Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas «resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente». Con todo esto, comunicaba el Gobierno, «acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente». Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a «acuerdos voluntarios y bilaterales», con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: «aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%»; «más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada». El Gobierno endosa a la empresa la obligación «de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento». Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del «interés público y social» y del «desarrollo nacional» dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, «hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva». Así, «con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro», se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre «el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes». El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

«Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país».

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica «por AES Changuinola».

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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El artículo completo está en GENOCIDIOS COTIDIANOS I

Charco La Pava sigue viva frente al monstruo AES

El Charco (la Pava) que molesta a Goliat

Cuando una empresa invierte algo más de 500 millones de dólares, cuando un Estado da una concesión para hacer un complejo de represas y no tiene en cuenta que en ese territorio hay humanos viviendo, cuando unas 70 familias están en medio del lugar donde en dos años habrá un embalse… David tiene pocas posibilidades de triunfar contra Goliat.

La comunidad de Charco La Pava lleva cuatro años luchando contra AES Panamá para lograr que se respeten los pocos derechos que creían tener. Cargas policiales, presión para firmar convenios de reubicación, chantajes, pagos a periodistas y división de la comunidad… la lista es larga. Tuve la suerte de llegar hoy ahí, cuando la empresa había citado una reunión con la comunidad a la que asistieron más funcionarios públicos de la ciudad que habitantes del caserío. Digo que tuve la suerte porque pude escuchar el discurso de “responsabilidad social” que choca con la realidad social.

Para llegar a Charco La Pava hay que transitar por una carretera pública donde el control de acceso es privado. Un vigilante pide cédula y pregunta el destino y la tarea. 20 metros más allá, policías nacionales pagados por la empresa refuerzan el mensaje. Mi compañero de viaje está seguro de que estamos pasando sin problemas por mi pinta d gringo y por el carro de clase.

Cruzar el río Changuinola para subir a la comunidad se hace en un bote financiado por la compañía. Unas 30 personas de la comunidad andan con casco y chaleco, contratadas por AES por algo más de un dólar la hora. Incluída Pantaleona, que en rudimentrio español se ríe de su posición de “seguridad vial”.

Antes de hablar conmigo, algunos líderes y lideresas de la comunidad me hacen un largo interrogatorio. Ya no confían en nadie. “Estamos solos, nadie nos apoya en Panamá, el Gobierno como que trabaja para la empresa y acá nos han mandado muchos periodistas para después utilizar las imágenes a favor de AES”. Rafael y Amelia al final se abren y compartimos charla e inquietudes.

Mi sensación es que Goliat aplastará a David y es palpable que la comunidad se divide ante esa posibilidad y ante la tentación del dinero.

Es un tema muy complicado en el que hay desigualdad en todos los sentidos. Indígenas ngöbe -que en muchos casos no hablan español- negociando con abogados de ciudad llenos de trucos, el poder del dinero contra el argumento de la dignidad, un gobierno que debería defender los intereses de sus ciudadanos volcado en ayudar a la empresa…

En las fotos pueden ver los “campamentos” de la empresa para sus trabajadores de cierto nivel y la comunidad sin luz eléctrica ni agua potable. También podrán observar el “super” camino de piedra que están construyendo en Charco. “Yo creo que es para no mancharse ellos de barro, porque nosotros caminamos por la tierra”, me dice un vecino.

Cuando las cosas empiezan mal, terminan mal… supongo. Aunque una buena parte de las gentes de Charco están dispuestas a dar la pelea, es más: no han dejado de hacerlo. Ernesto López lo ratifica: “iremos hasta la última, a dejar el pellejo en esta lucha”.En la tarde, la otra cara de la moneda, la positiva. En esta provincia llena de problemas sociales y económicos, pude conocer a Orlando Lozada y su padre Antonio. Tiene una finca de 40 hectáreas modelo en Centroamérica: agricultura sostenible y orgánica, cuidado de las cuencas hidrográficas, bosque primario conservado y producción de cacao, banano y maderables rentable… “Queremos demostrar que se puede hacer agricultura conservando el medioambiente…. no podemos olvidar que en el bosque está nuestro pasado”.

La finca La Magnita no compra casi nada afuera y cierra el círculo de la naturaleza de manera fluida. “La tierra es generosa y la agricultura fácil, lo que pasa es que no observamos suficiente y no respetamos su lógica”. La lógica de Orlando, como la de la naturaleza, es aplastante.

Mañana salgo para el río Teribe, a territorio Naso. Buenas noches caminantes.

