CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

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CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington
EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para “proteger la vida y la integridad personal” de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para “evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro”.

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con “violencia” a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer “atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales”.

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser “objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias” así como una investigación de los hechos.

Bufete de EEUU. defiende a los Nasos ante la CIDH

La firma de abogados Akim Gump Strauss Hauer & Feld, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas preventivas a favor de los nasos.
CONFLICTO DE TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Poderoso bufete apoya a los naso

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com
GANADERA VS PUEBLO NASO. Propiedad privada contra tierras ancestrales. Indígenas exigen respeto a sus derechos

PANAMÁ. Un influyente bufete en los Estados Unidos ha intervenido a favor de los indígenas del grupo Naso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cartón, y fechada viernes 13 de noviembre, Faith Barter, abogada de la oficina en Washington del bufete Akin Gump Strauss, pidió que la comisión tomara “medidas precautorias”, contra el desalojo forzoso de los nasos “de las comunidades de San San y San San Druy” en la Provincia de Bocas del Toro. Según la carta, tal desalojo expondrá a los nasos a “inminente y grave daño físico”.

El bufete es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 15 oficinas alrededor del mundo y más de 900 abogados. Uno de sus fundadores, Robert Strauss, fue presidente de Partido Demócrata y miembro del gabinete del presidente Jimmy Carter.

La carta, una copia de la cual le fue entregada a La Estrella por Adolfo Villagra Sánchez, presidente del Consejo Naso, trata de un conflicto entre los Naso y la Ganadera Bocas, S.A., una empresa privada cuyo presidente es Mario Guardia Durfee. Hace varios lustros la empresa adquirió de la bananera United Fruit un globo grande de terreno a lado del río San San. Según los nasos, las dos comunidades existieron antes de la llegada de la bananera al principio del siglo pasado, y tanto la ganadera como la bananera, las toleraron hasta hace poco. Según la empresa, son precaristas. A petición de la empresa, y de acuerdo con una orden emitida por la entonces corregidora de Teribe, Aracelys Sánchez, unidades de la Policía Nacional desalojaron algunos indígenas del lugar durante el mes de marzo pasado.

Villagra y la carta al licenciado Cantón hacen referencia a una reunión celebrada a finales de octubre en que, supuestamente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, declaró que los nasos no podían quedar en lo que son tierras privadas y pidió al gobernador de la provincia, Simón Becker ejecutar la orden de desalojo al más tardar el 15 de este mes.

El licenciado José Isaac Acosta, director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, discrepa.

Dijo a La Estrella que “las 35 familias [de San San y San San Druy] han sido invitadas a iniciar un proceso de acercamiento y reubicación”. Negó que el ministro haya exigido su desalojo.

La carta a Santiago Cantón, sin embargo, dice que “es imperativo que la comisión emplea sus recursos para proteger a los nasos de esfuerzos a desalojarlos de sus tierras ancestrales”.

Panamá debe acatar la medida cautelar impuesta por la CIDH sobre represa

Evalúan caso de la hidroeléctrica chan-75

CIDH celebra audiencia

Representantes indígenas dijeron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa.

BETTY BRANNAN JAEN
CORRESPONSAL EN WASHINGTON, DC

LaPrensadc@aol.com

Respondiendo a una petición hecha por el gobierno de Martín Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una audiencia sobre la orden de suspender el avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En la audiencia, representantes indígenas de las comunidades afectadas por la obra denunciaron que el Estado panameño ha incumplido la orden de suspensión, mientras que un funcionario de la Cancillería panameña dijo que Panamá no ha obedecido la orden porque la medida cautelar no cumple con el reglamento de la CIDH. El organismo rechazó este argumento en forma tajante. “La medida cautelar está vigente y la CIDH espera que el Estado panameño la cumpla de buena fe”, sentenció el comisionado Víctor Abramovich, quien presidia la audiencia.

Según el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega Fábrega, representante del Gobierno panameño, el problema fundamental es que el gobierno anterior puso en manos de la empresa la responsabilidad de negociar con las comunidades afectadas, lo cual dio lugar a “toda clase de cosas”.

Según los representantes indígenas, los ngöbes –cuyas tierras serán inundadas– viven bajo agresiones y amenazas de muerte, y no todos han sido incluidos en el proceso de diálogo.

“Ellos [el gobierno] no han respetado los derechos del pueblo indígena, porque el interés del gobierno es construir la represa”, acusó Bernardino Morales, representante de la comunidad de Guayabal.

A pesar de estos argumentos, los representantes indígenas reconocieron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa, aunque solicitan que se cumpla con la orden de suspender la obra y que se revisen todos los “acuerdos” ya obtenidos.

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Acuerdos amistosos? y las responsabilidades por violación a los derechos humanos dónde quedarán entonces?

Burica Press

Indígenas transfronterizos Panamá Costa Rica lanzan manifiesto

Los Pueblos Indígenas Panamá-Costa Rica
(Naso / Ngäbe / Bribri / Cabecar)

Reunidos en la comunidad El Norteño, Comarca Ngäbe-Bugle, República de Panamá, más de 150 líderes y liderezas indígenas, hemos compartido tres días de intercambio de experiencias de lucha, conocimientos tradicionales y el análisis de las amenazas que atentan contra la vida de nuestros pueblos y de la madre naturaleza.

Este espacio permitió conocer más sobre nuestros derechos humanos y como indígenas y a identificar nuestros problemas para consolidar una agenda de acciones de lucha y resistencia conjunta.

