Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Eligen nuevos comisionados en la CIDH – Cochez no fue seleccionado

Burica Press- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elegido este martes 7 de junio de 2011 a cuatro de los siete comisionados del organismo en el marco de la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en San Salvador.

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El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales. Foto: OEA

Las tres nuevas miembros de la Comisión son la jamaiquina Tracy Robinson, la paraguaya Rosa María Ortiz y la beliceña Rose-Mary Bella Antoine. El chileno Felipe González fue reelegido por un período de cuatro años adicionales.

Las personas electas comienzan su mandato en enero de 2012. La integración de la CIDH la completan la estadounidense Dinah Shelton, el colombiano Rodrigo Escobar Gil y el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, cuyos mandatos culminan en el 2013. Los y las nuevas integrantes de la Comisión sustituirán al brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, a la salvadoreña María Silvia Guillén y a la venezolana Luz Patricia Mejía Guerrero.

Los comisionados y comisionadas realizan su trabajo de manera independiente por lo que no representan a ningún Estado, sino que cumplen sus funciones a título personal, de manera autónoma. Cada miembro de la CIDH ejerce sus labores durante un período de cuatro años con posibilidad de reelegirse por un período igual.

Para las vacantes se postularon seis candidatos: Paraguay, Chile, Panamá, Perú, Jamaica y Belice.

Brasil había presentado al exministro Paulo Vannuchi para formar parte de la CIDH, pero retiró su candidatura. Aunque la Cancillería brasileña no explicó el motivo de la retirada en la carta que enviaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ésta se produjo tras los roces con el organismo por la construcción de una hidroeléctrica en la Amazonía.

Panamá postuló al abogado Guillermo Alberto Cochez, representante permanente de Panamá ante la OEA, pero tampoco tuvo éxito en su candidatura que generó malestar de algunas organizaciones de derechos humanos a nivel de Panamá y de la región.

En declaraciones a Acan-Efe Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mostró su desacuerdo con el candidato panameño.

Krsticevic argumentó que, como embajador ante la OEA, Cochez “ha tenido posiciones que creemos abiertamente encontradas con una posición de defensa de los derechos humanos, como haber sostenido que no había que cumplir con las decisiones de la CIDH”.

Organizaciones de la sociedad civil panameña también pidieron a los representantes de los gobiernos ante la OEA, que no escogieran a Cochez, ya que el Estado panameño ha incurrido en casos graves de violación de derechos humanos en los últimos meses en Panamá, entre los que destaca la represión de los trabajadores bananeros de Changuinola (julio 2010), los límites a la libertad sindical, el “reciente e intempestivo cierre de compuertas” de la hidroeléctrica Chan 75 (a pesar de los informes de la ONU, de la CIDH y de Amnistía Internacional) y la expulsión de activistas de Derechos Humanos y periodistas.

Destacan que Cochez como embajador ha defendido las posiciones de un Estado que tiene uno de los peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que ha ignorado de manera flagrante dos medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, que está violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un deterioro severo de la situación general de los derechos humanos en los últimos dos años”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, Estados Unidos y, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un organo primordial de la OEA. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

Fuentes: ACAN EFE, OEA, BURICA PRESS

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Vea además:

PANAMA. CIDH pide suspender proyecto hidroeléctrico de AES Corporation en territorio ngobe

Solicitan a miembros de la OEA que desestimen a Embajador Cochez para la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil panameñas piden a la OEA

que desestime a Cochez para la CIDH

En una carta abierta a los jefes de Estado y Gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA), 22 organizaciones panameñas piden a esa institución que no acepte la postulación de Guillermo Cochez, embajador de Panamá ante la OEA, para formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que renueva cuatro de sus siete puestos.

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Guillermo Cochez, Embajador de Panamá ante la OEA. Aspirante a ser comisionado en la CIDH. Foto: OEA

Las organizaciones firmantes de la carta destacan que Cochez ha defendido como embajador la trayectoria del actual Gobierno de Panamá “ha tenido que defender las posiciones de un Estado que tiene uno de los peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que ha ignorado de manera olímpica dos medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, que está violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un deterioro severo de la situación general de los derechos humanos en los últimos dos años”.

