Cinta costera es una falla urbanística

ENTREVISTA

Un urbanismo lleno de fallas

Un consultor del BID da una mirada al desarrollo urbano del distrito capital. Cuestiona algunos proyectos públicos.

PROYECCIÓN. Arturo Samper diseñó el primer ‘Plan de espacio público’ de Bogotá, Colombia. CORTESÍA/Arturo Samper
Perfil
TRAYECTORIA.

Arquitecto, diseñador y planificador urbano. Arturo Samper obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Adquirió una maestría en planeación urbana y una maestría en arquitectura con especialización en diseño urbano de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia.

Desde 2006 asesora al Gobierno panameño en materia de urbanismo y en el programa nacional de administración de tierras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Arturo Samper, un colombiano naturalizado canadiense, ha asesorado a las autoridades gubernamentales panameñas en materia de urbanismo en los últimos tres años, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde Estados Unidos nos ofrece, por correo electrónico, sus perspectivas de la ciudad de Panamá, en las que considera la cinta costera como una falla urbanística, los buses articulados como una mejor opción de transporte para la ciudad capital –en vez del metro– y aboga por una transformación del Ministerio de Vivienda. La propuesta está en la Asamblea Nacional.

La ciudad de Panamá ha experimentado un desarrollo urbano en los últimos años. Se han dado cambios de zonificación que la ciudadanía ha salido a cuestionar. ¿Qué piensa usted de todo esto?

Según datos de la Junta de Planificación de Panamá, parecería que son muy pocos los cambios de zonificación que esta ha aprobado desde que se constituyó en 2006.

Por lo tanto, muchos de los grandes edificios que hoy se ven, están sobre propiedades que ya tenían un uso del suelo y densidad.

Lo que sí es claro, sin embargo, es que el código de zonificación que se aplica es vetusto. Fue concebido en una época en la que “alta densidad” era lo que reflejaba una edificación de 12 pisos (Vía Argentina, Vía Brasil, por ejemplo) y no las torres de 60 pisos de hoy.

Por esto, lo que la ciudad de Panamá necesita es un nuevo código de zonificación.

Según su experiencia internacional, ¿cuáles son las fallas en cuanto a diseño urbano de la ciudad de Panamá?

Personalmente veo la cinta costera como una falla, pues cuando la mayoría de las ciudades del mundo están desmontando sus autopistas del borde del mar para reclamar el espacio exclusivamente para el peatón, Panamá está instalándola.

También veo las concesiones de playa y/o fondo de mar como una gran falla, pues representan la toma del espacio y patrimonio colectivo para el beneficio directo de unos pocos, es decir, los que pueden pagar.

Me disculparán algunos, pero siempre he visto el hotel Miramar más bien como el “Mírame” o el “Solo yo miro”.

La ciudad de Panamá (Arraiján y San Miguelito incluidas) lo que tiene es un potencial impresionante: tres aeropuertos, las instalaciones de las antiguas bases, el Canal, los parques Metropolitano y Soberanía, los conjuntos históricos, Ancón, los corredores turísticos de Amador, y su geografía. Estos son hitos a partir de los cuales se puede construir o reconstruir una ciudad de impresionante valor urbanístico. El reto, para mí, está en tres frentes: primero, en estructurar operaciones urbanas y rurales de escala (en vez de ir predio a predio), analizando en cada caso la manera en que los promotores asuman muchos más costos sociales y de infraestructura que los que actualmente asumen.

¿Qué cosas se pueden rescatar del urbanismo panameño?

La ciudad de Panamá tiene su propia historia y carácter, y es sobre ellas que se debe construir. Vea los ejemplos de La Exposición, o los barrios de los años 50, ó los conjuntos de la antigua Zona del Canal. Con estos ejemplos basta para tomar referencias y darles continuidad sobre el espacio urbano, el medio ambiente y la arquitectura. Una calle, como la Vía Argentina o la Vía Brasil, es motivo de orgullo en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente, muchos de los proyectos de hoy están orientados al mercado de consumo externo. Por eso, hay que buscar promotores, proyectos y proyectistas que piensen más en el mercado interno.

¿Qué piensa sobre las políticas de ordenamiento territorial de Panamá?

