Grupos Ngobes desafían a Minera introducida en su Comarca

Grupos Ngobes desafían a Minera introducida en su Comarca

Burica Press – Minería.

En un comunicado los Grupos Ngöbe Solidarios contra la Mina Cerro Chorcha han dado a conocer al país y a los medios de comunicación que tienen información importante sobre el ilegal proyecto minero Cerro Chorcha, Comarca Ngöbe-Bugle. Indican que la empresa Dominion Minerals, Corp. anunció, a través de un comunicado público el día 2 de junio 2009, que toda su maquinaria está en el lugar para realizar 26 nuevas perforaciones. Ante este hecho los grupos ngöbe rechazan rotundamente el proyecto minero Cerro Chorcha y las acciones de Dominion Minerals, Corp. y el Estado que según ellos violan los derechos como pueblos indígenas y su patrimonio comarcal.

Por esta razón varias delegaciones de los grupos Ngöbe solidarios estarán en el sitio ilegal de exploración minera en Cerro Chorcha, corregimiento de Guariviara, Distrito de Kankintú, Comarca Ngöbe-Bugle el día 5 de junio de 2009. Las delegaciones irán al campamento minero procedentes de varias comunidades de la Comarca, a ambos lados de la Corrillera central. Muchos caminarán dos o tres para estar presentes en este acto solidario contra la Mina Cerro Chorcha.

Fuente: http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro_Drill/

Estas exploraciones mineras se realizan en plena Comarca Ngobe y áreas protegidas de Panamá. Pese a las denuncias la empres sigue actuando al margen de la ley con la anuencia oficial del gobierno panameno. Fuente: http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro_Drill/

La presencia Ngöbe en la zona es totalmente pacífica y en el sitio de destrucción minera exigirán la salida inmediata de las empresa Dominion Minerals (EEUU) de la Comarca Ngöbe-Bugle y el cese de los abusos pueblo Ngöbe. También pedirán la revocatoria inmediata de la Concesión de Explotación Metálica número 6 del 2006 del Proyecto Minero de Cerro Chorcha que fue firmado la Ministra del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Gisela Álvarez de Porras.

La Concesión actual para este proyecto minero es 24,242 hectáreas dentro de la Comarca Ngöbe-Bugle y las áreas protegidas Palo Seco y la Reserva Forestal de Fortuna. La empresa ha solicitado una concesión más grande que está en trámites con el MICI. También la empresa recibió una concesión de exploración minera del Ministerio de Comercio e Industria en 2006, firmado por Manuel José Paredes que luego de dos meses de haber dejado el MICI como ministro apareció como alto ejecutivo de Dominion Minerals. Él aprobó la concesión sin Estudio de Impacto Ambiental y sin evaluación ambiental estrátegica de la política minera y su impacto real en el ambiente y la sociedad panamena.

De acuerdo a los grupos ngobes el “permiso” de exploración en la comarca es ilegal. El articulo 48 de la ley 10 que creó la Comarca dice, “en estos casos (de exploración o explotación), el Estado y el concesionario desarrollarán un programa de divulgación, de forma que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente sus puntos de vista sobre dichos proyectos, los cuales deben garantizar los derechos de la población en beneficio y cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y protección ecológica, procurando su participación.” La autoridad máxima de la Comarca Ngöbe-Bugle es el Congreso General que siempre ha rechazado la exploración minera dentro de la Comarca.

Cabe destacar además que la Dominion Minerals es una empresa de EEUU. que compró el 100% de las acciones del proyecto Cerro Chorcha en abril 2009. La empresa facilitó 11 sitios de exploración en el 2007 en el área de Guariviara, Comarca Ngöbe-Bugle, sin Estudio de Impacto Ambiental.

En Diciembre de 2008, la empresa presentó un EIA para 26 nuevos sitios de exploración dentro de la concesión ilegal que ostentan. El día 9 de marzo de 2009 ANAM rechazó el Estudio de Impacto Ambiental para 26 nuevos sitios de exploración en el Proyecto Cerro Chorcha y proclamó ilegal los 11 sitios que la empresa hizo en el 2007. La empresa ha presentado un nuevo un EIA con ajustes el 15 de marzo 2009 y ya la empresa Dominion Minerals, Corp. a través del oficial ejecutivo Pini Althaus, ha comunicado el día 2 de junio 2009 las intenciones de la empresa de reiniciar con las nuevas perforaciones en el área en cuestión.