Fuente:

Relator de Naciones Unidas Visita Charco La Pava

Burica Press- Derechos Humanos

Desde el 28 de enero de 2009 el relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas James Anaya, visitó Panamá, el 29 de enero de 2009 se reunió con moradores de la comunidad Ngobe de Charco La Pava, donde los ciudadanos Ngobes que asistieron expresaron el rechazo al proyecto hidroeléctrico Chan 75, por violar todos sus derechos colectivos, además del trato que le ha dado la empresa AES y el gobierno panameño, unas de las afectadas dio a conocer, como de mala fe la empresa AES y sin supervisión del gobierno de Panamá la había hostigado para que estampara su huella digital en un acuerdo sin que ella conociera su contenido ya que no sabe leer, escribir, ni hablar español.

Los ngöbes denunciaron ante el Relator que las comunidades indígenas y sus territorios fueron concesionados a la empresa AES por el gobierno de Panamá sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan. Además plantearon su total rechazo a una reubicación que no toma en cuenta su  forma de vida cultural.  La empresa AES Changuinola los ha tratado como ciudadanos de segunda clase sin tener ningún tipo respeto a su dignidad y a los derechos humanos.

En la reunión la  comunidad también participaron varias organizaciones indígenas como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP), el FORANG, FENB y JUP en apoyo a los indígenas ngöbes que son afectados por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico CHAN 75.  La forma inconsulta, sin mediar consentimiento informado ha traído como consecuencia el descontento de los ngöbes, la brutal represión policial que sufrieron el 3 de enero de 2008, sin que hasta el momento se haga una investigación sobre los atropellos fueron algunos de los puntos que las comunidades manifestaron durante el diálogo con el Relator Anaya.

Por primera en vez en la historia de Panamá un Relator de Naciones Unidas realiza una visita para entablar un diálogo sobre un punto específico, como es el desalojo inminente de la comunidad de Charco al Pava en el Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

Según el dirigente comunitario Ernesto López, la comunidad de Charco La Pava resiste las constantes violaciones a sus derechos colectivos, hostigamientos y detonaciones de explosivos y trabajos día y noche en el área.  Indica que el espíritu de los ngöbes que viven en Charco La Pava se ha ido deteriorando junto con la de sus territorios ultrajados.  Denunció además que pareciera que los ngöbes también fueron concesionados a la empresa AES y dicha empresa tiene derechos sobre los ellos, ya que no los dejan en tranquilos, ni siquiera en la madrugada por las detonaciones de explosivos.

El dirigente López hizo un llamado a que así como el Relator de Naciones Unidas visitó la comunidad, también solicita con urgencia a la comunidad internacional que escuche y defienda la causa de una comunidad rodeada por un proyecto que nunca fue consultado y que hoy sufre un hostigamiento colectivo.

Panamá 30 de enero de 2009

La incidencia ambiental robustece la democracia

El siguiente artículo ejemplifica la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de un país más democrático y menos corrupto, por lo menos en el tema ambiental.

Burica Press
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EL MALCONTENTO

Petaquilla’s dream

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Hay situaciones negativas que pueden sonsacar lo mejor de los seres humanos… hasta de las instituciones. Así son las guerras, esos espectáculos patéticos y machistoides que han permitido dibujar los rasgos de la solidaridad y el humanismo más conmovedor. Así son las dictaduras, que sacan de seres aparentemente pusilánimes el carácter y la fuerza que la vida en libertad les adormecía. Así parecen ser algunos despropósitos, que provocan reacciones inesperadas y esperanzadoras.

Eso parece haber conseguido Petaquilla, ese coro de arcángeles inversionistas que se han pasado la legislación del país por donde han querido y el patrimonio natural por una segadora mecánica. Durante los últimos años, estos próceres del capitalismo han obviado estudios de impacto ambiental, límites de concesiones y todos los extremos morales en pro de un beneficio que sale del país dejando como herencia hectáreas devastadas, ríos contaminados y futuro campesino hipotecado con intentos de camuflaje gracias a la bendita responsabilidad social empresarial.

Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El proyecto minero de Petaquilla ha logrado sacar lo mejor de una institución que casi todos los sectores habían dado por muerta o, como mínimo, perdida para la causa ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha impuesto una millonaria multa a Petaquilla por sus desmanes. Estamos tan mal acostumbrados que en los corrillos de Panamá se exponen todo tipo de conjeturas sobre las razones que han hecho a la Anam defender de forma tan contundente la legalidad que normalmente mancilla. ¿Carácter bipolar? ¿Presión de organizaciones y medios? Sea lo que sea, yo, que tan duro le he dado a la Anam desde estas páginas, hoy le reconozco la osadía. En realidad, ninguna osadía: el cumplimiento de su deber. Ahora nos queda la duda de si pagarán la multa, de si el Estado utilizará todas sus herramientas para que estos corta palos hagan el estudio de impacto ambiental, incluso de si se avanzará en el debate realmente importante: el de declarar a Panamá como país libre de minería.

