AES presentó inventario biológico de la cuenca media del Río Changuinola

AES Corporation presentó línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental para hidroeléctricas en Bocas del Toro

Panamá. Burica Press (21 de noviembre de 2008). Finalmente AES Panamá ha completado el inventario de la flora y fauna acuática y terrestre de la cuenca media del Río Changuinola como parte del requisito de realizar la línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Changuinola 1 (Chan 75)” a un costo de $ 1. 3 millones.

Este estudio ha sido seguido de cerca por ecologistas nacionales e internacionales que objetan la construcción de grandes represas en una reserva biológica que consideran un patrimonio de la Humanidad de incalculable valor.

El EIA presentado y aprobado en el año 2005 ante la Autoridad Nacional del Ambiente siempre fue denunciado por los ecologistas como un estudio ilegal, dado que no contenía los elementos mínimos para ser considerado un real Estudio de Impacto Ambiental, pero que aún así fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiental (ANAM) de Panamá.

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida, Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Foto: Jeff Stein

Este estudio actualiza una serie de estudios previos realizados en la cuenca desde la década de 1970, donde ha resultado en un aumento significativo del conocimiento de la rica biodiversidad de esta área protegida, denominada oficialmente, Bosque Protector de Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro.

El inventario presentado a la comunidad científica nacional y al público en general, contiene información valiosa sobre la riqueza de especies de fauna y flora en el área, de manera que se aportan nuevos conocimientos sobre la biodiversidad de la zona y de la cuenca hidrográfica. “El resultado de este estudio revela nuestras preocupaciones y es que es un área de excepcional riqueza biótica, que hace inviable proyectos hidroeléctricos en esta Reserva de la Biosfera, ya que también afecta al Parque  Internacional La Amistad, sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad” advirtió el ecologista y biólogo, Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. “Ahora veremos qué decisión toma la Autoridad ante la vulnerabilidad ambiental que representa hacer proyectos hidroeléctricos en esta área”, recalcó el ecologista Rodríguez.

Por su parte Humberto Gonzalez, gerente general de AES Changuinola dijo sentirse orgulloso “de hacer este valioso aporte a la ciencia y específicamente a la provincia de Bocas del Toro”. “Este estudio es un paso más en nuestro compromiso frente a las realidades ambientales. Nuestros proyectos alrededor del mundo se caracterizan por su rigurosidad y metodología científica comprobada para el cumplimiento de las medidas ambientales y el aporte a la conservación de los recursos naturales del planeta”.

El impacto social sobre indigenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona

El impacto social sobre indígenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona. Foto: Jeff Stein

El inventario estuvo a cargo de la firma Montgomery-Watson y Harza (MWH) y la ejecución del muestreo en campo en Panamá estuvo a del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), misión internacional que realiza consultorías de este tipo.

“Este inventario de flora y fauna en la cuenca media del Río Changuinola deja al descubierto que en Panamá se puede hacer daños ambientales graves sin consecuencias legales, cuando la corrupción de las autoridades ampara semejante destrucción. Es increíble que estén presentando estos estudios a un año de haber iniciado una devastación sin precedentes en toda la cuenca con estos proyectos hidroeléctricos.

Agregó además que “el principio precautorio fue ignorado y seguirá siendo ignorado por la ANAM con tal de seguir favoreciendo los intereses del AES en la zona” advirtió la abogada ambiental Susana Serracín, quien se mostró escéptica e indicó que “estos estudios solo servirán de recuerdo de la diversidad biológica que una represa puede destruir y no se utilizará para detener la destrucción de AES en esta reserva de la humanidad”, sentenció la jurisconsulta.

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Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance (sept. 2008)

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance sobre la situación de los ngöbes frente al gobierno y AES Corporation

Los siguientes son testimonios del mes de septiembre de lo que sigue ocurriendo en Charco La Pava y Nance, comunidades ngöbes afectados por el desarrollo del primer proyecto de tres denominado Chan 75 o Changuinola I en la cuenca media del Río Changuinola en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biosfera:

La casa de Benero Santos -que mantiene una familia de tres miembros-, está en peligro de ser destruida, los trabajos de las maquinarias de la empresa se encuentran a 20 metros de su casa. Recibió el orden verbal de unos empleados de la Empresa AES de desalojar inmediatamente.

Los cultivos de Ana Castillo y Ernesto López (que se encuentran en la misma finca por ser Ernesto el esposo de Enelda Abrego, hija Ana) fueron totalmente destruidos en el mes de enero sin ningún consentimiento. Debido a la destrucción de la “finca”, sus puercos están ahora siempre alrededor o debajo de la casa.