Los ngöbes de la Comarca han sido enfáticos en decir que irán de manera pacífica y rechazan todo acto de violencia.

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Burica Press- Pueblos Indígenas.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya ha realizado las observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá) en un documento de la ONU fechado el 12 de mayo de 2009.

Este documento presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (Panamá). Estas observaciones son el fruto del intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Panamá y otras partes interesadas, así como de la visita in situ del Relator Especial llevada a cabo los días 27 a 30 de enero de 2009.

Los ngobes son los duenos originales de estas tierras en la Reserva de la Biósfera La Amistad, donde se pretende desarrollar un conjunto de grandes hidroeléctricas de la Empresa AES y otras companias

Los ngobes son los duenos originales de estas tierras en la Reserva de la Biósfera La Amistad, donde se pretende desarrollar un conjunto de grandes hidroeléctricas de la Empresa AES y otras companias. Foto. A. Rodríguez/Cortesía de ACD

Durante su visita el Relator Especial pudo ampliar su conocimiento de la situación y mantener un diálogo constructivo con varios ministerios y agencias del Gobierno; representantes de Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico; la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola; organismos de Naciones Unidas con presencia en Panamá y otros actores. El relator en su informe cree que con respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, estima, que es necesaria una reevaluación del proyecto hidroeléctrico que afecta al pueblo ngobe y solicita la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación. Recomienda abrir un nuevo proceso de diálogo entre las comunidades afectadas por el proyecto, el Estado y la empresa AES Changuinola. El objetivo del dialogo debería ser llegar a un consenso acerca de las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir adelante, en condiciones de respeto al derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas tal y como se reconocen en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en otros instrumentos internacionales relevantes.

El informe reconoce que Estado de Panamá ha sido uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en muchos aspectos son favorables a estos pueblos, sin embargo desnuda que ha habido violación al consentimiento libre, previo e informado de los indígenas afectados por proyectos de desarrollo, en este caso el primero de varios proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola en el extremo noroccidental de Panamá.

El 8 de abril de 2008, el anterior Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda enviaron un carta al Gobierno de Panamá expresando su preocupación sobre supuestos abusos sufridos por los miembros de la comunidad Charco la Pava, del pueblo indígena ngöbe, en el Distrito de Changuinola (Provincia Bocas del Toro), en relación con los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75. De acuerdo a la información recibida por los Relatores, se habían comenzado las primeras detonaciones para el desmonte de los terrenos, así como la entrada del personal de la empresa de construcción en las tierras de la comunidad Charco la Pava. Dichos trabajos generaron protestas por parte de los miembros de la comunidad, protestas que, según las alegaciones recibías por los Relatores, habrían sido reprimidas por efectivos de la Policía Nacional. Asimismo, en las alegaciones se denunciaba el supuesto uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil desarmada, así como la detención de un número de personas.

El Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 prevé la construcción de una represa y la inundación de aproximadamente 2500 hectáreas a lo largo del río Changuinola, en el distrito homónimo, en la Provincia Bocas de Toro. La comunidad Charco la Pava, que según el Gobierno cuenta con alrededor de 275 habitantes, es una de las varias comunidades indígenas ngöbe situadas en las orillas o cercanías del Río Changuinola que se encuentran afectadas por el proyecto, ubicándose a menos de 300 metros de la futura represa. De acuerdo a los planes aprobados por el Gobierno, su área de ubicación, junto con las de cuatro otras comunidades ngöbe—Valle del Rey, Guayabal, Valle de Riscó y Changuinola Arriba—será inundado para el año 2010, aproximadamente, y las obras de construcción ya rodean de hecho a la comunidad Charco la Pava. Otras comunidades cercanas serán afectadas indirectamente por el proyecto—incluyendo Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza—en la medida que el medioambiente en sus alrededores experimentarán transformaciones significativas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.”
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Destaca el documento que las condiciones en que se ha elaborado y promovido el proyecto hidroeléctrico presentan una serie de implicaciones respecto a los derechos de las comunidades afectadas a la consulta y consentimiento; a recibir una indemnización; a la adopción de medidas de mitigación; a la participación en beneficios; a la tierra y a los recursos naturales; y a su seguridad física.