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a fuerza de intimidación y coacción los bienes y propiedades de los indígenas Ngobes, muchos de los cuales se rehusan a abandonar el área, que les ha sido concesionada de maneral ilegal por ANAM. Ellos un día amanecieron con sus tierras cedidas a la transnacional para el desarrollo de hidroeléctricas. Foto: Florencio Quintero.

Hay que aprovechar este momento, entonces, para reconocer varios fenómenos. El primero es la fortaleza que han adquirido las nuevas organizaciones sociales centradas en la incidencia y en la formulación de propuestas de futuro para el país. Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El segundo es el del mensaje contundente que se está lanzando a los inversionistas aviones. Los problemas legales y de imagen que enfrentan Red Frog, Chan 75 de AES, Petaquilla o los ya casi olvidados teleférico de Ancón o el delfinario de San Carlos deberían ahuyentar a otros de su calaña. O eso espero.

El tercero y último (aunque hay muchos más) es el de la connivencia de algunas instituciones y empresas que crecen a la sombra de los proyectos dudosos. ¿Se plantearán publicitarias y agencias de la mal llamada comunicación estratégica el reto ético de seleccionar mejor a sus clientes? ¿Llegará el momento en que empresas locales de servicios se declaren objetoras de conciencia cuando uno de estos proyectos inmorales llegue con la chequera manchada de sangre y abusos? ¿Cuestionarán en algo su posición programas de radio o medios en general que cambian de posición en función de la lista de anuncios contratados? Las respuestas las puede ir buscando usted mismo, están a la vista.

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance (sept. 2008)

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance sobre la situación de los ngöbes frente al gobierno y AES Corporation

Los siguientes son testimonios del mes de septiembre de lo que sigue ocurriendo en Charco La Pava y Nance, comunidades ngöbes afectados por el desarrollo del primer proyecto de tres denominado Chan 75 o Changuinola I en la cuenca media del Río Changuinola en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biosfera:

La casa de Benero Santos -que mantiene una familia de tres miembros-, está en peligro de ser destruida, los trabajos de las maquinarias de la empresa se encuentran a 20 metros de su casa. Recibió el orden verbal de unos empleados de la Empresa AES de desalojar inmediatamente.

Los cultivos de Ana Castillo y Ernesto López (que se encuentran en la misma finca por ser Ernesto el esposo de Enelda Abrego, hija Ana) fueron totalmente destruidos en el mes de enero sin ningún consentimiento. Debido a la destrucción de la «finca», sus puercos están ahora siempre alrededor o debajo de la casa.

Según el testimonio de Ana Castillo, el 11 de septiembre de 2008 trabajadores de la empresa le dijeron que la tierra estaba a mano de la empresa, recibió el orden de AES de desalojar el área donde tiene su casa y donde viven 9 personas, entre ellos 6 menores de edad (Ancelmo Santos, Didier Santos, Irena Santos, Ronel Santos, Alba López, Isac López, Ernesto López, Enelda Abrego (su esposa) y Ana (su suegra)). Desde ese día, la retroexcavadora se encuentra a unos pocos metros de su casa,

Se le solicitó a la señora Ana Castillo que construyera una casa provisional en otro lugar y que después se negociaría. De momento, si no se destruye su casa es únicamente porque los miembros de la familia resisten, quedándose dentro de la casa para protegerla de la destrucción.

El 15 de septiembre de2008, trabajadores amenazaron a Ana Castillo de que si sigue resistiendo, llamarían a la policía y que se la llevaría presa a Changuinola. Alcibiades Muñoz, jefe de los trabajadores de la empresa AES, efectivamente llamó a la policía: 3 policías vinieron y dijeron a Ana que tiene que aceptar el dinero y abandonar su casa (la empresa nunca le ofreció un monto exacto de dinero, le dice que desaloje y que luego se negociara). Ella respondió que no quería plata, sino vivir tranquilamente en su tierra, que sus abuelos vivían en estas tierras, que nunca se ira y que siempre protegerá su casa.

