¿A quién afectará la Ampliación del Canal?

¿A quién afectará la Ampliación del Canal?

Por: Ariel R. Rodríguez

Según el Ministro para Asuntos del Canal, Rómulo Roux, la crisis financiera mundial no va a afectar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, debido a que el proyecto ya cuenta con los fondos necesarios para su ejecución. De acuerdo a la información aportada por el periódico Capital Financiero, el ministro explicó que ya existe un financiamiento de $2300 millones aprobado con entidades multilaterales y el resto provendrá de fondos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esos $2300 millones a $10000 millones que hacen falta para hacer este gran negocio de construcción, por supuesto que los buscarán dentro del escuálido bolsillo del Tesoro Nacional, ya que este proyecto una vez iniciado, no hay quien lo detenga, así tengamos que dar cuotas personales para pagarle a los ávidos consorcios constructores de la mega-obra. La crisis financiera evidentemente que sólo afectará a los dueños del Canal, no a los contratistas que no paran de celebrar el inicio de obras. El ministro está muy preclaro en esto.

La pregunta que salta enseguida a la vista es la siguiente: No es que eran $5250 millones necesarios como mínimo de financiamiento de la banca internacional para hacer dicha ampliación? Cómo es que ahora los fondos de Canal financiarán el resto la megaobra. No fue prometido por todos estos transparentes tecnócratas que este proyecto no erogaría dineros del pueblo panameño para poder hacerse! ¿O todo fue una gran mentira? Entonces era cierto lo que planteó la gente responsable de Panamá, cuando se realizó el referéndum y plantearon con honestidad y patriotismo las desventajas de semejante obra en este momento y bajo las circunstancias financieras que se veían venir en el mundo?

Todo aparenta que al ministro del Canal y a la Junta Directiva de la ACP, ya no les interesa mentir, ahora lo que salga en el camino se dirá escuetamente y lo pagará el pueblo panameño, so pretexto, que fue este pueblo abstencionista, quien avaló el desvío de su riqueza canalera para entregárselos a los consorcios constructores y grandes navieras, unidos todos por las riquezas del Canal!

Subieron los peajes, venden reservas de tránsito, venden electricidad, venden boletos de entrada al Mirador de Miraflores, venden agua potable, venden madera sumergida en el Lago Gatún, etc… y sólo les falta vender empanadas en los barrios populares de Panamá, para obtener todo el dinero que requieren los muchachos constructores nacionales y extranjeros, que en buena lid, se han ganado con honestidad, las licitaciones cuasi-transparentes como el agua salobre del Lago Miraflores, contaminada con aguas marinas de nuestro Oceáno Pacífico. Así de claro anda el asunto y el pueblo panameño que todavía no comprende lo que hacen estos traviesos administradores de la cosa pública.

Es hora de volver a debatir el costo real de la obra y las factibilidades económicas, financieras y ecológicas de la misma. No hacerlo es estar dispuestos a perder una enorme suma de dinero en un casino, tal y como es hasta el momento, lo que se espera de este proyecto. Sólo un milagro en el tiempo puede ayudarnos a pagar las deudas contraídas. Recuerden que el mundo se aboca a otros paradigmas de crecimiento y no están pensando en la suerte del Canal de Panamá. Estamos dispuestos a discutir todo esto con transparencia real y sin manipulación mediática?

Quién o quiénes son los responsables de todas las mentiras que nos dijeron y que una a una han ido cayendo más temprano que tarde? Qué castigo tienen de acuerdo a la legislación penal panameña?

Pueden ser tan deshonestos estos funcionarios de decirnos ahora a inicios del partido, que el dinero que no han logrado obtener del financiadores internacionales, saldrán de los fondos del Canal? Cuándo fue decidido esto y si esto fue aprobado en el referéndum bajo esa circunstancia? Puede un referéndum avalar lo que no fue escrito, ni discutido para ser aprobado en las urnas?

Sólo de recorderis, le informamos que pagar el financiamiento de la Ampliación tomaría, en el mejor de los escenarios, varias décadas. Esto es bien conocido por los amos de la caverna locales, que hacer inversiones intergeneracionales diluye las críticas, esconde los despilfarros y promueve más inversiones intergeneracionales jugosas para ellos. Y la riqueza del Canal para los pobres de Panamá debe esperar generación tras generación.

Los negocios de Slim y las amistades de Torrijos

TORRIJOS Y UNA AMISTAD INCONVENIENTE

En el nombre de Carlos Slim

05-28-2009 | GUIDO BILBAO

gbilbao@laestrella.com

Crónica de una amistad que nació a la sombra del poder y se fortaleció a punta de favores y negocios millonarios

Especial PALABRA. “Panamá es el mejor país del mundo para hacer negocios”, declaró el magnate mexicano Carlos Slim, en mayo del 2007, luego de que una de sus compañías, Ideal Panamá, S. A. , ganara la licitación para construir las hidroeléctricas Bajo Mina y Baitún, en la provincia de Chiriquí. El segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53 mil millones de dólares, adora Panamá y ha desarrollado en los últimos años una robusta amistad con el presidente de la Nación, Martín Torrijos. La seducción que ejerce el magnate sobre los primeros mandatarios es total: en su reciente viaje a México, hasta Obama se entrevistó con él y lo invitó a Estados Unidos para hablar con calma. Quería conocer su mirada sobre la crisis.