Según el testimonio de Ana Castillo, el 11 de septiembre de 2008 trabajadores de la empresa le dijeron que la tierra estaba a mano de la empresa, recibió el orden de AES de desalojar el área donde tiene su casa y donde viven 9 personas, entre ellos 6 menores de edad (Ancelmo Santos, Didier Santos, Irena Santos, Ronel Santos, Alba López, Isac López, Ernesto López, Enelda Abrego (su esposa) y Ana (su suegra)). Desde ese día, la retroexcavadora se encuentra a unos pocos metros de su casa,

Se le solicitó a la señora Ana Castillo que construyera una casa provisional en otro lugar y que después se negociaría. De momento, si no se destruye su casa es únicamente porque los miembros de la familia resisten, quedándose dentro de la casa para protegerla de la destrucción.

El 15 de septiembre de2008, trabajadores amenazaron a Ana Castillo de que si sigue resistiendo, llamarían a la policía y que se la llevaría presa a Changuinola. Alcibiades Muñoz, jefe de los trabajadores de la empresa AES, efectivamente llamó a la policía: 3 policías vinieron y dijeron a Ana que tiene que aceptar el dinero y abandonar su casa (la empresa nunca le ofreció un monto exacto de dinero, le dice que desaloje y que luego se negociara). Ella respondió que no quería plata, sino vivir tranquilamente en su tierra, que sus abuelos vivían en estas tierras, que nunca se ira y que siempre protegerá su casa.

Es grave que el propio Estado (la policía) contribuya de tal forma en el engaño de los miembros de la comunidad. Saben que tienen derecho sobre el territorio en el que están asentados, pero tanta presión y tantas mentiras es lo que conlleva que algunas personas aceptan “vender” sus casas…

La maquinaria también está trabajando en el río, al nivel de donde Ana está acostumbrada a lavar la ropa y a bañar a sus hijos. Este día 11 de septiembre, Alcibiades Nuñez les prohibió lavar en el río. Según él, el río y las tierras son del Estado. Además, por estas obras, la corriente del río está cambiando, la corriente está más fuerte que antes. El hijo de Anan Ronel Santos estuvo a punto de ahogarse (desconocemos la fecha pero fue entre el 11 de septiembre y el 27). Quedó traumatizado, atemorizado por los trabajadores. Además, la contaminación lleva como consecuencia fiebres, diarreas, vómitos, sobre todo en los niños…

Según el testimonio de Ana Castillo, la policía sigue rebuscando en las mochilas de los miembros de las comunidades cuando se desplazan, pidiéndoles sus cédulas de identidad. (Recordamos que Ana Castillo fue golpeada por un agente de la Policía Nacional el 3 de enero y detenida, al igual que sus hijos, por lo que se encuentra atemorizada).

Ernesto López declara no poder salir de su casa porque inmediatamente se acercan a su esposa funcionarios de la empresa y de la policía para indagar donde se encuentra. A mediados del mes de agosto ha recibido la visita de miembros de la policía nacional y de funcionarios de la Empresa en horas de la noche.

Amalia Abrego, quien fue igualmente presa el 3 de enero, nos informó de que en la segunda semana del mes de septiembre de 2008, trabajadores de AES le dijeron que tenia que salir de su casa, que no tiene derecho a su tierra, que tiene que mudarse a otra casa, porque sino perderá cualquier derecho que pueda tener. Viven 8 personas en su casa. La empresa no le ofreció dinero ni le presentó contrato. Elle prefiere “no tener plata pero estar libre“.

También informó que une señora denominada Rocío, empleada de la empresa, está siempre paseándose por la comunidad intentando convencer a la gente de vender sus casas. Dice que un día entró en su casa, la encontró cuando llegó, estaba hablando con los niños. En otras comunidades, consiguen engañar a la gente diciendo que en Charco La Pava, ya aceptaron vender sus casas.

Rafael Abrego Santos dice que los mayores de la comunidad son iletrados, no saben leer, ni escribir, no conocen sus derechos, están siendo engañados. No son negociaciones, la empresa y el Estado les dicen que si no aceptan, pierden todos sus derechos. Su padre es Gerardo Abrego. “Negoció” en abril, en Ojo de Agua donde la empresa tiene una oficina. Puso su huella digital en un documento preparado por la empresa. Los trabajadores le habían dicho de no llevar a nadie a esta “negociación”, ni sus hijos, ni abogados. El acuerdo era sobre la finca. La casa sigue de pie. El 23 de septiembre, los trabajadores entraron a la finca y la destruyeron. En su casa, viven 11 personas.

