CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos en manifestaciones en Panamá

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos  en manifestaciones en Panamá

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

ONU recibe informe de las violaciones a los DD. HH relacionadas al ambiente en Panamá

ONU recibe informe de las violaciones a los DD. HH. relacionadas al ambiente en Panamá

Burica Press – Derechos Humanos

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió de una decena de organizaciones ambientales panameñas un informe denominado Examen Periódico Universal (EPU) sobre la violación a los derechos humanos relacionados con la condición del ambiente en Panamá.

Los ambientalistas denunciantes del Estado Panameño hacen énfasis que Panamá como Estado debe respetar el derecho humano a un ambiente sano y debe respetar los derechos humanos conexos.

Las organizaciones han solicita a la OACNUDH que incluya esta información en el resumen que prepare para Panamá y que el Consejo la considere durante su evaluación, y brinde recomendaciones al respecto, hacia una protección más efectiva y universal de los derechos humanos.

Las empresas hidroeléctricas y mineras están haciendo un enorme dano ambiental y social en el territorio panameńo.

El presente informe enfatiza en cómo las amenazas y graves daños al ambiente y la correspondiente afectación a los derechos humanos se agrava por cuestiones relativas a ciertas actividades económicas en el país, en concreto relacionadas con minería, turismo, explotación desordenada de tierras y desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.

Según los demandantes el Estado panameño, especialmente durante los últimos meses, ha tomado decisiones respecto a políticas públicas, normas y autorizaciones de grandes proyectos extractivos y de infraestructura, ignorando sistemáticamente el marco internacional y nacional aplicable, que incluye el derecho internacional de los derechos humanos. Lo anterior se agrava además por una legislación débil en la protección adecuada del ambiente y las comunidades afectadas.

“Queremos que la Oficina de la Alta Comisionada, el Consejo de Derechos Humanos y el Estado, lo vean, lo atiendan y actúen en consecuencia”

Astrid Puentes (Co-Directora AIDA-Americas)

Esta situación irregular del marco legal e impulso de políticas improvisadas ha generado graves violaciones a los derechos humanos, en concreto la falta de participación e información, el desconocimiento de los derechos de comunidades indígenas, la ausencia de acceso a la justicia y la falta de garantías judiciales (incluyendo instituciones inoperantes o inadecuadas), y la criminalización de la protesta social, la cual incluye a los afectados por proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos, entre otros.

Denuncian que el gobierno de Panamá está desconociendo el derecho a un ambiente sano y demás derechos humanos conexos, como los de la vida, la salud y la integridad personal. Por ello las organizaciones ambientales panameñas han solicitado de manera imperiosa al Consejo que le recuerde al Estado panameño su obligación de cumplir las normas de derecho internacional de derechos humanos, incluyendo las decisiones de los órganos de control, y de implementar medidas efectivas de protección. Éstas deberán incluir el adecuado control y monitoreo de actividades que pueden ocasionar graves impactos ambientales y por ende, afectar los derechos humanos de personas y comunidades. De lo contrario, la situación en Panamá amenaza con agravarse cada vez más, con las correspondientes consecuencias irreversibles para los derechos humanos.

Las organizaciones que suscribieron este informe ante la ONU son: Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), El Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)-Panamá, Colectivo de Derechos Humanos, el Colectivo Voces Ecológicas, Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, el Comité de Moradores de la Isla Pedro González, el Frente Santeño contra la Minería, Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), el Grupo Campesino de La Pintada, Grupo La Zapatilla Verde, Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur, “Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica.

Baje aquí en informe completo: Informe DDHH ambiente Panama

“Panamá no tiene un Estado de Derecho”

Escuche aquí la sesión: PANAMÁ NO TIENE ESTADO DE DERECHO

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Ejecutivo descalifica a miembros de la sociedad civil que viajaron a EU

Martinelli y Bonissi critican audiencia

El Procurador suplente sostiene que él ni siquiera siguió la transmisión en vivo de la audiencia sobre la justicia panameña, porque esta no tiene ‘importancia’.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Desde lo más alto del Órgano Ejecutivo y del Ministerio Público desacreditaron a los miembros de la Alianza Ciudadana pro Justicia y de la Fundación para el Debido Proceso, que el martes pasado participaron en la audiencia temática celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el sistema de administración de justicia en Panamá.

