60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

El mundo celebra los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre

La ONU convoca diversos actos con motivo de la efemérides.- París y Nueva York, capitales mundiales de la celebración

EL PAIS.com – Madrid – 10/12/2008

Tal día como hoy, hace 60 años, la Asamblea General de la ONU, formada entonces por 58 países y reunida en París, daba su visto bueno, con 48 votos a favor, 8 abstenciones y dos ausencias, al documento por excelencia de reconocimiento de los Derechos Humanos en el mundo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Apenas 30 artículos que constituyen meramente un ideal y que, sin embargo, quedan incumplidos en demasiadas ocasiones. Hoy se celebra el 60º aniversario de la Declaración con diversos actos en todo el mundo, entre los que destacan los que la ONU celebra en París, donde se firmó el texto, y Nueva York, donde tiene su sede la organización.

Como cada año, la ONU celebra hoy el día internacional de los Derechos Humanos y como cada cinco años, lo hace con la entrega del Premio de Derechos Humanos, que premia a distintas personalidades destacadas por sus “logros extraordinarios” en la materia. Creado en 1966 y entregado por vez primera en 1968, algunos de los ganadores han sido Nelson Mandela, Martin Luther King o Eleanor Roosevelt, principal impulsora de la Declaración. También organizaciones como la Cruz Roja han recibido el premio. El acto central de celebración del 60º aniversario de la Declaración será precisamente la entrega en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de este galardón. Además, está convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General y otros actos.

También París, ciudad donde se firmó la Declaración, acoge hoy celebraciones por su 60º aniversario. En este caso, el acto central tiene lugar en el Palacio del Elíseo, con la participación del presidente francés, Nicolas Sarkozy, y otros jefes de Estado. Durante este acto, se proyectará la película Historias sobre Derechos Humanos, una producción conjunta entre la Comisión Europea y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Ya por la tarde, el acto de clausura de la jornada, en el que participará el ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, será la iluminación de palacio de Chailot. Además, la UNESCO, radicada en París, entrega su premio de promoción de las libertades.

Además de París y Nueva York, la ONU celebra actos de conmemoración por todo el mundo. En España, el ministro de Exteriores, Miguel ángel Moratinos, participará esta noche un acto de celebración en la Casa de América de Madrid. Entre otras personalidades, también estará presente Alvaro Gil Robles, ex Defensor del Pueblo y primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) también ha organizado actos, como la lectura de los 30 artículos de la Declaración, en la que han tomado parte, entre otros, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, o el presidente del PP, Mariano Rajoy, junto a alumnos de 5º de Primaria del Colegio Menesiano de Madrid.

Información Relacionada

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AMNISTÍA DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

Derechos humanos: 60 años de fracaso

  • En al menos 81 países se infligen torturas o malos tratos a las personas
  • En España, el informe recoge abusos contra inmigrantes e impunidad policial
  • Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar, los lugares con menos derechos
  • La ONG insta a los gobiernos a pedir disculpas y a renovar su compromiso

MADRID.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’. Pero en la primera mitad de 2007, sólo en Egipto murieron 250 mujeres a manos de sus familiares y otras dos fueron violadas cada hora. Este es un ejemplo ilustrativo de los 60 años de fracaso en la defensa de los derechos humanos, según denuncia Amnistía Internacional (AI).

Pero no es el único. Hay muchos más. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad es papel mojado en muchos países. En al menos 81, se infligen torturas o malos tratos a las personas, en 54 se las somete a juicios sin garantías, y en 77 no pueden hablar con libertad.

El informe 2008 ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, que abarca 150 países y territorios, repasa las promesas formuladas en la declaración universal y muestra hasta qué punto del dicho al hecho sigue habiendo un enorme trecho. “La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo”, afirma la secretaria general de AI. Irene Khan insta a los gobiernos del mundo a pedir disculpas por su fracaso y a renovar sus compromisos para obrar mejoras concretas.

Según Khan, “2007 se caracterizó por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos”. En este sentido, señala que “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar exigen una actuación inmediata”.

La ONG advierte de que la mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo. Para la secretaria general, “2008 ofrece una oportunidad sin precedente a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen a la escena mundial para fijar nuevas orientaciones…”.

Por ello, la organización reta a los gobiernos a que establezcan un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y dice que los más poderosos han de predicar con el ejemplo.

Asignaturas pendientes

AI)

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Movilización contra la pena de muerte. (Foto: AI)

Como prioridades, la ONG recuerda a China que debe cumplir las promesas sobre derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos, permitir la libertad de expresión y prensa, y acabar con la “reeducación por el trabajo”.

El informe considera que EEUU tiene que cerrar Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos o liberarlos y dejar la tortura. En cuanto a Rusia, estima que ha de mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos en Chechenia.

Los ‘deberes’ de la Unión Europea son investigar la complicidad de sus Estados miembros en las “entregas extraordinarias” de sospechosos de terrorismo, y aplicar los mismos baremos en materia de derechos humanos que fija para terceros países.

Irene Khan advierte que “tal como demuestran Irak y Afganistán, los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro”.

