta señora fue maltratada psicológicamente y retenida durante doce horas para que firmara a través de su huella digital su aceptación a una indemnización por daños a sus cultivos y permiso para trabajos temporales en sus tierras; pero para sorpresa suya y de su familia, la firma implicaba su aceptación a abandonar sus tierras y su finca en Charco La Pava. No le dieron copia del documento y fue sacada a la fuerza de sus tierras, con presencial policial y abuso de autoridad, para dar paso al avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75. Hoy la finca de la señora Becker no existe ya que allí se horada la roca para las bases de la primera presa.

El 3 de enero de 2008, la Policía Nacional intervino en el área para forzar a los indígenas a aceptar la entrada con explosivos y excavadoras, propiciando el avance de maquinarias y equipo pesado a diversas fincas de Charco La Pava, todo aquel que se opuso fue perseguido o aprehendido.  En la operación fueron detenidas 54 personas, incluyendo 13 menores de edad.  Los policías golpearon indiscriminadamente a mujeres embarazadas, niños y ancianos, además lanzaron gases lacrimógenos.

Según la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), desde el principio, el Gobierno ha tratado a las comunidades indígenas como si no fueran pueblos indígenas. En lugar de resguardar los derechos colectivos y territoriales de estos pueblos y exigir a AES negociaciones con cada comunidad a nivel grupal, ha permitido negociar con familias individuales y en algunos casos con un sólo miembro de la familia y hostigar o sobornar individualmente a los jefes de familia para obtener el consentimiento, aún cuando ellos no tuvieran la autoridad de renunciar a las tierras, ya que sus familiares también tienen el derecho de uso.

Aunado a esto, AES con frecuencia determinaba qué miembros de la familia eran aptos para representar a una familia entera en el proceso de  negociación, reuniéndose con miembros que se habían mudado a Changuinola y otras áreas urbanas y consiguiendo el consentimiento de ellos sin informar al resto de la familia. Este enfoque en la negociación generó conflictos entre familiares y vecinos y tensiones entre diferentes comunidades de la región. Muchas de las indemnizaciones se han cumplido parcialmente y la empresa se reserva la única copia firmada de los acuerdos, brindando copias sin firmas a las familias Ngobe, lo que les impide utilizarlas en acciones legales.

James Anaya prestó mucho interés a este diálogo con la comunidad, en especial el testimonio vivo de la Señora Isabel Becker que concluye diciéndole que «no esta contenta con la empresa AES y que quiere regresar a su comunidad de Charco de la Pava». El Relator se comprometió a elevar su informe a las instancias necesarias para que el Gobierno Nacional  tome acciones en bien de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos de este pueblo indígena y considero como un logro que la comunidad internacional haya  reconocido este caso para darle especial seguimiento.

Directivos de ACD y otras organizaciones ambientales como TNC, ANCON, CEASPA se reunirán esta semana con el relator para brindarle un informe especial relacionado a las acciones de represión injustificada y omisiones del Estado panameño en contra del Pueblo Ngobe. El informe plantea varios de los emblemáticos casos que demuestran la forma en que se viola de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Ngobe a razón de la imposición del proyecto hidroeléctrico Chan 75 y Chan 220.

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UN Special Rapporteur met with communities affected by the hydroelectric project CHAN 75

The Special Rapporteur of the UN Human Rights James Anaya, is in Panama from January 27 meeting with government sectors, private companies, environmentalists and affected communities. In this field trip made to inspect the areas affected by the Rio Changuinola the construction of the Chan 75 hydroelectric project in Bocas del Toro.

In communities Changuinola River Valley in the province of Bocas del Toro, made up of thousands of people have raised a series of abuses and violations of human rights of the people Ngobe by the State of Panama with the participation of AES Corporation , whose subsidiaries are AES Panama and AES Changuinola. The State has awarded the concession for the construction of three hydroelectric plants on the Rio Changuinola: Chan 75, Chan 140 and Chan 220, located in the Bosque Protector Palo Seco, a buffer zone of La Amistad International Park, which is part the Biosphere Reserve and World Heritage Site. Only with the construction of the first, Chan 75, and the change of its height to 165 meters, it is anticipated the flood of four indigenous communities and the flooding of more than 1500 hectares (15 million square meters) of forest protected area .

According to ACD, from the outset the Government has treated the indigenous communities as if they were not indigenous. Instead of protecting the collective rights of indigenous peoples and territorial and require negotiations with AES to each community group level, has allowed to negotiate with individual families and in some cases with only one family member and individual to harass or bribe the heads of family to obtain consent, even if they did not have the authority to waive the land, as their relatives also have the right to use.

Additionally, AES is often determined that family members were eligible to represent an entire family in the negotiation process, meeting with members who had moved to Changuinola and other urban areas and obtaining consent from them without informing the rest the family. This approach resulted in the negotiation between relatives and neighbors, and tensions between different communities in the region. Many claims have been partially fulfilled and the company reserves the sole copy of the signed agreements, giving copies to families without signatures Ngobe, which prevents them from use in legal action.

James Anaya gave a lot of interest in this dialogue with the community, especially the living testimony of Mrs. Elizabeth Becker concludes by saying that «not happy with the company AES and wants to return to their community of Charco de la Pava.» He pledged to raise its report to the authorities to ensure that the Government take action to ensure the good of the faithful fulfillment of the rights of indigenous people and I consider this as an achievement for the international community has recognized this case to give special monitoring .

Members of the ACD and other environmental organizations such as TNC, ANCON, CEASPA will meet this week with him to give a special report related to the suppression of unwarranted actions and omissions of the State against the Panamanian people Ngobe. The report raises a number of emblematic cases that demonstrate how they are systematically violated human rights of the people Ngobe a reason for the imposition of the hydroelectrics projects Chan 220, Chan 140 and  Chan 75.

Peces en peligro en el Río Changuinola, Bocas del Toro

Peces en peligro en el Río Changuinola, Bocas del Toro

Mucho se discute en estos momentos la factibilidad ambiental de un conjunto de proyectos hidroeléctricos planteados en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá en Bocas del Toro. Esta reserva contiene áreas protegidas claves como lo son el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Volcán Barú, el Bosque Protector de Palo Seco y la Reserva Forestal de Fortuna. Incluye además el Humedal de San San Pond Sak, el Parque Nacional de Isla Bastimentos e incluso las Lagunas de Volcán.

Bosque Protector de Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (ambas áreas protegidas son Reserva de la Biósfera). Al centro de la foto se observan los inicios de la construcción de la primera de las represas planteadas para el área protegida. Foto: A. Rodríguez

La mayor discusión se centra en varios puntos claves donde se indica la afectación grave de manera directa, indirecta o sinérgica que los proyectos hidroeléctricos Bonyic, Chan 75, Chan 220 y Chan 500 planteados producen sobre un área protegida con categoría internacional tanto como reserva de la Biosfera como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad de rica biodiversidad terrestre y acuática y que además es un área indígena de la etnia Ngöbe Bugle en la cuenca media del Río Changuinola y Naso Tjer Di en la cuenca del Río Teribe.

La biomasa de estos peces se perdería en todo este ecosistema y las consecuencias ecológicas no han sido determinadas ni aguas arriba ni aguas abajo de las megaestructuras planteadas.

De todos los impactos ambientales determinados se espera que el recurso biológico sea uno de los más fuertemente impactados, ya que en conjunto dichos proyectos destruirían alrededor de cinco mil hectáreas de bosques y crearían un poderoso efecto borde y un efecto barrera en medio del Bosque Protector de Palo Seco que afectaría a las especies terrestres que se desplazan entre estas áreas protegidas.