El presidente, Ricardo Martinelli, describió la audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, como “tres personas armando un zaperoco”.

El mandatario agregó que “ese alboroto es para buscar atención, porque creen que no los toman en cuenta”.

Los señalamientos de Martinelli se dieron ayer, durante la Conferencia Internacional sobre Inversiones del Consejo de las Américas.

En ese foro comercial, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, comentó que la audiencia fue “desafortunada”, ya que, alegó, podrá afectar la imagen del país en el exterior. “Estamos disparándonos nosotros mismos en el pie como panameños. Queremos buscar inversiones y tratamos de promocionar nuestro país, pero este tipo de acciones afectan nuestra imagen”, se lamentó.

Además, calificó la visita a la CIDH como un “show en el que hay muchos intereses de por medio”.

Finalmente, el procurador suplente de la Nación, Giuseppe Bonissi, dijo que no siguió la transmisión en vivo de la audiencia. “No tengo tiempo para ponerme a ver bochinches… cosas como esa, yo no les doy importancia”, recalcó.

‘Panamá no tiene un estado de derecho’

denuncia. El grupo habló el martes en la sede de la OEA. LA PRENSA/David Mesa

Betty Brannan Jaén
CORRESPONSAL EN WASHINGTON, D.C.

laprensadc@aol.com

Fuertes críticas a la justicia panameña hicieron ayer el catedrático Miguel Antonio Bernal y la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, durante una conferencia organizada por la Fundación para el Debido Proceso en Washington, Estados Unidos.

“No hay un estado de derecho en Panamá. No se llena ninguno de los requisitos mínimos (…) tiene que haber independencia judicial, supremacía constitucional [y] respeto al debido proceso. Esas son condiciones mínimas”, dijo el catedrático.

Bernal mencionó que “de parte de la clase política no hay la voluntad de que exista un estado de derecho”, pero sí hay una “campaña de desprestigio” contra los miembros de la sociedad civil que proponen reformas reales. Se les quiere “silenciar”, sostuvo.

Castillo, por su parte, señaló que “la Corte Suprema está muy politizada”, por lo que “no podemos decir que hay una separación de poderes del Estado”. Añadió que la sociedad civil está siendo excluida de los espacios de diálogo sobre el tema de la justicia.

De todos los países de América, precisó, Panamá es el único –con excepción de Haití– que todavía usa el sistema inquisitivo y que registra el más alto índice de presos per cápita.

Bernal alegó que en Panamá “hay una ausencia absoluta de independencia judicial” y “un abandono total del constitucionalismo”.

La suspensión de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, poco se mencionó, salvo cuando Bernal denunció que el caso se manejó con “flagrante violación del debido proceso”.

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OPINION. Según el mandatario, son tres personas que están formando un “zaperoco” para buscar atención

Martinelli resta importancia a la denuncia contra Panamá

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, dice que las acusaciones contra el país es como dispararnos en un pie, mientras se anuncia que se ha alcanzado el grado de inversión.

Papadimitriu tildó de “show” lo sucedido en la CIDH.

El presidente Ricardo Martinelli restó importancia a la denuncia presentada Alianza Ciudadana Pro Justicia sobre la situación de la administración judicial panameña ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Consideró que “tres personas son las que están armando un zaperoco”, ya que, según dijo, “ese alboroto es para buscar atención porque creen que no los tomamos en cuenta”.

Estos señalamientos fueron respaldados por el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, quien utilizó el calificativo de “show” para referirse a la sustentación de la Alianza y la Fundación para el Debido Proceso ante la OEA.

A su juicio, “los trapos sucios se lavan en casa”, por lo que lamentó que mientras el Gobierno “atrae inversión” y trata de promocionarnos, la sociedad civil “sale a dispararnos a nosotros mismos en el pie como panameños”.

También dejó entrever que la denuncia hecha por la sociedad civil sobre que la justicia panameña se encuentra en una “grave crisis” tiene otros intereses.