También pudimos recoger un testimonio de una situación que ocurrió en la comunidad indígena vecina (Nance), río abajo. La señora Teresa Becker, de 60 años de edad, quien no sabe hablar, escribir ni leer en español sino en su idioma Ngöbe, relata que funcionarios de la empresa AES le han ofrecido dinero para poder llevar a cabo obras dentro de su zona de cultivos, que está situada en donde una carretera tiene que pasar según la empresa. La empresa quiere que ella desaloje su casa con su esposo (Alejandro Jiménez de 60 años), ya que supuestamente el señor Cirilo Realy (su hermano) llegó a un acuerdo con la empresa (acuerdo irrisorio, sin consentimiento de la persona adecuada, sin consentimiento informado de Cirilo Realy, y en total desconocimiento por la empresa y el Estado de la obligación de protección de los territorios indígenas). Ese acuerdo incluía la zona de cultivos de la señora Teresa Becker y Alejandro Jiménez, ya que es una “finca” familiar.

El jueves 25 de septiembre de 2008, funcionarios de la empresa AES se acercaron a la casa de Teresa para pedirle que saliera. El señor Alejandro Jiménez no aceptó. Las maquinarias de la empresa ya habían matado a su caballo. Una retroexcavadora de la empresa AES entró en su finca y empezó los trabajos de remoción de tierras sin autorización del señor Alejandro Jiménez y la señora Teresa Becker. Cuando iniciaron los trabajos, mataron sus gallinas y puercos, y entre el 25 y el 27 se destruyeron los cultivos. Eran sus únicos sustentos.

En la tarde de este mismo jueves, la empresa AES se disponía a derrumbar la casa, no lo pudo hacer porque el señor Alejandro Jiménez se puso frente su casa para protegerla. Unas horas después, tres miembros de la Policía nacional se llevaron al señor Jiménez detenido al puesto policial de Ojo de Agua, la señora Becker dice “le pusieron pistola a mi marido para que se fuera”, fue liberado en el día.

Fuente: Fuente reservada por Burica Press.

Historia de una represa en tierras Ngobes de Panamá

Charco La Pava: desarrollismo e integración energética contra el pueblo ngöbe de Panamá

La gente me pregunta qué voy a hacer si la empresa viene a tomar nuestra casa. No tenemos salida. Entonces aquí vamos a morir o no sé qué quieren ellos que nosotros hagamos“.

Sergio de Castro Sánchez
Kaos en La Red










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Charco La Pava

La Sra. Ábrego ha vivido desde siempre en Charco La Pava. Su marido y sus cinco hijos, también. Ahora, entre sollozos, nos cuenta que la quieren tirar de su tierra. La labor del traductor le permite tomar aliento mientras los ruidos de las escavadoras y los camiones tejen un macabro telón de fondo a sus palabras de indignación e impotencia. En la colina de enfrente, a unos pocos centenares de metros de nosotros, la montaña sufre la acción depredadora de las máquinas. En pocas semanas, la nueva carretera, a sumar a la que ya se construyó al otro lado del río por encima de parte de la comunidad, llegará hasta sus casas. Nadie sabe qué ocurrirá cuando eso suceda. “La gente me pregunta qué voy a hacer si la empresa viene a tomar nuestra casa. No tenemos salida. Entonces aquí vamos a morir o no sé qué quieren ellos que nosotros hagamos”, nos responde Fernando Quintero.

Charco La Pava es una pequeña comunidad de 350 habitantes herederos de unas tierras que los ngöbe han habitado desde hace generaciones. Situada en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste de Panamá, y a orillas del río Changuinola, sus tierras se sitúan en pleno Bosque Protector Palo Seco, parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad. Si nada lo remedia, en unos meses será inundada por las aguas del nuevo proyecto hidroeléctrico de la empresa AES Changuinola: la represa Chan-75.

Progreso a toda costa

Cuando a principios de 2007 la compañía llevó a Isabel Becker hasta sus oficinas en Ciudad de Panamá, ella apenas había salido de Charco unas pocas veces, y nunca más allá de la pequeña localidad de Changuinola, donde los edificios no rebasan las dos alturas. Recibida en la planta 25 de un flamante rascacielos capitalino, ella ni siquiera sabía cómo usar el ascensor. Su indefensión ante un mundo que le es ajeno, sirvió a los beneficiarios de la filosofía del progreso y el desarrollo para hacerle firmar un contrato de venta de sus tierras. Doña Isabel, que no habla español, tras horas y horas de ser presionada a través de una traductora, creyendo que si no firmaba no podría salir de allí y sin dinero para volver a su hogar, acabó estampando su huella dactilar en un documento que, escrito en español, creía que suponía únicamente alquilar las tierras por un limitado periodo de tiempo. Los constantes reclamos obligaron a la compañía a darle una copia del contrato meses más tarde.