A nivel de la fauna acuática se espera un efecto directo de extirpación de la población de peces diádromos en la mayor parte de la cuenca del Río Changuinola y por ende de una gran extensión territorial en las áreas protegidas directamente afectadas: Bosque Protector de Palo Seco y Parque Internacional La Amistad. Igualmente se espera un fuerte impacto en la dinámica hídrica del Humedal San San Pond Sak que como sitio Ramsar de Importancia Internacional es el ecosistema receptor y beneficiario de las aguas de esta gran cuenca del Río Changuinola que evidentemente disminuirá la cantidad y calidad de las aguas en relación a su condición actual. Ninguno de estos impactos han sido dimensionados, ni podrán ser mitigados.

Cauce del Río Changuinola en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá, Provincia de Bocas del Toro. Foto: Florencio Quintero.

Según estudios realizados por la Asociación ANAI de Costa Rica, el río Changuinola contiene por lo menos ocho especies de peces diádromos que realizan viajes desde el estuario y humedal de San San Pond Sak hasta la cuenca alta del Río Changuinola-Teribe y viceversa. La mayoría de estos peces pueden ser considerados catádromos, o sea son peces diádromos que pasan la mayor parte de su vida en las aguas dulces, pero van al mar a reproducirse. Como parte de su mayor alimentación y crecimiento tiene lugar en el río también se les denomina potamotrofos.

Infante de Charco La Pava, con peces boca chica capturados en el Río Changuinola para el desayuno del día. Foto: Fernando Serrano, Asociación Ambientalista de Chiriquí

Entre las poblaciones de peces diádromos a ser afectados con estos proyectos tenemos los siguientes: boca chica –Joturus pichardi –Orden Mugiliformes, Familia Mugilidae; sartén –Agonostomus monticola –Orden Mugiliformes, Familia Mugilidae; anguila –Anguilla rostrata –Orden Anguilliformes, Familia Anguillidae; Ronco –Pomadasis crocro –Orden Perciformes, Familia Haemulidae; guabina –Gobiomorus dormitor –Orden Perciformes, Familia Eleotridae; chupapiedras –Sycidium spp. -Orden Perciformes, Familia Goobidae; chuparenas –Awuaous banana – Orden Perciformes, Familia Goobidae; chupapiedras cabezón –Gobiesox nudus –Orden Gobiesociformes, Familia Gobiesocidae.

La biomasa de estos peces se perdería en todo este ecosistema y las consecuencias ecológicas no han sido determinadas ni aguas arriba ni aguas abajo de las megaestructuras planteadas.

Ojalá la lucidez alumbre a nuestras autoridades para evitar que se invadan y desnaturalicen estas magníficas áreas protegidas, patrimonio de todos los panameños y del mundo.

Autor: Ariel R. Rodríguez Vargas

Universidad de Panamá

Publicado en la Revista Harpyja No.2 de 2008

Patronato del Águila Harpia

Contratos ilegales de AES con indígenas Ngobes

Panamá, 8 de abril de 2008

Dra. Ligia Castro

Administradora General

Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM

República de Panamá

E. S. D.

Estimada Licenciada Castro:

Es nuestro deber denunciar la ilegalidad cometida por la empresa AES Changuinola S.A. en las comunidades Ngobe del río Changuinola, debida a la obtención de forma fraudulenta de contratos ilegales, con el propósito de que mediante los cuales habitantes de dichas comunidades cedan sus territorios ancestrales a dicha empresa.

AES Changuinola argumenta a menudo que más del 40% de las familias han firmado contratos, sin embargo es necesario dejar claras las circunstancias irregulares y/o ilegales en las cuales muchos de ellos se han firmado. Al respecto, reiteramos que la ausencia de un Plan de Reubicación, que además tenga como base estudios científicos serios en materia social y cultural, debidamente aprobado por las comunidades afectadas, ha provocado el traslado de indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, lo que viola de manera flagrante los artículos 17, 18, 124 y 127 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972.

Dicha omisión en contra de la comunidad Ngobe, conculca sus derechos y los coloca en un estado de indefensión, debido a que constantemente son intimidados, forzados y engañados. Además, no han contado con la asesoría legal correspondiente, siendo el alto índice de analfabetismo, la baja escolaridad o la barrera del idioma, o todo a la vez, que muchos de estos indígenas no dominan el idioma español. Sumado a todo esto, ninguna institución pública ha velado por ellos, pues ha sido la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la entidad que ha permitido que sea la empresa la que negocie bajo una perspectiva privada una serie de contratos, a todas luces ilegales, frente a estas comunidades vulnerables que, debido a la presión que se ejerce contra ellos, en ocasiones han firmado estos contratos ilegales donde, evidentemente, se han dado vicios del consentimiento, todo ello al margen de la ley.

A continuación exponemos algunos de los hechos acontecidos en estas comunidades y relativos a la firma de contratos y/o convenios ilegales de parte de sus residentes:

1. Los contratos presentados son individuales, no colectivos y las tierras son colectivas. Según el artículo 127 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar a las comunidades indígenas tanto la reserva de las tierras como la propiedad colectiva necesarias para garantizar su desarrollo pleno. Sin embargo, a pesar de la contundencia del mandato constitucional citado, la ANAM comete una injusticia histórica en contra de la comunidad Ngobe al permitir y avalar la ejecución del proyecto hidroeléctrico en perjuicio de los intereses colectivos, culturales y la seguridad alimentaria de la comunidad indígena Ngobe.

Además conviene agregar que la letra y el espíritu de la ley en el artículo 9 de la Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, “Por la cual se crea la Comarca Ngobe-Buglé y se toman otras medidas”, establece de manera clara que las tierras colectivas, están constituidas para obtener el logro del bienestar común, tanto en los aspectos culturales, como en lo económico y social de la comarca. También en el artículo 17 se señala que tanto el uso como la propiedad colectiva de las tierras es el régimen de la mayoría de los habitantes de la comarca Ngobe.

Si bien las áreas afectadas por la concesión a AES CHANGUINOLA, S.A., para la construcción de los proyectos hidroeléctricos quedaron fuera de los límites de la Comarca Ngobe-Buglé; es un hecho cierto e indubitable que la poblaciones son culturalmente Ngobe, con sus mismos valores culturales, religiosos y formas de control social. Por lo tanto, el uso colectivo de tierras es un principio imprescindible para el bienestar de su población, y contravenir la voluntad de la población Ngobe sometiéndolos a traslados y reubicación forzados, siguiendo un patrón occidental de propiedad privada, es una violación a sus Derechos Humanos. . Cabe mencionar que el derecho a que se les reconozca el uso colectivo de tierras a las poblaciones indígenas fuera de las comarcas fue recalcado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante su 92 periodo de sesiones, a través del documento CPR/C/PAN/CO/3/ del 4 de abril de 2008, en la observación final No. 21 que a continuación citamos:

21. El Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones incluidas en el informe del Estado parte y recibidas de fuentes no gubernamentales sobre la existencia entre la población en general de prejuicios raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no se encuentran dentro de una comarca. (Artículos 1, 26 y 27 del Pacto).

El Estado parte debería:

a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas;

b) Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud adecuados;

c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto;

d) Reconocer los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales;

2. Han sido forzados mediante amenazas a firmar todos los contratos de venta. Como prueba anexamos la carta de la Alcaldesa Virginia Ábrego Salinas dirigida a José Miguel Ríos, Sub-comisionado de Policía de Bocas del Toro, la cual confirma el hostigamiento al que han estado y están siendo sometidos los habitantes de las áreas aledañas de Valle del Rey siendo visitados por miembros de la policía e, incluso, intimidados frente a funcionarios de la municipalidad, y a través de la cual la Alcaldesa solicita sean retiradas las unidades de policía de dicha comunidad.

Prueba de las muchas negociaciones que se han desarrollado bajo una fuerte presión, es el caso del cual AES siente mayor orgullo, el de Isabel Becker, quien obtuvo una buena finca por su reubicación. Sin embargo, aunque el resultado pueda parecer satisfactorio, el hecho es que las negociaciones comenzaron con un encierro de 12 horas de la Sra. Becker junto a cuatro de sus familiares en enero de 2007, de las cuales resultó un primer acuerdo irregular y viciado, tras el cual, después de mucha presión externa, se logró una finca mayor, pero totalmente aislada. Este aislamiento no es sólo de su familia, sino de toda la comunidad, pues ya no puede ir caminando a visitar a la gente que conoce de toda la vida, sus vecinos y amigos de siempre. Esta mujer ha vivido durante más de 30 años en el área y este aislamiento le ha afectado seriamente su salud emocional. Este tipo de situaciones tan negativas como lo es el aislamiento al que se ha visto sometida la Sra. Becker, y más a cierta edad, pueden acarrear graves daños a la salud de cualquier persona, viéndose forzada a vivir en soledad.

3. Muchos contratos no son por cesión de tierras, sino pago por acceder a ciertas propiedades con el fin de realizar parte de los estudios necesarios para la posterior construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, tales como trochas y pozos de perforación. Sin embargo la empresa utiliza estos contratos de estudios para justificar su posesión del terreno.

La Ley General de Ambiente, establece claramente una protección especial a los pueblos indígenas, en cuanto a que las actividades que se realicen en sus territorios en ningún momento causen o promuevan su menoscabo. Esto, evidentemente, no se ha cumplido en los estudios realizados para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En el caso del convenio de indemnización por realización de trochas y pozos de perforación en la finca de Don Francisco Santos Nico, de aproximadamente 250 hectáreas y de la cual depende su núcleo familiar integrado por 25 personas aproximadamente, y la compañía Hidro Teribe, S.A. (AES), hubo irregularidades con respecto a la no especificación del terreno a ser alterado y se anexa a la presente misiva. Algunas de las irregularidades son no especificar los límites de las áreas susceptibles de estudio, ni información detallada de las dimensiones de las áreas de trocha y de los pozos; y en la segunda cláusula, donde se especifican las etapas de pago, el segundo pago cuyo valor es la mitad de la cantidad total ofrecida a Don Francisco, está supeditado a la cesión de las tierras necesarias de su propiedad para la construcción de Chan 75. Esto implica que, por una parte, las trochas y los pozos pueden ser de dimensiones desproporcionadas con respecto al tamaño de la finca y se desconoce el tamaño real del terreno dañado y, por otra, que si AES justifica que es necesaria la totalidad de la superficie de su finca para la construcción de la hidroeléctrica, el Sr. Santos se quedará sin propiedad. Obviamente no contó con la debida asesoría legal, ni autoridad estatal alguna que velara por sus intereses, a fin de que este tipo de atropello no sucediera y mucho menos se cubriera bajo el manto de una cuestionable legalidad a través del contrato leonino en mención, por lo cual Don Francisco Santos Nico y su familia, se encuentran en la precaria y desamparada situación arriba detallada.

4. Ningún firmante dispuso de asesor legal, mientras que AES cuenta con un bufete de abogados de una de las mejores firmas del país. Supuestamente, personal de AES ha estado aconsejando a los residentes potencialmente firmantes que no contratasen abogado por el alto costo que les iba a acarrear. Hay que recordar que el deber de las instituciones públicas de este país, así como el de cualquier otro, es velar y salvaguardar los intereses de todos los panameños, más si se trata de etnias tan vulnerables como lo son los pueblos indígenas Ngobe Buglé y Naso Teribe.

5. Se ha cometido fraude facilitado por el bajo índice de escolaridad de la mayoría de los residentes en Charco La Pava, Valle del Rey y Guayabal. Un claro ejemplo de esto, es el de Patricia Castillo de Santo, hija de Isabel Becker, la cual fue víctima de un vil engaño por parte de AES ya que firmó un convenio por pago y traspaso final a nombre de AES Changuinola de los derechos posesorios de su finca para la construcción de la presa Chan-75 en forma permanente. La Sra. Castillo sostiene que el compromiso que ella adquirió con la empresa era de alquiler del terreno y no de traspaso del derecho posesorio. Así pues, firmó un contrato de venta pensando que firmaba uno de alquiler de sus tierras.

Con respecto a esto, cabe mencionar la observación final No. 21 del documento CPR/C/PAN/CO/3/ del 4 de abril de 2008 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, citada ya anteriormente, en su apartado a), cuando recomienda que el Estado parte debería garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas.

6. Se impuso un Plan de Reubicación sin consentimiento de la población posterior al inicio de obras, por lo que, sin haber conseguido un consenso, se comenzaron las reubicaciones de forma arbitraria y forzada sin aprobación de dicho Plan por parte de la ANAM y de las comunidades afectadas, lo que atenta contra sus propias formas de consulta, decisión, valores, usos y costumbres. El artículo 12 del Decreto de Gabinete No. 53 de 26 de febrero de 1971, “Por medio del cual se aprueba el Convenio No. 107 de la OIT, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes”, señala entre otras cosas que no deberá darse el traslado a las poblaciones en cuestión sin su libre consentimiento y, además, establece una serie de aspectos o condiciones que deben respetarse, como que los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a las necesidades y garantizar su desarrollo futuro.

Es pertinente señalar que la Constitución señala en el artículo 124 que el Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional. Además, el artículo 10, numeral 5 de la Resolución AG-0366-2005, “que establece el procedimiento para la Concesión de Administración en Áreas Protegidas y se dictan otras disposiciones” establece que son requisitos generales para otorgar un contrato de administración en áreas protegidas, en los casos donde se involucren comunidades indígenas, contar con experiencia en trabajo con grupos indígenas y contar con el aval de las autoridades indígenas correspondientes.

7. No están aprobados los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sobre las reubicaciones, además de que jamás deberían ser aprobados con categoría I, ya que permitirían que se reasentaran personas sin tener ni siquiera derecho a un Foro Público, hecho imprescindible e irrefutable teniendo en cuenta la gravedad implícita en reubicar población.

El Decreto Ejecutivo No. 194 de 25 de agosto de 1999, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Ngobe-Buglé”, en su Considerando, establece el reconocimiento a la autonomía indígena y la autogestión del pueblo Ngobe, en condiciones de respeto y armonía. Corresponde a esta alta corporación de justicia garantizar que estos Derechos Humanos no sean ilusorios, toda vez que las comunidades indígenas tienen amplios derechos consagrados a nivel internacional y constitucional, como la demarcación de sus territorios y la prioridad de ser informados y consultados en los casos en que sus derechos sean amenazados en su calidad de vida, cultura y tradiciones por el desarrollo de proyectos en sus territorios, en los cuales han vivido ancestralmente en armónica convivencia con la naturaleza circundante como área de vida y reservorio de biodiversidad.

Tras lo anteriormente expuesto, le solicitamos encarecidamente que su despacho considere todos los contratos como viciados e inválidos y, por tanto, se tomen las medidas correspondientes para anular estos contratos ilegales, restituyendo los derechos y garantías fundamentales de aquellas personas a las cuales se les han usurpado sus fincas y territorios ancestrales, y se garantice de igual forma que las familias afectadas reciban las compensaciones debidas por los daños y afectaciones a los que han sido injustamente sometidas.

Panamá como Estado tiene una obligación legal de acatar las recomendaciones de la ONU sobre el mejoramiento y reestablecimiento de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, hoy amenazados con proyectos al margen de una política energética plenamente establecida y discutida con la sociedad civil como lo ordena la democracia participativa.

Muchas gracias.