“Sabrá Dios cuáles son los intereses que están detrás de lo que tratan de hacer estas personas”, expresó.

Mientras, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Rodríguez, lamentó estos señalamientos que “atentan contra el derecho a manifestarse y son un desprecio a la libertad ciudadana”.

Aseguró que esta posición del Gobierno está alejada del diálogo, ya que Alianza y la Fundación para el debido Proceso Legal expusieron temas que las autoridades “no quieren entender”.

En tanto, el embajador panameño ante la OEA, Guillermo Cochez, señaló que la solicitud de una visita “in loco”, solicitada el martes por Alianza “no necesariamente será aceptada” por la CIDH, debido a que “exageraron un poco en los puntos planteados”.

Consideró que la denuncia “no pasará de allí”, debido a que el Gobierno prometió iniciar un proceso de diálogo.

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Por supuesto que el show lo hizo el Embajador Cochez que sin su habitual arrogancia trato de explicar lo inexplicable ante la situación vergonzosa del estado de la justicia en Panamá.

El Embajador Cochez estaba leyendo algo que ni el mismo se lo creía.

Qué verguenza!

Burica Press

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Martinelli resta importancia a denuncias ante la CIDH

Fuente: TVN Canal 2

El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, restó importancia a la audiencia que se le otorgó a Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicando que son “tres panameños los que han armado un zaperoco sin necesidad”.

El mandatario también habló sobre las expectativas de crecimiento económico frente a inversionistas internacionales, en un foro que reunió a especialistas e importantes ejecutivos de grandes empresas trasnacionales, con miras a proyectar a Panamá como un centro de negocios mundial.

Martinelli compartió los proyectos que tiene en agenda y el impacto económico que representa.

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El Ejecutivo pretende vestirse con piel de oveja ante los graves senalamientos o denuncias que se hicieron ante la CIDH.

El ańo pasado se denunció la violación sistemática a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El gobierno ha ignorado los Derechos indígenas. Ha violado y sigue violando sistemáticamente los DD. HH. de los indígenas y de otros grupos étnicos minoritarios.

Burica Press.

Panamá debe acatar la medida cautelar impuesta por la CIDH sobre represa

Evalúan caso de la hidroeléctrica chan-75

CIDH celebra audiencia

Representantes indígenas dijeron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa.

BETTY BRANNAN JAEN
CORRESPONSAL EN WASHINGTON, DC

LaPrensadc@aol.com

Respondiendo a una petición hecha por el gobierno de Martín Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer una audiencia sobre la orden de suspender el avance del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En la audiencia, representantes indígenas de las comunidades afectadas por la obra denunciaron que el Estado panameño ha incumplido la orden de suspensión, mientras que un funcionario de la Cancillería panameña dijo que Panamá no ha obedecido la orden porque la medida cautelar no cumple con el reglamento de la CIDH. El organismo rechazó este argumento en forma tajante. “La medida cautelar está vigente y la CIDH espera que el Estado panameño la cumpla de buena fe”, sentenció el comisionado Víctor Abramovich, quien presidia la audiencia.

Según el viceministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega Fábrega, representante del Gobierno panameño, el problema fundamental es que el gobierno anterior puso en manos de la empresa la responsabilidad de negociar con las comunidades afectadas, lo cual dio lugar a “toda clase de cosas”.

Según los representantes indígenas, los ngöbes –cuyas tierras serán inundadas– viven bajo agresiones y amenazas de muerte, y no todos han sido incluidos en el proceso de diálogo.

“Ellos [el gobierno] no han respetado los derechos del pueblo indígena, porque el interés del gobierno es construir la represa”, acusó Bernardino Morales, representante de la comunidad de Guayabal.

A pesar de estos argumentos, los representantes indígenas reconocieron que bajo el gobierno de Martinelli hay nuevas posibilidades de una solución amistosa, aunque solicitan que se cumpla con la orden de suspender la obra y que se revisen todos los “acuerdos” ya obtenidos.

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Acuerdos amistosos? y las responsabilidades por violación a los derechos humanos dónde quedarán entonces?

Burica Press

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes.  Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado.  Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido a que son proyectos de alto impacto en áreas protegidas con reconocimiento internacional.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS