Indígenas panameños exigen respeto a su tierra y sus derechos humanos

Indígenas esperan hablar con Martinelli

FOTO: BIENVENIDO VELASCO .

PANAMÁ. Grupos indígenas marcharán hoy hasta la Presidencia para presentar al gobierno un pliego de peticiones, justo cuando se cumplen 517 años del descubrimiento de América, desde cuando, aseguran, se les violan sus derechos.

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Indígenas panameños se unen en una sola voy de reclamación de sus derechos humanos y derechos territoriales.

INDÍGENAS

Marcha a la Presidencia

JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Los indígenas de la etnia Naso marcharán esta tarde hacia la Presidencia de la República, como parte de las actividades de los pueblos aborígenes en el día del descubrimiento de América.

Eliseo Vargas, vocero del pueblo Naso, señaló que la intención de esta marcha es que el presidente Ricardo Martinelli reciba de los pueblos originarios Emberá, Naso, Kuna, Teribe y otros el pliego de peticiones que llevarán y que se establezca un compromiso para dar seguimiento a las aspiraciones de la comunidad indígena del país.

Vargas indicó que la violación de los derechos de los pueblos autóctono, el acaparamiento de tierras y la destrucción del ecosistema son prioridades que el Estado, representado por Martinelli “debe atender como un compromiso y ofreciendo resultados”.

Respeto al pueblo Naso!

Raisa Banfield*

Terminó la primera jornada del regreso de los Naso a la Catedral, su aire hacía falta en la plaza.  El aplomo, rebeldía y suavidad al tiempo de este pueblo maravilloso, enriquecen una plaza que solo puede narrar historias de luchas, derrotas y victorias.

Actos heroicos como el de hoy día, son de aquellos por los que quisiera vivir lo suficiente,  para poder narrarlos incontables veces.  Luego de 10 horas de viaje, nuestro pueblo Naso se emplaza frente a los portones, de los portones, del portón de la puerta de la presidencia; primero a puro pulmón, luego ayudados por megáfono recitan sus derechos, gritan sus agravios y  exigen que se les respete.

La dignidad de un pueblo y la humillación que experimentan, se fundieron en un solo acto:  Encadenados y parados en una pila de estiércol, se bañaron con él mientras sus carteles gritaban:  “Nos tratan como a la mierda de vaca”, ¿quién vale más: las vacas de los Guardia o el pueblo Naso? “Nos sentimos presos de la indiferencia de los gobiernos”.

Entre vergüenza y orgullo, cual testigo mudo, presencié ese acto de indignación de un pueblo excluido y despojado de su tierra, pero no de su valor, ni de su dignidad.  Sin embargo, lo más hermoso estaba todavía por suceder, hermanos gnobes y kunas se sumaron a la vigilia nocturna, que entre cantos, oraciones, palabras de solidaridad espontáneas en todas las lenguas presentes, pero a una sola voz y como  un solo pueblo pedía:  Respeto al pueblo Naso!.

*Directora del CIAM de Panamá

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Campamento de indígenas vuelve a la plaza Catedral

Unos 15 nasos protestaron ayer frente a la Presidencia para exigir una solución al conflicto de tierras que tienen en Bocas del Toro.

RECLAMO. El grupo llegó de Bocas del Toro. LA PRENSA/Carlos Lemos

josé arcia
jarcia@prensa.com

Los indígenas nasos volvieron a la plaza de La Independencia (Catedral) en el Casco Antiguo de San Felipe. Desde ayer instalaron su campamento para demandar del Gobierno una solución al conflicto de tierras que tienen con la empresa Ganadera Bocas, en Changuinola, Bocas del Toro.

El grupo retomó sus protestas un día después de que el viceministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, manifestara que el Gobierno deberá tomar una decisión en este tema y que la solución no es invadir propiedad privada.

Ayer, frente a la Presidencia de la República, los nasos derramaron estiércol de vaca y se encadenaron. De esta manera, llegan a seis meses de protestas por los desalojos que el pasado gobierno realizó en las comunidades de San San y San San Druy y en los que los agentes antimotines destruyeron casas e infraestructura comunitaria.