Después de ser desalojada con la ayuda de un fuerte dispositivo policial y tras que su casa fuera arrasada por las máquinas, lloró durante toda una noche. Ese mismo día, el proyecto fue inaugurado por el Gobierno. Su hija y el resto de la familia también perdieron sus hogares mediante ardides similares. Su búsqueda de apoyo en las instituciones resultó infructuosa.

Represión

A finales de noviembre de 2007, la compañía pretendía dinamitar el lugar de donde Isabel Becker fue desalojada. Los ngöbe de Charco La Pava y de otras comunidades afectadas acudieron al lugar y colocaron un campamento de protesta con la intención de impedir que sus tierras saltaran por los aires. La promesa por parte de AES Changuinola de que habría conversaciones antes de continuar adelante con las obras hizo que abandonaran el lugar. Al día siguiente, los trabajos se reanudaron en medio de dispositivos policiales que buscaban en la comunidad a los responsables de la protesta.

Entre 200 y 300 comunitarios retomaron de nuevo las movilizaciones. “Nosotros no queríamos que detonaran y fuimos a protestar. Ellos mandaron como 3 camiones de antimotines”, nos cuenta Francisco Santos, líder de la comunidad. La policía utilizó coches de la empresa para llegar al lugar en donde los comunitarios exigían que se respetaran sus derechos. La orden, nos cuentan, llegó de la alcaldesa, la Gobernadora y el Corregidor. Mujeres embarazadas, niños y ancianos no se salvaron de los golpes, las vejaciones y las burlas de la policía. Alrededor de 50 personas fueron detenidas e incomunicadas, sin agua ni comida, por 36 horas. “Nos preguntaban quién era el dirigente nuestro”, recuerda Quintero Miranda. La policía entró en las casas en busca de los líderes y tres de ellos se vieron obligados a huir a las montañas mientras eran perseguidos por helicópteros.

“Cuando la policía me agarró y me esposó, me dijo que no tenía derecho a contradecir a la empresa, porque no tengo derechos aquí y debo aceptar lo que dicen la empresa y la policía. Si volvía a protestar, pasaría seis meses en la cárcel”, cuenta Manuel López Miranda. Tras ser amenazado, la propia policía le entregó en comisaría un documento de la empresa para que lo firmara: “Pensé que era un contrato de desalojo, así que no puse mi huella dactilar en él”.

Tras estos sucesos, la comunidad quedó incomunicada durante 3 meses. Nadie que no fuera de la empresa podía acercarse al lugar. Algún periodista que consiguió burlar los controles fue posteriormente retenido por la policía. “Los medios de comunicación local los tiene comprados la empresa; así como a las organizaciones que han venido aquí”, se lamenta Luberto Serrano. En el programa diario de dos horas que tiene AES Changuinola en una radio local, se quejan de la llegada a la comunidad de un periodista extranjero. “¿Por qué no viene a hacer un reportaje sobre la compañía y sí sobre los inconformes de Charco la Pava?”, reclaman indignados.

Despojo indígena

Según relatan los comunitarios, las mentiras, las manipulaciones y los engaños por parte de la compañía han sido constantes. Las negociaciones, cuando las ha habido, han sido sin abogados, con personas que en muchos casos no hablan español y que no sabían qué firmaban ni recibían copia de los contratos. Y, en contra de las tradiciones ngöbe, siempre con particulares, nunca con la comunidad al completo, con la intención aprovecharse de su desconocimiento así como de dividir y enfrentar a los comunitarios.

Según nos cuentan, muchos de los que han firmado no han recibido el dinero prometido, se les ha entregado un coche a cambio o una casa muy por encima del valor por el que vendieron sus tierras, quedando endeudados quién sabe si de por vida y sin forma alguna de ganar el dinero que ahora deben. Algunos defienden que el desarrollo de Panamá y el bienestar de la mayoría están por encima de estos casos que resultan marginales si se comparan con el beneficio general que supone la construcción de la hidroeléctrica. Un empresario que conocemos de casualidad en Changuinola nos cuestiona: “¿Y tiene Vd. en cuenta a los otros afectados? ¿A los que no somos competitivos por el alto precio de la energía? Algunos defienden que la comunidad va a perder su cultura: ¿Es cultura el aislamiento, la enfermedad y el analfabetismo? La empresa les está dando la oportunidad de vivir como humanos”. Y nos vienen ahora a la memoria las palabras de Francisco Santos: “Sólo la empresa tiene derechos. ¿Y nosotros?, ¿no somos humanos?”.

