Gobierno pone en peligro Parque Internacional La Amistad

Burica Press – Medio Ambiente y Pueblos Indígenas

Dos semanas después de recibir la visita de la cúpula de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su Gabinete han autorizado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a firmar el contrato que permite a EPM construir una hidroeléctrica en el Río Bonyik utilizando casi 2 mil hectáreas del Bosque Protector Palo Seco, fundamental como área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).

La decisión del Gobierno de Panamá, hecha pública este sábado 13 de marzo, representa un daño permanente al Bosque Protector y una invasión permanente para la comunidad indígena Naso de Bonyik, que durante ańos ha luchado para evitar la construcción de esta represa en sus tierras ancestrales que el Estado panameño se ha negado a reconocer.

EPM, propietaria de la autodenominada Hidroecológica del Teribe, entró al Bosque Protector hace meses según denuncian las organizaciones Human Rights Everywhere, el Centro de Incidencia Ambiental, Justicia, Paz e integridad de la Creación y Voces Ecológicas, sin el contrato que los autorizaba.

Las Empresas Públicas de Medellín iniciaron trabajos en los bosques protegidos y Reserva Indígena Naso desde hace varios meses, sin los permisos correspondientes. Foto: Comuna Sur

Indican estas organizaciones que este proyecto es un grave atentado contra el pueblo Naso, ya que amenaza la forma de vida tradicional, desconoce a sus autoridades tradicionales legítimas, perturba la vida cotidiana con ruido y modificaciones definitivas al paisaje y forma de los ríos Teribe y Bonyik.

También denunciaron a las autoridades locales y nacionales que no han atendido las denuncias por daño ecológico, abuso de autoridad y otros delitos presentadas en la ANAM, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Bocas del Toro y otras instancias del Estado.

El derecho a un mejor ambiente

ENTREVISTA

No hay concordancia entre el discurso del Gobierno y la realidad ambiental. Se promueve la actividad contaminante.

CATEDRÁTICO. Félix Wing comparte su vida profesional entre las aulas de clases y el cuidado del ambiente . LA PRENSA/ David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Félix Wing se ha movido en el mundo ambiental desde hace 20 años. Cuando el país aún era gobernado por los militares, Wing daba sus primeros pasos en materia de conservación. Después no solo ha defendido los intereses ecológicos del país, sino que también participó en la elaboración de la Ley General del Ambiente, mediante la cual se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Sus conocimientos jurídicos lo han puesto al servicio de la naturaleza. A finales del pasado mes abandonó el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, donde trabajó como asistente, para encargarse de la Dirección de Asesoría Legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la legislación ambiental en Panamá?

La legislación ambiental ha avanzado mucho en los últimos 11 años, sobre todo después de la promulgación de la Ley General del Ambiente. Digamos que se ha ido profundizando en el tema, no solamente en la aprobación de nuevas leyes, sino en la reglamentación de las normas. En este momento estamos en la etapa de cumplir y de hacer cumplir las normas. Es un proceso gradual que se debe continuar profundizando, porque todavía hay áreas que no han sido atendidas o dotadas de un marco legal adecuado.

¿Cuáles son esas áreas que requieren de un marco jurídico adecuado?

Hay normas de calidad ambiental que no han sido aprobadas y otras ni siquiera han pasado por el proceso de elaboración. Hablo de normas relacionadas con la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua, y de los límites máximos de contaminantes permisibles. Los retrocesos, lamentablemente, han sido por falta de visión de las entidades estatales porque han sido temas discutidos, por ejemplo, consolidar todas las competencias ambientales en una sola institución para que no haya duplicidades.

¿En qué otros aspectos podríamos hablar de retroceso ambiental?

Hay una dicotomía entre el discurso gubernamental y la acción o la realidad. Por un lado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se tira un discurso en la Organización de las Naciones Unidas –del cual yo, como panameño, me sentí orgulloso de escuchar al Presidente hablar de lo que representa Panamá en recursos naturales– pero, en la realidad, el Gobierno promueve la minería metálica, una de las actividades más dañinas no solo para el ambiente, sino también para la salud humana.

No vemos que el país se promueve como lo que es: un puente biológico, de migración de especies, como un lugar de gran biodiversidad; como tampoco vemos el interés en explotar el turismo ecológico.

¿Que más le preocupa de esa realidad?

Seguimos rellenando costas, tumbando manglares e invirtiendo millones en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas –estas últimas están arruinando nuestros ríos–, en vez de invertir en turismo ecológico sostenible y en fuentes renovables de energía.

En materia de turismo ecológico, por ejemplo, hay personas que pagarían para ir hacer rafting al río Chiriquí Viejo, pero qué rafting podrían hacer si están construyendo una serie de hidroeléctricas que terminará por dañar uno de los tesoros naturales del país. También hay personas dispuestas a pagar para ir al bosque a observar aves, pero lo que están haciendo es acabar con los manglares y los bosques. Un caso claro es la bahía de Panamá, a donde llegan aves migratorias.

Pero se requiere de la energía eléctrica, ¿qué hacemos?