Atentamente,

M. Sc. Ariel Rodríguez Vargas

Vice-Presidente de Alianza para la

Conservación y el Desarrollo (ACD)

Telefax 223-9170

ariel.rodriguez@acdpanama.org

Cc: Lic. Felipe Cano, Viceministro de Trabajo y Desarrollo Social

Cc: Lic. Miguel Delgado Diamante, Ministro de Gobierno y Justicia

Cc: Lic. Severino Mejía, Viceministro de Gobierno y Justicia

Cc: Ing. Mariano Benjamín Quintero Visuete, Director General de Catastro y Bienes Patrimoniales, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la República de Panamá.

Cc: Ing. Balbina Herrera, Ministra de Vivienda de la República de Panamá, Ministerio de Vivienda (MIVI).

Cc: Lic. Valentín Pineda, Administrador Regional, ANAM Bocas del Toro.

Cc: Lic. Virginia Abrego, Alcaldesa de Changuinola

Cc: Lic. Ricardo Vargas, Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.

Cc: Medios de Comunicación

Corporación AES y ANAM están incumpliendo normas ambientales

Changuinola. incumplen estudio de impacto ambiental.

Anam mantiene proceso a AES

La carretera que se construye para dar acceso al proyecto será de carácter privado y no público.

LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

DENUNCIA. La construcción de una hidroeléctrica en Changuinola tiene preocupados a los ambientalistas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le mantiene dos investigaciones administrativas a Aes Changuinola por incumplir con el estudio de impacto ambiental (EIA) y el proceso de reubicación de las familias afectadas por el proyecto hidroeléctrico sobre el río Changuinola.

Al mismo tiempo, ayer ratificó su decisión de aprobar un EIA de categoría I para la construcción de la carretera de acceso al proyecto, contrario a la solicitud de recategorización solicitada por el Ministerio de Obras Públicas.

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Anam, explicó que las investigaciones se deben a la falta de medidas de mitigación para evitar la erosión del río, y a si la empresa hizo reubicaciones antes de presentar un plan de reasentamiento.

Humberto González, gerente de la empresa, dijo que cumplen todas las medidas de mitigación y que la reubicación de las familias se coordinó con las autoridades.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el EIA se aprobó según las normas establecidas.

La categorización de un EIA no depende de si el proyecto se desarrolla en un área protegida, sino de las normas de evaluación ambiental, dijo. Si bien es cierto que el proyecto está en un área protegida, la zona que se afectará ha sido intervenida, recalcó. La carretera será privada y no pública.

La Prensa, 20 de noviembre de 2007

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De acuerdo a Osvaldo Jordán de ACD, organización que trabaja en el área en relación a estos abusos a la legislación ambiental y en relación a la violación a los derechos humanos de los indígenas de la zona, también le faltó decir que todo el -staff mayor- de ANAM sólo viaja al área en helicópteros pagados por la compañía AES Changuinola, situación que crea conflicto de intereses y falta de imparcialidad de ANAM, y que efectivamente lo que está ocurriendo en Changuinola, tanto ANAM como la compañía AES están violando sistemática y flagrantemente las leyes de protección ambiental en áreas protegidas y le están pisoteando los derechos humanos de los pueblos indígenas asentados en la zona.

La Alianza para la Conservacion y el Desarrollo denunció esta semana en un comunicado público, que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá se ha convertido en cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos de la población Ngabe y Naso de la Reserva de la Biósfera de La Amistad – Panamá. En efecto, el plan de reubicación que ha estado implementando la empresa estadounidense AES Corporation para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 contraviene lo establecido en los artículos 10 y 26 de la recientemente aprobada Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, que prohíben el traslado de pueblos indigenas sin su consentimiento previo, libre e informado, y sin que exista un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa.

En relación a los estudios de impacto ambiental de las carreteras de acceso y campamentos, la abogada ecologista, Susana Serracín, argumenta que efectivamente los funcionarios de ANAM, entre los cuales se encuentra Bolívar Zambrano, incurrieron en delito ambiental, hecho que ya ha sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público y se realizan las primeras pesquizas del delito en los cuales se solicita el encausamiento penal para todos los que resultan responsables de este dolo, que sólo favorecía los intereses de AES, quien podía avanzar sin ningún ambiental con el proyecto hidroeléctrico de alto impacto.

Por su parte el biólogo Ariel Rodríguez, argumenta que la ANAM avale y promueva estos proyectos hidroeléctricos, como lo están haciendo, no da cabida a que esto se dé en áreas protegidas, ya que es un proyecto que destruye biodiversidad sin lugar a dudas, irrespeta el terruño de los indígenas y beneficia casi en exclusivo a la Corporación Hidroeléctrica AES.

Igualmente el científico argumenta que tajantemente: «No caben hidroeléctricas en las áreas protegidas y la ley es muy clara es esto. ANAM debe ser la primera entidad que debe entender y defender las áreas protegidas, porque para eso están establecidas».

«No existe concesión que pueda ser válida para construir hidroeléctricas en áreas protegidas, ya que contraviene todo el concepto de concesiones de administración y servicios en áreas protegidas y eso ANAM lo sabe, por eso rechazamos el interés inusitado de esta institución en violentar la ley para amparar hidroeléctricas en áreas protegidas de Bocas del Toro, que son Reserva de la Biósfera y áreas de amortiguamiento clave del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial para las presentes y futuras generaciones de Panamá y del mundo» acotó el científico.

Burica Press, 20 de noviembre de 2007

Análisis costo beneficio de hidroeléctricas en la Cuenca del Río Changuinola

Análisis costo beneficio de hidroeléctricas en la Cuenca del Río Changuinola

Por: Sara Cordero et al

INCAE, Costa Rica, Julio 2006.

Publicado por The Nature Conservation, Conservation International y Critical Ecosystem Partnership Fund

Este estudio presenta los resultados de la evaluación financiera y económica de cuatro proyectos hidroeléctricos en Panamá. Todos los proyectos se ubicarían en la cuenca Changuinola-Teribe en la provincia de Bocas del Toro, dentro del Bosque Protector Palo Seco (BPPS).

Análisis-Económico-de-Proyectos-Hidros-en-el-Río-changuinola

Tres de los proyectos serían construidos en el Río Changuinola (Chan 75, 120 y 220) y el cuarto proyecto (Bonyic), en la Quebrada Bonyic del Río Teribe. Ambos ríos nacen en el Parque Internacional La Amistad (PILA). La capacidad instalada conjunta de los proyectos sería de 446 megavatios (MW), lo que equivale al 30% de la capacidad total instalada en Panamá a finales del año 2004.

Nuestro análisis indica que el conjunto de proyectos tiene una fuerte probabilidad de ser económica y financieramente factible; sin embargo, podría causar serios impactos en los recursos ambientales de la zona, además de ocasionar grandes pérdidas en el bienestar económico de las comunidades indígenas que viven en los alrededores de estos ríos. Calculamos que la empresa que construya y opere las cuatro centrales, podría ganar alrededor de B/. 87 millones en términos de valor actual neto (VAN). El VAN es la suma de las ganancias de cada año, que son descontados utilizando una tasa de interés que refleja potenciales rendimientos de otras inversiones y el costo de crédito. Un VAN superior a cero indica que una inversión es factible.

Traducimos este valor financiero a una cifra económica para un acercamiento más amplio, considerando los costos y beneficios para Panamá como un todo y no sólo para el inversionista. Esta conversión se hace excluyendo del análisis cualquier impuesto o subsidio, que son mecanismos de transferencia artificiales introducidos por el Estado, y utilizando precios sombra, que corrigen deficiencias en la estructura de los mercados para los insumos y productos del proyecto. Finalmente se incluyen impactos externos, entendidos como aquellos no percibidos financieramente por la empresa, pero claramente asociables a sus actividades.

El valor actual neto económico del proyecto fue calculado en B/. 92 millones. Este último resultado oculta el hecho de que los impactos negativos del proyecto se concentran en un ambiente de importancia global para la conservación, y un sector social tradicionalmente abandonado y desfavorecido.

El Parque Internacional La Amistad estaría más expuesto a la deforestación, debido a la creación de nuevas vías de acceso cerca de sus límites, y vería especies de peces migratorios extirpados de algunas áreas. Por ejemplo, se perdería diversidad acuática en 704 Km. de ríos permanentes dentro del BPPS y del PILA. El área total donde se perderán especies acuáticas corresponderá a 1493 Km². Si la biodiversidad dentro del PILA se ve afectada, es probable que los impactos se extiendan a otros ecosistemas, pues por su ubicación geográfica, sirve de puente para el intercambio de fauna y flora entre América del Norte y Sudamérica El Complejo de Talamanca, del que el PILA forma parte medular, es una de las regiones del Planeta con mayor endemismo y diversidad biológica. Por sus características singulares, el PILA se reconoce como área núcleo de la Reserva de la Biosfera la Amistad y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por falta de datos confiables, este estudio no estima un valor monetario para las posibles pérdidas en biodiversidad, ni calcula los costos adicionales de vigilancia y gestión del PILA y el Bosque Protector Palo Seco una vez que sean más accesibles. Nos limitamos a un estimado del costo bruto de emisiones de dióxido de carbono y el costo de un intento de rescate de peces migratorios afectados por los proyectos.

El primer valor asciende a B/. 24.9 millones, mientras que el segundo fue estimado en B/1.3 millones. Señalamos que en el caso de los peces, la probabilidad del exitoso trasporte de las especies cuya migración se vería impedida es sumamente baja y este valor no se debe considerar adecuado para resolver el impacto, que probablemente no sería mitigable.

Aparte de los impactos ambientales, estarían los socio-culturales en las comunidades Naso y Ngöbe. Estas comunidades tienen culturas muy complejas y no es objetivo de este estudio analizarlas, pero sí pudimos constatar que se basan en el autoabastecimiento y en el grado de autodeterminación que hasta el momento el aislamiento les ha permitido. Si los proyectos son desarrollados, estas comunidades no estarán aisladas y es probable que su capacidad de autoabastecimiento se reduzca por la disminución/eliminación de recursos naturales disponibles. Considerando el caso, no es posible reducir a una cifra monetaria las tradiciones e historia común que se verían afectadas por las obras y apertura de vías de acceso. Por eso, con este análisis se pretende vislumbrar apenas los usos que las comunidades hacen de los recursos naturales y el incremento en el costo de vida que tendrían que pagar al trasladarse a otro sitio. Según nuestros cálculos, estas pérdidas alcanzarían los B/. 56.2 millones.

Este es un caso claro en el que una inversión económicamente eficiente no será equitativa. El análisis destaca que los beneficios de las represas los recibirían la empresa, los bancos prestatarios y el gobierno, mientras que los costos los sobrellevarían las comunidades indígenas de la cuenca Changuinola – Teribe y el ambiente natural. El siguiente cuadro resume esta distribución de costos y beneficios.

En teoría, esta distribución no-equitativa de costos y beneficios puede corregirse a través de compensación.

En la práctica, la compensación y las medidas ambientales suelen ser insuficientes en el contexto de grandes obras de infraestructura. Los Estudios de Impacto Ambiental para los cuatro proyectos no sugieren que los gastos en compensación social y protección del ambiente lleguen a los valores de los impactos que hemos calculado en este estudio, que, en todo caso, son solo estimativas parciales de los posibles daños. No obstante, el estudio deja claro que entre los B/. 87 millones en ganancias de la empresa y unos B/. 93 millones que el gobierno recaudaría en impuestos, habría fondos significativos para compensar y mitigar los impactos de las cuatro represas.

Finalmente, hay que reconocer que cualquier obra de esta envergadura trae consigo impactos en el ambiente y la cultura que no pueden ser evitados ni mitigados. Le corresponde a la sociedad panameña decidir si los beneficios de energía para consumo nacional y exportación son lo suficientemente importantes como para justificar estos sacrificios.

Propósito

Este estudio tiene como objetivo evaluar las implicaciones financieras y económicas de los proyectos hidroeléctricos Bonyic, Chan 75, Chan 140 y Chan 220. El estudio también pretende evaluar el efecto de los proyectos hidroeléctricos propuestos sobre el ambiente natural y social del área. Este acercamiento integrado facilitará un mejor entendimiento de las ventajas y desventajas de estas obras, la distribución de estos costos y beneficios entre los distintos actores (poblaciones afectadas, empresa, gobierno, banco, y naturaleza) y las medidas necesarias para compensar por aquellos impactos que son inevitables en caso en que se construyan las hidroeléctricas.

Los Proyectos

Los proyectos hidroeléctricos, objeto de este estudio son: Changuinola 75 (El Gavilán), Changuinola 140 (Cauchero II), Changuinola 220 y Bonyic. Todos están localizados el la Provincia de Bocas del Toro, dentro de la Cuenca Changuinola-Teribe y el Bosque Protector Palo Seco (BPPS). Los ríos utilizados por los proyectos, Quebrada Bonyic y Río Changuinola, nacen en el Parque Internacional la Amistad (PILA) . Las casas de máquinas, presas, caminos de penetración y gran parte de las líneas de transmisión estarían dentro del Bosque Protector Palo Seco . Los estudios de Impacto Ambiental de estos proyectos fueron aprobados en Octubre y Noviembre de 2005.

La capacidad instalada conjunta sería de 446MW y equivale al 30% de la capacidad total del país a fines del año 2004. El tiempo de construcción estimado para cada proyecto está entre 2 y 3 años, mientras que la fase de operación se tiene prevista para un período no menor de 50 años. El monto total de la inversión requerida para la ejecución de estos proyectos asciende a B/. 538 millones.

Área de Estudio

El área total de la Cuenca Changuinola-Teribe consta de 3,202 km2, donde recorren  las aguas del Río Changuinola, con 118 kilómetros y el Río Teribe con 96 kilómetros. Estos ríos son cortos y caudalosos debido a la geografía de la región, al igual que la mayor parte de los ríos en Centroamérica (McLarney et al 2005).

La cuenca del Changuinola se encuentra dividida en diferentes categorías de manejo. La parte alta de la cuenca (2,070 Km²) se encuentra dentro de los límites del Parque Internacional La Amistad (PILA), que a su vez forma parte del núcleo de la Reserva de la Biosfera y fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO debido a la gran importancia y diversidad de sus ecosistemas.

La parte media de la cuenca se cataloga como una reserva forestal , llamada Bosque Protector Palo Seco (con más de 1,250 Km²). La parte baja está dividida en tierras particulares y el Humedal San San Pondsak , también catalogado Sitio Ramsar10.

La diversidad del Parque Internacional es representada por 100 especies de mamíferos, 61 especies de reptiles, 91 especies de anfibios, 400 especies de aves y más de 25 especies de peces dulceacuícolas (Mafla et al. 2005). Hay una gran diversidad de especies de plantas de las cuales 180 son únicas en el mundo. En total se calcula que un cuatro por ciento de la diversidad a nivel mundial se encuentra presente en esta zona (TNC 2005); esto debido en parte a su gran variación altitudinal que se extiende desde los 3,162 msnm (Cerro Echandí) hasta 0 msnm, en la costa (Mar Caribe), pero también por su ubicación geográfica que sirve de puente genético para el intercambio de fauna y flora entre América del Norte y Suramérica (Heckadon 2001).