Durante los últimos años, los viajes de Slim al istmo han sido frecuentes y en muchos de ellos se mostró abiertamente con el presidente y con su círculo íntimo. Aunque empresas ligadas al magnate mexicano tienen presencia en Panamá desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fue con la llegada de Torrijos al poder que las inversiones de Slim en diferentes sectores de la economía panameña crecieron exponencialmente.
Durante esta administración sus empresas lograron cerrar envidiados negocios con el Estado. Ganaron las licitaciones para las excavaciones de la primera fase de la ampliación del Canal. Consiguieron la concesión para abrir Claro, la cuarta empresa de telefonía móvil del país. Torrijos en persona asistió a la inauguración de la tienda por departamentos Sanborns en Multiplaza, para apoyar a Carlos Slim hijo, que vino a la apertura. Desembarcaron en el rubro hidroeléctrico con los proyectos de Chiriquí que, cuando se terminen, estarían en capacidad de producir el 10% de la energía panameña.
Sin embargo, la historia que se esconde detrás de estos proyectos eléctricos podría demostrar cómo, cuando se ejerce el poder, algunas amistades pueden resultar inconvenientes. El grupo La Mina Hydro Power Corp, que tenía permisos para estudiar la factibilidad del proyecto desde 1997 y que en 2005 había recibido las concesiones, denuncia que le fueron retiradas por este gobierno para beneficiar los intereses de Carlos Slim. Presentaron cuatro demandas y tres querellas para detener lo que ellos consideran “un robo a mano armada”. “Las empresas de Slim primero querían participar del financiamiento de nuestro proyecto, luego quisieron comprarlo y finalmente, a través del gobierno, se han quedado con él”, denuncia César Lisac, signatario de la firma. Una de las querellas ha sido interpuesta por corrupción contra Victor Urrutia, Director de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
EL FACTOR FELIPE
No habían pasado diez días desde su llegada al poder, en septiembre de 2004, cuando Martín Torrijos recibió una visita especial. El flamante Team Martín acogió al ex mandatario español Felipe González en el Palacio de las Garzas. González, criticado en España por convertirse en lobbysta de empresarios iberoamericanos luego de abandonar la política, fue un viejo amigo de Omar Torrijos, al que su hijo Martín escucha con atención. No venía solo. Lo acompañaba Carlos Slim. La reunión fue más que cordial, Torrijos tenía el mundo por delante. Desde entonces, las visitas de Slim no pararon.
En noviembre de ese mismo año, el mexicano visitó la casa de gobierno como parte de la comitiva del presidente Vicente Fox. Cuatro meses después, en marzo del 2005, fue el expositor principal de EXPOCOMER. Con cada viaje las relaciones se volvieron más íntimas. Ubaldino Real, entonces ministro de la Presidencia, era uno de sus interlocutores preferidos.
Al poco tiempo González volvió a la escena. Siempre tendiendo puentes, acompañó a Slim dos veces más a Panamá. El 13 de mayo del 2005 hicieron escala en Tocumen y el presidente se hizo un lugar en la agenda para llegar al aeropuerto y entrevistarse con ellos. En otro viaje, González y Slim visitaron el Palacio de Las Garzas por sorpresa. Pasaban por acá y llegaron. Fue el 30 de junio. Torrijos estaba con Julio Lagos, presidente de Chile en visita oficial. Los recibieron sin pensarlo dos veces. Recién entonces los medios comenzaron a hacer preguntas sobre la relación del gobierno con el magnate mexicano. En esos días, Panamá discutía el proyecto de ampliación del Canal, del que Slim es hoy contratista. El canciller Samuel Lewis Navarro salió a hablar sobre el tema: “iban en ruta a Suramérica y tuvimos la oportunidad de que se generara una feliz coincidencia con la visita del presidente Lagos. Siempre hay que aprovechar las experiencias de gente como ellos, que son señores que sobresalen en el mundo, para aprovechar y pedirles no solamente consejos, sino intercambiar opiniones”.
La muerte del Papa también trajo la relación de Torrijos con Slim a las páginas de los diarios. Como estaban agotados los vuelos a Roma, Torrijos viajó al funeral en un avión que le cedió el mexicano. Para la inauguración del Museo del Tucán, también fue presentada una exposición sobre Rodin, cedida gentilmente por Slim.
Un año después del funeral del Papa, los dos amigos volvieron a encontrarse. Fue en la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos. Torrijos viajó para ser orador de la graduación. Lo acompañaba Ubaldino Real, con el que recordó viejos tiempos. Ambos se habían graduado allí. Slim estaba entre los invitados, compartiendo mesa con el venezolano Gustavo Cisneros. Torrijos cenó con George Bush padre. Eran los días de apogeo del ahora presidente saliente, administrando el país con mayor crecimiento de América Latina. Slim siguió viniendo al istmo para ser custodiado por el SPI de forma irregular. Tiempo después llegó la catarata de negocios. Y con ellos, los problemas.
HACER LA LUZ.
Luego de la invasión, el futuro de Panamá pareció quedar a oscuras. Y no es una metáfora. La falta de capacidad para generar la energía que necesitaba el país obligó a tomar decisiones urgentes. Hacían falta inversiones para desarrollar la capacidad hidroeléctrica y latente de los ríos del interior. Los apuros económicos hacían inviable la financiación por parte del Estado. Tanto Guillermo Endara como Ernesto Pérez Balladares entregaron concesiones a empresas privadas para que llevaran adelante las obras.
Así fue como César Lisac consiguió los permisos para llevar adelante tres hidroeléctricas: una chiquita en Volcán y dos más grandes en el río Chiriquí viejo, Bajo Mina y Baitún. Su empresa tenía una larga trayectoria en el rubro. Lisac había sido contratista y consultor en algunas de las obras más grandes efectuadas en Panamá, cuando las mega obras las encaraba el Estado: las hidroeléctricas Estrella Los Valles, Bayano y Fortuna. Su empresa era vanguardia en Panamá y por eso, dice Lisac, cuando se abrió el juego, recibieron las resoluciones que les permitían explorar las zonas.
“Para mí era una aventura. En esos días, el negocio generaba una ganancia muy marginal y era muy complicado conseguir la financiación. Piensa una cosa: el barril de petróleo estaba a 8 dólares. Era más barato comprar crudo que producir energía. Ahora que el barril cuesta 50 es que viene Carlos Slim”, dice el hombre, de 77 años, en su oficina de Vía Argentina. “Esta edad tiene una ventaja: no tengo nada que perder. Puedo pelear contra la corrupción”.