Eliseo Vargas, dirigente de los nasos, dijo que no han visto voluntad de los gobiernos en resolver este conflicto que tiene cuatro décadas.

Los indígenas reclaman las tierras por considerarse dueños ancestrales, mientras que Ganadera Bocas tiene un título de propiedad desde 1962, por lo que pide el desalojo de los nasos.

El sacerdote Félix De Lama cuestionó el hecho de que en el país se hable mucho de seguridad jurídica, sin embargo, los pueblos indígenas nunca han tenido esa seguridad que garantice la tenencia de la tierra.

Los nasos enviaron ayer una carta al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la que le piden una reunión para plantearle los detalles del problema.

Se llamó a la oficina de Relaciones Públicas del ministerio para obtener una declaración y allí indicaron que debía llamarse al viceministro directamente. Se llamó dos veces a su celular, pero no contestó y el buzón no permitía dejar mensajes.

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Relator de Pueblos Indígenas de la ONU solicita reconsiderar el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75

Burica Press- Pueblos Indígenas.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya ha realizado las observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá) en un documento de la ONU fechado el 12 de mayo de 2009.

Este documento presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre la situación de la comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro (Panamá). Estas observaciones son el fruto del intercambio de información y comunicaciones con el Gobierno de Panamá y otras partes interesadas, así como de la visita in situ del Relator Especial llevada a cabo los días 27 a 30 de enero de 2009.

Los ngobes son los duenos originales de estas tierras en la Reserva de la Biósfera La Amistad, donde se pretende desarrollar un conjunto de grandes hidroeléctricas de la Empresa AES y otras companias. Foto. A. Rodríguez/Cortesía de ACD

Durante su visita el Relator Especial pudo ampliar su conocimiento de la situación y mantener un diálogo constructivo con varios ministerios y agencias del Gobierno; representantes de Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico; la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola; organismos de Naciones Unidas con presencia en Panamá y otros actores. El relator en su informe cree que con respeto a la situación específica de la comunidad Charco la Pava y las otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75, estima, que es necesaria una reevaluación del proyecto hidroeléctrico que afecta al pueblo ngobe y solicita la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo y una serie de medidas preliminares en relación con el estado actual de la situación. Recomienda abrir un nuevo proceso de diálogo entre las comunidades afectadas por el proyecto, el Estado y la empresa AES Changuinola. El objetivo del dialogo debería ser llegar a un consenso acerca de las condiciones por las cuales el proyecto podría seguir adelante, en condiciones de respeto al derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas tal y como se reconocen en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en otros instrumentos internacionales relevantes.

El informe reconoce que Estado de Panamá ha sido uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en muchos aspectos son favorables a estos pueblos, sin embargo desnuda que ha habido violación al consentimiento libre, previo e informado de los indígenas afectados por proyectos de desarrollo, en este caso el primero de varios proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola en el extremo noroccidental de Panamá.

El 8 de abril de 2008, el anterior Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda enviaron un carta al Gobierno de Panamá expresando su preocupación sobre supuestos abusos sufridos por los miembros de la comunidad Charco la Pava, del pueblo indígena ngöbe, en el Distrito de Changuinola (Provincia Bocas del Toro), en relación con los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75. De acuerdo a la información recibida por los Relatores, se habían comenzado las primeras detonaciones para el desmonte de los terrenos, así como la entrada del personal de la empresa de construcción en las tierras de la comunidad Charco la Pava. Dichos trabajos generaron protestas por parte de los miembros de la comunidad, protestas que, según las alegaciones recibías por los Relatores, habrían sido reprimidas por efectivos de la Policía Nacional. Asimismo, en las alegaciones se denunciaba el supuesto uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil desarmada, así como la detención de un número de personas.

El Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 prevé la construcción de una represa y la inundación de aproximadamente 2500 hectáreas a lo largo del río Changuinola, en el distrito homónimo, en la Provincia Bocas de Toro. La comunidad Charco la Pava, que según el Gobierno cuenta con alrededor de 275 habitantes, es una de las varias comunidades indígenas ngöbe situadas en las orillas o cercanías del Río Changuinola que se encuentran afectadas por el proyecto, ubicándose a menos de 300 metros de la futura represa. De acuerdo a los planes aprobados por el Gobierno, su área de ubicación, junto con las de cuatro otras comunidades ngöbe—Valle del Rey, Guayabal, Valle de Riscó y Changuinola Arriba—será inundado para el año 2010, aproximadamente, y las obras de construcción ya rodean de hecho a la comunidad Charco la Pava. Otras comunidades cercanas serán afectadas indirectamente por el proyecto—incluyendo Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza—en la medida que el medioambiente en sus alrededores experimentarán transformaciones significativas.

«Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.»
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Destaca el documento que las condiciones en que se ha elaborado y promovido el proyecto hidroeléctrico presentan una serie de implicaciones respecto a los derechos de las comunidades afectadas a la consulta y consentimiento; a recibir una indemnización; a la adopción de medidas de mitigación; a la participación en beneficios; a la tierra y a los recursos naturales; y a su seguridad física.

En la evaluación de la presente situación, se destaca que ni Charco la Pava ni las otras comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 fueron consultadas con el objetivo de alcanzar su consentimiento previo en relación con las decisiones de crear el BPPS o de realizar el proyecto hidroeléctrico, decisiones ambas que impactan significativamente la vida de estas comunidades. El Estado y la empresa enfatizan que sí se han llevado consultas con los miembros de las comunidades en las áreas a ser inundadas acerca de las condiciones de su reasentamiento, de acuerdo a lo estipulado en la
resolución administrativa mencionada. Pero ambos confirman que las comunidades no fueron consultadas directamente acerca de si, en primer lugar, debería o no otorgarse la concesión para el proyecto hidroeléctrico y llevarse a cabo el traslado de sus habitantes. Y aún dentro de su alcance limitado, las consultas que se han llevado efectivamente a cabo pudieron no ser adecuadas.

El Gobierno de Panamá resalta que toda el área del proyecto y de las comunidades afectadas está fuera de una comarca en que se reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Sin embargo, el hecho de que el área esté fuera de una comarca no justifica la falta de aplicación cabal del derecho a la consulta libre, previa e informada. Independientemente del carácter jurídico que en el ámbito del derecho interno puedan tener las tierras y recursos naturales en cuestión, cuando un proyecto tiene un impacto significativo sobre la vida o existencia de comunidades indígenas, como es el caso de la inundación de los lugares donde viven y llevan a cabo actividades para su subsistencia y del reasentamiento de sus miembros, la consulta deberá realizarse con el fin de conducir al consentimiento de las comunidades afectadas antes de la aprobación del proyecto, tal como lo señalan la Declaración de la ONU en sus artículos 10 y 19, y el Convenio 169 de la OIT.

Dado que en relación con la aprobación del Proyecto Chan 75, el Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas con la comunidad Charco la Pava y el resto de las comunidades afectadas, con miras a lograr su consentimiento libre, previo e informado, deberían tomarse medidas correctivas para regularizar la situación. Si hubieran actualmente pruebas de una aceptación generalizada del proyecto por parte de los miembros de las comunidades, esto podría indicar que la falta de consulta previa adecuada sobre el proyecto habría sido subsanada. Sin embargo, el Relator Especial se halla convencido de que no existe un nivel de aceptación del proyecto entre las comunidades indígenas afectadas suficiente para subsanar la falta de una consulta previa adecuada. Mas bien, a la luz de las múltiples comunicaciones emanadas de representantes de la comunidad Charco la Pava, los actos de protestas de miembros de esta comunidad que llevaron a enfrentamientos con la policía y de lo que pudo apreciar personalmente en su visita in situ, el Relator Especial afirma su apreciación sobre un nivel de descontento significativo con el progreso de las obras del proyecto.

Una deficiencia adicional que parece haberse dado en el proceso de negociación que se ha llevado a cabo es la ausencia de una discusión especifica acerca de la participación de las comunidades indígenas en los beneficios a ser generados por el proyecto hidroeléctrico. A pesar del reconocimiento del derecho de las comunidades afectadas a la indemnización y a medidas de mitigación, de lo que el Relator Especial ha podido apreciar durante su visita in situ y de la información recibida, ni el Estado ni la empresa AES-Changuinola parecen haber reconocido o hecho efectivo el derecho de estas comunidades a participar en los beneficios que se derivarán del proyecto, como prescriben las normas internacionales.