Es grave que el propio Estado (la policía) contribuya de tal forma en el engaño de los miembros de la comunidad. Saben que tienen derecho sobre el territorio en el que están asentados, pero tanta presión y tantas mentiras es lo que conlleva que algunas personas aceptan «vender» sus casas…

La maquinaria también está trabajando en el río, al nivel de donde Ana está acostumbrada a lavar la ropa y a bañar a sus hijos. Este día 11 de septiembre, Alcibiades Nuñez les prohibió lavar en el río. Según él, el río y las tierras son del Estado. Además, por estas obras, la corriente del río está cambiando, la corriente está más fuerte que antes. El hijo de Anan Ronel Santos estuvo a punto de ahogarse (desconocemos la fecha pero fue entre el 11 de septiembre y el 27). Quedó traumatizado, atemorizado por los trabajadores. Además, la contaminación lleva como consecuencia fiebres, diarreas, vómitos, sobre todo en los niños…

Según el testimonio de Ana Castillo, la policía sigue rebuscando en las mochilas de los miembros de las comunidades cuando se desplazan, pidiéndoles sus cédulas de identidad. (Recordamos que Ana Castillo fue golpeada por un agente de la Policía Nacional el 3 de enero y detenida, al igual que sus hijos, por lo que se encuentra atemorizada).

Ernesto López declara no poder salir de su casa porque inmediatamente se acercan a su esposa funcionarios de la empresa y de la policía para indagar donde se encuentra. A mediados del mes de agosto ha recibido la visita de miembros de la policía nacional y de funcionarios de la Empresa en horas de la noche.

Amalia Abrego, quien fue igualmente presa el 3 de enero, nos informó de que en la segunda semana del mes de septiembre de 2008, trabajadores de AES le dijeron que tenia que salir de su casa, que no tiene derecho a su tierra, que tiene que mudarse a otra casa, porque sino perderá cualquier derecho que pueda tener. Viven 8 personas en su casa. La empresa no le ofreció dinero ni le presentó contrato. Elle prefiere «no tener plata pero estar libre«.

También informó que une señora denominada Rocío, empleada de la empresa, está siempre paseándose por la comunidad intentando convencer a la gente de vender sus casas. Dice que un día entró en su casa, la encontró cuando llegó, estaba hablando con los niños. En otras comunidades, consiguen engañar a la gente diciendo que en Charco La Pava, ya aceptaron vender sus casas.

Rafael Abrego Santos dice que los mayores de la comunidad son iletrados, no saben leer, ni escribir, no conocen sus derechos, están siendo engañados. No son negociaciones, la empresa y el Estado les dicen que si no aceptan, pierden todos sus derechos. Su padre es Gerardo Abrego. «Negoció» en abril, en Ojo de Agua donde la empresa tiene una oficina. Puso su huella digital en un documento preparado por la empresa. Los trabajadores le habían dicho de no llevar a nadie a esta «negociación», ni sus hijos, ni abogados. El acuerdo era sobre la finca. La casa sigue de pie. El 23 de septiembre, los trabajadores entraron a la finca y la destruyeron. En su casa, viven 11 personas.

También pudimos recoger un testimonio de una situación que ocurrió en la comunidad indígena vecina (Nance), río abajo. La señora Teresa Becker, de 60 años de edad, quien no sabe hablar, escribir ni leer en español sino en su idioma Ngöbe, relata que funcionarios de la empresa AES le han ofrecido dinero para poder llevar a cabo obras dentro de su zona de cultivos, que está situada en donde una carretera tiene que pasar según la empresa. La empresa quiere que ella desaloje su casa con su esposo (Alejandro Jiménez de 60 años), ya que supuestamente el señor Cirilo Realy (su hermano) llegó a un acuerdo con la empresa (acuerdo irrisorio, sin consentimiento de la persona adecuada, sin consentimiento informado de Cirilo Realy, y en total desconocimiento por la empresa y el Estado de la obligación de protección de los territorios indígenas). Ese acuerdo incluía la zona de cultivos de la señora Teresa Becker y Alejandro Jiménez, ya que es una «finca» familiar.

El jueves 25 de septiembre de 2008, funcionarios de la empresa AES se acercaron a la casa de Teresa para pedirle que saliera. El señor Alejandro Jiménez no aceptó. Las maquinarias de la empresa ya habían matado a su caballo. Una retroexcavadora de la empresa AES entró en su finca y empezó los trabajos de remoción de tierras sin autorización del señor Alejandro Jiménez y la señora Teresa Becker. Cuando iniciaron los trabajos, mataron sus gallinas y puercos, y entre el 25 y el 27 se destruyeron los cultivos. Eran sus únicos sustentos.

En la tarde de este mismo jueves, la empresa AES se disponía a derrumbar la casa, no lo pudo hacer porque el señor Alejandro Jiménez se puso frente su casa para protegerla. Unas horas después, tres miembros de la Policía nacional se llevaron al señor Jiménez detenido al puesto policial de Ojo de Agua, la señora Becker dice «le pusieron pistola a mi marido para que se fuera», fue liberado en el día.

Fuente: Fuente reservada por Burica Press.