La empresa de Lisac le dio prioridad a la construcción del proyecto más pequeño, el de Volcán. Cuando tenían todo listo para comenzar a construir, vendieron la empresa. Necesitaban incorporar recursos, pensando en los proyectos del Río Chiriquí que eran los más ambiciosos. Fueron largos años de trabajo que hacia 2005 parecían llegar a buen puerto.
Bajo de Mina, que produciría 54 Mw, estaba en su etapa final de planeamiento con todos los estudios y permisos aprobados: el de factibilidad, el de impacto ambiental y el de uso de aguas. Tenían el contrato de construcción ya firmado con la compañía española ISOLUX-CORSAN. Estaban en la última fase de la financiación, con el ‘due dilligence’ en marcha, algo así como la última instancia antes de que los bancos suelten el dinero. Firmaron con la ASEP el Contrato de Concesión de Generación de Energía, que los obligaba a comenzar las obras en los 12 meses siguientes. Y cuando venía lo mejor, llegó la guerra.
A PULSO
“Todo empezó cuando las empresas de Slim nos propusieron participar del proyecto. Llegaron con nosotros a través del Ingeniero Pablo Real Pozo, coordinador internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México. Teníamos buenas referencias y comenzamos a negociar. Pero, mientras las reuniones no conducían a nada, comenzamos a notar cómo la ASEP nos trababa el Proyecto. Con el tiempo concluimos que sólo querían entretenernos, esperando que nos quitaran la concesión”.
Luego de la firma del Contrato de Generación, la ASEP estaba obligada a tramitar la adjudicación de los terrenos donde se debía construir. Pero no pasaba nada. Tratando de curarse en salud, la empresa le propuso a la ASEP una adenda en el contrato que contemplase una prolongación, de acuerdo a las tardanzas en la tramitación de las tierras. Como la ASEP no contestaba, decidieron pedir una prórroga en la concesión para generación de electricidad por cinco meses. Eso, además, les permitiría finalizar el proceso de financiamiento.
Pero les dijeron que no y, sin vueltas, en diciembre de 2006, les quitaron los permisos. Lisac no lo podía creer. “Nos decían que no en la primera prórroga que pedíamos, de sólo cinco meses, mientras que a Unión Fenosa para el proyecto Algarrobos le dieron una prórroga de diez años, lo mismo que a Hidroecológica Teribe S.A. para el proyecto Bonyic y otra de 5 años a Hidroelectrica Bajos de Totuma. La única razón que me entra en la cabeza para entender por qué actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas, es que hicieron esto porque tenían que favorecer a la empresa de Slim, el amigo de Torrijos”, dice Lisac.
Luego de la negativa a la prórroga, Lisac se movió con velocidad. Presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de la cancelación. El Magistrado ponente era Víctor Benavides. Tardó nueve meses en admitirla. Ya era tarde: en mayo de 2007 la obra había sido subastada en pulso que ganó la compañía Ideal Panamá S.A, propiedad de Slim. Por su parte, el procurador de la Administración, Oscar Ceville, nunca contestó la demanda. Para defenderse en el caso, la ASEP contrató a la firma privada de abogados Icaza, González, Ruíz y Alemán.
Lisac siguió molestando. Le envío cuatro cartas a Ligia Castro, administradora de la ANAM, advirtiéndole que todavía estaba vigente el contrato de concesión de uso de aguas de La Mina Hydro Power. Intentaba que se abstuviera de firmar un nuevo contrato para el mismo río y en el mismo sitio con la Sociedad IDEAL Panamá.
Luego de ganar la licitación, la empresa de Carlos Slim logró moverse a través de las aguas del Estado con una celeridad sorprendente. “Si tu ves, todos los que participan de esta trama fueron nombrados directamente por Torrijos: Urrutia en la ASEP, Kuzniecki en la Secretaría de Energía, Vallarino en Contraloría, Castro en la ANAM y Benavides, que funciona en la Corte como un cuello de botella”, narra Lisac en voz alta, lo que muchos otros empresarios panameños sólo dicen en voz baja.
Lo cierto es que el Contralor Carlos Vallarino refrendó el contrato de concesion a IDEAL el mismo día en que fue presentado. En el caso de Lisac habían tardado 170. En la ANAM, también parecieron despertarse de un largo letargo. Ligia Castro aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Slim en apenas 47 días, cuando lo usual en otros casos es tomarse tranquilamente un par de años.
“Lo que pasa es que el estudio que presentaron, en la ANAM, ya lo conocían: era el nuestro”, se ríe Lisac que también presentó una demanda por plagio y derechos de autor. “Presentaron las mismas coordenadas, y hasta el mismo nombre. Esos papeles sólo pudieron conseguirlos de los cajones de la ANAM. También es un caso de espionaje industrial”.
LA DEFENSA
El administrador del ASEP, Victor Urrutia, asegura que todo se hizo siguiendo la ley. No le presta atención a las denuncias ni a la demanda por corrupción interpuesta en su contra. Niega que la ASEP haya espiado o favorecido a empresa alguna. En respuestas que ofrece vía e- mail, Urrutia asegura que “retiramos la concesión por incumplimiento. La entidad tuvo que invocar el contrato que estipulaba que el concesionario estaba obligado a iniciar la obra de la central hidroeléctrica a más tardar en octubre de 2006, o sea 12 meses contados a partir de la fecha del refrendo del contrato, obligación que la empresa incumplió”.
En relación al “trato preferencial” que habría recibido la emprea Ideal Panamá, propie dad de Slim, Urrutia recurre a la transparencia de la licitación. “Todo se cumplió en un acto transparente. La disponibilidad del proyecto Bajo de Mina, fue publicada en los medios locales para conocimiento de los interesados, logrando la atención de 14 empresas que compitieron en una subasta pública, donde resultó ganadora la compañía Ideal Panamá S.A. Ese mismo día se subastaron otros proyectos importantes que también habían sido cancelados, iniciándose de esta manera el reordenamiento del mercado energético”.
Lo que es un hecho es que, cinco años después del ascenso de Torrijos al poder, Carlos Slim tiene inversiones en el país por alrededor de 300 millones de dólares. Sus empresas han cimentado sus posiciones en sectores clave de la economía panameña: telecomunicaciones, construcción y el energético. Un crecimiento que parece una metáfora del boom económico, una Polaroid de un tiempo que parece terminar. Torrijos deja el poder en 33 días. Las empresas de Slim llegaron para quedarse.

Actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas porque tenían que favorecer a la empresa de Carlos Slim, el amigo de Torrijos.
CÉSAR LISAC
EMPRESARIO

LA FORTUNA DE SLIM EN WIKIPEDIA
A principios de los años ochenta y en medio de una crisis que paralizó a México con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo eran los únicos que realizaban inversiones fuertes en el país, adquiriendo varias empresas a “muy buen precio” en complicidad con el Gobierno de turno calificado de alta corrupción.
Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir en forma intensa y activa. Así es como en este período se realizan diversas inversiones y adquisiciones, entre las cuales se cuenta Cigatam (Philip Morris México) fabricante de los cigarros Marlboro.
En 1990 adquirió Telmex, junto a France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex durante las privatizaciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La venta fue hecha a través de una subasta pública el 9 de diciembre de 1990.
También es propietario de América Móvil, la cual es un muy buen ejemplo de creación de valor de una compañía ya que de tener 35 mil clientes celulares cuando se privatizó (1990), América Móvil pasó a tener en el 2008, más de 170 millones de suscriptores celulares en América Latina siendo los pioneros e inventores a nivel mundial del sistema de prepago en telefonía celular, solución que revolucionó el mercado mexicano, latinoamericano y mundial en la venta de móviles Hoy, América Móvil es el quinto operador mundial con 170 millones de suscriptores en México y América Latina solo superada por China Mobile, Vodafone, China Telecom y Telefónica. El 12 de marzo de 2007, el periódico El Universal publicó que «la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó hoy que las tarifas de la telefonía en México continúan situadas entre las más altas de los treinta países que integran ese organismo internacional. Además, sostuvo que en el país la competencia en el sector es ‘insuficiente’ porque Teléfonos de México (Telmex), en telefonía fija, y Telcel, en móvil, ambas propiedad del mexicano Carlos Slim, mantienen posiciones claramente dominantes.

Ciudad de Panamá un dechado de corrrupción y mal gusto urbanístico

Las autoridades guardan silencio

Caos urbanístico

En la ciudad de Panamá, las violaciones a las normas de construcción son el resultado de los cinco años de Jaime Salas como ingeniero municipal.