Complicidad institucional

Charco quedó fuera de la Comarca Ngöbe-Buglé cuando se negoció la creación de ésta con el Gobierno. La Ley 10 de 1998 dejó fuera de la Comarca a varias comunidades, nos cuentan, debido precisamente al potencial que las aguas del río Changuinola tienen en materia energética. La Comarca, sin embargo, a pesar de que legalmente está protegida contra injerencias externas que busquen explotar sus recursos naturales, también se está viendo acosada por proyectos energéticos. Pero la situación en las comunidades que no fueron reconocidas como parte de la Comarca es más difícil. El Gobierno considera sus tierras como nacionales a pesar de ser habitadas ancestralmente por pueblos indígenas. Ello permitió a Martín Torrijos entregar las tierras de Charco y otras comunidades afectadas a la empresa AES Changuinola, subsidiaria de la estadounidense Allied Energy Systems Corporation (AES Corporation), para la realización del proyecto Chan-75.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha jugado un papel activo en favor de la compañía. Por ejemplo, ha tolerado cambios en el diseño del proyecto posteriores a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2005. En lugar de demandar un nuevo EIA, se conformó con una “actualización” que no incluía todos los cambios realizados.

En enero de 2007, ANAM aprobaba un contrato de concesión parcial de administración del Bosque Protector Palo Seco en favor de AES Changuinola para “en primer lugar, mejorar la calidad del manejo del BPPS, asimismo para actividades inherentes a, y relacionadas con el desarrollo, construcción, aprovechamiento, explotación y operación de una Central de Generación Hidroeléctrica”. A pesar de que la ley dispone que tales concesiones deben darse con el consentimiento de las autoridades tradicionales cuando afectan a territorios indígenas, 6.125 hectáreas de zona protegida quedaban en manos de una empresa cuyo interés es el de desalojar a sus pobladores para construir una represa que inundaría completamente los terrenos en los que actualmente se encuentra Charco La Pava.

Desarrollismo y beneficio económico

Chan-75 es sólo el comienzo. Chan-140 y Chan-220 convertirán el río Changuinola en la fuente energética más importante del país y al conjunto del proyecto en el de mayor proporciones de Panamá después de las obras de ampliación del Canal. Un total de 5.000 afectados, de los cuales 1.000 deberán ser reubicados, permitirán a AES Corporation afianzar su posición dominante en el panorama energético panameño. Ya en 2005, el Presidente Martín Torrijos decidió modificar mediante decreto la ley que limitaba al 25% la energía que una empresa podía aportar al país, situándolo en el 40%. Ese mismo año, la ANAM aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental de Chan-75. Algunos apuntan que AES Corporation, tras la puesta en funcionamiento de sus proyectos en el río Changuinola, superará ese 40%. Actualmente AES Panamá S.A. es responsable del 32% de la energía eléctrica que se produce en el país.

Según datos de la misma empresa, AES Corporation tiene “negocios” en 28 países de los 5 continentes. Especializada en energías “renovables”, específicamente hidroeléctricas y parques eólicos, en Panamá tiene en funcionamiento las represas de Estí, La Estrella, Los Valles y Bayano (los pueblos kuna y emberá, en cuyos territorios fue construida ésta última, luchan desde 1976 por recibir sus indemnizaciones). Todas ellas son administradas por la compañía AES Panamá S.A., de la que el Gobierno posee el 50’5% de las acciones y AES Corporation el 49%.

El proyecto de AES Changuinola, filial de AES Panamá S.A., ha sido declarado de interés social y público por el gobierno panameño. La razón: la crisis energética que, dicen, vive el país. La capacidad de generación eléctrica de Panamá en 2004 era de 1,507 MW. Está previsto que en el 2017 la demanda sea de entre 1,502 MW y 1,818 MW. Datos meramente indicativos dado que la demanda dependerá de los proyectos privados que se pretendan implementar. La labor del Estado, por tanto, se limita a alimentar esos proyectos sin poner límite alguno a la iniciativa privada. En ese sentido, en febrero de 2004, 70 concesiones de proyectos hidroeléctricos estaban a trámite en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (¿Públicos?) de Panamá, con una capacidad para generar 1,749 MW.