Las políticas de ordenamiento territorial de Panamá están muy bien expresadas en diversas leyes, entre las que se destacan la Ley 21 de 1997, la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998), la Ley de Cuencas (Ley 44 de 2002), la Ley 6 de 2006, la Ley 44 de 2006, y los decretos ejecutivos 283 de 2006, 209 de 2006 y 23 de 2007, entre otros.

En su conjunto, bien podría decirse que estos documentos cubren las principales áreas de actuación de los distintos actores, a través de cuya acción se transforma y por consiguiente se ordena o reordena el territorio.

Por esto, creo que el reto hacia el futuro está más en el marco institucional para el ordenamiento territorial, que en las políticas que definen el tema.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia urbanística para construir una ciudad más justa?

La principal respuesta a esta compleja pregunta está en el artículo 3 de la Ley 6 de 2006, que señala que el desarrollo territorial se hará garantizando la propiedad privada, pero también haciendo cumplir la función social y ecológica de esta. Debe prevalecer del interés general sobre el particular, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Añadiría que entre los asuntos más urgentes está poner en marcha un programa sólido de formación humana en estos temas del desarrollo, con el fin de lograr ordenamiento e institucionalidad para la gestión territorial.

Hay que controlar las operaciones liberales en el mercado de las tierras y en el inmobiliario para permitir un desarrollo más equitativo, y esto solo se logrará con la formación de mentes jóvenes en estos temas.

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.

Los retos del urbanismo

Los retos del urbanismo

RODRIGO MEJÍA-ANDRIÓN
economia@prensa.com

OPINIÓN

Si queremos dar un vuelco al caos panameño tenemos que enfrentar el reto desde otra trinchera, la actual quedó desbordada por el tiempo e inacción. En 1958 surge el Instituto de Vivienda y Urbanismo como entidad autónoma bien estructurada. Su primer director, ingeniero Norberto Navarro, realizó una fecunda labor en vivienda, apoyado en la planificación que manejaba el arquitecto urbanista Jorge R. Riba, actual presidente de Alianza Pro Ciudad. Allí nacieron estupendas fórmulas para construcción de casas por las propias familias, bajo la dirección de capataces y arquitectos.

También se construyeron edificios de tres y cuatro altos, tanto en Curundú, Calidonia y San Miguelito, gran acierto aplaudido por la Sociedad Interamericana de Planificación, por insertar a los más pobres en pleno centro de actividad, cercanos a escuelas y empleos.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo produjo intensos estudios con arquitectos, ingenieros, urbanistas, abogados, sociólogos, antropólogos y geógrafos, creando planes maestros para sectores del distrito y poblaciones del interior, e impulsó la especialización de sus colaboradores con postgrados y maestrías tan necesarias en el país.

La dictadura construye edificios de tantos pisos que requieren ascensores, los que no tardan en fallar por falta de mantenimiento. Incrementa la exagerada construcción de miles de casitas iguales, en barriadas sin límites ni adecuada infraestructura, faltas de escuelas, parques, calles apropiadas, aceras, centros de salud, guarderías, permitiendo a la vez invasiones descontroladas, aupadas por políticos.

No se hacen ciudades, solo suburbios. Con este concepto de “viviendismo”, peligrosísima moda que envilece a las ciudades, nace el Ministerio de Vivienda (Mivi), donde dirigen profesionales de toda clase de disciplinas, aun los más alejados del tema. Una muestra de desatinos fue el ministerio de Sánchez Cárdenas, quien quitó tres mil doscientos metros al único parque de Punta Paitilla y alrededores para pasarlo al Club Unión. Como corolario desmanteló la Dirección de Desarrollo Urbano, excelente grupo de especialistas formado por los ministros anteriores: Raúl E. Figueroa, Guillermo Quijano y Laurencio Guardia, quienes siguieron la dirección correcta.

La gestión consecuente de estos ministros buscó la contratación de un consorcio internacional para preparar el Plan Metropolitano de Desarrollo del Atlántico y el Pacífico, que costó millones y no se ha seguido por ineficacia del Mivi, perdiendo así, además de los cinco millones invertidos, 10 años de estos tiempos de increíble actividad constructora, sin revisión de normas, sin estudios de zonificación por barrios o sectores, dejando que promotores de toda clase y condición presentaran abusivos proyectos, prontamente aprobados por directrices del Ejecutivo de que toda construcción es progreso, falacia que hoy todos pagamos.