INFRACCIÓN. La construcción de un hotel, en calle 49, Bella Vista, se ha tomado el espacio público, lo que impide el libre y seguro tránsito. Esta acción viola un Acuerdo Municipal de 2006, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por el Ingeniero Municipal. LA PRENSA/Carlos Lemos

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

mpalm@prensa.com

La ciudad de Panamá es un caos urbanístico, una mezcla –a partes iguales– de cemento y violaciones a las disposiciones que regulan las obras de construcción y los espacios públicos, en un sector que mueve millones de dólares en inversiones.

Los responsables directos de semejante anarquía son el alcalde Juan Carlos Navarro y el ingeniero municipal Jaime Salas.

El poderío de este último se puede cuantificar en los 18 mil permisos de construcción que –según sus propios cálculos– ha expedido como ingeniero municipal.

“Estamos hablando de 3 mil 500 millones de dólares de inversión que pasaron por esta dirección durante estos cuatro años y medio que tenemos”, señaló.

Este diario tiene semanas de investigar las violaciones en materia de desarrollo urbano, sin respuesta de las autoridades municipales.

Jaime Salas da la cara por una ciudad donde se multiplican las obras de construcción que violan abiertamente las leyes de desarrollo urbanístico

Una ciudad depredada

En la capital no se construye, demuele u ocupa nada si el Ingeniero Municipal no otorga un permiso. He aquí el resultado de cinco años de gestión.

Plaza Independencia. Se permitió la construcción, pese a que su promotor agregó pisos y destruyó fachadas y patios internos, lo que está prohibido por ley.1208208
Puente vehicular Sobre el río Matasnillo. Es un proyecto de los dueños del Multicentro, para conectar el ‘mall’ con una pequeña calle en Marbella.

TEXTO: Mónica Palm
FOTOS: CARLOS LEMOS

panorama@prensa.com

El sitio web de la Alcaldía de Panamá, en el link correspondiente a Ingeniería Municipal, dice que “impulsa y fortalece el ordenamiento del desarrollo urbanístico y la infraestructura municipal, mediante el control y aplicación de las normas de Desarrollo Urbano”.

Pero un vistazo por las calles de la ciudad muestra que, en la práctica, sucede otra cosa. Un recorrido da ejemplo del caos.

Por todas partes hay incumplimiento de las normas de construcción. Violaciones que se repiten una y otra vez. Si se hiciera un balance de nuestra realidad urbana, ¿cómo se habría de valorar el desempeño de Jaime Salas, ingeniero municipal por los últimos cinco años? ¿Cuál sería su legado, a 34 días de dejar la jefatura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales?

Las Torres de Babel

A lo largo de Avenida Balboa y Punta Pacífica se construyen las torres más altas de Latinoamérica. La mayoría tiene un volumen que sobrepasa la línea de construcción o invade el espacio público, incumpliendo todas las disposiciones relacionadas con el libre y seguro tránsito peatonal por las aceras.

El Acuerdo Municipal 148 de 2006 obliga a los constructores a colocar vallas perimetrales, e instalar redes de retención de escombros, mallas de protección y cobertizos sobre las aceras, “para garantizar la libre y segura circulación de los peatones”. Eso no lo saben, por ejemplo, en el proyecto hotel Emperador en Bella Vista, calle 49, donde no se tomaron estas medidas; más bien, lo contrario: en la entrada montaron una puerta cochera que invade por completo el espacio público.

El mismo acuerdo dispone que las aceras solo pueden utilizarse “temporalmente” para cargar y descargar materiales, “guardando un espacio que no ocupe más de 1.20 metro lineal del largo de la acera por el 40% de su ancho”. Y si no hay acera, toda la carga y descarga deberá realizarse dentro de la propiedad. No obstante, en un lugar tan a la vista de las autoridades como Obarrio, este diario constató que una obra que se levanta en la cuadra lateral al Parque Harry Strunz, se ha apropiado de parte de él para colocar ahí sus materiales.

Se supone que todo esto lo debe vigilar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Los infractores se exponen a multas que van de 50 dólares a 100 mil dólares, y no podrán reanudar la obra hasta pagar y rectificar. Las multas las impone el Ingeniero Municipal.

Salas no precisó a cuánto asciende lo recaudado durante su gestión, que empezó el 2 de septiembre de 2004. Aunque le prometió a este diario que haría llegar la cifra Eso nunca sucedió.

Un puente brillante

¿Otro legado de Salas? Una servidumbre privada, encima de un río.

Luna Brillante, S.A., operadora del Multicentro, construye un puente vehicular sobre la desembocadura del río Matasnillo para unir así el boulevard Elhayek (a un costado del centro comercial y del hotel Decápolis) con una pequeña calle sin salida, denominada Barreduela A, en Marbella.

Se trata de la misma empresa que, en el año 2003, intentó construir una rampa de acceso al Multicentro, hasta que un fallo de la Corte Suprema frustró sus planes.

La construcción del puente se da sobre fincas que pertenecen a Luna Brillante. En Barreduela A –originalmente, un conjunto de apenas 11 casas y un edificio de 12 apartamentos– la empresa compró varios dúplex que ya demolió. Ahí levantó los pilotes del puente.

Los vecinos alegan que la calle es muy estrecha, con solo dos paños y una función “muy local”. Esa callecita será ahora una de las entradas al hotel y al mall. No es difícil imaginar el congestionamiento vehicular que se avecina.