Integración energética

Más allá de las dudas que este modelo de desarrollismo pueda plantear, lo cierto es que algunos analistas ponen en duda la necesidad de este tipo de proyectos para satisfacer las “necesidades” energéticas de los panameños. Mientras, como es habitual en este tipo de casos, la alianza Gobierno/AES Corporation promete energía respetuosa con el medio ambiente, más barata y al alcance de todos, muchos son los que defienden que esa energía tiene como destinatarios, por un lado, los megaproyectos inmobiliarios y turísticos previstos en Panamá así como las obras de ampliación del Canal de Panamá; por otro, los mercados exteriores accesibles a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

El SIEPAC, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y parte del Plan Puebla Panamá, es una red de 1.800 Km. que conectará todas las fuentes de energía eléctrica centroamericanas entre sí (Panamá con Guatemala y Belice), extendiéndose posteriormente hasta México y el mercado estadounidense. Prevista su entrada en funcionamiento para el 2009, el tramo panameño atravesará el sur de la Comarca Ngöbe-Buglé, en donde el 99% de la población carece de electricidad.

Pero la integración también busca extenderse hacia el sur. Para ello Panamá resulta un punto geoestratégico fundamental en la pretensión de establecer una conexión entre el SIEPAC y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que provocará, según manifestó en enero pasado la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), un “gigantesco impacto de etnocidio y ecocidio”.Tras que el 1 de noviembre de 2004 los Gobiernos panameño y colombiano firmaran un memorando, en la actualidad siguen desarrollándose los estudios de factibilidad para la Integración Energética entre ambos países. Un proyecto que, según los datos facilitados por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. de Panamá (ETESA), consistirá en una línea de transmisión de 230 KV (la misma que el SIEPAC) de 614 Km. de longitud, incluido un tramo submarino de 55 Km. El Congreso General Kuna celebrado en 2004 ya manifestaba su intención de no dejar que el cable submarino, las carreteras y las torres de Alta Intensidad invadan la comarca indígena de Kuna Yala, tal y como tiene previsto el gobierno panameño.

Energía contra los pueblos

En 2004, en Centroamérica existían 395 plantas hidroeléctricas. Alrededor del SIEPAC están surgiendo proyectos que, como el del río Changuinola, son vendidos como fuente de bienestar para los pueblos. La realidad es, sin embargo, bien diferente, y allí donde se mire, el despojo y la represión son una constante. Y los pueblos afectados siguen esperando los beneficios prometidos.

En Charco La Pava, nos cuentan, la empresa AES Changuinola destruye las plantaciones y envenena las aguas que bebe la comunidad, provocando falta de alimentos y enfermedades. En estos tiempos de hambre motivada, entre otros factores, por las políticas neoliberales encaminadas a que los pueblos pierdan su soberanía alimentaria, el comunitario Quintero Miranda nos confiesa: “Esta es la única tierra que nos queda. Nos hemos manifestado no por plata, no por empleo, sino por nuestros derechos sobre la tierra, que es la que nos da de comer”.

Mientras los dientes afilados de las escavadoras y las gigantescas ruedas de los camiones todoterreno siguen perforando y llevándose la tierra de los ngöbe, Charco La Pava sigue decidida a resistir. No importa que, como dice Francisco Santos, “el gobierno y la empresa estén tratando de matar a la gente afectada sin que nadie se dé cuenta”.

Defensoría investiga traslado de indígenas afectados por represas

HIDROELÉCTRICA

Defensoría investiga traslado de indígenas

Juan Manuel Díaz C.

PA-DIGITAL

Una inspección ocular para determinar si se está cumpliendo con el proceso de reubicación de los indígenas en el área de Charco La Pava, Bocas del Toro, donde se construye una hidroeléctrica, realizó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.

Vargas acudió al área, luego de una serie de denuncias presentadas por los indígenas sobre el incumplimiento de la empresa AES Changuinola que construirá la hidroeléctrica en el río Changuinola, en el proceso de reubicación.

El proyecto Chan 75 afectará las poblaciones de El Gavilán, El Valle del Rey, Charco La Pava y Nirionte.

Los indígenas han señalado que las tierras a donde pretenden ser enviados no son aptas para la agricultura. También han denunciado violaciones a sus derechos por parte de las unidades de la Policía.

“Ni ngöbe nünadi kóre” –El pueblo ngöbe vivirá siempre

Solicitan al CIDH justicia sobre la violación a los derechos humanos de indígenas en Bocas del Toro

Panamá, Burica Press, 10 de marzo de 2008.