Urge volver al amparo de una Autoridad de Planificación, integrando actividades hoy disgregadas en varias entidades no coordinadas, única fórmula de lograr una ciudad competitiva, que vuelva a atraer a extranjeros que hoy se declaran estafados por promotores y autoridades. Nunca antes hubo tanto irrespeto a la urbe, tanto desacierto de las autoridades municipales, tanto reglamento obsoleto que el Mivi no renueva y que causa tanto daño.

Añoro la época del Instituto de Vivienda y Urbanismo y sus normas. Otra ciudad tendríamos si aún existiera. Tengo esperanzas en el nuevo gobierno, que comprende que no podemos seguir montados en un caballo de tres patas. Debemos cambiar de montura, nos urge. Me conforta que Carlos Duboi anunciara la creación de un Vice Ministerio de Planificación en el Mivi. Excelente inicio.

El autor es arquitecto

Ciudad de Panamá un dechado de corrrupción y mal gusto urbanístico

Las autoridades guardan silencio

Caos urbanístico

En la ciudad de Panamá, las violaciones a las normas de construcción son el resultado de los cinco años de Jaime Salas como ingeniero municipal.

INFRACCIÓN. La construcción de un hotel, en calle 49, Bella Vista, se ha tomado el espacio público, lo que impide el libre y seguro tránsito. Esta acción viola un Acuerdo Municipal de 2006, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por el Ingeniero Municipal. LA PRENSA/Carlos Lemos

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

mpalm@prensa.com

La ciudad de Panamá es un caos urbanístico, una mezcla –a partes iguales– de cemento y violaciones a las disposiciones que regulan las obras de construcción y los espacios públicos, en un sector que mueve millones de dólares en inversiones.

Los responsables directos de semejante anarquía son el alcalde Juan Carlos Navarro y el ingeniero municipal Jaime Salas.

El poderío de este último se puede cuantificar en los 18 mil permisos de construcción que –según sus propios cálculos– ha expedido como ingeniero municipal.

“Estamos hablando de 3 mil 500 millones de dólares de inversión que pasaron por esta dirección durante estos cuatro años y medio que tenemos”, señaló.

Este diario tiene semanas de investigar las violaciones en materia de desarrollo urbano, sin respuesta de las autoridades municipales.

Jaime Salas da la cara por una ciudad donde se multiplican las obras de construcción que violan abiertamente las leyes de desarrollo urbanístico

Una ciudad depredada

En la capital no se construye, demuele u ocupa nada si el Ingeniero Municipal no otorga un permiso. He aquí el resultado de cinco años de gestión.

Plaza Independencia. Se permitió la construcción, pese a que su promotor agregó pisos y destruyó fachadas y patios internos, lo que está prohibido por ley.1208208
Puente vehicular Sobre el río Matasnillo. Es un proyecto de los dueños del Multicentro, para conectar el ‘mall’ con una pequeña calle en Marbella.

TEXTO: Mónica Palm
FOTOS: CARLOS LEMOS

panorama@prensa.com

El sitio web de la Alcaldía de Panamá, en el link correspondiente a Ingeniería Municipal, dice que “impulsa y fortalece el ordenamiento del desarrollo urbanístico y la infraestructura municipal, mediante el control y aplicación de las normas de Desarrollo Urbano”.

Pero un vistazo por las calles de la ciudad muestra que, en la práctica, sucede otra cosa. Un recorrido da ejemplo del caos.

Por todas partes hay incumplimiento de las normas de construcción. Violaciones que se repiten una y otra vez. Si se hiciera un balance de nuestra realidad urbana, ¿cómo se habría de valorar el desempeño de Jaime Salas, ingeniero municipal por los últimos cinco años? ¿Cuál sería su legado, a 34 días de dejar la jefatura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales?

Las Torres de Babel

A lo largo de Avenida Balboa y Punta Pacífica se construyen las torres más altas de Latinoamérica. La mayoría tiene un volumen que sobrepasa la línea de construcción o invade el espacio público, incumpliendo todas las disposiciones relacionadas con el libre y seguro tránsito peatonal por las aceras.