La población de las comunidades localizadas en el área de influencia de los proyectos es mayoritariamente indígena, correspondiente a los grupos Ngöbe (Río Changuinola) y Naso (Teribe). De acuerdo con la información suministrada por el último Censo de Población y Vivienda (DEC 2000 b), en el año 2000 la población total de las comunidades que se seleccionaron como afectadas por este estudio, ascendía a 2,480 personas; sin embargo, la encuesta realizada para este estudio reveló que en octubre de 2005 el número de pobladores era superior a 5,000 personas. Alrededor de 4,000 son de la etnia Ngöbe y 1,000 Naso.

La agricultura es la principal actividad productiva de ambos territorios (Ngöbe y Naso), seguida por la pesca y la caza. La actividad ganadera es incipiente. Los principales productos de consumo son el arroz, maíz, pixbae, plátano, naranjas, tubérculos (yuca, otoe, ñame, ñampí, dasheen), frijol, aguacate, café, cacao y coco, entre otros. La producción está destinada fundamentalmente (más del 90%) al consumo familiar. La dificultad y costo de traslado es el principal obstáculo de la comercialización. Esto hace que el flujo de dinero sea mínimo en estas comunidades, sobre todo en aquellas más alejadas. La producción que se vende se utiliza para generar los ingresos necesarios y suplirse de aquellos productos que no producen, y/o para costear gastos médicos.

En algunas de las comunidades existen escuelas primarias y puestos de salud; sin embargo, son comunes los casos de ausencia de personal, recursos y materiales para su adecuado funcionamiento.

En caso de requerirse servicios adicionales (atención médica y/o colegios) los pobladores deben trasladarse a Changuinola o Almirante. En estas comunidades no hay electricidad y los acueductos son rudimentarios.

La abundancia de recursos maderables en la zona permite a las poblaciones contar con viviendas en buen estado, con capacidad de dar cobijo a familias numerosas, a veces mayores a 15 personas. En algunos casos, las familias cuentan con dos casas: una cercana al centro del pueblo para facilitar la movilización de los niños a la escuela y la participación en los cultos, y la otra cercana a las áreas de cultivo.

Las comunidades indígenas residentes en el territorio no cuentan con derechos de propiedad. Algunos pocos pobladores tienen derechos posesorios, pero la gran mayoría carece de todo derecho más allá del uso de las tierras. La zona Ngöbe (Río Changuinola) es considerada como un territorio anexo de la Comarca Ngöbe-Buglé, pero no cuenta con el mismo estatus jurídico de ésta. Los Naso, por su parte, llevan décadas luchando por la creación de una comarca en su territorio. Actualmente se

encuentra en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados un Proyecto de Ley para la creación de dicha comarca.

Sector Eléctrico

La capacidad instalada de generación eléctrica a nivel nacional era de 1,507 MW en el año 2004, con 845 MW de potencia hidráulica y 662 MW de potencia térmica. La generación requerida para cubrir el crecimiento de la demanda de electricidad en el mercado nacional hasta el año 2017 asciende a 1,502 MW (escenario moderado) y 1,818 MW (escenario alto) (COPE 2005b).

En Panamá los planes oficiales de expansión de generación eléctrica son indicativos, pues el sector privado es quien desarrolla los proyectos. A febrero del 2004 estaban en trámite en el Ente Regulador de los Servicios Públicos más de 70 concesiones para la generación hidroeléctrica, con un potencial instalable conjunto de 1,739 MW (ERSP 2005). Según el Inventario de los Proyectos Hidroeléctricos publicado por la Gerencia de Hidrometeorología y Estudios de ETESA al 24 de Noviembre de 2000 (COPE 2005 b), se describen ocho proyectos dentro de la cuenca del Changuinola-Teribe, los cuales tendrían un potencial instalable de 1,029 MW, 40% del potencial hidroeléctrico identificado para todo Panamá. Por una carencia de información pública sobre los demás proyectos, este estudio solamente analiza cuatro de los ocho proyectos en la cuenca.

Existen varios proyectos de transmisión de energía eléctrica a nivel regional que tienen un enlace importante con los proyectos analizados en este estudio (COPE 2004a). El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central contempla la construcción de 1,800 kilómetros de línea de transmisión de 230 KV (Panamá – Guatemala) que aumentará la capacidad de intercambio de energía en Centroamérica a 300 MW, con un costo de B/. 315 millones. También existe el proyecto del Anillo Internacional de la Amistad, que consiste en una línea de transmisión de 230 KV entre Guasquitas y Guabito por etapas. Además de promover el desarrollo hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Teribe y Changuinola con más de 1,000 MW de capacidad, permitiría intercambios adicionales de hasta 120 MW con Costa Rica.

También se está realizando el estudio de factibilidad para la integración eléctrica Panamá – Colombia, donde se firmó el memorando de entendimiento para los estudios de factibilidad de la Integración Energética entre la República de Panamá y la República de Colombia el 1 de noviembre de 2004.

El proyecto consiste en una línea de transmisión de 230 KV, de aproximadamente 570 Km. con una capacidad de 300 MW, a un costo de entre B/. 170 y B/. 220 millones. El aumento en la capacidad de intercambio va acompañado del aumento en la capacidad de generación en toda la región. Actualmente, existen por lo menos 390 proyectos hidroeléctricos planteados con una capacidad conjunta de más de 12,000 MW (Burgués 2005). A continuación se desglosan los proyectos hidroeléctricos por país.

Externalidades ambientales

La cantidad de cobertura boscosa eliminada corresponde a las áreas descritas como áreas a ser construidas o inundadas, que son parte del proyecto. Como puede verse en el siguiente cuadro, se estima que para la ejecución de los cuatro proyectos se deforestarían un total aproximado de 2,527 hectáreas de bosque primario y secundario intervenido. Es probable que el área sea mayor, ya que las distancias planteadas en los EIA´s para la construcción de carreteras corresponden a líneas rectas.

Por el relieve que presenta la región es imposible construir carreteras en línea recta. Además de eso, la deforestación proyectada se limita a derechos de vía de 20 metros para carreteras y 30 metros para líneas de transmisión (EPR 2005), omitiendo la deforestación indirecta que suele resultar de cambios en el uso de la tierra alrededor de las vías nuevas.

Externalidades sociales

Los proyectos hidroeléctricos cambiarán las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Actualmente, la condición de vida de estas comunidades depende principalmente de los productos agrícolas que cosechen, los animales que crían, la pesca, madera para cocinar y construir, y el agua a su disposición. Para encontrar un valor en el cambio en las condiciones de vida, producto de un posible reasentamiento, se utilizo el método del costo de sustitución; es decir, se calculó el valor de su producción y el valor de los gastos no incurridos por la disponibilidad de recursos naturales presentes a su alrededor. Esto representa únicamente un cálculo para efectos de valoración y no es equivalente a la compensación necesaria por traslado, ya que no incluye otras pérdidas distintas al valor de las necesidades básicas, como por ejemplo recreación, autonomía y legado.

Para obtener este valor y además poder contar con un mejor entendimiento de los proyectos y sus impactos, se aplicó una encuesta en la zona. El objeto de la encuesta fue obtener información sobre la composición, características, ingresos y patrones de consumo y producción de los hogares en la zona (Ver Anexo 7 del documento original).

El diseño de la muestra se hizo con base en los resultados de los Censos de Población y Vivienda (DEC, 2000). El criterio utilizado para la identificación de las comunidades fue su cercanía a las áreas de los embalses propuestos (refiérase al Anexo 8). Aunque la muestra había sido diseñada para representar por lo menos un 10% de la población, esto sólo se logró en el área Teribe, porque se encontró una enorme diferencia entre los datos presentados por los Censos de Población y Vivienda (2000) y los resultados del trabajo de campo y consulta a las comunidades.