Cultural Survival y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) interpusieron el pasado 7 de marzo de 2008 una petición a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos humanos por el gobierno de Panamá en contra de las comunidades e individuos indígenas Ngobe en el Valle del Río Changuinola, Bocas del Toro. La propuesta final de esta petición fue realizada por Ellen Lutz de Cultural Survival en la sede de este organismo internacional de justicia con sede en Washington.

Cultural Survival, una ONG establecida en Cambridge, Massachusetts, USA, y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, con sede en la ciudad de Panamá han interpuesto esta petición ante la CIDH luego de agotar las instancias locales de justicia, luego que ACD recurriera el 22 de diciembre de 2007 a la Corte Suprema con un amparo de garantías constitucionales el cual luego de más de dos meses, los magistrados aún no se pronuncian a favor, ni en contra de los derechos indígenas Ngobes y de una resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que adjudica una concesión de administración de más de seis mil hectáreas a la empresa AES Changuinola dentro del área protegida denominada Bosque Protector de Palo Seco, contrato que le permite a esa empresa, por encima de los derechos territoriales indígenas y la libre determinación de estos pueblos, desarrollar un enorme proyecto hidroeléctrico denominado Chan 75 (Changuinola I) con una capacidad proyectada de más 250 megawatts por hora.

AES Changuinola en las puertas de Valle del Rey

Fig. 1. Buldozers de AES Corporation ya han llegado en marzo a la Comunidad Ngobe de Valle del Rey, con el uso de la fuerza policial permanente en el área, con tal que las personas Ngobes no pudieron defender la invasión de sus tierras. 

La petición de justicia ante esta instancia internacional de justicia hace un recuento completo de todo el proceso que ha llevado a estas ONGs ha solicitar tal petición. Incluyen relatos de personas y hechos que aparentan ser efectivamente hechos que violan derechos y garantías fundamentales.

Investigadores que han participado de la conformación técnica de esta petición han avalado y alabado dicha solicitud y han considerado que el documento presentado y sus pruebas representan “¡un trabajo magnífico!” “Un documento muy impresionante” el cual “sólo requiere una tapa de libro para serlo”. Uno de ellos a los cuales se le protege su identidad indicó que “ni ngöbe nünadi kóre” (El pueblo ngöbe vivirá siempre), abrigando esperanzas que la CIDH hará justicia para el pueblo Ngobe del Valle del Río Changuinola, justicia que hoy el Estado panameño le niega.

 

La petición de manera específica solicita a la CIDH que declare nula y rechace los acuerdos entre la Corporación AES e individuos Ngobes y restaure todas las tierras y propiedades de los Ngobes y las comunidades como un todo. Solicitan se establezca un cuerpo creíble e independiente que investigue todas las violaciones a los derechos humanos contra individuos y comunidades Ngobes ocurridas entre diciembre de 2005 hasta el presente y que provea reparaciones de tales violaciones. También solicitan que se deberá establecer un cuerpo investigativo independiente con capacidad técnica para investigar los daños ambientales causados por el proyecto de represa y remediar el ambiente degradado resultante de carreteras y otras construcciones.

Por otro lado solicitan que el gobierno panameño deberá proveer compensación por todas las violaciones que no pueden ser remediadas con restitución, incluyendo daños pecuniarios y morales resultantes de los arrestos y detenciones, daños irreparables a la propiedad y al ambiente y dolor, sufrimiento y humillación.

Igualmente los peticionarios exigen garantías de no repetición de hechos y para ello el gobierno debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una Evaluación Ambiental Estratégica para asegurar que los proyectos futuros son consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los Ngobes.

El gobierno nacional debe aclarar, demarcar y titular todas las tierras indígenas previo al inicio de negociaciones para el desarrollo de proyectos en aquellas tierras.

Finalmente solicitan que el Gobierno panameño debe adoptar una legislación que garantice que todas las tierras indígenas están protegidas de invasiones a menos que las comunidades indígenas hayan participado en un proceso, en conformidad a sus costumbres y tradiciones, que les permita dar su consentimiento libre, previo e informado, considerando el desarrollo de hidroeléctricas dentro de sus territorios.

Fishes population in Changuinola River are threatened

National Institute of Water and Atmospheric Research
PO Box 8602
Christchurch,
New Zealand

13 February 2008

Dr .W. O. McLarney
Director, Stream Monitoring Program
Asociacion ANAI
San José
Costa Rica

Re: Listing of La Armistad World Heritage Site as a Site in Danger

You request my response to the assertion that “it is common knowledge” that the effects of impoundment “can be efficiently mitigated, guaranteeing the permanence” of diadromous species in the rivers of the region.