El Acuerdo Municipal 148 de 2006 obliga a los constructores a colocar vallas perimetrales, e instalar redes de retención de escombros, mallas de protección y cobertizos sobre las aceras, “para garantizar la libre y segura circulación de los peatones”. Eso no lo saben, por ejemplo, en el proyecto hotel Emperador en Bella Vista, calle 49, donde no se tomaron estas medidas; más bien, lo contrario: en la entrada montaron una puerta cochera que invade por completo el espacio público.

El mismo acuerdo dispone que las aceras solo pueden utilizarse “temporalmente” para cargar y descargar materiales, “guardando un espacio que no ocupe más de 1.20 metro lineal del largo de la acera por el 40% de su ancho”. Y si no hay acera, toda la carga y descarga deberá realizarse dentro de la propiedad. No obstante, en un lugar tan a la vista de las autoridades como Obarrio, este diario constató que una obra que se levanta en la cuadra lateral al Parque Harry Strunz, se ha apropiado de parte de él para colocar ahí sus materiales.

Se supone que todo esto lo debe vigilar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Los infractores se exponen a multas que van de 50 dólares a 100 mil dólares, y no podrán reanudar la obra hasta pagar y rectificar. Las multas las impone el Ingeniero Municipal.

Salas no precisó a cuánto asciende lo recaudado durante su gestión, que empezó el 2 de septiembre de 2004. Aunque le prometió a este diario que haría llegar la cifra Eso nunca sucedió.

Un puente brillante

¿Otro legado de Salas? Una servidumbre privada, encima de un río.

Luna Brillante, S.A., operadora del Multicentro, construye un puente vehicular sobre la desembocadura del río Matasnillo para unir así el boulevard Elhayek (a un costado del centro comercial y del hotel Decápolis) con una pequeña calle sin salida, denominada Barreduela A, en Marbella.

Se trata de la misma empresa que, en el año 2003, intentó construir una rampa de acceso al Multicentro, hasta que un fallo de la Corte Suprema frustró sus planes.

La construcción del puente se da sobre fincas que pertenecen a Luna Brillante. En Barreduela A –originalmente, un conjunto de apenas 11 casas y un edificio de 12 apartamentos– la empresa compró varios dúplex que ya demolió. Ahí levantó los pilotes del puente.

Los vecinos alegan que la calle es muy estrecha, con solo dos paños y una función “muy local”. Esa callecita será ahora una de las entradas al hotel y al mall. No es difícil imaginar el congestionamiento vehicular que se avecina.

Patrimonio en peligro

De los desafíos a las normas de urbanismo no se salva ni el Casco Antiguo, desde 1997 declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el ocaso de su gestión, Ingeniería Municipal ha permitido que se reanuden las obras de un edificio de seis pisos en San Felipe, a pesar de que la norma dice que en ese sector no pueden haber inmuebles de más de cuatro pisos.

Salas, incluso, ignoró la petición de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, que el 3 de abril de 2009 solicitó la paralización “indefinida” de las obras, al comprobar que lo que se hacía en campo no se parecía en nada a lo aprobado en planos.

Pero Salas tiene otro criterio. “Lo que está en el plano es lo que ellos tienen construido”, dijo recientemente en una entrevista.

Le sobran las advertencias de la posible falsificación de esos planos. Incluso, hay una denuncia penal en curso abierta en el Ministerio Público.

Pero como la denuncia la puso una asociación sin fines de lucro (Icomos Panamá) y no Patrimonio Histórico, Salas le quita validez.

“Ellos no son parte del proceso… Han presentado una querella en el Ministerio Público, que no sé de qué es”, dijo con desprecio.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (en formación) advirtió que si persisten las anomalías en el Casco Antiguo, se corre el riesgo de perder la calificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, con su consecuente impacto económico, ya que el barrio representa el segundo destino turístico de Panamá.

Vecina, ¿me pasa el taladro?

Otro resultado de la gestión de Salas: los permisos de ocupación. Entre 2008 y lo que va de 2009, Acodeco recibió 13 quejas de consumidores contra proyectos “que tienen permisos municipales de construcción y no cumplen con los estándares de construcción”.

Diana de la Guardia dice ser una de esas capitalinas que son víctimas de la irresponsabilidad de Jaime Salas.

Como Ingeniero Municipal, otorgó permiso de ocupación –desde julio de 2008– a un condominio frente al mar denominado Ocean One, en Costa del Este. Más de 10 meses después, el edificio no está terminado, según de la Guardia, residente del edificio de 75 apartamentos, aunque solo 28 están ocupados.

