Denuncian irregularidades en titulación de tierras costeras y Parque Nacional

titulación de tierras genera sospechas en la provincia de veraguas

Investigan apropiación de tierras en Santa Fe

Inversionistas extranjeros compran media hectárea de tierra y se apoderan de hasta 200 y 300 hectáreas.

TIERRAS. La Dirección Nacional de Reforma Agraria investiga la venta fraudulenta de tierras en codiciada zona norte del distrito de Santa Fe. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
santiago, veraguas
nacionales@prensa.com

La belleza del patrimonio natural del Parque Nacional Santa Fe y de las áreas costeras ubicadas al norte de la provincia de Veraguas aún sin explotar dio pie para que ex funcionarios del pasado gobierno e inversionistas nacionales y extranjeros propiciaran una especulación cuyo único objetivo es el de acaparar y vender tierras sin respetar las leyes ambientales ni agrarias que protegen este territorio.

Y es que actualmente la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) incluso adelanta una investigación de la que también ha tomado parte el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción por la titulación “fraudulenta” de tierras en la codiciada zona norte del distrito de Santa Fe.

Uno de los primeros en denunciar estas irregularidades fue Roberto Guerra, alcalde del distrito de Santa Fe, quien reveló que en el área hay extranjeros que aprovechándose de la necesidad de los lugareños compran media hectárea de tierra y de allí arbitrariamente se apropian y miden hasta 200 y 300 hectáreas de montaña virgen que forman parte del parque nacional.

El funcionario lamentó que en muchos de estos casos la dirección de Reforma Agraria hubiese permitido esta especulación debido a que expidió los títulos que aunque “fraudulentos” legalizan la posesión de una tierra codiciada por el potencial natural que presenta.

Apropiaciones

Guerra indicó que actualmente estos extranjeros y también algunos nacionales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de norte de Veraguas incluso están especulando con la venta de estos territorios, ya que intentan negociarlas a altos precios por ser áreas con mucha vegetación y con acceso a la costa atlántica.

El alcalde confirmó que hasta ahora a través de su despacho ya se han hecho varios recorridos conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que verifiquen las denuncias y principalmente las irregularidades que se han dado con las tierras que forman parte de áreas protegidas.

Según Gabriel Vásquez, productor del área de Calovébora, en el área norte de Santa Fe no solo se debe investigar el acaparamiento de las tierras sino la devastación de los bosques del área, ya que incluso algunos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están haciendo movimientos para construir estructuras sin medir el impacto que esto representa para un área protegida.

Vásquez considera conveniente que en el sector norte de Santa Fe se haga un ordenamiento territorial con el objetivo de evitar la especulación y sobre todo para que los lugareños no pierdan sus tierras.

Pero en medio de estas denuncias, Ezequiel Pinzón, director nacional de Reforma Agraria, confirmó que esta institución inició una investigación administrativa que permita determinar si los procesos de adjudicación definitiva de esas tierras se dieron cumpliendo las formalidades que establece el Código Agrario y luego comprobar la violación de la ley.

No obstante, el funcionario reconoció que en la investigación se han encontrado diversos fenómenos, que van desde la titulación de tierras que por años han sido ocupadas por lugareños o la apropiación de terrenos que son inadjudicables por ser áreas protegidas, lo que representa una falta a la ley.

Pinzón adelantó que por ahora en el caso del norte de Veraguas ya se han instruido cerca de 10 expedientes aunque el número de casos podría ser superior, luego de lo cual se remitirá la investigación a las autoridades del Ministerio Público.

Vinculaciones

También dijo que se trata de determinar la vinculación de funcionarios de la Dirección de Reforma Agraria durante la pasada administración del presidente Martín Torrijos, que al parecer fueron quienes propiciaron la titulación irregular de tierras en el norte del distrito de Santa Fe.

El sector norte no es la única área afectada. En julio de 2009, un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surgió a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional.

Gobierno insiste en titular tierras costeras e insulares

Prólogo

Causa enorme pena que el Gobierno de Martinelli, al igual que los dos últimos que le han precedido, intente seguir con la titulación de tierras costeras inadjudicables. Ya existen demasiados títulos en áreas costeras e insulares que le quitan el derecho al resto de los panameños de usar un patrimonio costero que la Constitución panameña estableció desde el inicio de la República. Con la titulación de estas tierras –al precio que sea– enajena un patrimonio de todos los panameños y le segrega espacios públicos de recreación y esparcimiento.  Los citadinos no tendrán acceso a playas como ya ocurre en muchos países donde han negociado su patrimonio costero.

En muchos territorios insulares los nuevos dueños de estos derechos posesorios y derechos titulados han cerrado caminos de acceso a las playas. Algunas islas son privadas de manera total o parcial y eso es ilegal.

Si regalan los títulos es nocivo, si los encarecen estarán cediendo el patrimonio costero e insular a magnates que todos sabemos que evitaran a toda costa que los panameños que no tenemos terrenos en las costas no podamos acceder fácilmente a «sus playas».

El poderoso don dinero parece ser superior al interés colectivo sobre un patrimonio no enajenable. Las playas y riberas costeras deben permanecer libres de acceso expedito a todos los ciudadanos. Foto: BiodiversidadPanama (www.panoramio.com)

Para realizar inversiones en territorios costeros no se requiere, si se actúa de buena fé, a tener un título de propiedad. Eso es falso y sólo busca que se legalice el negociado de las tierras preciadas. Es bien sabido, por ejemplo que muchos Estados insulares pequeños han protegido sus tierras costeras del negociado de tierras, sin embargo la inversión en turismo nunca se ha detenido. Para los empresarios que no buscan acaparar tierras para el negociado del –Real State–, sino desarrollar proyectos justos, no es necesario la adquisición con gula de grandes extensiones de tierra.

Hasta dónde se puede vender el país es la pregunta!  Cuántas islas serán presa de codicia de los especuladores que sólo esperaran que los lugarenos tengan un título de propiedad para seducirlos y tomarse las tierras.  Esta historia de repite en espiral una y otra vez.  Quién ganará en todo  esto? Quiénes perderemos?

El Estado debe ser garante de los derechos colectivos, pero con la clase política que tenemos ejerciendo, no podemos esperar que estos sanos principios prevalezcan.  Mercaderes de la peor ralea. Un muchacho universitario diría: «Allí están, esos son, los que que venden la nación», pedazo a pedazo, título a título.

Por cierto, que ya es hora que todo dueño de tierra pague impuestos proporcionales a la cantidad de tierras que posee.  El latifundismo se está tomando peligrosamente el país. El latifundismo ha sido cuna de graves problemas sociales y políticos en todos los países que lo han permitido.

Burica Press

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Debate de ley se complica

PANAMÁ. A pocas horas para la Nochebuena, los diputados de la Asamblea Nacional dan continuidad hoy al tercer día de discusión en segundo debate al proyecto de ley 71 que reconoce derechos posesorios en costas e islas.

La sesión de ayer que comenzó a eso de las 11:00 a.m. y cerró a las 5:00 p.m. estuvo marcada por las críticas de los diputados de oposición y dueños de derechos posesorios. En el blanco estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, porque la entidad suministró una tabla de precios que según ellos fija costos altísimos para titular cada hectárea.

El inversionista, Pedro Vallarino dice que estos precios frenarán la inversión extranjera en el país. Los mudos en el debate y ante las acusaciones fueron los diputados oficialistas. Yassir Purcait, por ejemplo, asegura se trata de una ley para expropiar tierras.

Los dos lados de la moneda

En el tema de los derechos posesorios, no habrá ningún consenso. Las partes viven en mundos muy distintos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

El proyecto de ley 71 sobre la titulación de derechos posesorios en las costas e islas realizará la meta del gobierno Martinelli, que es permitir la titulación de tierras a los ocupantes de predios pequeños, y de cobrar un precio justo a los inversionistas quienes buscan titular proyectos grandes”.

Así lo confirmó a La Estrella el viceministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Según el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el predio promedio ocupado sin título en Panamá es de 5.6 hectáreas. El proyecto de ley permite la titulación gratuita de 3 hectáreas.

Según la tabla de precios establecida por el proyecto, el que quiera titular menos de 25 hectáreas en la costa de Azuero tendrá que pagar al Estado 45 mil dólares por hectárea, más 5% de impuesto.

Así es que el Estado cobraría al dueño promedio 175 mil 850 dólares por las otras 2.6 hectáreas.

En cambio, un inversionista que ha comprado derechos posesorios de más de 25 hectáreas en la Isla Colón, Bocas del Toro, tendrá que pagar 62 mil 500 dólares por cada hectárea, para titularlas.

De La Guardia dijo que la tabla fue preparada por “dos prestigiosas empresas evaluadoras”, y que sus precios son “inferiores” al valor del mercado.

Durante la campaña electoral, Ricardo Martinelli manifestó que “a titulación de los derechos posesorios sería totalmente gratis en todo el territorio nacional”. De La Guardia no quiso comentar sobre porqué el presidente cambio de parecer.

“Han mantenido, equivocadamente, que el proyecto de ley pretende recaudar fondos”, dijo el funcionario, quien es banquero de profesión. “Su propósito es de balancear el interés de individuo con el de Estado”. Preguntado si los dueños de derechos posesorios pagarían los precios establecidos, dijo que sí. “Van a titular”.

Otra idea tenía un inversionista con quien conversó La Estrella.

“Este proyecto va a paralizar la titulación. Ya no habrá más proyectos grandes. La tabla de precios desconoce por completo el mercado actual de tierra”, indicó.

“El auge se acabó hace dos años”, siguió el inversionista, quien no quiso ser identificado.

“Ahora —agregó— el gobierno se ha metido en el negocio de bienes raíces, no para vender sino para proteger el valor de tierras costales ya tituladas de personas que tienen grandes extensiones”.

Cinta costera es una falla urbanística

ENTREVISTA

Un urbanismo lleno de fallas

Un consultor del BID da una mirada al desarrollo urbano del distrito capital. Cuestiona algunos proyectos públicos.

PROYECCIÓN. Arturo Samper diseñó el primer ‘Plan de espacio público’ de Bogotá, Colombia. CORTESÍA/Arturo Samper

Perfil TRAYECTORIA. Arquitecto, diseñador y planificador urbano. Arturo Samper obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Adquirió una maestría en planeación urbana y una maestría en arquitectura con especialización en diseño urbano de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia. Desde 2006 asesora al Gobierno panameño en materia de urbanismo y en el programa nacional de administración de tierras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Arturo Samper, un colombiano naturalizado canadiense, ha asesorado a las autoridades gubernamentales panameñas en materia de urbanismo en los últimos tres años, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde Estados Unidos nos ofrece, por correo electrónico, sus perspectivas de la ciudad de Panamá, en las que considera la cinta costera como una falla urbanística, los buses articulados como una mejor opción de transporte para la ciudad capital –en vez del metro– y aboga por una transformación del Ministerio de Vivienda. La propuesta está en la Asamblea Nacional.

La ciudad de Panamá ha experimentado un desarrollo urbano en los últimos años. Se han dado cambios de zonificación que la ciudadanía ha salido a cuestionar. ¿Qué piensa usted de todo esto?

Según datos de la Junta de Planificación de Panamá, parecería que son muy pocos los cambios de zonificación que esta ha aprobado desde que se constituyó en 2006.

Por lo tanto, muchos de los grandes edificios que hoy se ven, están sobre propiedades que ya tenían un uso del suelo y densidad.

Lo que sí es claro, sin embargo, es que el código de zonificación que se aplica es vetusto. Fue concebido en una época en la que “alta densidad” era lo que reflejaba una edificación de 12 pisos (Vía Argentina, Vía Brasil, por ejemplo) y no las torres de 60 pisos de hoy.

Por esto, lo que la ciudad de Panamá necesita es un nuevo código de zonificación.

Según su experiencia internacional, ¿cuáles son las fallas en cuanto a diseño urbano de la ciudad de Panamá?

Personalmente veo la cinta costera como una falla, pues cuando la mayoría de las ciudades del mundo están desmontando sus autopistas del borde del mar para reclamar el espacio exclusivamente para el peatón, Panamá está instalándola.

También veo las concesiones de playa y/o fondo de mar como una gran falla, pues representan la toma del espacio y patrimonio colectivo para el beneficio directo de unos pocos, es decir, los que pueden pagar.

Me disculparán algunos, pero siempre he visto el hotel Miramar más bien como el “Mírame” o el “Solo yo miro”.

La ciudad de Panamá (Arraiján y San Miguelito incluidas) lo que tiene es un potencial impresionante: tres aeropuertos, las instalaciones de las antiguas bases, el Canal, los parques Metropolitano y Soberanía, los conjuntos históricos, Ancón, los corredores turísticos de Amador, y su geografía. Estos son hitos a partir de los cuales se puede construir o reconstruir una ciudad de impresionante valor urbanístico. El reto, para mí, está en tres frentes: primero, en estructurar operaciones urbanas y rurales de escala (en vez de ir predio a predio), analizando en cada caso la manera en que los promotores asuman muchos más costos sociales y de infraestructura que los que actualmente asumen.

¿Qué cosas se pueden rescatar del urbanismo panameño?

La ciudad de Panamá tiene su propia historia y carácter, y es sobre ellas que se debe construir. Vea los ejemplos de La Exposición, o los barrios de los años 50, ó los conjuntos de la antigua Zona del Canal. Con estos ejemplos basta para tomar referencias y darles continuidad sobre el espacio urbano, el medio ambiente y la arquitectura. Una calle, como la Vía Argentina o la Vía Brasil, es motivo de orgullo en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente, muchos de los proyectos de hoy están orientados al mercado de consumo externo. Por eso, hay que buscar promotores, proyectos y proyectistas que piensen más en el mercado interno.

¿Qué piensa sobre las políticas de ordenamiento territorial de Panamá?

Las políticas de ordenamiento territorial de Panamá están muy bien expresadas en diversas leyes, entre las que se destacan la Ley 21 de 1997, la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998), la Ley de Cuencas (Ley 44 de 2002), la Ley 6 de 2006, la Ley 44 de 2006, y los decretos ejecutivos 283 de 2006, 209 de 2006 y 23 de 2007, entre otros.

En su conjunto, bien podría decirse que estos documentos cubren las principales áreas de actuación de los distintos actores, a través de cuya acción se transforma y por consiguiente se ordena o reordena el territorio.

Por esto, creo que el reto hacia el futuro está más en el marco institucional para el ordenamiento territorial, que en las políticas que definen el tema.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia urbanística para construir una ciudad más justa?

La principal respuesta a esta compleja pregunta está en el artículo 3 de la Ley 6 de 2006, que señala que el desarrollo territorial se hará garantizando la propiedad privada, pero también haciendo cumplir la función social y ecológica de esta. Debe prevalecer del interés general sobre el particular, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Añadiría que entre los asuntos más urgentes está poner en marcha un programa sólido de formación humana en estos temas del desarrollo, con el fin de lograr ordenamiento e institucionalidad para la gestión territorial.

Hay que controlar las operaciones liberales en el mercado de las tierras y en el inmobiliario para permitir un desarrollo más equitativo, y esto solo se logrará con la formación de mentes jóvenes en estos temas.

La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

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Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Este proyecto ha producido desde sus inicios grandes impactos al frágil y aislado ecosistema de la zona

Las playas se están privatizando una a una sin servidumbres y sin control para evitar que esto ocurra

Playas privadas en espacios públicos inalienables

Playa Diamantes, en manos de especuladores y grupos económicos desconocidos se ha convertido en otra playa privada en Bocas del Toro

Red Frog Beach al fondo, su acceso ha sido restringido y exigen pago por atravesar los caminos reales

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

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Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.