Patrimonio en peligro

De los desafíos a las normas de urbanismo no se salva ni el Casco Antiguo, desde 1997 declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el ocaso de su gestión, Ingeniería Municipal ha permitido que se reanuden las obras de un edificio de seis pisos en San Felipe, a pesar de que la norma dice que en ese sector no pueden haber inmuebles de más de cuatro pisos.

Salas, incluso, ignoró la petición de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, que el 3 de abril de 2009 solicitó la paralización “indefinida” de las obras, al comprobar que lo que se hacía en campo no se parecía en nada a lo aprobado en planos.

Pero Salas tiene otro criterio. “Lo que está en el plano es lo que ellos tienen construido”, dijo recientemente en una entrevista.

Le sobran las advertencias de la posible falsificación de esos planos. Incluso, hay una denuncia penal en curso abierta en el Ministerio Público.

Pero como la denuncia la puso una asociación sin fines de lucro (Icomos Panamá) y no Patrimonio Histórico, Salas le quita validez.

“Ellos no son parte del proceso… Han presentado una querella en el Ministerio Público, que no sé de qué es”, dijo con desprecio.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (en formación) advirtió que si persisten las anomalías en el Casco Antiguo, se corre el riesgo de perder la calificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, con su consecuente impacto económico, ya que el barrio representa el segundo destino turístico de Panamá.

Vecina, ¿me pasa el taladro?

Otro resultado de la gestión de Salas: los permisos de ocupación. Entre 2008 y lo que va de 2009, Acodeco recibió 13 quejas de consumidores contra proyectos “que tienen permisos municipales de construcción y no cumplen con los estándares de construcción”.

Diana de la Guardia dice ser una de esas capitalinas que son víctimas de la irresponsabilidad de Jaime Salas.

Como Ingeniero Municipal, otorgó permiso de ocupación –desde julio de 2008– a un condominio frente al mar denominado Ocean One, en Costa del Este. Más de 10 meses después, el edificio no está terminado, según de la Guardia, residente del edificio de 75 apartamentos, aunque solo 28 están ocupados.

De la Guardia convive con electricistas, plomeros y desechos de la construcción, que alegremente almacenan en los lobbys y estacionamientos. No se sabe si algún día terminarán. Lo que más le molesta es que aunque no ha terminado su trabajo, el constructor del edificio ya cobró, puesto que el banco le desembolsó el 100% del monto de la hipoteca.

“Jaime Salas no mide el daño y las consecuencias que tiene el otorgar los permisos de ocupación cuando el apartamento no está listo”, se quejó.

Salas, en su defensa, señaló que el Acuerdo Municipal 116 de 1996 le faculta para otorgar permisos de ocupación “parciales” o cuando el inmueble se encuentre sin terminar “en lo que respecta a acabados”. Lo que no dice es que ese mismo acuerdo, en su artículo 60, excluye los “inmuebles incorporados o por incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal”.

Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio y también residente en un edificio a medias, pero con permiso de ocupación, consideró que Salas está violando la ley “total, abierta y vulgarmente… Inclusive, es confeso”.

“Él solo puede hacer lo que la ley le permite, y el artículo 60 del Acuerdo 116 es claro al respecto”, acotó.

El promotor del P.H. Ocean One es Saúl Faska, de F&F Properties. Esta misma empresa es la responsable del Star Bay, cuya construcción está vinculada al derrumbe de una acera en Avenida Balboa, y del Porto Fino, en San Francisco, donde recientemente explotó un ducto de gas en el interior de un apartamento.

Cuando este diario le preguntó por Salas, Faska dijo tener muy buena opinión de la gestión de éste como Ingeniero Municipal.

¿Por qué el gremio constructor lo protege? ¿Qué responsabilidad le cabe al alcalde Juan Carlos Navarro? ¿Cómo llegó a ser Ingeniero Municipal? ¿Es compatible su cargo, con la operación de un negocio particular, vinculado al sector?

ENFOQUE
Una ciudad rebajada a la mediocridad

Brooke Alfaro*
brooke@cwpanama.net

OPINIÓN. En los últimos cinco años, los funcionarios del Mivi y del Municipio de Panamá han violado normas vigentes en materia de desarrollo urbano, dejando de lado su obligación de planificar para un ordenado crecimiento urbano.

Muchas veces parecieran estar al lado y en complicidad con algunos promotores interesados solo en lucrar. Por ello vemos cómo una bella ciudad es hoy un ejemplo de mediocridad, en la que la calidad de vida empeora a diario. No han implementado un existente Plan Metropolitano de Desarrollo, lo dejaron engavetado o es manipulado a su conveniencia. Por ejemplo, el Plan, aprobado por Decreto Ejecutivo, señala que los manglares y humedales de Tocumen y Juan Díaz son reservas ecológicas y áreas verdes no desarrollables, pero increíble como suena, lo violan para permitir en muchas de estas áreas un desarrollo residencial. Y no fue por falta de terreno. ¿A conveniencia de quién lo hicieron? Ciertamente no de la ciudad.