De la Guardia convive con electricistas, plomeros y desechos de la construcción, que alegremente almacenan en los lobbys y estacionamientos. No se sabe si algún día terminarán. Lo que más le molesta es que aunque no ha terminado su trabajo, el constructor del edificio ya cobró, puesto que el banco le desembolsó el 100% del monto de la hipoteca.

“Jaime Salas no mide el daño y las consecuencias que tiene el otorgar los permisos de ocupación cuando el apartamento no está listo”, se quejó.

Salas, en su defensa, señaló que el Acuerdo Municipal 116 de 1996 le faculta para otorgar permisos de ocupación “parciales” o cuando el inmueble se encuentre sin terminar “en lo que respecta a acabados”. Lo que no dice es que ese mismo acuerdo, en su artículo 60, excluye los “inmuebles incorporados o por incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal”.

Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio y también residente en un edificio a medias, pero con permiso de ocupación, consideró que Salas está violando la ley “total, abierta y vulgarmente… Inclusive, es confeso”.

“Él solo puede hacer lo que la ley le permite, y el artículo 60 del Acuerdo 116 es claro al respecto”, acotó.

El promotor del P.H. Ocean One es Saúl Faska, de F&F Properties. Esta misma empresa es la responsable del Star Bay, cuya construcción está vinculada al derrumbe de una acera en Avenida Balboa, y del Porto Fino, en San Francisco, donde recientemente explotó un ducto de gas en el interior de un apartamento.

Cuando este diario le preguntó por Salas, Faska dijo tener muy buena opinión de la gestión de éste como Ingeniero Municipal.

¿Por qué el gremio constructor lo protege? ¿Qué responsabilidad le cabe al alcalde Juan Carlos Navarro? ¿Cómo llegó a ser Ingeniero Municipal? ¿Es compatible su cargo, con la operación de un negocio particular, vinculado al sector?

ENFOQUE
Una ciudad rebajada a la mediocridad

Brooke Alfaro*
brooke@cwpanama.net

OPINIÓN. En los últimos cinco años, los funcionarios del Mivi y del Municipio de Panamá han violado normas vigentes en materia de desarrollo urbano, dejando de lado su obligación de planificar para un ordenado crecimiento urbano.

Muchas veces parecieran estar al lado y en complicidad con algunos promotores interesados solo en lucrar. Por ello vemos cómo una bella ciudad es hoy un ejemplo de mediocridad, en la que la calidad de vida empeora a diario. No han implementado un existente Plan Metropolitano de Desarrollo, lo dejaron engavetado o es manipulado a su conveniencia. Por ejemplo, el Plan, aprobado por Decreto Ejecutivo, señala que los manglares y humedales de Tocumen y Juan Díaz son reservas ecológicas y áreas verdes no desarrollables, pero increíble como suena, lo violan para permitir en muchas de estas áreas un desarrollo residencial. Y no fue por falta de terreno. ¿A conveniencia de quién lo hicieron? Ciertamente no de la ciudad.

Perdimos una oportunidad de oro para hacer algo exquisito en Amador. Punta Pacífica parece un gueto de lujo, sin un solo parquecito público. Se nos fue Bella Vista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica. San Francisco se transforma de forma caótica. Se irrespetan las normas del Casco Antiguo y áreas revertidas, etc.

Nunca antes se han visto tantas comunidades organizadas para tratar de proteger los barrios donde viven. De poco ha servido. Las “consultas públicas” son un show, pues al final el Mivi y el Municipio hacen lo que les viene en gana, como vimos recientemente en las áreas revertidas.

Allí todas las comunidades rechazaron múltiples proyectos por ilegales e impopulares, pero los funcionarios, sin ninguna pena, procedieron a cambiar la ley. Por ello ya no tendremos en Panamá una “ciudad jardín” y muchos bosques urbanos serán reemplazados por barriadas de lujo y edificios altos.

Como sociedad civil debemos demandar un ordenamiento territorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreas diseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes tranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros que regalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados; más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias; menos áreas verdes, y más Figalis brotando impunemente por todos lados.