Based on my broad knowledge of diadromous fish, globally, and over more than 30 years of research on these fishes, the claim that the impacts of impoundment can be mitigated” is simply not credible. There are several reasons for this.

There has been substantial development of fish pass technology to assist the passage of large anadromous fishes like salmonids and shad, where there are major impoundments on river systems in both eastern and western North America, and also in Europe. However, firstly, it is well recognized that these fish passes are of only limited effectiveness, and intense effort has to be invested in facilitating passage by the fish, despite the expenditure of huge sums to design and construct fish passage facilities. In essence, they only work to a limited degree and much effort is invested in also facilitating passage by trucking of the fish past impoundments.

Secondly, and of much more importance, none of this technology is relevant to the passage of migrating amphidromous fishes which predominate in the rivers of Central America and the Caribbean. This is because the upstream migrating life stages of these fish are quite different from large, strong-swimming anadromous salmonids and shads. Amphidromous gobies, like those in the rivers of Central America, migrate upstream as small juveniles, usually less than 40 mm long; these lack powerful swimming and jumping abilities, and proven fish pass technology is inapplicable to the migration of these species. They achieve their upstream movement by climbing up wetted surfaces where dams impede migration. As far as I am aware, there is no seriously effective technology for assisting upstream passage by these fishes, and the assertion that the effects of impoundment can be efficiently mitigated is, to my knowledge, untrue.

Moreover, even if passage past impoundments can be achieved, which remains unproved and dubious, there remains the loss of very substantial distances of stream channel in which these fishes would customarily live as a result of the conversion of flowing river and stream channels, to near-stationary lake habitat so that the outcome of impoundment also generates the loss of substantial areas of aquatic habitat suitable for these fish species to inhabit.

I therefore suggest that ANAM, the Panamanian Natural Resources Authority is likely to be unable to provide an assurance of successful and efficient mitigation of the effects of impoundment on riverine fish faunas, and thereby meet its requirements for acceptable management or mitigation of environmental impacts.

R. M. McDowall
Fisheries Scientist (PhD, Harvard University; Fellow of the Royal Society of New Zealand)

AES y ambientalistas contraponen puntos

AES y ambientalistas contraponen puntos

Burica Press – Panamá

La compañía generadora de energía eléctrica en Panamá, AES, presentó el lunes pasado una conferencia donde intentó aclarar los altos costos ambientales y sociales que representan sus proyectos en las áreas protegidas de Bocas del Toro, especialmente en el Bosque Protector de Palo Seco, que recibiría un alto impacto ambiental producto de esta obra hidroeléctrica conocida como Chan 75 o Changuinola I como recientemente ha sido bautizada.

En el encuentro asistieron varias organizaciones beligerantes en el tema ambiental como el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) y la Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD), organizaciones ambientales conservadoras como la Sociedad Audubon de Panamá y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON). También participó la Fundación Natura, que es una organización conservadora mixta.

En el intercambio de ideas la organización ACD repartió al resto de los asistentes un comunicado donde denunció la violación a los derechos humanos del pueblo Ngobe asentado en el área del proyecto hidroeléctrico y de la usurpación ilegal de las áreas protegidas. El comunicado igualmente denunciaba que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) había aprobado estudios de impacto ambiental sin levantamiento de línea base de ningún tipo y que por lo tanto fue una aprobación violatoria de la ley general de ambiente. Por su parte la directora ejecutiva de ANCON, Alida Spadafora señaló que “este tipo de acercamientos es positivo porque se aclaran dudas” como las expuestas por ACD. Al final cada quien mantuvo sus posiciones iniciales .

Grupos ambientales nacionales e internacionales han denunciado el peligro inminente para el Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad Panama por el conjunto de hidroeléctricas planteadas en áreas protegidas que custodian la integridad ecosistémica y de biodiversidad del Parque Internacional La Amistad. Igualmente han denunciado que el gobierno panameño oculta un enorme fraude que se cierne sobre la propaganda a favor de hidroeléctricas, sin justificación, ante la falta de una real política energética que dimensione el daño ambiental que causa por estar a libre albedrío de inversionistas y especuladores en estos negocios de la industria de la construcción y el negocio energético.

A mediados del mes de febrero se espera la visita de la UNESCO y del Tribunal Latinoamericano del Agua para estudiar la amenaza de estas represas en el área protegida más grande de Mesoamérica sur.