En la evaluación de la presente situación, se destaca que ni Charco la Pava ni las otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 fueron consultadas con el objetivo de alcanzar su consentimiento previo en relación con las decisiones de crear el BPPS o de realizar el proyecto hidroeléctrico, decisiones ambas que impactan significativamente la vida de estas comunidades. El Estado y la empresa enfatizan que sí se han llevado consultas con los miembros de las comunidades en las áreas a ser inundadas acerca de las condiciones de su reasentamiento, de acuerdo a lo estipulado en la
resolución administrativa mencionada. Pero ambos confirman que las comunidades no fueron consultadas directamente acerca de si, en primer lugar, debería o no otorgarse la concesión para el proyecto hidroeléctrico y llevarse a cabo el traslado de sus habitantes. Y aún dentro de su alcance limitado, las consultas que se han llevado efectivamente a cabo pudieron no ser adecuadas.

El Gobierno de Panamá resalta que toda el área del proyecto y de las comunidades afectadas está fuera de una comarca en que se reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Sin embargo, el hecho de que el área esté fuera de una comarca no justifica la falta de aplicación cabal del derecho a la consulta libre, previa e informada. Independientemente del carácter jurídico que en el ámbito del derecho interno puedan tener las tierras y recursos naturales en cuestión, cuando un proyecto tiene un impacto significativo sobre la vida o existencia de comunidades indígenas, como es el caso de la inundación de los lugares donde viven y llevan a cabo actividades para su subsistencia y del reasentamiento de sus miembros, la consulta deberá realizarse con el fin de conducir al consentimiento de las comunidades afectadas antes de la aprobación del proyecto, tal como lo señalan la Declaración de la ONU en sus artículos 10 y 19, y el Convenio 169 de la OIT.

Dado que en relación con la aprobación del Proyecto Chan 75, el Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas con la comunidad Charco la Pava y el resto de las comunidades afectadas, con miras a lograr su consentimiento libre, previo e informado, deberían tomarse medidas correctivas para regularizar la situación. Si hubieran actualmente pruebas de una aceptación generalizada del proyecto por parte de los miembros de las comunidades, esto podría indicar que la falta de consulta previa adecuada sobre el proyecto habría sido subsanada. Sin embargo, el Relator Especial se halla convencido de que no existe un nivel de aceptación del proyecto entre las comunidades indígenas afectadas suficiente para subsanar la falta de una consulta previa adecuada. Mas bien, a la luz de las múltiples comunicaciones emanadas de representantes de la comunidad Charco la Pava, los actos de protestas de miembros de esta comunidad que llevaron a enfrentamientos con la policía y de lo que pudo apreciar personalmente en su visita in situ, el Relator Especial afirma su apreciación sobre un nivel de descontento significativo con el progreso de las obras del proyecto.

Una deficiencia adicional que parece haberse dado en el proceso de negociación que se ha llevado a cabo es la ausencia de una discusión especifica acerca de la participación de las comunidades indígenas en los beneficios a ser generados por el proyecto hidroeléctrico. A pesar del reconocimiento del derecho de las comunidades afectadas a la indemnización y a medidas de mitigación, de lo que el Relator Especial ha podido apreciar durante su visita in situ y de la información recibida, ni el Estado ni la empresa AES-Changuinola parecen haber reconocido o hecho efectivo el derecho de estas comunidades a participar en los beneficios que se derivarán del proyecto, como prescriben las normas internacionales.

En uno de sus considerandos el Relator indica que la falta de su seguridad sobre la tenencia de tierra y recursos naturales contribuye a la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el proyecto. Existen indicios de la existencia de patrones de uso y ocupación tradicional de la tierra que generan en las comunidades derechos de propiedad sobre los lugares donde actualmente se encuentran asentadas y en las áreas circundantes. Sin embargo, el Estado no ha reconocido o garantizado estos derechos, y el proyecto aparentemente fue concebido y ha avanzado sin considerar la posibilidad de que éstos pudieran existir.

Su última recomendación indica que con la finalidad de crear un clima propicio para que se lleve a cabo un nuevo proceso de diálogo entre las partes, el Relator Especial recomienda que el Estado evalué la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo. El Relator Especial comprende que la suspensión de las obras de construcción puede implicar una pérdida significativa de recursos económicos. Sin embargo, dicha suspensión ayudaría a establecer las condiciones para el inicio de un diálogo de buena fe dentro del marco planteado en estas recomendaciones.

BAJE EL DOCUMENTO ORIGINAL COMPLETO (PDF).

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Exploración minera en cerro Chorcha no tiene EIA

Exploración en cerro Chorcha no tiene EIA

Manuel Paredes LA PRENSA/Archivo

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
mpalm@prensa.com

Cuprum Resources Corporation realiza exploraciones mineras en cerro Chorcha, sin contar con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado.

Algunas de estas exploraciones afectan dos áreas protegidas y de gran biodiversidad: el Bosque Protector de Palo Seco y la reserva forestal de Fortuna.

La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) indicó ayer que el EIA categoría I –el más laxo de todos, puesto que no exige consulta ciudadana– que Cuprum presentó en diciembre de 2008, está pendiente de aprobación.

Cuprum recién presentó el EIA, a pesar de que su concesión minera está vigente desde el 4 de abril de 2006. La concesión para explorar 24.2 hectáreas es por cuatro años, renovables.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo denunció ante la Anam que los trabajos de exploración los realiza la empresa Dominion Minerals Corporation, quien tiene un “acuerdo” privado con Cuprum para adquirir hasta el 75% del proyecto en cerro Chorcha.

El ejecutivo principal (CEO) de Dominion es Manuel José Paredes, quien, como viceministro de Comercio, entregó la concesión a Cuprum en 2006.

Trabajos en cerro Chorcha son ilegales

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo ha requerido a la Autoridad Nacional del Ambiente, que dirige la ministra Ligia Castro, que investigue las “exploraciones ilegales” que desarrollan Dominion Minerals y Cuprum Resources Corporation –una subsidiaria de Bellahaven Copper & Gold–, en la provincia de Chiriquí, y la comarca Ngöbe Buglé, específicamente, en el área de cerro Chorcha.

Estos trabajos de exploración mineral se dan en un área en la que confluyen el Bosque Protector de Palo Seco y la Reserva Forestal de Fortuna, detalló Ariel Rodríguez, secretario de asuntos ambientales de la Alianza.

“¿Cómo es posible que se realicen concesiones mineras en áreas prístinas, protegidas y frágiles en cerro Chorcha, sin haber realizado una evaluación estratégica de la política minera en Panamá, como lo manda la legislación ambiental vigente”, se preguntó Rodríguez.

En diciembre, Cuprum presentó un estudio de impacto ambiental, que Anam todavía no ha aprobado.

Hace un mes, Rodríguez solicitó a Castro que multara a los responsables de estos trabajos, que suspendiera cualquier actividad en el área y que solicitara una investigación por delitos ambientales al Ministerio Público. El biólogo no ha obtenido respuesta alguna por parte de Castro. Este diario tampoco pudo hablar con la ministra, pese a que se le dejaron dos mensajes.

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ADEMÁS:  Revise los planes mineros en Cerro Chorcha

http://www.bellhavencg.com/inc/projects/cerro-chorcha/94-maps-cerro-chorcha.html
http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro/

Inicia división Ngobe sobre proyectos en la Comarca

ANTAGONISMO. Cuestionan legitimidad de líderes Ngöbe.

Los proyectos de la discordia

Indígenas se oponen a una serie de proyectos como medida de protección del medio ambiente.Otro grupo argumenta que el desarrollo de obras traerá beneficios económicos para la región.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Ney Castillo
Protestas. El movimiento contra los proyectos en la comarca lleva años luchando en las calles.1047271

Ney Abdiel Castillo
ÑURÜM, Ngöbe Buglé.

En la comarca Ngöbe Buglé se escuchan criterios encontrados sobre los proyectos hidroeléctricos, los mineros y turísticos. Están los que se oponen, pero también hay quienes están a favor.

Los que están en contra mantienen un firme movimiento que plantea el rechazo por el temor a la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de las poblaciones indígenas, mientras que los a favor conforman un naciente grupo que expone como justificación a los proyectos las oportunidades económicas.

Este enfrentamiento llega hasta las autoridades comarcales que han tomado caminos distintos: El cacique general, Máximo Saldaña, está a favor de los proyecto siempre que se cumpla con ciertas condiciones sobre el cuidado del medio ambiente, mientras que el presidente del Congreso General, Pedro Rodríguez, está en contra, de plano.