Panamá es un país en el que hay sol la mayor parte del año. Es una una bendición que muy poco países tienen y, en términos de energía, es algo que se puede aprovechar. En Alemania, por ejemplo, han encontrado soluciones adecuadas para que a las personas comunes y corrientes se les haga más viables, en términos económicos, invertir en energía solar en su casa. Incluso, si en un momento dado una casa produce excedente de energía solar, puede enviarla a la red y se le descuenta de la facturación mensual.

Recordemos que una de las plataformas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, la disminución del costo de la energía eléctrica; entonces, por qué no pensar en esa alternativa y permitir al ciudadano común invertir en energía solar para disminuir el costo de la energía.

Desde el punto de vista jurídico, ¿es factible la instalación de paneles solares en residencias?

En estos momentos no es factible desde el punto de vista económico, porque el andamiaje jurídico no se ha creado y es allí donde está la función del derecho, que es crear las condiciones necesarias para que el aspecto económico sea factible. En vez de utilizar el derecho para favorecer el medio ambiente, lo estamos utilizando para estimular la inversión no sostenible de compañías que tienen récords ambientales cuestionables. Además, estamos importando tecnología y sustancias inadecuadas, que han prohibido en países de donde proceden estas empresas.

Los ambientalistas son blanco de ataque. ¿Qué piensa de esto?

Se trata de adversarios que no tienen argumentos para defender su punto de vista y que, en el fondo, son conscientes de las realidades ambientales que vivimos.

La incidencia ambiental robustece la democracia

El siguiente artículo ejemplifica la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de un país más democrático y menos corrupto, por lo menos en el tema ambiental.

Burica Press
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EL MALCONTENTO

Petaquilla’s dream

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Hay situaciones negativas que pueden sonsacar lo mejor de los seres humanos… hasta de las instituciones. Así son las guerras, esos espectáculos patéticos y machistoides que han permitido dibujar los rasgos de la solidaridad y el humanismo más conmovedor. Así son las dictaduras, que sacan de seres aparentemente pusilánimes el carácter y la fuerza que la vida en libertad les adormecía. Así parecen ser algunos despropósitos, que provocan reacciones inesperadas y esperanzadoras.

Eso parece haber conseguido Petaquilla, ese coro de arcángeles inversionistas que se han pasado la legislación del país por donde han querido y el patrimonio natural por una segadora mecánica. Durante los últimos años, estos próceres del capitalismo han obviado estudios de impacto ambiental, límites de concesiones y todos los extremos morales en pro de un beneficio que sale del país dejando como herencia hectáreas devastadas, ríos contaminados y futuro campesino hipotecado con intentos de camuflaje gracias a la bendita responsabilidad social empresarial.

Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El proyecto minero de Petaquilla ha logrado sacar lo mejor de una institución que casi todos los sectores habían dado por muerta o, como mínimo, perdida para la causa ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha impuesto una millonaria multa a Petaquilla por sus desmanes. Estamos tan mal acostumbrados que en los corrillos de Panamá se exponen todo tipo de conjeturas sobre las razones que han hecho a la Anam defender de forma tan contundente la legalidad que normalmente mancilla. ¿Carácter bipolar? ¿Presión de organizaciones y medios? Sea lo que sea, yo, que tan duro le he dado a la Anam desde estas páginas, hoy le reconozco la osadía. En realidad, ninguna osadía: el cumplimiento de su deber. Ahora nos queda la duda de si pagarán la multa, de si el Estado utilizará todas sus herramientas para que estos corta palos hagan el estudio de impacto ambiental, incluso de si se avanzará en el debate realmente importante: el de declarar a Panamá como país libre de minería.

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a fuerza de intimidación y coacción los bienes y propiedades de los indígenas Ngobes, muchos de los cuales se rehusan a abandonar el área, que les ha sido concesionada de maneral ilegal por ANAM. Ellos un día amanecieron con sus tierras cedidas a la transnacional para el desarrollo de hidroeléctricas. Foto: Florencio Quintero.

Hay que aprovechar este momento, entonces, para reconocer varios fenómenos. El primero es la fortaleza que han adquirido las nuevas organizaciones sociales centradas en la incidencia y en la formulación de propuestas de futuro para el país. Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El segundo es el del mensaje contundente que se está lanzando a los inversionistas aviones. Los problemas legales y de imagen que enfrentan Red Frog, Chan 75 de AES, Petaquilla o los ya casi olvidados teleférico de Ancón o el delfinario de San Carlos deberían ahuyentar a otros de su calaña. O eso espero.

El tercero y último (aunque hay muchos más) es el de la connivencia de algunas instituciones y empresas que crecen a la sombra de los proyectos dudosos. ¿Se plantearán publicitarias y agencias de la mal llamada comunicación estratégica el reto ético de seleccionar mejor a sus clientes? ¿Llegará el momento en que empresas locales de servicios se declaren objetoras de conciencia cuando uno de estos proyectos inmorales llegue con la chequera manchada de sangre y abusos? ¿Cuestionarán en algo su posición programas de radio o medios en general que cambian de posición en función de la lista de anuncios contratados? Las respuestas las puede ir buscando usted mismo, están a la vista.