Fraude en concesiones en islas

EN APEGO A LAS LEYES.

Sobre el caso de Brisas de Amador

Eduardo Esquivel R.
opinion@prensa.com

He visto con curiosidad el actual “intercambio” de acusaciones y aclaraciones entre la Unidad Administrativa de las áreas Revertidas (antigua ARI) y la empresa llamada Las Brisas de Amador S.A., que construye una especie de resort en la isla.

Una modesta opinión sobre el asunto: lo primero que llama la atención es que esta empresa pretende arreglar sus asuntos legales con anuncios en los periódicos, lo que es insólito en un país donde las normas legales están muy claras.

Está claro que una “concesión” es una cesión por parte del Estado de un área determinada de terreno… por un tiempo determinado. O sea, una especie de alquiler. Es obvio que la persona que concesiona o alquila no es propietaria del terreno ni de las mejoras hechas sobre el. Mal puede, entonces, vender cualquier mejora hecha, ya que legalmente estaría vendiendo algo que no es de su propiedad. Por ejemplo, los corredores norte y sur son concesiones, y en un tiempo determinado revertirán con todas sus mejoras al Estado.

La Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos es la autoridad que maneja este caso, mal puede hacer “interpretaciones” de los contratos. Los contratistas deben acatar a la autoridad y responder por las violaciones hechas a los contratos. La famosa “adenda” aprobada por la extinta ARI no tiene ningún valor por no haber sido refrendada por la Contraloría de la Nación, precisamente porque esta pretende cambiar el sentido de la concesión, que impide la venta de propiedades en las áreas concesionadas, lo que es ilegal.

En cuanto a la altura de los edificios, la guía de diseños para el proyecto establece que la “altura máxima” no debe exceder de seis pisos sobre el nivel de la calle del edificio. Pero los edificios son realmente de ocho pisos. La empresa pretende burlar esta norma con una argucia increíble: hizo una rampa–terraplén por detrás del edificio que llega al tercer piso, y alega que esta es la calle, por lo tanto de allí hay seis pisos. No menciona que hay otra calle que pasa por el nivel real del edificio, o sea el primer piso, y está claro en los planos que el edificio tiene ocho pisos, como bien alega la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos. En este lugar, por el cerro adyacente, se podría construir un edificio de 20 pisos, y hacer una rampa–calle al piso 15, y alegar que este solo tiene cinco pisos sobre la calle.

He visto que cuando a un proyecto de estos se le denuncia o acusa de irregularidades, morosidad o violaciones a las normas, su defensa consiste en amenazar con que se atenta contra la “seguridad jurídica” y “ahuyentar las inversiones”, etc. etc. lo que parece dejar temblando a las autoridades.

El autor es ingeniero

A la ciudad de Panamá le están destruyendo y vendiendo sus islas

CONCESIONES TURÍSTICAS. CASOS DE Las BRISAS DE AMADOR Y NAOS HARBOUR ISLAND.

Investigan nuevas anomalías en Amador

Empresas con concesiones para proyectos turísticos promueven la venta de apartamentos.

La Unidad de Bienes Revertidos señala que en esas concesiones no pueden vender apartamentos.

LA PRENSA/David Mesa
REACCIÓN. La empresa Las Brisas de Amador dice que ellos pueden vender las mejoras que hagan sobre los terrenos.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Los problemas en la calzada de Amador ya no solo se refieren a morosidad, rellenos fuera de lugar y demandas retenidas en la Corte Suprema.

Tras denuncias presentadas, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación por la venta de apartamentos dentro de concesiones dadas para proyectos turísticos. La entidad ha pedido por escrito a sus clientes, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, que expliquen los negocios que están haciendo en esas concesiones, que tienen períodos fijos.

La investigación tiene como evidencia páginas en internet de firmas de bienes raíces que promocionan los apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y 500 mil dólares.

Julio Ross, jefe de la Unidad de Bienes Revertidos, dijo que el negocio de venta de apartamentos en estos lugares está prohibido. Los representantes de Las Brisas de Amador afirman que ellos pueden vender todas las mejoras que hagan sobre los terrenos del Estado. Sin embargo, estas concesiones no están refrendadas por el Estado.

ÁREAS REVERTIDAS. LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES LLEGAN A SUPERAR LOS 500 MIL DÓLARES.

Otro entuerto en Amador

Sitios en internet promueven la venta de apartamentos en la calzada de Amador, algo prohibido. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación y advierte que podría haber sanciones.