Al ver que las causas y efectos de los megaproyectos y concesiones de recursos naturales dentro de nuestros territorios están desplazando, dividiendo y destruyendo todo a su paso, en nombre de un desarrollo insostenible, incoherente y empobrecedor, que no respeta la vida, ni la diversidad cultural.

Declaramos

  1. Rechazar y exigir la anulación de todos los megaproyectos, proyectos, miniproyectos y concesiones aprobadas o en trámite de exploración y explotación minera, hidroeléctricas, turismo de alto impacto y otras actividades de inversión negativa que invaden territorios indígenas.
  2. Demandamos el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las comunidades Ngäbe, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 de la empresa transnacional AES.
  3. Distinguir como traidores y non gratos a todos esos dirigentes y autoridades tradicionales que venden a su pueblo con los gobiernos, empresarios criollos y grandes transnacionales.
  4. Exigir el inicio de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, para la ratificación del convenio 169 de la OIT , sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes antes del 12 de octubre de 2009.
  5. Respaldar la Marcha Nacional del Pueblo Ngäbe y Naso en Panamá y todas las manifestaciones y actividades que se desarrollen el 12 de octubre, en el marco de los 517 años de resistencia de los pueblos indígenas.
  6. Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de base y el trabajo en alianza de nuestros pueblos transfronterizos, tomando como referencia y guía la Agenda Indígena Mesoamericana: “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra”.
  7. Poner plazo de 1 año, a partir de la firma de esta declaración para que el gobierno de Panamá y de Costa Rica hagan las gestiones necesarias para:
    • La creación de la Comarca Naso Tjër-Di
    • La demarcación y ordenamiento del territorio indígena Kekoldi
    • La definición por ley de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Bugle.

    Dado en la comunidad El Norteño, Rep. De Panamá, a los 24 días del mes de agosto de 2009.

    Publíquese y cúmplase

    Firman las organizaciones participantes

    • PANAMA VERDE – Rosalva Jiménez
    • ARBOL DEL MAÑANA (ASAAM) – Roberto Baken
    • COMITÉ DE SALUD DE NORTEÑO – Alfonso Rodríguez
    • COMITÉ DE ARTESANIA DE NORTEÑO – Florina Hernández
    • ASOCIACION KEKOLDI – Gloria Mayorga
    • ASOCIACION Y COMISION DE MUJERES INDIGENAS TALAMANCA – Edith Villanueva
    • ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WATSI – Minta Morales
    • CONSEJO COMUNAL – Heiner Gallardo
    • ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA DE TERRITORIO BRIBRI (ADITIBRI) – Agustín López
    • RED DE RESISTENCIA INDIGENA DE BOCAS DEL TORO (RRIB) – Reynaldo Gonzáles
    • FUNDACION NASO TJËR DI – Félix Sánchez
    • ODESEN – Edwin Sánchez
    • CEDETENG – Pedro Abrego
    • CONGRESO AREA ANEXA – Leonardo Donald
    • COMITÉ DE DESARROLLO (CODESCON) – Dionicio Clemente
    • ASOCIACION DE JUVENTUD DE SILICO CREEK – Yin Gallego
    • ASOCIACION DE PRACTICAMENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL NASO – Antonio Sánchez
    • ASOC. DE PROD. AGROPECUARIO, ARTESANAL, ECOTURISMO, INDUSTRIAL – Martínez Abrego
    • COMISION CONGRESO REGIONAL ÑO KRIBO – Ricardo Clemente

c.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
c.c. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
c.c. Presidencia de Panamá y Costa Rica
c.c. Medios de comunicación.

Estado panameño desatiende medidas cautelares de la CIDH

Estado panameño desatiende medidas cautelares de la CIDH

Burica Press, Derechos Humanos. 11.08.2009

Siete organizaciones defensoras de los derechos humanos y ecologistas internacionales y de Panamá han manifestado en un comunicado su profunda preocupación por la negativa del Estado panameño de cumplir las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro.

El 18 de junio de 2009, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe y solicitó al Estado suspender las obras relacionadas con la concesión para la construcción de la Hidroeléctrica Chan-75, que inundarían el territorio en el que se encuentran cuatro de las comunidades: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba. De acuerdo con lo dispuesto por la CIDH, se debe suspender cualquier acción en ese sentido, hasta que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto que se encuentra en estudio del órgano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la obligación estatal de cumplir con las medidas dictadas por la Comisión y ha dicho “los Estados deben dotar a las disposiciones de la Convención Americana de un efecto útil, lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte”.

El cuestionamiento del Estado panameño de la decisión de la CIDH y su negativa a implementar las medidas de protección contrarían sus obligaciones internacionales y la práctica generalizada de los Estados del continente de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.

Chan 75Las organizaciones firmantes exhortan al nuevo gobierno de Panamá a honrar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y cumplir con lo solicitado por la Comisión Interamericana para que demuestre su compromiso con la garantía y el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de su territorio panameño.

Las medidas cautelares son dictadas en cumplimiento de las funciones de promoción y defensa de los derechos humanos de la CIDH a que se refieren los artículos 106 de la Carta de la OEA, 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Estatuto de la CIDH.

Las organizaciones firmantes son las siguientes: Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá y Centro Pluricultural para la Democracia (CPD) de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cultural Survival e International Rivers que son organizaciones internacionales.