Concesiones hídricas producirán conflictos sociales

AGUA POTABLE.

Concesiones arriesgan paz nacional

El Gobierno debe hacer un estudio de las reservas acuíferas necesarias a futuro, afirman dirigentes.

LA PRENSA/David Mesa
ESCASEZ. Cada vez se hace más difícil que las comunidades pobres tengan acceso al agua potable.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Las concesiones para explotar fuentes hídricas, aunque sean temporales, arriesgan la seguridad acuífera de las comunidades, lo que puede acelerar un estallido social por la falta del agua como ya se observa con los cierres de calles.

La advertencia proviene de Larissa Duarte, del Frente Unido por el Río Cobre, y de Yakarta Ríos, de Consumo Ético. Ambas participaron de las reuniones de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, la cual discute actualmente propuestas de ley que intentan regular los recursos hídricos del país y el pago por servicios ambientales.

Según Duarte, el vicepresidente Rubén Arosemena les prometió incluir su participación en la Concertación Nacional, pero estima que este proceso ya pasó de las consultas a la implementación de acuerdos y el tema de ambiente no fue abordado con todo rigor.

El frente, dijo, espera la respuesta, ya que el Estado debe trazar una política de manejo científico y con participación ciudadana antes de otorgar concesiones para explotaciones de agua potable, hidroeléctricas o minería, a la ligera.

Para el diputado Vitelio Ortega, de la subcomisión de Ambiente, las concesiones permanentes fueron eliminadas y solo subsisten las temporales, que serán reguladas. Pero Ríos dice que estas son a 25 años y el Gobierno debe suspender su concesión para hacer un estudio de las reservas de agua a futuro.

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Agua y guerra

Agua y guerra… Una opinión

Leopoldo E. Santamaría
lesant@cwpanama.net

Muchos sostienen que, en todas las guerras, la primera víctima es la verdad; el martes 9 de octubre, en un programa sobre el agua, promovido como de interés público, ya que “se aclararían las dudas sobre un supuesto proyecto de privatizar el agua”, la conductora presentó a los invitados, dos miembros de la ANAM; un diputado suplente, miembro de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, donde se discutirá el proyecto de ley presentado por la ANAM; y un abogado ambientalista; ingenuamente pensé que éste último, aunque en desventaja numérica, ilustraría a la audiencia sobre las intenciones reales del nefasto proyecto; lamentablemente fue el defensor más entusiasta, quien, además, recomendó no confundir las cosas, porque no hay tal privatización, se trata de simples concesiones! Frente a la posibilidad de guerra por el agua, el Estado debe actuar para prevenir peores consecuencias, sostuvieron.

En efecto, cada vez hay menos agua, porque la devastación de los bosques y los residuos químicos han contaminado los ríos y las fuentes subterráneas. Muchos coincidimos con la delegada de la ANAM, en cuanto a las guerras por el agua; sólo que, a nuestro criterio, ya se están escenificando, pero por lo pronto, no son convencionales, con soldados y municiones; sino a través de inversionistas interesados en nuestro desarrollo, los misiles llegan en primera clase y el Comando Central está en Washington, en las sedes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; así es como, en los años recientes, han privatizado el agua en más de 15 países de los más pobres, como Mozambique, Ruanda, Yemen, Tanzania, Benín, Camerún, Níger, Honduras, Nicaragua, y ahora, pretenden hacerlo en Panamá.

Atendiendo las recomendaciones del Banco Mundial, mediante una inofensiva concesión por 30 años, en Sudáfrica, para ordenar el suministro y ayudar a los pobres, los concesionarios subieron las tarifas hasta en 150%, lo que condujo a imposibilidad de pago y a que la población tomara agua de cualquier charco, lo que produjo una epidemia de cólera, con varios cientos de miles de infectados y una sobrecarga para el sistema de salud.

Estos empresarios, sedientos de riquezas y dispuestos al sacrificio para ordenar el suministro del agua, se han interesado en el vital líquido, pero no como fuente de vida, sino como mercancía; y como otra de las armas, tan poderosa como efectiva, son los medios de comunicación, están haciendo todo lo necesario para lograr sus protervos fines. Pero se puede entender que medios privados apliquen las viejas técnicas de guerra psicológica; lo increíble es que un medio público, como el servicio estatal de radio y televisión pueda prestarse para tan deleznable propósito. Cómo es posible que el programa sobre tan funesto proyecto, transmitido por el servicio estatal de radio y televisión, el 9 de octubre 2007, fuera un diálogo de yo conmigo; si la misión de este servicio informativo, es “ejercitar una cultura democrática”, ¿por qué no programaron un debate con igual número de panelistas, a favor y en contra; que hubiera propiciado la confrontación de ideas, es que acaso no hay personas serias, profesionales conocedores del tema u organizaciones cívicas o de consumidores, opuestos al proyecto? Así es imposible contribuir a transformar la sociedad y máxime, a generar cambios que eleven la autoestima de los panameños, como reza el texto de la misión de Canal 11. En todo caso, debieron anunciar dicho programa como promoción publicitaria. No es posible lograr una programación educativa e informativa de calidad utilizando recursos del Estado para tratar de uniformar el criterio de la audiencia. Merecemos respeto.