*El autor es arquitecto y pintor

Hotel el emperador En calle 49, Bella Vista. Un ejemplo de apropiación del espacio público. Ingeniería Municipal tiene poder para imponer las sanciones que contempla el Acuerdo 148 de 2006. Midrasha talmud torah Sinagoga en Bella Vista, en fase de ampliación y remodelación. La nueva infraestructura se toma espacio público.
Marina Park En el corregimiento de Bella Vista. El piso superior invade la línea de construcción. Punta Marina Edificio de dos torres de 57 y 47 niveles, en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Empezó su cons- trucción, aunque sus promotores aún no tienen concesión para rellenar fondo de mar.
Burges Es un bar, en la planta baja de un edificio en calle 47, Bella Vista. Ahora mismo se construye una tarima en el área de estacionar. Colinda con una escuela. Desconocido Frente a la cinta costera, a dos cuadras del restaurante Boulevard. Casi ponen el ‘lobby’ en la Avenida Balboa. Sin letreros a la vista que indiquen el nombre del proyecto. Otra violación a las normas.
El llantero Solo se le autorizó acceso para la actividad comercial desde Vía Israel. Cuando la empresa incumplió y abrió un ingreso por las calles 68 y Flor del Espíritu Santo, Salas se negó a cerrar el acceso, como pidió el director de Desarrollo Urbano. Ocean One Edificio en Costa del Este. Tiene permiso de ocupación desde julio de 2008. 10 meses después, no está terminado. En la foto, el estado de una de las cocinas. Se expidió el permiso, aunque la ley exige un acabado al 100%.
PLaza panamá Frente a Niko’s Café, en Vía Israel. La losa superior sobrepasa la línea de construcción. H-Tech En calle 53, urbanización Obarrio. Su volumen superior sobrepasa la línea de construcción.
Bella Mare Torre de apartamentos en Punta Pacífica. La losa de los pisos superiores está fuera de la línea de construcción. Venetian Tower En Punta Pacífica. Al igual que Bella Mare, la losa de estacionamientos se sale de la línea de construcción permitida.

Piden conservación de bosques urbanos

NATURALEZA. También que sea valorizada el agua

Piden conservación de bosques urbanos

Grupos ecologistas que el pasado lunes, conmemoraron el Día Nacional de los Bosques Urbanos, exigen respeto a ley del ambiente.

Melquisedec Quintero
PA-DIGITAL

Flora. Importante fomentar la arborización en la ciudad.

La aparición de peces muertos flotando en ríos, proyectos mineros, así como la proliferación de construcciones en la metrópoli, preocupan a sectores de la sociedad civil, en particular los ambientalistas.

Entre estos grupos están la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en conjunto con el Centro de Estudio de Recursos Bióticos (CEREB), han mancomunado esfuerzos en la lucha por conservar los bosques, paralelo a la valorización del agua como recurso hídrico.

Raiza Banfield, directora del CIAM, solicitó al Gobierno una postura más enérgica en materia de normas que regulen la actividad de los grandes inmobiliarias, las que a su juicio ponen en peligro el ecosistema de las áreas boscosas cercanas a los lugares en construcción.

En este sentido, Susana Serracín, abogada ambientalista cuestionó la labor de la Asociación Nacional del Ambiente (ANAM), debido a que muchos de lo proyectos en el país, no cumplen los requisitos que establece la ley sobre preservación del ambiente.

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El Centro de Incidencia Ambiental, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Universidad de Panamá , Centro de Estudios de Recursos Bióticos, en reciente ceremonia en el Museo Reina Torres de Araúz, otorgaron reconocimiento a un grupo de comunicadores que han apoyado la defensa del agua, de los ríos y de los bosques de Panamá. La periodista Malema De León, de Panamá América, recibió la distinción por sus trabajos periodísticos sobre la protección del agua.

Carmencita Tedman, Cecilia MacIntyre ( en representación de Juan B. Gómez) y Carlos E. Rangel.

Carmencita Tedman, Cecilia MacIntyre ( en representación de Juan B. Gómez) y Carlos E. Rangel.

Malema De León, Raúl Carranza y Raisa Banfield.

Malema De León, Raúl Carranza y Raisa Banfield.

Alejandro Balaguer y Raisa Banfield.

Alejandro Balaguer y Raisa Banfield.

Ariel Rodríguez y Miguel Hidalgo

Ariel Rodríguez y Miguel Hidalgo