Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

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Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

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El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Cámara de Comercio respalda violación a los derechos humanos en proyecto hidroeléctrico

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

AES recibe respaldo

06-27-2009 | MANUEL LUNA G.
mluna@laestrella.com.pa

La Cámara de Comercio pide respuesta contundente

Capital PANAMÁ. La cúpula empresarial panameña salió en defensa del proyecto Changuinila 1 (Chan 75).

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, advirtió que la suspensión de este proyecto hidroeléctrico “traería consecuencias graves para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanas solicitó recientemente suspender la construcción y demás actividades vinculadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del río Changuinola, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva.

La medida fue tomada en respuestas a denuncias presentadas sobre supuestos daños causados al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas ngöbe que habitan el Valle del río Changuinola.

Pero Linares dijo que confía “en que las respuestas que el gobierno brinde demostrará de forma contundente que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que solicitaron la suspensión del proyecto”.

De acuerdo con el representante de los empresarios, la suspensión de la obra “sería un atentado contra la seguridad jurídica y enviaría un mensaje negativo para la inversión extranjera”. El proyecto hidroeléctrico generará 223 magavatios y actualmente registra un avance del 40%, en donde ya se han invertido 300 millones de dólares, de los 560 millones que costará la obra.

Unos 1,800 trabajadores laboran en el proyecto, que está programado para concluir en el año 2011.

El proyecto es desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp, donde el Estado panameño también es accionistas.

Las autoridades panameñas han rechazado que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Mientras que grupos ambientalistas aplaudieron la medida adoptada por la OEA, el pasado 17 de junio.

Linares dijo que es preocupante que grupos anarquistas ajenos a los intereses de los panameños estén impulsado campañas difamatorias, manifestaciones, sabotaje y desinformación en contra del proyecto hidroélectrico.

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Burica Press le ha dado seguimiento a esta situación y sólo puede advertir que la Cámara de Comercio de Panamá, jamás aportó opiniones o comentarios que deslindaran las responsabilidades encomiadas a AES y al Estado Panameno como máximo responsable.

El discurso del senor Linares es tardío para defender los intereses de AES y los intereses de todo el gremio, que como buenos anarquistas sólo respetan las leyes a conveniencia.  AES y el Estado han incurrido en violación a los derechos humanos de pueblos indígenas y esto amerita una sanción ejemplar.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y nadie bajo ninguna circunstancia o motivo puede violar por acción o por omisión los sagrados derechos humanos.

La CIDH ha recibido diversas notificaciones y aclaraciones del Gobierno, que evidentemente no ha podido ocultar los hechos que ha llevado a esta sesuda decisión de este máximo órgano de justicia internacional.

Ahora sólo queda acatar, la medidas cautelares enunciadas.

Burica Press

Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Panama’s Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Washington, D.C.—After two years of brutal government repression and destruction of their homeland, the Ngöbe Indians of western Panama won a major victory yesterday as the Inter-American Commission on Human Rights called on Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the Ngöbe homeland. The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation. The Commission’s decision was the result of a petition filed last year by the Ngöbe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ngöbe protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area. In addition to threatening the community, the dam will irreversibly harm the nearby La Amistad UN Biosphere Reserve.

“We are thrilled to have the Commission take these measures to protect Ngöbe communities,” said Ellen Lutz, executive director of Cultural Survival and lead counsel for the Ngöbe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngöbe rights.”

The Commission, which is a body of the Organization of American States, is still considering the Ngöbe’s petition and issued this injunction, called precautionary measures, to prevent any further threat to the community and the environment while the Commission deliberates on the merits of the case.

Specifically, the Commission called on the government to suspend all construction and other activities related to its concession to AES-Changuinola to build and administer the Chan-75 Dam and abutting nationally protected lands along the Changuinola River.

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are already well underway, the order covers two other proposed dam sites upstream. The Commission further called upon the government of Panama to guarantee the Ngöbe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, which have typified the construction process over the past two years. The Commission required the government to report back to it in 20 days on the steps it has taken to comply with the precautionary measures.

Chan-75 would inundate four Ngöbe villages that are home to approximately 1,000. Another 4,000 Ngöbe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet. It would also open up their territories to non-Ngöbe settlers.

According Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) the dam also will cause grave environmental harm to the UNESCO-protected La Amistad Biosphere Reserve, an international World Heritage Site that upriver from the dam site. Scientists believe that there is a high risk of losing important fish species that support the reserve’s wildlife, including several endangered species, because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage” said Jacki Lopez, staff attorney for the Center for Biological Diversity, an organization that submitted an amicus curiae to the Inter-American Commission on Human Rights in support of the Ngöbe.

The Ngöbe people’s situation was the subject of a report by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009. Anaya concluded that the government ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project. He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Burica Press- Pueblos Indígenas.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya ha realizado las observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá) en un documento de la ONU fechado el 12 de mayo de 2009.

Este documento presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (Panamá). Estas observaciones son el fruto del intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Panamá y otras partes interesadas, así como de la visita in situ del Relator Especial llevada a cabo los días 27 a 30 de enero de 2009.

Los ngobes son los duenos originales de estas tierras en la Reserva de la Biósfera La Amistad, donde se pretende desarrollar un conjunto de grandes hidroeléctricas de la Empresa AES y otras companias. Foto. A. Rodríguez/Cortesía de ACD

Durante su visita el Relator Especial pudo ampliar su conocimiento de la situación y mantener un diálogo constructivo con varios ministerios y agencias del Gobierno; representantes de Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico; la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola; organismos de Naciones Unidas con presencia en Panamá y otros actores. El relator en su informe cree que con respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, estima, que es necesaria una reevaluación del proyecto hidroeléctrico que afecta al pueblo ngobe y solicita la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación. Recomienda abrir un nuevo proceso de diálogo entre las comunidades afectadas por el proyecto, el Estado y la empresa AES Changuinola. El objetivo del dialogo debería ser llegar a un consenso acerca de las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir adelante, en condiciones de respeto al derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas tal y como se reconocen en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en otros instrumentos internacionales relevantes.

El informe reconoce que Estado de Panamá ha sido uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en muchos aspectos son favorables a estos pueblos, sin embargo desnuda que ha habido violación al consentimiento libre, previo e informado de los indígenas afectados por proyectos de desarrollo, en este caso el primero de varios proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola en el extremo noroccidental de Panamá.

El 8 de abril de 2008, el anterior Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda enviaron un carta al Gobierno de Panamá expresando su preocupación sobre supuestos abusos sufridos por los miembros de la comunidad Charco la Pava, del pueblo indígena ngöbe, en el Distrito de Changuinola (Provincia Bocas del Toro), en relación con los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75. De acuerdo a la información recibida por los Relatores, se habían comenzado las primeras detonaciones para el desmonte de los terrenos, así como la entrada del personal de la empresa de construcción en las tierras de la comunidad Charco la Pava. Dichos trabajos generaron protestas por parte de los miembros de la comunidad, protestas que, según las alegaciones recibías por los Relatores, habrían sido reprimidas por efectivos de la Policía Nacional. Asimismo, en las alegaciones se denunciaba el supuesto uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil desarmada, así como la detención de un número de personas.

El Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 prevé la construcción de una represa y la inundación de aproximadamente 2500 hectáreas a lo largo del río Changuinola, en el distrito homónimo, en la Provincia Bocas de Toro. La comunidad Charco la Pava, que según el Gobierno cuenta con alrededor de 275 habitantes, es una de las varias comunidades indígenas ngöbe situadas en las orillas o cercanías del Río Changuinola que se encuentran afectadas por el proyecto, ubicándose a menos de 300 metros de la futura represa. De acuerdo a los planes aprobados por el Gobierno, su área de ubicación, junto con las de cuatro otras comunidades ngöbe—Valle del Rey, Guayabal, Valle de Riscó y Changuinola Arriba—será inundado para el año 2010, aproximadamente, y las obras de construcción ya rodean de hecho a la comunidad Charco la Pava. Otras comunidades cercanas serán afectadas indirectamente por el proyecto—incluyendo Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza—en la medida que el medioambiente en sus alrededores experimentarán transformaciones significativas.

«Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.»
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Destaca el documento que las condiciones en que se ha elaborado y promovido el proyecto hidroeléctrico presentan una serie de implicaciones respecto a los derechos de las comunidades afectadas a la consulta y consentimiento; a recibir una indemnización; a la adopción de medidas de mitigación; a la participación en beneficios; a la tierra y a los recursos naturales; y a su seguridad física.

En la evaluación de la presente situación, se destaca que ni Charco la Pava ni las otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 fueron consultadas con el objetivo de alcanzar su consentimiento previo en relación con las decisiones de crear el BPPS o de realizar el proyecto hidroeléctrico, decisiones ambas que impactan significativamente la vida de estas comunidades. El Estado y la empresa enfatizan que sí se han llevado consultas con los miembros de las comunidades en las áreas a ser inundadas acerca de las condiciones de su reasentamiento, de acuerdo a lo estipulado en la
resolución administrativa mencionada. Pero ambos confirman que las comunidades no fueron consultadas directamente acerca de si, en primer lugar, debería o no otorgarse la concesión para el proyecto hidroeléctrico y llevarse a cabo el traslado de sus habitantes. Y aún dentro de su alcance limitado, las consultas que se han llevado efectivamente a cabo pudieron no ser adecuadas.

El Gobierno de Panamá resalta que toda el área del proyecto y de las comunidades afectadas está fuera de una comarca en que se reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Sin embargo, el hecho de que el área esté fuera de una comarca no justifica la falta de aplicación cabal del derecho a la consulta libre, previa e informada. Independientemente del carácter jurídico que en el ámbito del derecho interno puedan tener las tierras y recursos naturales en cuestión, cuando un proyecto tiene un impacto significativo sobre la vida o existencia de comunidades indígenas, como es el caso de la inundación de los lugares donde viven y llevan a cabo actividades para su subsistencia y del reasentamiento de sus miembros, la consulta deberá realizarse con el fin de conducir al consentimiento de las comunidades afectadas antes de la aprobación del proyecto, tal como lo señalan la Declaración de la ONU en sus artículos 10 y 19, y el Convenio 169 de la OIT.

Dado que en relación con la aprobación del Proyecto Chan 75, el Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas con la comunidad Charco la Pava y el resto de las comunidades afectadas, con miras a lograr su consentimiento libre, previo e informado, deberían tomarse medidas correctivas para regularizar la situación. Si hubieran actualmente pruebas de una aceptación generalizada del proyecto por parte de los miembros de las comunidades, esto podría indicar que la falta de consulta previa adecuada sobre el proyecto habría sido subsanada. Sin embargo, el Relator Especial se halla convencido de que no existe un nivel de aceptación del proyecto entre las comunidades indígenas afectadas suficiente para subsanar la falta de una consulta previa adecuada. Mas bien, a la luz de las múltiples comunicaciones emanadas de representantes de la comunidad Charco la Pava, los actos de protestas de miembros de esta comunidad que llevaron a enfrentamientos con la policía y de lo que pudo apreciar personalmente en su visita in situ, el Relator Especial afirma su apreciación sobre un nivel de descontento significativo con el progreso de las obras del proyecto.

Una deficiencia adicional que parece haberse dado en el proceso de negociación que se ha llevado a cabo es la ausencia de una discusión especifica acerca de la participación de las comunidades indígenas en los beneficios a ser generados por el proyecto hidroeléctrico. A pesar del reconocimiento del derecho de las comunidades afectadas a la indemnización y a medidas de mitigación, de lo que el Relator Especial ha podido apreciar durante su visita in situ y de la información recibida, ni el Estado ni la empresa AES-Changuinola parecen haber reconocido o hecho efectivo el derecho de estas comunidades a participar en los beneficios que se derivarán del proyecto, como prescriben las normas internacionales.

En uno de sus considerandos el Relator indica que la falta de su seguridad sobre la tenencia de tierra y recursos naturales contribuye a la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el proyecto. Existen indicios de la existencia de patrones de uso y ocupación tradicional de la tierra que generan en las comunidades derechos de propiedad sobre los lugares donde actualmente se encuentran asentadas y en las áreas circundantes. Sin embargo, el Estado no ha reconocido o garantizado estos derechos, y el proyecto aparentemente fue concebido y ha avanzado sin considerar la posibilidad de que éstos pudieran existir.

Su última recomendación indica que con la finalidad de crear un clima propicio para que se lleve a cabo un nuevo proceso de diálogo entre las partes, el Relator Especial recomienda que el Estado evalué la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo. El Relator Especial comprende que la suspensión de las obras de construcción puede implicar una pérdida significativa de recursos económicos. Sin embargo, dicha suspensión ayudaría a establecer las condiciones para el inicio de un diálogo de buena fe dentro del marco planteado en estas recomendaciones.

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PanamaCLPObservaciones12May2009Final.doc-1