El problema no está en los recursos naturales, sino en el modelo económico que privilegia el canibalismo comercial, donde impera la ley del más fuerte; tampoco el tamaño del mercado, sino la codicia infinita de empresarios asociados con quienes deberían impedir sus abusos. Si continúan en su irrefrenable afán de apoderarse de nuestros recursos, con un súper pitufo probablemente no alcancen a impedir el estallido de otra bomba social… ¿Usted qué opina?

Publicado en La Estrella de Panamá, 17 de octubre de 2007.

-El autor es médico.

¿Privatización del agua en Panamá?

PROYECTO DE LEY.

¿Privatizará el agua el Gobierno?

Vladimir Herrera

El agua es un elemento natural fundamental e indispensable para la vida. Los seres humanos la necesitan para su desarrollo personal, pero además, como seres civilizados, la utilizan en múltiples actividades, particularmente en la producción. Por esta característica del vital líquido, la intención del Gobierno de transformar un recurso natural en un bien económico sometido a la especulación del mercado, ha provocado muchas suspicacias.

“La privatización de la generación de agua potable y del servicio de alcantarillado puede adoptar distintas variantes, según los antecedentes de esta reforma estructural impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en varios países del mundo, como condiciones para los desembolsos de préstamos multilaterales. Por supuesto, un paso a priori es la revisión del marco regulador y la reestructuración de las empresas, pero siempre se ha observado poca transparencia en los procesos de licitación de cualquiera de las variantes de privatización, que usualmente son otorgados a empresas transnacionales o a sus subsidiarias”. (www.afsc.org).

Con relación a este tema, en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 278 bajo el título de “Proyecto de Ley que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá”, que en la actualidad es objeto de estudio por parte de una subcomisión, pero también es fuertemente cuestionado por voceros de algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales sostienen que las concesiones otorgadas en el proyecto de ley son eufemismos o sofismas jurídicos que ocultan las verdaderas intenciones de privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país.

De conformidad con la exposición de motivos, el proyecto tiene como propósito “regular el uso de las aguas del Estado, para garantizar que este sea sostenible, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos”. Sin embargo, también tiene la intención de ofrecer en concesión un recurso estratégico que será mañana algo muy similar a lo ha sido el petróleo hasta nuestros días. De hecho, el proyecto podría resultar inconveniente porque con este modelo de gestión el Idaan tendría que pagar por el agua de los ríos y de los lagos, produciendo de forma directa el encarecimiento del costo de los bienes y servicios, al aumentarse el precio de un producto -el agua potable- que es fundamental para el desarrollo de la vida humana.

Es evidente que este proceso de desestatización de los servicios públicos (energía eléctrica, telecomunicaciones y agua) no es un fenómeno exclusivo de nuestro país; por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, la sociedad civil rechazó la privatización de los recursos hídricos que fue impuesto con el Plan Bolivia de Agua y Saneamiento, bajo el auspicio de instituciones financieras como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que condicionaron varios de sus créditos en Bolivia a la privatización de la Empresa Municipal de Distribución de Agua en la ciudad de Cochabamba y del Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz y El Alto, considerados según el BM como “los mayores centros de necesidades de inversiones y potencialidades para el manejo privado”. Para tal efecto fue promulgada de manera sorpresiva, el 20 de octubre de 1999, con el apoyo del BID, la Ley 2029 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a fin de evitar el debate sobre el acceso a los recursos hídricos del proyecto de ley de aguas.

En abril de 2000, después de siete días de paro en la ciudad y fuertes protestas en las calles, el presidente de Bolivia fue forzado a terminar un contrato de privatización del agua, con Aguas del Tunari, subsidiaria de la corporación transnacional Bechtel. El Gobierno boliviano dio en concesión por 40 años la administración del servicio en 1999. Pero los términos del contrato eran tan nefastos -las tarifas inmediatamente subieron en 200%- que en sólo cuestión de meses la población se levantó y acabó con ello. (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo).

En virtud del aleccionador ejemplo de lo ocurrido en Bolivia y por la repulsa ciudadana que ha despertado el proyecto de ley 278, solo cabe decirle al gobierno de “Patria Nueva”: Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.

El autor es diputado

La Prensa, 24 de septiembre de 2007