Asimismo, sostiene que hay una creciente demanda de exigencia de justicia, libertad e igualdad. “La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes mundiales ignoran a la opinión pública, para su propio riesgo”.

España: impunidad policial

En el apartado dedicado a España, Amnistía recoge informes de violaciones de derechos humanos por parte de los agentes encargados de hacerlos respetar. Señala que éstos no han sido investigados por los organismos competentes, lo que ha dado lugar a “situaciones de impunidad”.

La organización documenta abusos en los procedimientos contra inmigrantes en situación irregular, como el del ciudadano nigeriano que murió durante un vuelo “atado de pies y manos” y presuntamente “amordazado con cinta adhesiva”. AI sostiene que en muchos casos se impidió el acceso a territorio español a estas personas mediante procesos desarrollados en centros de internamiento no ajustados a la normativa internacional y vuelve a incidir en la expulsión de menores sin garantías.

Mención aparte merecen las víctimas de la violencia familiar quienes, según el estudio, siguen teniendo obstáculos para obtener, protección, justicia y reparación.

El informe destaca que al menos 50 vuelos militares o fletados por la CIA estadounidense con origen o destino en Guantánamo sobrevolaron el espacio aéreo español o hicieron escala en territorio español entre 2002 y 2007″.

Declaración Universal de los Derechos humanos

(Versiones en otros idiomas)

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General

proclama la presente

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

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Alto a la violación a los derechos humanos de los Nasos en Bocas del Toro

Alto a la violación de los derechos humanos de los Nasos

Por: Ariel R. Rodríguez

Académico, Universidad de Panamá

Los teribes o nasos tjer di es un grupo indígena bien definido y compacto que se conoce desde que los primeros exploradores españoles penetraron por la región bañada por el Río Teribe y sus afluentes. Habitan estas tierras previo a los registros escritos del área. Su dominio territorial incluía la Isla de Toja o Isla Colón en lo que hoy es Bocas del Toro.  Desde siempre han sido considerados como pueblos “belicosos” dada su férrea y notable fiereza en la defensa de su territorio, no sólo contra los invasores españoles, si no contra otras tribus de la época como los changuenas y los talamancas que habitaron los márgenes del Río Sixaola.

Según las datos históricos aportados por José Manuel Reverté, antropólogo panameño, los nasos fueron una “tribu” numerosa, “hasta de diez mil indios” (sic) en la época en que Cristóbal Colón llegó a las costas de Bocas del Toro, hasta quedar reducida por las diversas circunstancias hasta llegar a la mínima cifra de unos 400 individuos para mediados del siglo veinte.  Hoy se estima que los nasos tienen una población de un poco más de tres mil quinientas personas, asentadas en la cuenca baja del Río del Teribe y otra que ha migrado a la comunidad bananera de Changuinola.

Es considera como una población amenazada desde el punto de vista étnico y cultural ya que ante un embate cultural occidentalizado sobre el área es muy posible que se pierda definitivamente la lengua, tradiciones, costumbres y cultura Naso, tal y como está ocurriendo con miles de culturas autóctonas en diferentes partes del mundo.  Los nasos por supuesto que sí tienen derecho a definir su rumbo cultural, pero ello, si ocurre debe ser espontáneo y no impuesto por circunstancias ajenas a sus propios intereses.

En Panamá el Estado por lineamiento unilateral y antidemocrático del gobierno de turno, decidieron desde hace más de dos años que no avalarán o aprobarán el reconocimiento territorial de pueblos indígenas bajo el orden jurídico autonómico de comarcas, tal y como la tienen los Emberás de Panamá Este y Darién, los Ngobes Buglés de Panamá occidental y los Kunas de Panamá Este y del nororiente. Los racistas incrustados en el gobierno y periodistas gastos pagos han hecho un enorme daño en este aspecto y hoy para aparentar bondad han promovido la figura jurídica de tierras colectivas no autónomas! Paradójicamente diputados indígenas se han prestado a semejante traición contra los Nasos al pedir la suspensión del proyecto de ley de creación de la comarca Naso hace dos años.

Responsabilizamos al Presidente Martín Torrijos Espino de la suerte del pueblo Naso frente al proyecto hidroeléctrico Bonyic, ya que él debe saber que allí se están violando los derechos humanos de los nasos, por negarse a reconocer los ancestrales derechos territoriales de este pueblo y por concesionar arbitrariamente sus tierras, bosques y aguas a empresarios, por encima del consentimiento libre, previo e informado, tal y como se entiende en el derecho internacional que lo consagró.

Los nasos tienen el derecho a decidir la suerte y destino de sus tierras y aguas y el futuro de su cultura una vez tengan una Comarca con autonomía bajo sus autoridades tradicionales y reine sin menoscabos sobre este hermoso territorio los reyes nasos y su consejo de gobierno. Hacer esta decisión bajo la presión de grupos de poder externos, políticos o económicos o por prebendas es un violación directa de sus derechos humanos.

Este primer artículo sobre este tema de lo que ocurre en Bocas del Toro lo hemos abordado de manera muy suscinta con tal de abrir un debate al respecto de estos temas trascendentales en el país que pasan desapercibos en un pueblo mediatizado por los reality show y las novelas. Qué pena!