Por estas razones, y a pesar del papel que jugó en contra la dictadura en Panamá, la postulación de Cochez “está deslegitimada” y la trayectoria profesional del embajador no es la más adecuada para el trabajo en la CIDH. En la carta se insiste en que la “designación del Embajador Cochez enviaría un mensaje equivocado al Gobierno de Panamá y debilitaría los esfuerzos de nacionales y extranjeros por defender las garantías individuales, el debido proceso y los principios democráticos en Panamá”.

En la carta se recuerdan algunos de los casos más graves de violación de derechos humanos en los últimos meses en Panamá, entre los que destaca la represión de los trabajadores bananeros de Changuinola (julio 2010), los límites a la libertad sindical, el “reciente e intempestivo cierre de compuertas” en Chan 75 (a pesar de los informes de la ONU, de la CIDH y de Amnistía Internacional) y la expulsión de activistas de Derechos Humanos y periodistas.

La misiva está firmada por 22 organizaciones de la sociedad civil panameña.

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos en manifestaciones en Panamá

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos  en manifestaciones en Panamá

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

El Pueblo Naso Teribe presentó el 3 de junio de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición judicial en la que reclama, entre otras cosas, la creación de la Comarca, la urgente paralización de proyectos como el de la hidroeléctrica de Bonyik y la reparación por parte del Estado por la sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos. El pueblo Naso ha tenido que acudir ante la CIDH ante la negativa del Estado panameño a reconocer sus derechos territoriales.

En la petición de 175 páginas, presentada a nombre del Pueblo Naso por el bufete de abogados de Washington D.C. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, se sustenta y demuestra la discriminación a la que ha estado sometido el pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro y la violación de sus derechos territoriales, políticos y culturales y se advierte que, de no reconocerse la Comarca Naso Tjër Di, “resultara probablemente en el genocidio cultural de los Nasos, ya que su cultura, vida espiritual, y existencia están amenazadas par los inversionistas foráneos motivados solamente par la ganancia financiera que pueden obtener al implementar proyectos hidroeléctricos (…). Se esta hacienda daño irreparable en este momento a la comunidad Naso y debe ser detenido mientras este pendiente una decisión en base a los méritos de esta petición”.

Hay que recordar que las comunidades Naso han sufrido en los últimos años desplazamientos forzados, detención de sus líderes, situaciones de inseguridad alimentaria y destrozo de su patrimonio ambiental, especialmente en las áreas del río Bonyik y en las comunidades de San San y San San Druy.

El pueblo Naso solicita además a la CIDH medidas provisionales urgentes que protejan la integridad de su territorio y de sus integrantes mientras se abre un proceso de negociación en el que el Gobierno reconozca los derechos territoriales de este pueblo originario en riesgo y para que las comunidades Naso sean consultadas de forma vinculante sobre cualquier proyecto económico externo que se quiera desarrollar en su territorio ancestral.

La petición incluye pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno y por las Empresas en los últimos años y advierte de la situación de indefensión actual. También se demuestra como el pueblo Naso ha acudido a todas las instancias nacionales antes de presentar esta petición a la CIDH.

“Panamá no tiene un Estado de Derecho”

Escuche aquí la sesión: PANAMÁ NO TIENE ESTADO DE DERECHO

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Ejecutivo descalifica a miembros de la sociedad civil que viajaron a EU

Martinelli y Bonissi critican audiencia

El Procurador suplente sostiene que él ni siquiera siguió la transmisión en vivo de la audiencia sobre la justicia panameña, porque esta no tiene ‘importancia’.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Desde lo más alto del Órgano Ejecutivo y del Ministerio Público desacreditaron a los miembros de la Alianza Ciudadana pro Justicia y de la Fundación para el Debido Proceso, que el martes pasado participaron en la audiencia temática celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el sistema de administración de justicia en Panamá.

El presidente, Ricardo Martinelli, describió la audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, como “tres personas armando un zaperoco”.

El mandatario agregó que “ese alboroto es para buscar atención, porque creen que no los toman en cuenta”.

Los señalamientos de Martinelli se dieron ayer, durante la Conferencia Internacional sobre Inversiones del Consejo de las Américas.