La participación del área Teribe fue del 10.4%, producto de la visita a 15 de las 143 casas que conforman la zona de impacto del proyecto. En el área del Río Changuinola, se logró visitar un total de 47 de las 609 casas que conforman la zona de impacto del proyecto, lo cual corresponde al 7.7% de la representación total. El método utilizado fue el de la entrevista cara a cara con jefes o cabezas de hogar. Se visitaron las comunidades elegidas y la selección de los encuestados se hizo al azar. El trabajo de campo se realizó del 10 al 14 de octubre de 2005 en el área del Río Changuinola y del 17 y 18 de octubre de 2005 en el área del Río Teribe.

Se denominó como “valor de producción por hogar” el valor de los productos que una o varias familias que habitan una casa producen, crían y pescan. Se utilizaron las encuestas para determinar un promedio de la producción por hogar y los precios a los que actualmente los pobladores compran y venden sus productos (ver Anexo 9 y 10). Se estimó que el valor anual de la producción por hogar en la zona de afectación del proyecto Bonyic es de B/. 3,470 (promedio 7 personas por casa). El valor que corresponde al área de afectación de los proyectos Chan 75, 140 y 220 es B/. 4,208 (promedio 11 personas por casa)

Se denominó como “valor de gastos no incurridos por hogar” el valor de los gastos de alquiler, pago de agua y energía que una casa promedio afectada no tiene actualmente, porque las necesidades de vivienda, agua y energía son suplidas por los recursos a su disposición. Se calculó que el valor anual de gastos no incurridos para un hogar afectado por el proyecto Bonyic sería de aproximadamente B/.1,800 y para un hogar afectado por las hidroeléctricas Chan 75, 140 y 220 sería de B/. 2,133 (por tratarse de una mayor cantidad de habitantes por hogar).

El valor actual del cambio de las condiciones de vida de las comunidades afectadas por los proyectos, contempla el valor de producción y de gastos no incurridos anualmente durante 25 años (plazo de análisis) traídos a valor presente (refiérase al Anexo 11). Este valor asciende a B/. 56.2 millones a la tasa de descuento económica, y muestra que el 16% de la pérdida será sufrida por comunidades Naso y el 84% por los Ngöbe. El monto toma en cuenta una tasa de crecimiento de la población de un 2.4% anual; tasa estimada para Bocas del Toro para el período 2000-2005 (DEC, 2005). Esta tasa es moderada, dado que la tasa estimada para la comarca Ngöbe Buglé es de 2.66% anual.

Impactos ambientales no valorados

En el análisis económico se valoraron únicamente el dióxido de carbono transferido a la atmósfera, el costo de intentar rescatar especies acuáticas migratorias y las pérdidas sufridas por las comunidades afectadas. A continuación se discuten algunas consecuencias que tendrán los proyectos que no fueron incluidos en los cálculos.

Estratificación del embalse

Estancar agua en un embalse, especialmente en el trópico, termina inevitablemente en una estratificación de la temperatura del agua. En torno a esto se puede tener como resultado (dependiendo de características de corriente, profundidad, vientos etc.) una estratificación más o menos permanente, con una mayor temperatura de la natural en la superficie y con agua fría y desoxigenada en el fondo. Este proceso de desoxigenación puede ser acelerado por el proceso natural de eutrofización.

El cambio en la composición del agua afectará a las especies que habitan en las aguas arriba y abajo de la represa, ya que esta agua desoxigenada y con temperaturas estratificadas es la que pasará aguas abajo de la presa.

Pérdida de biodiversidad

Con los proyectos se perderá diversidad acuática en 704 Km. de ríos permanentes dentro del BPPS y del PILA. El área total donde se estima se perderán especies acuáticas es de 1,493 Km² (McLarney et al. 2005). Además se espera que ocurra un incremento en la extracción de recursos naturales como consecuencia directa de la creación de caminos.

Producto de la extirpación de varias especies, la biomasa animal se verá reducida aguas arriba, debido a una pérdida de producción secundaria (nutrientes descompuestos) que es esencial para toda la cadena trófica. Esto afectaría tanto a especies acuáticas como a especies terrestres. Por ejemplo, la población de un animal terrestre, como el gato de agua (Lutra longicaudis), que se alimenta de camarones, disminuirá como resultado de la extirpación de camarones aguas arriba de la represa.

La disminución en la población de este animal producirá otros efectos significantes, aunque poco previsibles. Dichos efectos, uno como consecuencia de otro, van formando cadenas y dan lugar al fenómeno de cascadas tróficas que pueden ocasionar modificaciones grandes en ecosistemas, mucho más allá de los que son inmediatamente evidentes.

La biomasa animal también podría reducirse aguas abajo de la presa (incluyendo el estuario), producto de la disminución de nutrientes que provenían de aguas arriba, cambio en el flujo, nivel, composición química y temperaturas del agua. Esta reducción en biomasa y otros cambios asociados con la creación de barreras artificiales también desencadenarán cascadas tróficas aguas abajo de la presa. Por ejemplo, reducir los números de peces pequeños y diádromos significa reducir los recursos esenciales para peces como el róbalo, jurel, ronco, y otros que suben del mar al Río Changuinola y al Río Teribe en busca de alimento. Es por eso que, antes de proponer cualquiera modificación al sistema del río, se deben considerar los requerimientos de las diferentes etapas de vida –adultos móviles, juveniles, larvas y huevos pelágicos y planctónicos de todas las especies migratorias.

Integridad del PILA y Palo Seco

El Parque Internacional la Amistad (PILA) ofrece un marco ético y legal para justificar la conservación de la biodiversidad y protege las nacientes de los ríos donde se proyectan estas represas. La viabilidad a largo plazo de los proyectos hidroeléctricos en mención depende de la conservación del ecosistema del PILA.

La degradación del PILA se verá acelerada por la construcción de las carreteras que llegarán hasta los sitios de presa. Para el proyecto Bonyic la carretera se construirá en la margen del río, el cual es parte del límite del propio PILA. Para los proyectos sobre el Río Changuinola las carreteras que facilitarían acceso a los sitios de presa estarían a menos de 3 kilómetros lineales del PILA. Estas carreteras debilitarían la zona de amortiguamiento del parque y eliminarían, al crear puentes, la principal barrera de acceso al PILA en estas zonas: los ríos El Bosque Protector Palo Seco (BPPS) protege la zona de amortiguamiento del PILA en la cuenca Changuinola-Teribe. Aunque no tiene una categoría de protección tan fuerte como la del PILA es un área protegida o, en las palabras de de los EIA’s de CHAN 75, CHAN 140, y CHAN 220, “puede considerarse un santuario de la naturaleza”. Sin embargo, sufriría efectos similares a los descritos arriba para el PILA, además de la pérdida directa de 2,527 hectáreas de bosque, porque la mayor parte de infraestructura sería construida en esta zona.

Por otra parte, la población aumentará drástica y repentinamente en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), debido a la necesidad de mano de obra. Las comunidades más cercanas a los puntos donde se construirán las represas no serán capaces de suplir esta necesidad, ya que son bastante pequeñas, y gran parte de esa población es muy joven. De acuerdo con los números que se presentan en los EIA’s, la cantidad de mano de obra que se requiere para la etapa de construcción de la casa de máquinas, embalse y presa es de:

a) 900 personas para Chan 75 c) 900 personas para Chan 220

b) 900 personas para Chan 140 d) 450 personas para Bonyic

Impactos sociales no valorados

Cambios culturales

Las culturas Naso y Ngöbe son muy complejas y en este estudio no se pretende analizarlas; pero sí comprobamos que son culturas que se basan en el autoabastecimiento y en el grado de autodeterminación que hasta el momento el fenómeno de aislamiento les ha permitido. Si los proyectos son desarrollados, estas comunidades dejarán de estar aisladas y es probable que su capacidad de autoabastecimiento se vea limitada por la reducción de recursos naturales disponibles. Así mismo, esos recursos se verán reducidos por la deforestación, y por los cambios en el ecosistema, producto de los proyectos y debido a nuevos pobladores atraídos por la facilidad de acceso y trabajo temporal.

