Corrupción y intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial de Panamá

Corrupción y intromisión del Ejecutivo

en el Órgano Judicial de Panamá

Baje el fallo (formato pdf)

Fallo_y_Salvamentos_CSJ sobre Procuradora General de la Nacion 2010

Burica Press –Asuntos Jurídicos –Opinión

Luego de leer el fallo que suspende del cargo a la actual Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez que fue aprobado por cinco magistrados y los salvamentos de voto de los otros cuatro magistrados inquilinos del Palacio de Justicia, como medio de comunicación alternativo no nos ha quedado la menor duda que este fallo ha sido producto de complot maquiavélico del Órgano Ejecutivo de la República de Panamá con la única finalidad de apoderarse de manera temporal del Ministerio Público. Esta temporalidad puede ser por el resto del período que le queda a la Licenciada Gómez como jefa del Ministerio Público ya que es evidente la parcialidad y deshonestidad con que están actuando los cinco magistrados adeptos al gobierno de turno: Wilfredo Sáenz, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Anibal Salas y Alejandro Moncada Luna.

Este medio no tiene ningún afán en convertirse en paladín de la Procuradora suspendida, pero este medio sí es paladín de la justicia especialmente en casos ambientales y de derechos humanos. Lo trágico de todo lo que hemos visto en esta situación es que los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos no podrán esperar ningún fallo apegado a la Constitución y las leyes de ahora en adelante. Los fallos ahora dependerán de los intereses creados que pululan en el Órgano Ejecutivo y de los caprichos enfermizos de personas que fueron delegadas para ejercer el poder público. Lamentablemente están abusando del poder público.

Se ha tocado fondo y este hecho, como otros hechos desafortunados en la institucionalidad del país, traerá por defecto, en un período no muy lejano, una profunda revisión constitucional donde a la figura presidencial del país le sean abolidos toda una serie de poderes, que en mentes corruptas y enfermas no es posible delegar.  Finalmente luego de este hecho inaudito, cometido por viejos zorros políticos (Spadafora y Cigarruista) e ingenuos políticos novatos (los nuevos magistrados de Martinelli) disfrazados de magistrados por su posición servil y corrupta están allanando el camino para que este país se sacuda de toda esta lacra en menos tiempo de lo calculado.

Felicitamos a los magistrados Harley Mitchell, Jerónimo Mejía, Victor Benavides y Oydén Ortega que han aclarado al país con sus salvamentos de voto el intríngulis de este caso y que desnuda la mano peluda del Sr. Ricardo Martinelli (Jefe del Órgano Ejecutivo) maniobrando en los despachos de los magistrados que no merecen tal investidura.

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.