En ese foro comercial, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, comentó que la audiencia fue “desafortunada”, ya que, alegó, podrá afectar la imagen del país en el exterior. “Estamos disparándonos nosotros mismos en el pie como panameños. Queremos buscar inversiones y tratamos de promocionar nuestro país, pero este tipo de acciones afectan nuestra imagen”, se lamentó.

Además, calificó la visita a la CIDH como un “show en el que hay muchos intereses de por medio”.

Finalmente, el procurador suplente de la Nación, Giuseppe Bonissi, dijo que no siguió la transmisión en vivo de la audiencia. “No tengo tiempo para ponerme a ver bochinches… cosas como esa, yo no les doy importancia”, recalcó.

‘Panamá no tiene un estado de derecho’

denuncia. El grupo habló el martes en la sede de la OEA. LA PRENSA/David Mesa

Betty Brannan Jaén
CORRESPONSAL EN WASHINGTON, D.C.

laprensadc@aol.com

Fuertes críticas a la justicia panameña hicieron ayer el catedrático Miguel Antonio Bernal y la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, durante una conferencia organizada por la Fundación para el Debido Proceso en Washington, Estados Unidos.

“No hay un estado de derecho en Panamá. No se llena ninguno de los requisitos mínimos (…) tiene que haber independencia judicial, supremacía constitucional [y] respeto al debido proceso. Esas son condiciones mínimas”, dijo el catedrático.

Bernal mencionó que “de parte de la clase política no hay la voluntad de que exista un estado de derecho”, pero sí hay una “campaña de desprestigio” contra los miembros de la sociedad civil que proponen reformas reales. Se les quiere “silenciar”, sostuvo.

Castillo, por su parte, señaló que “la Corte Suprema está muy politizada”, por lo que “no podemos decir que hay una separación de poderes del Estado”. Añadió que la sociedad civil está siendo excluida de los espacios de diálogo sobre el tema de la justicia.

De todos los países de América, precisó, Panamá es el único –con excepción de Haití– que todavía usa el sistema inquisitivo y que registra el más alto índice de presos per cápita.

Bernal alegó que en Panamá “hay una ausencia absoluta de independencia judicial” y “un abandono total del constitucionalismo”.

La suspensión de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, poco se mencionó, salvo cuando Bernal denunció que el caso se manejó con “flagrante violación del debido proceso”.

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OPINION. Según el mandatario, son tres personas que están formando un “zaperoco” para buscar atención

Martinelli resta importancia a la denuncia contra Panamá

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, dice que las acusaciones contra el país es como dispararnos en un pie, mientras se anuncia que se ha alcanzado el grado de inversión.

Papadimitriu tildó de “show” lo sucedido en la CIDH.

El presidente Ricardo Martinelli restó importancia a la denuncia presentada Alianza Ciudadana Pro Justicia sobre la situación de la administración judicial panameña ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Consideró que “tres personas son las que están armando un zaperoco”, ya que, según dijo, “ese alboroto es para buscar atención porque creen que no los tomamos en cuenta”.

Estos señalamientos fueron respaldados por el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, quien utilizó el calificativo de “show” para referirse a la sustentación de la Alianza y la Fundación para el Debido Proceso ante la OEA.

A su juicio, “los trapos sucios se lavan en casa”, por lo que lamentó que mientras el Gobierno “atrae inversión” y trata de promocionarnos, la sociedad civil “sale a dispararnos a nosotros mismos en el pie como panameños”.

También dejó entrever que la denuncia hecha por la sociedad civil sobre que la justicia panameña se encuentra en una “grave crisis” tiene otros intereses.

“Sabrá Dios cuáles son los intereses que están detrás de lo que tratan de hacer estas personas”, expresó.

Mientras, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Rodríguez, lamentó estos señalamientos que “atentan contra el derecho a manifestarse y son un desprecio a la libertad ciudadana”.

Aseguró que esta posición del Gobierno está alejada del diálogo, ya que Alianza y la Fundación para el debido Proceso Legal expusieron temas que las autoridades “no quieren entender”.

En tanto, el embajador panameño ante la OEA, Guillermo Cochez, señaló que la solicitud de una visita “in loco”, solicitada el martes por Alianza “no necesariamente será aceptada” por la CIDH, debido a que “exageraron un poco en los puntos planteados”.