Perdimos una oportunidad de oro para hacer algo exquisito en Amador. Punta Pacífica parece un gueto de lujo, sin un solo parquecito público. Se nos fue Bella Vista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica. San Francisco se transforma de forma caótica. Se irrespetan las normas del Casco Antiguo y áreas revertidas, etc.

Nunca antes se han visto tantas comunidades organizadas para tratar de proteger los barrios donde viven. De poco ha servido. Las “consultas públicas” son un show, pues al final el Mivi y el Municipio hacen lo que les viene en gana, como vimos recientemente en las áreas revertidas.

Allí todas las comunidades rechazaron múltiples proyectos por ilegales e impopulares, pero los funcionarios, sin ninguna pena, procedieron a cambiar la ley. Por ello ya no tendremos en Panamá una “ciudad jardín” y muchos bosques urbanos serán reemplazados por barriadas de lujo y edificios altos.

Como sociedad civil debemos demandar un ordenamiento territorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreas diseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes tranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros que regalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados; más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias; menos áreas verdes, y más Figalis brotando impunemente por todos lados.

*El autor es arquitecto y pintor

Hotel el emperador En calle 49, Bella Vista. Un ejemplo de apropiación del espacio público. Ingeniería Municipal tiene poder para imponer las sanciones que contempla el Acuerdo 148 de 2006. Midrasha talmud torah Sinagoga en Bella Vista, en fase de ampliación y remodelación. La nueva infraestructura se toma espacio público.
Marina Park En el corregimiento de Bella Vista. El piso superior invade la línea de construcción. Punta Marina Edificio de dos torres de 57 y 47 niveles, en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Empezó su cons- trucción, aunque sus promotores aún no tienen concesión para rellenar fondo de mar.
Burges Es un bar, en la planta baja de un edificio en calle 47, Bella Vista. Ahora mismo se construye una tarima en el área de estacionar. Colinda con una escuela. Desconocido Frente a la cinta costera, a dos cuadras del restaurante Boulevard. Casi ponen el ‘lobby’ en la Avenida Balboa. Sin letreros a la vista que indiquen el nombre del proyecto. Otra violación a las normas.
El llantero Solo se le autorizó acceso para la actividad comercial desde Vía Israel. Cuando la empresa incumplió y abrió un ingreso por las calles 68 y Flor del Espíritu Santo, Salas se negó a cerrar el acceso, como pidió el director de Desarrollo Urbano. Ocean One Edificio en Costa del Este. Tiene permiso de ocupación desde julio de 2008. 10 meses después, no está terminado. En la foto, el estado de una de las cocinas. Se expidió el permiso, aunque la ley exige un acabado al 100%.
PLaza panamá Frente a Niko’s Café, en Vía Israel. La losa superior sobrepasa la línea de construcción. H-Tech En calle 53, urbanización Obarrio. Su volumen superior sobrepasa la línea de construcción.
Bella Mare Torre de apartamentos en Punta Pacífica. La losa de los pisos superiores está fuera de la línea de construcción. Venetian Tower En Punta Pacífica. Al igual que Bella Mare, la losa de estacionamientos se sale de la línea de construcción permitida.

Seis meses de protesta contra la corrupción en el Estado

ABUSOS

Seis meses de protestas ante la Corte

Rafael Spalding
opinion@prensa.com

Durante seis meses, residentes de las comunidades residenciales de las áreas revertidas del Canal protestaron, denunciaron ilegalidades del Ministerio de Vivienda (Mivi) y otras instituciones gubernamentales y expresaron su vergüenza por nuestro gobierno, ante el edificio de la Corte de Suprema Justicia (CSJ), todos los días laborables, desde las 8:30 a.m. hasta las 9:30 a.m., desde junio hasta diciembre de 2008.

Dicha extendida protesta fue causada por el vergonzoso fallo de la CSJ que declaró constitucional una ley retroactiva, específicamente, el artículo 2 de la Ley 12 de 2007. El magistrado ponente fue Aníbal Salas, y los magistrados que lo apoyaron fueron Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Delia Carrizo de Martínez (suplente de Harley Mitchell) y Nelly Cedeño de Paredes (suplente de Víctor Benavides). Los magistrados que se opusieron fueron Oydén Ortega, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Hipólito Gil Suazo (suplente de Arnulfo Arjona) y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo E. Mejía). La Procuradora de la Nación también opinó que la Ley 12 era inconstitucional.

Los ciudadanos señalaban que el Mivi, a través de resoluciones ministeriales, había excedido su autoridad al modificar la Ley 21 de 1997, la ley que reglamenta el desarrollo de las áreas revertidas del Canal de Panamá.

El Mivi ignoró las reclamaciones de la ciudadanía y se mantuvo en administrar sin planes el desarrollo urbano de las áreas revertidas a través de resoluciones que frecuentemente contrariaban lo ordenado en la Ley 21. La Ley 21 contiene estudiados planes de desarrollo urbano cuya preparación duró 26 meses a un costo mayor de 9 millones de dólares. Buscando ponerle un alto a lo que consideraban un abuso de poder, los ciudadanos interpusieron varias demandas contra el Mivi ante la CSJ.