En uno de sus considerandos el Relator indica que la falta de su seguridad sobre la tenencia de tierra y recursos naturales contribuye a la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el proyecto. Existen indicios de la existencia de patrones de uso y ocupación tradicional de la tierra que generan en las comunidades derechos de propiedad sobre los lugares donde actualmente se encuentran asentadas y en las áreas circundantes. Sin embargo, el Estado no ha reconocido o garantizado estos derechos, y el proyecto aparentemente fue concebido y ha avanzado sin considerar la posibilidad de que éstos pudieran existir.

Su última recomendación indica que con la finalidad de crear un clima propicio para que se lleve a cabo un nuevo proceso de diálogo entre las partes, el Relator Especial recomienda que el Estado evalué la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo. El Relator Especial comprende que la suspensión de las obras de construcción puede implicar una pérdida significativa de recursos económicos. Sin embargo, dicha suspensión ayudaría a establecer las condiciones para el inicio de un diálogo de buena fe dentro del marco planteado en estas recomendaciones.

BAJE EL DOCUMENTO ORIGINAL COMPLETO (PDF).

PanamaCLPObservaciones12May2009Final.doc-1

Indígenas panameños ante CIDH denunciarán despojos territoriales

Indígenas panameños denunciarán su problema de despojo territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Panamá, Ciudad de Panamá, 24 de octubre de 2008. El próximo 28 de octubre una coalición de organizaciones indígenas panameñas y organizaciones no gubernamentales presentarán sus quejas formales contra del Estado Panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D. C., Estados Unidos. En esta audiencia participarán dirigentes indígenas de la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan, Movimiento por la Defensa del Territorio del Archipiélago de Bocas del Toro, Alianza Naso y las comunidades Ngobe del río Changuinola en la Reserva de la Biosfera La Amistad-Panamá.

Los voceros de los pueblos indígenas denunciarán al Estado Panameño por ignorar su derecho al consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Además, por permitir la invasión descontrolada, y en ocasiones armada, de colonos ganaderos en los territorios Kuna, Emberá y Wounaan de Panamá Este. Además el Estado ha concesionado a consorcios privados las tierras en las que viven indígenas Naso y Ngobe para permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo de alto impacto.

Según Feliciano Santos, un Ngobe que vive en el Archipiélago de Bocas del Toro: «El gobierno está permitiendo que personas y empresas extranjeras despojen a los indígenas de sus tierras con ayuda de la misma Policía, que ha ejecutado expulsiones a la fuerza de nuestra gente de territorios insulares en los que habitamos y áreas indígenas que han sido concesionadas para proyectos hidroeléctricos de la corporación AES».

Hugo Sánchez, miembro de la Alianza Naso señaló: «El problema actual es crítico en nuestra comunidad. Existen abusos y amenazas de la Policía, las autoridades locales y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de los Naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico Bonyic en nuestro territorio. Indica además que ellos han concurrido a las autoridades locales y nacionales y no han detenido los abusos, por eso es que concurrimos a la comisión para escuchen nuestros planteamientos y pruebas de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con otros hermanos indígenas en general. Además la creación de la Comarca Naso es una necesidad urgente», subrayó Sánchez.

A pesar que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado Panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado al eliminar varios artículos de la Ley General de Ambiente que garantizaban este derecho.

Al respecto, Susana Serracín, Asesora legal de ACD, comentó que la eliminación de estas normas, ha permitido que ocurran los despojos, la especulación y el enriquecimiento de grupos élites. Además, es evidente la violación a la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Ambiente, sin atender las consideraciones ambientales, sociales, culturales y promoviendo de esta manera, violaciones a los Derechos Humanos, acotó la abogada.

Esta solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentada por las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center (EDLC) de Estados Unidos y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.

Proyecto de tierras colectivas, otro conflicto

INDIGENISMO. Los pueblos naso-teribe, bri-bris y kunas no conocen el nuevo proyecto.

Tierras colectivas, otro conflicto

La dirigencia del Pueblo Naso-Teribe se queja de que el proyecto tierras colectivas no ha sido divulgado a fondo.