LA PRENSA/Carlos Lemos
EN DESARROLLO. Vista aérea de las islas Perico y Naos donde se desarrollan proyectos turísticos que contemplan un espacio para residencias privadas, según publicaciones en internet y en otros medios.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

Cuando el Gobierno decidió desarrollar la calzada de Amador, dejó claro que solo podría haber proyectos turísticos en estas áreas bajo la figura de concesiones.

Pero eso parece no estar cumpliéndose, según muestran publicaciones en varios sitios de internet donde se ofertan apartamentos a precios que oscilan entre 200 mil y casi 500 mil dólares, dentro de las concesiones para hoteles, marinas y restaurantes.

A raíz de ello, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos empezó una investigación de los proyectos turísticos Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island.

Esta vez no se trata de rellenos fuera de los límites o deuda morosa, sino de estar ejerciendo negocios que están fuera de lo que permiten las concesiones que tienen estas empresas con el Estado.

La institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas le ha solicitado información a estas dos empresas sobre la venta de apartamentos y propiedades dentro de las concesiones que tienen en la calzada de Amador.

Julio Ross, administrador de esta institución, indicó que la concesión no permite la venta de apartamentos, sino el desarrollo de proyectos turísticos como hoteles y restaurantes.

El quipo técnico de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos adelantó que estas ventas de apartamentos no se promocionan en las páginas web de los concesionarios, sino en sitios de bienes raíces independientes.

Algunas de las personas que han comprado en estos proyectos, pidiendo reserva de sus identidades, explicaron que las transacciones se hacen bajo la figura de “contrato de inversión”, disfrazando así la compra-venta de un apartamento.

AVANCES

Los proyectos de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island ya tienen sus construcciones adelantadas.

Los apartamentos o condominios son ofrecidos desde 299 mil 740 dólares hasta 375 mil dólares en Naos Harbour Island.

Mientras que en Las Brisas de Amador, las propiedades o apartamentos tienen precios más elevados: desde 473 mil dólares.

El ex presidente de la junta directiva de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Gustavo García de Paredes señaló que la prohibición de la venta de apartamentos en la calzada de Amador buscaba evitar que se “paitillizara” el lugar.

Por eso el plan de desarrollo de la calzada de Amador era estrictamente turístico, recalcó García de Paredes.

Explicó que la única forma de que ahora se estén vendiendo apartamentos es que se haya cambiado la zonificación de los terrenos.

SIN REFRENDO

Las promociones de apartamentos –por parte de estas empresas– tampoco advierten que sus contratos con el Estado no están refrendados.

Abraham Hasky, presidente de Las Brisas de Amador, ha señalado que la falta del refrendo de su contrato no le ha permitido conseguir los inversionistas para su proyecto.

“El esfuerzo que hacemos para embellecer el país nos está costando el alma. En lugar de ayudarnos, todo es una demora”, ha manifestado Hasky.

Ambos proyectos, Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island, también han sobrepasado la altura permitida.

El máximo es seis pisos, y ambos proyectos tienen entre ocho y diez pisos.

Deuda morosa se mantiene

Tanto Las Brisas de Amador como Naos Harbour Island mantienen saldos morosos con el Estado, según un informe del MEF.

En el caso de Las Brisas de Amador, el canon mensual es de 44 mil 66 dólares, que no incluye la concesión de la marina por la cual deben pagar dos centésimos por metro cuadrado. A pesar de ello, la morosidad reportada por el MEF es de un millón 681 mil 142 dólares.

Mientras, en Naos Harbour Island el canon mensual fijado es de 30 mil 176 dólares y la morosidad acumulada hasta la fecha es de un millón 190 mil 75 dólares. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos indicó que ha hecho los acercamientos para poner las cuentas al día, y que en algunos casos se han hecho depósitos importantes.

ENFOQUE
Rellenos que son un crimen urbanístico

Marcelo Narbona
panorama@prensa.com

OPINIÓN. Naos, Perico y Flamenco son tres islas unidas por una calzada de relleno de piedras que contiene una parte de la historia de Panamá. Pero además cumplen con una razón técnica para el funcionamiento seguro del Canal, del cual pocas personas recuerdan.

Hoy, esta área se ha convertido en el epicentro de uno de los “crímenes urbanísticos” de la ciudad capital, borrando parte de la historia del país sin que nadie haga algo. Los rellenos fuera de toda escala en la calzada de Amador están dando paso a que las islas se conviertan en una península, y ningún gobierno hasta ahora le ha puesto final a este desorden. Se sigue sin ponerle atención al tema urbano.

Esto no le importa a nadie, solo a algunas cuantas personas que no tienen peso en el gobierno. Todo se empezaría a resolver si se creara una entidad independiente que evalúe todos los temas urbanos. Pero no hay un control suficientemente serio, y en el caso de los rellenos en la calzada de Amador no pasa nada: sigue la fiesta y pronto nos quedaremos sin las islas Naos, Perico y Flamenco. El autor es arquitecto

Siguen construyendo colosos espantosos en la ciudad de Panamá

CONTRASTES LAMENTABLES.