El Mivi decidió esquivar las demandas ciudadanas y obtuvo la colaboración de diputados de la Asamblea Nacional para crear una nueva ley. Crearon la Ley 12, una ley retroactiva, que exonera al Mivi de cumplir con lo especificado en la Ley 21, desde julio de 1997, hasta enero de 2007. Transformaron así sus actos ilegales en actos legales.

Siguieron demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 12. Nuestra Constitución Política prohíbe leyes retroactivas, excepto por tres condiciones especiales. Esta prohibición es cónsona con los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización a la cual Panamá está adscrita.

Los funcionarios del Mivi y los diputados colaboradores se percataron de que habían cometido un error en la redacción de la Ley 12, porque no habían declarado qué condición especial esperaban satisfacer para cumplir con la Constitución. Temiendo que la CSJ encontraría que la Ley 12 fuera inconstitucional, crearon la Ley 29 de 2008, declarando que la condición especial era “interés social”, días antes de que la Corte emitiera su fallo. Todos recibimos la gran sorpresa de la CSJ cuando falló que la Ley 12 no era retroactiva, consecuentemente no era inconstitucional. En el fallo, los magistrados opinaron que la intención del Mivi et al era crear una ley con efectos hacía el futuro.

¡Qué disparate! Aquí tenemos el caso típico del cazador cazado. Con la Ley 29 los creadores de la Ley 12 reafirmaron su intención de crear una ley retroactiva para borrar la ilegalidad en más de 40 resoluciones del Mivi. Mientras tanto, la CSJ falla al fallar que la Ley 12 es constitucional, porque opinan que el Mivi et al no tenía intención de crear una ley retroactiva.

Nos preguntamos ¿qué hará la CSJ ahora que se sabe que el Mivi et al insiste en una ley retroactiva? ¿Se pueden imaginar este material en manos de Tres Patines y el Tremendo Juez de la Tremenda Corte?

Ambientalistas rechazan gestión de ANAM sobre minería

Red Antiminera de Panamá rechaza gestión de ANAM sobre Minería

Panamá. 23 de diciembre de 2008. Burica Press. La Red Antiminera de Panamá ante la equívoca acción de la ANAM al haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la Minera Petaquilla, las comunidades de diversos puntos del país afectadas por las concesiones para minería metálica y que conforman la Red Anti-minera Panameña, manifestaron total rechazao, ya que indican los quejosos que pudo ser detenido el daño ambiental con la invocación de la Ley General de Ambiente de 1998. Así indican que el decreto ejecutivo 209 de 2006 que regula el título IV de la ley arriba mencionada señala en su artículo 50 que la ANAM no puede aprobar un EIA si no ha cumplido con los requisitos mínimos de aprobación.

El artículo 50 indica: “En el caso que la ANAM defina que el Estudio de Impacto Ambiental no satisface las exigencias y requerimientos previstos en el Reglamento, para evitar, reducir, corregir, compensar o controlar adecuadamente los impactos adversos significativos emanados del proyecto, obra o actividad procederá a calificarlo desfavorablemente y rechazar el Estudio de Impacto Ambiental”.

Indica la REDAP además, que es evidente que ante la necesidad de que la empresa minera cumpla con la presentación de 40 puntos de vital importancia, antes de proceder con la explotación minera, tales como: manejo de aguas, desechos tóxicos, drenaje ácido, entre otros, deja en evidencia la deficiencia de un EIA que de alguna manera da el visto bueno para que la obra continúe más allá de los daños ya realizados y de las violaciones que se han evidenciado.

REDAP indica además que ante la gran cantidad de concesiones que existen, exigen a las autoridades, en particular a la Autoridad Nacional del Ambiente y al Ministerio de Comercio e Industrias un alto en el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación minera metálica, basado en el principio precautorio, que indica que en materia de medio ambiente, cualquier acción de cualquier naturaleza que tenga la posibilidad de causar daño al entorno o ecosistemas, debe ser estudiado con la mayor cautela antes de otorgar permisos de ejecución.

Los ambientalistas argumentan que se hace necesaria su aplicación, ya que no existe certeza científica de las consecuencias que puedan acarrear para el ambiente y los seres humanos estas actividades, catalogadas como altamente contaminantes a nivel mundial.

Finalmente argumentó la REDAP en un comunicado emitido ayer a raíz de una protesta pacífica que realizaron frente a las instalaciones de la ANAM que en este delicado tema el derecho a la consulta y participación de los ciudadanos, debe ser eficaz y efectivo. Indicaron que el Estado panameño tiene la responsabilidad máxima de hacer cumplir este precepto, ya que en el tema minero la ciudadanía se encuentra ante una flagrante violación de estos derechos y a las autoridades como infractores de los mismos, argumentaron.
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Protestan contra ineficiencia de la Anam

Vecinos de áreas mineras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Unos 100 residentes de Colón, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, áreas con proyectos mineros, protestaron ayer frente a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para pedir mayor control ante los daños que las minas causan a sus entornos.

Vidal Mela, uno de los asistentes, dijo que un proyecto en Santa Isabel, en Colón, afectaría unos siete ríos grandes además de sus afluentes.

Harley Mitchel, asesor legal de la Anam, dio explicaciones a los quejosos, y dijo que “en seis meses” –cuando deje el cargo– podría estar del lado de las protestas.