El enfrentamiento llega a poner en duda la legitimidad de los líderes. Saldaña argumenta que el congreso general del 11 de marzo de 2006, que eligió a Rodríguez, fue anulado.

Rodríguez a su vez plantea que en ese mismo congreso se emitió la resolución número uno a través de la que se rechaza toda actividad minera e hidroeléctrica en la comarca y se desconoce la autoridad del cacique Saldaña.

Pero estas posturas encontradas generan polémica más allá de las simples discusiones, pues se han registrado retenciones, quema de vehículos, empujones y hasta persecuciones.

También hay un incontable número de protestas que se han escenificado en las calles por ambos grupos; muchos de estas culminaron en enfrenamientos con las autoridades.

Bernardo Jiménez, comisionado de derechos humanos del Congreso General Ngöbe Buglé, comentó que ninguno de los proyectos tiene la aprobación de las autoridades de la comarca.

Pedro Rodríguez estimó que la única forma en que se puedan desarrollar proyectos hidroeléctricos o mineros es que la población de la comarca los apruebe a través de un referéndum, y que sea esta consulta pública la que determine el futuro de estas inversiones.

Residentes de La Trinidad piden cese de la violencia

Fermín Franco, morador de La Trinidad, quien está a favor de los proyectos, entregó un comunicado a la Gobernación de Veraguas, a través del cual pide que se suspendan todos los actos de violencia y que reine la paz y tranquilidad.

Apuntó que se está buscando que las opiniones se puedan expresar libremente sin que alguien trate de imponer sus criterios. Dijo que igual continuarán viviendo en las mismas comunidades, por lo que hay que buscar las buenas convivencias, sin necesidad de tomar acciones de violencia.

Explicó que se le está pidiendo a las autoridades que atiendan los llamados, para evitar derramamientos de sangre innecesarios, que más que ayudar, perjudicarán la vida en la comarca.

Iglesia se solidariza en firme con luchas indígenas y campesinas

Carta Abierta del Equipo Misionero Católico de Soloy, Comarca Ngöbe-Bugle

La Iglesia agradece a todos los que se ocupen de la defensa de la vida y del medio ambiente. Hay que darle particular importancia a la más grave destrucción en curso de la ecología humana… Valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano.”

Documento de Aparecida, #472 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribe, Mayo 2007

Muchos panameños han escuchado lo que pasó el día 8 de mayo 2008 en el cruce de Horconcitos y Boca del Monte, en la vía interamericana. Queremos compartir nuestra reflexión sobre la manifestación de este día y lo que en verdad pasó.

Nuestros hermanos indígenas y campesinos, con mucho esfuerzo, bajaron con su familia al cruce para manifestar su oposición a los proyectos hidroeléctricos y mineros que quieren hacer en la zona. Nosotros como equipo misionero de la iglesia católica estuvimos con ellos.

Ellos bajaron pacíficamente y sin violencia a manifestarse y pedir la presencia del gobernador Señor Virgilio Vergara para presentarle una resolución por escrito contra dichos proyectos.

Mientras estuvimos esperando su presencia, con la calle cerrada, se presentó el vice-gobernador Señor Luís Denis Arce, pero la gente quería la presencia del Señor gobernador. Por lo que el vice-gobernador se retiró del área. Tan pronto se fue se acercaron los antimotines, sin avisar al grupo su intención de usar los gases.

En esta forma la gente no tuvo tiempo para sacar a los niños, ancianos, y mujeres embarazadas. Muchos niños fueron afectados; la gente cruzó las cercas a pesar del incendio provocado por las bombas en los potreros.

Nosotros como equipo misionero de Soloy:

1. Rechazamos las acciones violentas del gobierno y la policía durante la manifestación.

2. Pedimos una investigación a las acciones de este día y los responsables.

3. Pedimos la solidaridad del pueblo panameño para con los pueblos indígenas y campesinos.

4. Confirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando y acompañando los pueblos indígenas y campesinos en sus luchas en defensa del medio ambiente y la vida humana.

Padre Carlos Schuster,
CM Hermana Nieves Jiménez,
RSM Hermana Edith Gonzáles,
RSM Padre José Fitzgerald, CM

Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y nos hace crecer juntos” (Romanos 14:19)

12 de mayo 2008