¡No a la piña!

Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com

ANTIBES, Francia. –Cada viaje a Europa es una lección –para mí, cada vez más dolorosa– de cómo hay culturas que valoran y protegen su historia en todas sus manifestaciones, incluyendo la arquitectónica y la paisajista.

Para ejemplo, un botón: El fin de semana pasado, fuimos a una boda en los Alpes franceses en que la recepción se celebró en un espléndido edificio de piedra del siglo 11, al borde del lago más grande de Francia. Los novios llegaron en bote a la recepción, que aprovechó al máximo el bello paisaje; los invitados, champaña en mano, paseaban en bote por el lago durante la hora del coctel.

La ciudad de Panamá en la década de 1970, nótese que la Baha estaba libre de espantosos rascacielos que hoy tapan la vista de la Baha.  Qué estupidez el dejar que destruyeran la Baha de Panamá!

La ciudad de Panamá en la década de 1970, nótese que la Bahía estaba libre de espantosos rascacielos que hoy tapan la vista del mar de todos. Qué estupidez el dejar que destruyeran la Bahía de Panamá! Foto: Pirineus en http://www.skyscrapercity.com.

En Panamá, por contraste, una de mis angustias es que vivimos “a espaldas del mar” (frase de mi colega, Lina Vega, si mal no recuerdo). A mis 60 años, jamás en Panamá he asistido a una boda al borde del mar que de veras celebre esa privilegiada vista. A diferencia de miles de otras ciudades con bahía, Panamá es la única que conozco que no hace gala de gozar su mar, con una abundancia de restaurantes flotantes o sobre el agua, taxis acuáticos, y mini cruceros de todo tipo. Solo hay que ver cómo convertimos nuestra bahía en cloaca para comprender lo poco que nos importa con nuestro mar.

Aquí en el sur de Francia, por contraste, cada pueblito es un homenaje a la belleza del mar Mediterráneo y al legado histórico del lugar. Estoy escribiendo esta columna en una casa que no me ha confesado su edad, pero yo le calculo unos 300 años, como mínimo. Todo en el pueblo mira hacia el mar, sin un solo rascacielos o balcón cerrado en vidrio negro. Habrá cientos de miles de turistas y extranjeros deseosos de comprar una vivienda aquí, pero a nadie se le ha ocurrido derribar todas las casitas viejas del pueblo para llenarlo de torres de alta densidad. Esas torres existen en la Costa del Sol, en España, y a los franceses les parece deplorable.

Qué triste el contraste con Panamá. El Casco Viejo parece estar a salvo, pero Bella Vista está a punto de desaparecer. Como escribí hace dos domingos, no solamente han destruido el 90% de Bella Vista al reemplazar bellas residencias con espantosas torres, sino que ahora pretenden utilizar la “valorización” de la cinta costera para sacar a la fuerza a los pocos que insisten en quedarse en sus casas. (Mi familia, admito, está en esa situación). Esta es una medida anti ciudadana y sin transparencia con la que pretenden poner una pistola a la cabeza de los propietarios en Bella Vista que no quieren vender. No es suficiente que el 90% del barrio sea una asfixiante jungla de cemento; quieren que sea el 100%.

Después de esa columna, el correo que recibí de los lectores fue casi unánime en respaldo a mi punto de vista, y los lectores me plantearon dos tesis como posible explicación de lo que está motivando al Gobierno (además de simple avaricia y sospechas de corrupción). Una tesis es que el Ministerio de Obras Públicas, dirigido, como sabemos, por personas de escasa altura, ha decidido que “se ve feo” tener a residencias unifamiliares al lado de los rascacielos. La pobreza de ese criterio estético me deja sin aliento.

Pero la otra tesis que me mencionaron los lectores es aún más preocupante, porque lo que se me planteó es que el gobierno de Martin Torrijos le ha puesto la puntería a Bella Vista como castigo por haber sido “cuna de civilistas”. ¿Qué les parece eso? Si así son las cosas, estoy tentada a proponer en mi casa que pongamos un bandera de “¡No a la piña!” en el balcón. Contra los batalloneros, más vale morir peleando (let’s go down fighting, como dicen los norteamericanos).