Consideró que la denuncia “no pasará de allí”, debido a que el Gobierno prometió iniciar un proceso de diálogo.

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Por supuesto que el show lo hizo el Embajador Cochez que sin su habitual arrogancia trato de explicar lo inexplicable ante la situación vergonzosa del estado de la justicia en Panamá.

El Embajador Cochez estaba leyendo algo que ni el mismo se lo creía.

Qué verguenza!

Burica Press

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Martinelli resta importancia a denuncias ante la CIDH

Fuente: TVN Canal 2

El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, restó importancia a la audiencia que se le otorgó a Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicando que son “tres panameños los que han armado un zaperoco sin necesidad”.

El mandatario también habló sobre las expectativas de crecimiento económico frente a inversionistas internacionales, en un foro que reunió a especialistas e importantes ejecutivos de grandes empresas trasnacionales, con miras a proyectar a Panamá como un centro de negocios mundial.

Martinelli compartió los proyectos que tiene en agenda y el impacto económico que representa.

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El Ejecutivo pretende vestirse con piel de oveja ante los graves senalamientos o denuncias que se hicieron ante la CIDH.

El ańo pasado se denunció la violación sistemática a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El gobierno ha ignorado los Derechos indígenas. Ha violado y sigue violando sistemáticamente los DD. HH. de los indígenas y de otros grupos étnicos minoritarios.

Burica Press.

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

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CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington
EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para “proteger la vida y la integridad personal” de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para “evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro”.

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con “violencia” a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer “atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales”.

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser “objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias” así como una investigación de los hechos.

Bufete de EEUU. defiende a los Nasos ante la CIDH

La firma de abogados Akim Gump Strauss Hauer & Feld, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas preventivas a favor de los nasos.
CONFLICTO DE TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Poderoso bufete apoya a los naso

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com
GANADERA VS PUEBLO NASO. Propiedad privada contra tierras ancestrales. Indígenas exigen respeto a sus derechos

PANAMÁ. Un influyente bufete en los Estados Unidos ha intervenido a favor de los indígenas del grupo Naso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cartón, y fechada viernes 13 de noviembre, Faith Barter, abogada de la oficina en Washington del bufete Akin Gump Strauss, pidió que la comisión tomara “medidas precautorias”, contra el desalojo forzoso de los nasos “de las comunidades de San San y San San Druy” en la Provincia de Bocas del Toro. Según la carta, tal desalojo expondrá a los nasos a “inminente y grave daño físico”.

El bufete es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 15 oficinas alrededor del mundo y más de 900 abogados. Uno de sus fundadores, Robert Strauss, fue presidente de Partido Demócrata y miembro del gabinete del presidente Jimmy Carter.

La carta, una copia de la cual le fue entregada a La Estrella por Adolfo Villagra Sánchez, presidente del Consejo Naso, trata de un conflicto entre los Naso y la Ganadera Bocas, S.A., una empresa privada cuyo presidente es Mario Guardia Durfee. Hace varios lustros la empresa adquirió de la bananera United Fruit un globo grande de terreno a lado del río San San. Según los nasos, las dos comunidades existieron antes de la llegada de la bananera al principio del siglo pasado, y tanto la ganadera como la bananera, las toleraron hasta hace poco. Según la empresa, son precaristas. A petición de la empresa, y de acuerdo con una orden emitida por la entonces corregidora de Teribe, Aracelys Sánchez, unidades de la Policía Nacional desalojaron algunos indígenas del lugar durante el mes de marzo pasado.

Villagra y la carta al licenciado Cantón hacen referencia a una reunión celebrada a finales de octubre en que, supuestamente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, declaró que los nasos no podían quedar en lo que son tierras privadas y pidió al gobernador de la provincia, Simón Becker ejecutar la orden de desalojo al más tardar el 15 de este mes.

El licenciado José Isaac Acosta, director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, discrepa.

Dijo a La Estrella que “las 35 familias [de San San y San San Druy] han sido invitadas a iniciar un proceso de acercamiento y reubicación”. Negó que el ministro haya exigido su desalojo.

La carta a Santiago Cantón, sin embargo, dice que “es imperativo que la comisión emplea sus recursos para proteger a los nasos de esfuerzos a desalojarlos de sus tierras ancestrales”.