Gobierno defiende el interés nacional en pugna con grupo indígena

Gobierno defiende el interés nacional en la pugna de grupo indígena
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Panamá | CRITICAENLINEA

El secretario de Energía del Gobierno de Panamá, Juan Manuel Urriola, defendió hoy la “perspectiva nacional” en el conflicto que mantienen los indígenas Ngöbe-Buglé por la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadounidense AES en la comarca de Bocas del Toro.

Urriola explicó a Acan-Efe que se deben tener en cuenta “los derechos humanos de todos los panameños, no de cinco o seis”, y que hay que ver el conflicto desde una “perspectiva nacional”, porque “alguien queda afectado, pero el 99 por ciento de la población queda beneficiado”.

Sin el desarrollo de esta hidroeléctrica, a juicio de Urriola, Panamá “no tendrá energía suficiente” y la poca que tendrá será “a un coste exagerado”.

Representantes de las etnias Ngöbe-Buglé dieron ayer lunes un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de la hidroeléctrica, que anegará las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo, según reconoce la misma empresa.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 3.000 personas “directa e indirectamente”, cifra que la empresa reduce a 170 familias.

Según información facilitada a Acan-Efe por AES, el proyecto, que se inició en octubre de 2007 y se encuentra en un 56 por ciento de consecución, mantiene a más de 1.800 personas trabajando.

El “reasentamiento participativo”, como lo llama la empresa, ha “generando oportunidades” para la comunidad, al construir escuelas, dar acceso a centros médicos, así como capacitación en producción para garantizar “la sostenibilidad económica y seguridad alimentaria de estas familias”, todo “a pocos metros de la ubicación actual de la comunidad”.

AES Changuinola asegura que el 74% de las familias han firmado “acuerdos voluntarios” para ser reubicadas, tras vivir “en condiciones de pobreza, hacinamiento, insalubridad y con escasa cobertura de los servicios públicos”.

En cuanto a los indígenas que no quieren dejar su territorio, la empresa considera “que las únicas vías que utilizarán para continuar con los reasentamientos, son el diálogo y la negociación”.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas, que se reunió ayer con dirigentes de la comunidad indígena, explicó hoy a Acan-Efe que la actuación del Estado “ha sido muy tenue y se ha desconectado del desarrollo de la obra”.

Según él, se han llevado a cabo negociaciones entre comunidad y empresa sin la presencia del Estado, “que tiene que tener muy claro su rol de tutelar de manera efectiva los derechos de las comunidades”.

La Defensoría aboga por un “diálogo impostergable” entre Estado, comunidad y empresa, tal y como lo ha planteado en un informe remitido al Gobierno para que no “desatienda compromisos y obligaciones enmarcadas en los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Vargas.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ng be-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Changuinola I (CHAN 75) será “una fuente de energía renovable, cien por ciento panameña y a precios razonables”, afirma sobre su proyecto la compañía, que cifra la capacidad de generación eléctrica en 223 megavatios y destaca que “contribuirá a disminuir la dependencia” de Panamá con los combustibles fósiles.

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, la República Dominicana y Panamá, en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 megavatios.

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Torrijos rechazó solicitud de CIDH

Gobierno de Torrijos rechazó pedido de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La solicitud de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Bocas del Toro, que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue rechazada por el pasado gobierno, que además pidió revocar la medida.

Gobierno rechazó medidas de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Estado panameño no puede acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así respondió el gobierno de Martín Torrijos, a través de Cancillería, a la petición de suspender el proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa AES Changuinola en Bocas del Toro, y para el cual ha tenido que hacer desalojos.

En un un informe enviado a la Comisión el jueves 25 de junio, el gobierno anterior señaló que las medidas de la CIDH no fueron dictadas de conformidad con el reglamento de esa Comisión.

El gobierno solicitó a la CIDH que revoque su decisión y pidió que el organismo se informe de “manera objetiva” sobre la situación de las comunidades influenciadas por la obra.

Larissa Duarte, directora de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, lamentó que el gobierno de Torrijos no haya tenido la capacidad de responder por el fondo del problema.

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COMUNICACIÓN. Gobierno anterior informó que no acatará fallo de la CIDH

Torrijos dejó el enredo sobre fallo que beneficia a indígenas

Los afectados denunciaron abuso policial por oponerse a una hidroeléctrica.

Ereida Prieto-Barreiro

PA-DIGITAL

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Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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Comarca Ngöbe Buglé

A cinco días de dejar el poder, el Gobierno del ex presidente Martín Torrijos comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que “no acataría” un fallo de medidas cautelares a beneficio de indígenas Ngöbe Buglé.

El Gobierno comunicó esta decisión en una nota fechada el 25 de junio sobre el caso surgido, tras una denuncia de supuesto abuso policial contra los indígenas que rechazan la construcción de la Hidroeléctrica Chan – 75.

En el documento, Panamá solicita a la CIDH que “revoque” la decisión de adoptar medidas cautelares como la suspensión de la hidroeléctrica de la concesionaria AES – Changuinola, hasta que se informe de manera “objetiva” sobre las comunidades impactadas en Bocas del Toro.

Asimismo pide que la CIDH convoque a una audiencia para tratar estas medidas que “exigen inminencia, urgencia e inmediatez de violaciones al derecho de la vida” de estos indígenas.

La resolución de la CIDH señalaba que “Panamá debe cumplir con el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto”.

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Torrijos y ahora Martinelli y su embajador ante la OEA, Cochez pueden patalear lo que quieran, la medida es de estricto cumplimiento y el fallo final sería peor para Panamá.

La violación a los derechos humanos es un grave delito de Estado.

Panamá no necesita esta hidroeléctrica, que de concretarse, será una  hidroeléctrica más.  Esta obra ha producido, aún a 15% de avance,  un grave dano ambiental a hermosas áreas protegidas y ha causado una  enorme conmoción social a los indígenas ngobes afectados, que ha culminado en violación evidente de los derechos humanos de estas personas.

Además, la realidad energética de Panamá no es la que pinta el gobierno, ni  mucho menos lo que dice AES, ya que ambos son parte interesada y nunca han demostrado, ni demostrarán numeritos más allá de la retórica desarrollista del efecto positivo de esta represa.

La Ley ordena evaluaciones ambientales estratégicas de los planes y políticas y el Estado se ha negado para no quedar en evidencia de la realidad que conlleva a desmentir lo que dicen sólo de discurso, pero no por ciencia y números. Obviamente que el interés entramanado por diversos sectores allegados a los gobiernos, les impide actuar con ética y valores que vayan por encima del mercantilismo per se que promueven los gobiernos.

Burica Press

Cámara de Comercio respalda violación a los derechos humanos en proyecto hidroeléctrico

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

AES recibe respaldo

06-27-2009 | MANUEL LUNA G.
mluna@laestrella.com.pa

La Cámara de Comercio pide respuesta contundente

Capital PANAMÁ. La cúpula empresarial panameña salió en defensa del proyecto Changuinila 1 (Chan 75).

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, advirtió que la suspensión de este proyecto hidroeléctrico “traería consecuencias graves para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanas solicitó recientemente suspender la construcción y demás actividades vinculadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del río Changuinola, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva.

La medida fue tomada en respuestas a denuncias presentadas sobre supuestos daños causados al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas ngöbe que habitan el Valle del río Changuinola.

Pero Linares dijo que confía “en que las respuestas que el gobierno brinde demostrará de forma contundente que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que solicitaron la suspensión del proyecto”.

De acuerdo con el representante de los empresarios, la suspensión de la obra “sería un atentado contra la seguridad jurídica y enviaría un mensaje negativo para la inversión extranjera”. El proyecto hidroeléctrico generará 223 magavatios y actualmente registra un avance del 40%, en donde ya se han invertido 300 millones de dólares, de los 560 millones que costará la obra.

Unos 1,800 trabajadores laboran en el proyecto, que está programado para concluir en el año 2011.

El proyecto es desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp, donde el Estado panameño también es accionistas.

Las autoridades panameñas han rechazado que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Mientras que grupos ambientalistas aplaudieron la medida adoptada por la OEA, el pasado 17 de junio.

Linares dijo que es preocupante que grupos anarquistas ajenos a los intereses de los panameños estén impulsado campañas difamatorias, manifestaciones, sabotaje y desinformación en contra del proyecto hidroélectrico.

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Burica Press le ha dado seguimiento a esta situación y sólo puede advertir que la Cámara de Comercio de Panamá, jamás aportó opiniones o comentarios que deslindaran las responsabilidades encomiadas a AES y al Estado Panameno como máximo responsable.

El discurso del senor Linares es tardío para defender los intereses de AES y los intereses de todo el gremio, que como buenos anarquistas sólo respetan las leyes a conveniencia.  AES y el Estado han incurrido en violación a los derechos humanos de pueblos indígenas y esto amerita una sanción ejemplar.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y nadie bajo ninguna circunstancia o motivo puede violar por acción o por omisión los sagrados derechos humanos.

La CIDH ha recibido diversas notificaciones y aclaraciones del Gobierno, que evidentemente no ha podido ocultar los hechos que ha llevado a esta sesuda decisión de este máximo órgano de justicia internacional.

Ahora sólo queda acatar, la medidas cautelares enunciadas.

Burica Press

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press