Por otro lado, un lector me escribió que la valorización para la cinta costera –aunque ciertamente excesiva– está perfectamente dentro de lo autorizado por ley y no debiera sorprenderme porque el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, había declarado desde el año pasado que así se pagaría “una parte” de la obra. “Búsquelo en La Prensa”, señaló el lector. Bueno, lo busqué y no lo encontré, pero es posible que mi búsqueda no haya sido completa porque acá tengo una conexión lenta. Si alguien lo encuentra, agradeceré que me avisen, aunque me reservo el derecho de impugnar la honestidad de esas declaraciones cuando veamos exactamente qué se le dijo a la ciudadanía.

La autora es corresponsal de ‘La Prensa’

Cinta Costera más gris que verde!

Las siguientes imágenes corresponden a bosquejos de la Cinta Costera enviadas a este medio para su uso como fuente gráfica de información sobre este proyecto.

Lo interesante en estas fotos es que el verde parece más imaginario que real, tal y como se planteó originalmente el proyecto.

Se ve que serán áreas verdes con fuerte contaminación por ruido y emisiones de los miles de autos que utilizarán dichas vías.  Igualmente se nota que puede ser un lugar inseguro para descansar plácidamente sobre las pocas áreas verdes que resulten finalmente.

Se ve como un simple proyecto vial con la servidumbre verde de complemento.

Ojalá este proyecto no resulte siendo un fiasco más para los panameños y un negociado de los promotores del proyecto, incluyendo el excelentísimo Señor Presidente, que tiene fuertes y sospechosos vínculos con los constructores y contratistas de esta obra que paga el pueblo panameño.

Amanecerá y veremos.

Burica Press

Más información oficial de este proyecto en: www.cintacostera.com.pa

Solicitan justicia para proteger bosques urbanos

FALLOS DE LA CORTE.

Queremos justicia

Rafael Spalding
opinión@prensa.com

¿Qué pasa cuando una mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se equivoca? En abril de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Justicia falló que la Ley 12 de 2007 es constitucional. Las comunidades lo ven de otra forma.

Una demanda de inconstitucionalidad había sido presentada contra la Ley 12 por las modificaciones a la Ley 21 de 1997. Antes de dar su fallo, los magistrados recibieron la opinión de la Procuraduría General de la Nación y la opinión de un opositor. Es un derecho ciudadano de participar en demandas sobre temas de constitucionalidad.

La Procuradora General de la Nación encontró que la Ley 12 viola el artículo 46 de la Constitución. El opositor opinó que la Ley 12 no es inconstitucional. Alegó que los cambios urbanísticos realizados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) entre 1997 y 2007 fueron de forma y no de fondo; consecuentemente, como no hubo afectados, no hubo violación.

La mayoría de los magistrados coincidió con el opositor. Ellos concluyeron que ningún acto administrativo realizado por el Mivi entre 1997 y 2007 había violado los derechos a terceros. Los cambios a la Ley 21, introducidos por la Ley 12, son hacia el futuro, a partir de su promulgación: no se había violado ni el artículo 46 ni ningún otro artículo de la Constitución.

Los magistrados se equivocaron. Para su lectura, presentamos extractos pertinentes de las leyes en cuestión. Gaceta Oficial No. 23323, Ley 21, artículo 13: “…el Ministerio de Vivienda… podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y en el plan general, previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa, mediante ley que al efecto se dicte”.

Gaceta Oficial No. 25731, Ley 12, Artículo 2; donde modifica la Ley 21, artículo 13: “Parágrafo: Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo [el artículo 13 de la Ley 21] las resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda en materia de desarrollo urbano para los sectores de la Región Interoceánica, en el periodo comprendido desde el mes de julio de 1997 hasta la fecha de promulgación de la ley que adiciona este parágrafo”. Lo parentético es nuestro. Está claro que la Ley 12 exime al Mivi de cumplir con el artículo 13 de la Ley 21 desde julio de 1997, hasta febrero de 2007, cuando la Ley 12 fue promulgada.

No hay ninguna otra modificación a la Ley 21. Por ende, el día después de la promulgación de la Ley 12, la Ley 21 guardaría su condición original de requerir la consulta del Mivi a la Asamblea Nacional para variar las categorías de ordenamiento territorial. Contrario a lo que alegan los magistrados, la Ley 12 modifica a la Ley 21 retroactivamente hacia el pasado y no hacia el futuro, y viola el artículo 46 de la Constitución, tal como opinó la Procuradora General de la Nación.

Además, contrario a lo dicho por el opositor y los magistrados, las comunidades de las áreas revertidas han demostrado que reiteradamente el Mivi ha violado el artículo 13 durante el periodo entre julio de 1997 y febrero de 2007, afectando su seguridad jurídica.

Solicitamos, respetuosamente, que los magistrados rectifiquen esta injusticia.

El autor es ingeniero mecánico