Cambios en la tenencia de tierras

Con la creación de carreteras es muy probable que la manera en que hasta ahora se ha manejado la tierra y los derechos del uso de la propiedad cambien, pues casi nadie cuenta con títulos de propiedad. En el caso de que los proyectos causen perjuicios en tierras manejadas por las comunidades, o facilite el ingreso de otros pobladores, será difícil que las comunidades puedan defender legalmente sus derechos a las tierras en las que actualmente trabajan o residen.

Cambios en la salud

La creación de lagunas artificiales con aguas estancadas y la eliminación o disminución de organismos (peces) que controlan los insectos, son condiciones propicias para el incremento de las poblaciones de mosquitos (por ejemplo Aedes aegypti, vector del dengue que afecta las poblaciones humanas) que desmejora la salud de los pobladores de la región.

La mejora en los caminos de penetración a la zona facilitará el desplazamiento de enfermos a centros de salud, pero esta mejora en las condiciones de salud pública, se ve limitada por los escasos recursos monetarios con los que cuentan las comunidades para pagar los servicios a los cuales tendrán mejor acceso físico. Aún así, la construcción de caminos de penetración puede considerarse una mejora significativa porque los centros de salud existentes en la zona, por lo general, no cuentan con personal ni medicamentos.

Cambios en la educación

Los caminos facilitarán el acceso a centros de educación secundaria. Sin embargo, el aprovechamiento de esta mejora también se verá limitado por los escasos recursos monetarios de los pobladores.

Aún así, puede considerarse una mejora, dado que muchos de los centros educativos de las comunidades se caracterizan por la falta de personal y material didáctico.

Análisis Distributivo

El criterio de equidad del proyecto se analiza basado en la distribución de los beneficios y costos.

Hemos identificado estos flujos para el gobierno, las poblaciones directamente afectadas, la naturaleza, la empresa que desarrolle el proyecto y el banco prestatario.

El siguiente cuadro muestra que las ganancias son significativas para la empresa y también para el gobierno de Panamá mediante la recaudación de impuestos. La cifra de B/. 193 millones para el sector bancario se refiere a intereses brutos, sin sustraer costos de administración e intereses pagados por el banco por uso de los fondos. Los valores para el ambiente natural y las comunidades afectadas son rotundamente negativos. Este análisis deja claro la potencial inequidad del conjunto de proyectos Changuinola- Bonyic. Si fueran implementados tal como los entendemos, los proyectos ocasionarían costos tangibles y significativos y daños no cuantificables a la naturaleza, y a las comunidades afectadas, a la vez que generarían ganancias para el gobierno, la empresa inversionista y los bancos.

Todos los montos mencionados a continuación son valores presentes, considerando un periodo de análisis de 25 años para los proyectos.

Este análisis muestra claramente que mientras la mayoría de los beneficios los recibirían el inversionista, el banco prestatario y la administración gubernamental, los costos del proyecto los sobrellevarían, de manera concentrada, el ambiente natural y los habitantes del área afectada. Esto representa un aumento en la brecha de ingresos entre estratos socio-económicos. Aunque los proyectos muestran indicadores de eficiencia positivos, sus indicadores de equidad y sostenibilidad ambiental son negativos.

El presente estudio no tiene como fin recomendar que se construyan o no proyectos hidroeléctricos en el Río Changuinola y la Quebrada Bonyic; sin embargo, hay ciertas deficiencias en la forma como evidentemente se pretenden desarrollar estos proyectos, y éstas deficiencias deben de ser consideradas en cualquier debate sobre estos o futuros proyectos energéticos.

Entre las deficiencias podemos anotar que no existe un plan satisfactorio para evitar daños culturales, ni para compensar de forma adecuada a los afectados por los proyectos. Es más, en los estudios de impacto ambiental se subestima la cantidad de personas y comunidades afectadas por los proyectos y el grado de afectación. Las acciones de mitigación y compensación deben de ser específicas, aceptadas por las comunidades, de una magnitud que corresponda a los potenciales daños y garantizadas financieramente antes del inicio de la construcción de los proyectos.

De la misma forma, no percibimos la existencia de medidas que evitarían invasiones y deforestación en el BPPS y el PILA, que serán fuertemente expuestos por las nuevas vías de acceso. Hay planes para aportar fondos durante cinco años al BPPS, pero son insuficientes, porque la amenaza a la integridad del PILA y el BPPS permanecerá mientras existan los accesos. Además, los EIA’s de los proyectos proponen construir puestos de vigilancia, pero no se habla de financiar la vigilancia en sí. Los supuestos pagos por servicios ambientales a favor del PILA, mencionados en resoluciones gubernamentales para los proyectos Chan 140 y 220, no tienen especificidad en cuanto a montos y no se extienden al proyecto Chan 75. Éste, como primero en la serie de represas sobre el Río Changuinola, desencadenará el proceso de pérdida de biodiversidad, sobre todo la acuática.

Un plan ambiental adecuado debe de tener un fundamento científico fuerte, fondos garantizados antes del inicio de obras, una amplia consideración de fuentes energéticas de menor impacto, y compensación de los impactos inevitables en la forma de inversiones en la protección de otras áreas. Por la propia seguridad económica de los proyectos, la inversión debe ser estructurada para fortalecer las áreas que protegen las nacientes y no para debilitarlas.

En este caso los proyectos también deben salvaguardar otros valores propios del PILA y el BPPS. Éstos forman parte de una Reserva de la Biosfera y en al caso del PILA es Patrimonio de la Humanidad. Según nuestro análisis, existen ganancias suficientes para mitigar algunos de los impactos ambientales y pérdidas económicas que sufrirán las comunidades indígenas. Es de fundamental importancia que, en el caso que estos proyectos se lleven a cabo, los fondos sean destinados a estos fines para solventar los problemas de equidad y sostenibilidad que los proyectos ocasionarán.

Finalmente, señalamos que un costo elevado de adecuada mitigación y compensación no debe ser en ningún caso motivo para no invertir en estas porque tal decisión indicaría que el proyecto, bien hecho, es económicamente no viable. Deben ser descartados primero los proyectos que su implementación responsable.

Reserva de la Biosfera: Área que contiene muestras representativas de biomas importantes, rasgos naturales singulares, así como pautas armónicas estables de uso de la tierra. También puede tratarse de ecosistemas modificados susceptibles de investigación, especialmente para estudios de referencia, control ambiental y educación.

Sitio de Patrimonio Mundial: Área con rasgos naturales y culturales de significación internacional, que contiene muestras de los períodos evolutivos de la tierra, procesos geológicos significativos, rasgos o comunidades naturales singulares o en peligro, con gran valor artístico, científico, cultural, social o tecnológico, o de gran antigüedad.

Reserva Forestal: área boscosa, destinada a la producción y aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque, de forma controlada, garantizando su capacidad de renovación en el tiempo, a través de un manejo y aprovechamiento sostenible del recurso forestal. Esta área deberá contribuir a la conservación de la diversidad biológica, generar bienes y servicios ambientales a la sociedad, y rentabilidad económica por su aprovechamiento sostenible.

Créditos

Sarah Cordero

INCAE Business School

Ricardo Montenegro

Alianza para la Cooperación y el Desarrollo

Maribel Mafla

Asociación ANAI

Irene Burgués Arrea

Conservation Strategy Fund

John Reid

Conservation Strategy Fund