Los sociólogos Raúl Leis y Marcos Gandásegui justifican las aspiraciones de los pueblos indígenas a la tierra.

LA PRENSA/Alexander Arosemena

MARGINADOS. A falta de luz eléctrica, a los teribes –que viven en una región con ríos que tienen potencial hidroeléctrico– les basta una guaricha para contar cuentos en la noche.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Luego de un mes del conflicto ocurrido en la Comarca Madungandí, en Bayano, una nueva confrontación se vislumbra en el horizonte con la decisión del Ministerio de Gobierno y Justicia de presentar una iniciativa que crea el marco legal de tierras colectivas.

Los dirigentes indígenas estiman que la iniciativa deja de lado las viejas aspiraciones de los naso-teribes, bri bris y kunas de Darién, de contar con una comarca donde vivan sin temor, pero no con una imitación de «tierras colectivas».

Cuestionan el «apremio» con que el Ministerio de Gobierno y Justicia quiere hacer las cosas, sin plantear, «a calzón quitado», las ventajas del proyecto, y la diferencia entre comarca y tierras colectivas.

Situación

Ignacio Rodríguez, director nacional de Política Indígena, aclaró que no es intención del Gobierno crear nuevas comarcas, pero sí cobijar bajo un marco jurídico las poblaciones indígenas que quedaron dispersas y desprotegidas, en todo el territorio nacional.

«Ello les garantizará la legalidad y colectividad de sus tierras, de sus recursos naturales, su hábitat y su cultura frente a futuras invasiones», afirmó, y se les consultará para el uso de sus recursos naturales.

El proyecto implicará las 48 localidades emberá y wounnan excluidas de la Comarca Emberá-Wounnan (en Darién), en 1983, con sus 12 mil 500 pobladores y las poblaciones emberá de Piriatí, Ipetí y Majecito, en el Alto Bayano; al sur, las comunidades wounaan de Majé Chimán, Río Hondo y Río Platanares, todas en la provincia de Panamá, escenarios de conflictos con colonos latinos y depredadores.

Nuevo proyecto

Según Rodríguez, su equipo de trabajo hizo las consultas necesarias y logró el consenso de los pueblos para el proyecto 99, por el cual se crea un marco legal de tierras colectivas, pero el mismo se fusionó con el proyecto de ley 19 de 2000, que creaba la Comarca Naso-Tjërdi (naso teribe), en el noroeste de Bocas del Toro.

El funcionario aclaró que en él se incluye el pueblo Bri-bri, limítrofe con Costa Rica, y la comunidad de Takarkunyala, fronteriza con Colombia.

Falta divulgación

El rey naso Tito Santana admite que tras la reunión del 21 de mayo, con el presidente Martín Torrijos, el sueño de la comarca quedó enterrado. Pero advierte que el proyecto de Tierras Colectivas no ha sido divulgado entre los más de 2 mil nasos, y de ahí su rechazo.

La asamblea del Pueblo Naso, que presidió el rey rebelde Valentín Santana, emitió el 21 de octubre pasado una resolución que le exige al Gobierno darle seguimiento, con «urgencia notoria», a la propuesta de ley que crea la comarca.

Una resolución similar emitió el congreso del pueblo kuna de Takarkunyala (600 personas), integrado por las comunidades de Púcuru y Paya, el que ha pedido por años al Ejecutivo crear una comarca.

También piden que se derogue el Decreto Ejecutivo 21 de 1980, que creó el Parque Nacional Darién, ya que no les permite sobrevivir de sus actividades tradicionales.

Un sí a las comarcas

Marcos Gandásegui, sociólogo investigador y docente universitario, señala que las comarcas representan un paso adelante en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Propone que el problema planteado sea examinado con mucho cuidado, «sobre todo ahora que el Gobierno está defendiendo los intereses de las transnacionales».

En ello coincide el también sociólogo y docente Raúl Leis, quien agrega que si bien las comarcas siguen siendo pobres, han evitado en cierta forma una pobreza mayor. «El problema está en cómo convertir la comarca en un motor de desarrollo, pero un desarrollo a partir de los propios indígenas», apuntó. Y advirtió que para salir de la pobreza, ellas necesitan del apoyo oficial.