ACD y CS ratifican violación a los DD.HH de Ngobes en Changuinola

Gobierno panameño debe pedir perdón y

resarcir daños a los Ngobes de Changuinola

Burica Press. 29 de julio de 2008. En un comunicado difundido por las organizaciones ecologistas Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival (CS) se indica que en la petición de medidas cautelares realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha reiterado con nuevas pruebas la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado panameño a los indígenas Ngobes en el valle del Río Changuinola.

Alegan los peticionarios que los argumentos del Gobierno de Panamá (GDP) ante el CIDH son vergonzosos y contradictorios y hasta deshonestos, al no decir la verdad sobre hechos fácilmente comprobables de todo lo que se ha dado con las comunidades e individuos Ngöbe en el Valle del Río Changuinola desde el año 2005 cuando se intensificaron las acciones de violación a los Derechos Humanos en el área, como efecto de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I (Chang 75).

Reiteraron ante el tribunal de CIDH la admisión de siete medidas cautelares para la protección de los ngöbes y sus tierras ancestrales. Entre ellas destacan la necesidad que el gobierno panameño declare nulos e inválidos los acuerdos hechos entre AES-Changuinola y los jefes de familia ngöbe individualmente y restablecer la posesión pacífica de todas las tierras y otras propiedades a cada ngöbe y a la comunidad como un todo.

Solicitan el establecimiento de una entidad confiable e independiente para investigar las violaciones de derechos humanos contra los ngöbes individualmente y como comunidad, cometidos entre diciembre de 2005 hasta el presente, proporcionando las reparaciones para tales violaciones y desean que se establezca una entidad confiable e independiente con capacidad técnica para investigar daños ambientales causados por el proyecto de la represa hasta el presente, y reparar los ambientes degradados por causa de las carreteras en construcción.

Adicionalmente han indicado la necesidad que gobierno panameño le pida perdón a los ngobes afectados por todas las violaciones cometidas y compensar por aquellas que no puedan ser restituidas, incluyendo daños morales y pecuniarios resultantes de detenciones y arrestos injustos; daños irreparables a la propiedad y el ambiente, y sufrimiento, humillación y dolor.

Las tres últimas solicitudes de medidas cautelares se hicieron con la finalidad que no haya repetición de hechos similares en el futuro. Estas solicitudes incluyen en la necesidad que el gobierno panameño efectúe un Estudio de Impacto Ambiental y un Análisis Ambiental Estratégico, para asegurar que proyectos futuros sean consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los ngöbes. El gobierno debe investigar, demarcar, y nombrar todas las tierras indígenas antes de iniciar negociaciones para proyectos de desarrollo en esas tierras y debe adoptar leyes que aseguren que todas las tierras indígenas sean protegidas de usurpación a menos que las comunidades indígenas hayan participado del proceso de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, que les permite dar su consentimiento libre, previo y bien informado sobre el desarrollo de represas hidroeléctricas en sus territorios.

Tanto ACD como CS decidieron actuar ante la justicia internacional dado que en Panamá  se le negó a los Ngobes justicia libre y expedita ante violaciones flagrantes a los derechos humanos de ellos.  El Presidente de ACD, Ariel Rodríguez indica que en Panamá todavía la justicia es lenta y no confiable, lo cual es penoso y lamentable. Según el activista en el país siguen las influencias de grupos de poder político y económico que impiden que las leyes y normas se cumplan adecuadamente cuando existen intereses creados en juego. Indicó además que en el caso de las hidroeléctricas planteadas en Changuinola y la “usurpación  legal”de las tierras Ngobes por parte de las empresas promotoras y con el beneplácito del gobierno panameño nos indica que Panamá la justicia es ciega, sorda y muda y ha perdido la balanza cuando se trata de defender los derechos de pueblos indígenas vulnerables, indicó el ecologista.

La ONU exhorta a Panamá a poner fin a los abusos de los derechos humanos en Panamá

La ONU exhorta al Estado Panameño a poner fin a los abusos de los derechos humanos en Panamá

Panamá, Burica Press, 5 de abril de 2008.

Luego de la sesión que consideró la situación de los derechos humanos en el Panamá, el comité de los Derechos Humanos de la ONU emitió recomendaciones finales al Estado panameño en las cuales resalta, entre otros, los temas de justicia transicional, abusos a los detenidos, discriminación en contra de la mujer, derechos de los refugiados y los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas. El activista, Alfredo Castillero Hoyos de la Red de Derechos Humanos-Panamá, fue una de las personas testigos de la evaluación que se hizo en la ONU en Nueva York sobre los derechos humanos en Panamá. La Red de Derechos Humanos de Panamá, presentó paralelo al informe oficial del gobierno un informe sombra, los aspectos que el gobierno panameño no había incluido en sus informes oficiales.

A continuación Burica Press publica las observaciones preliminares del Comité de Derechos Humanos de la ONU:

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

92º período de sesiones

Nueva York, 17 de marzo a 4 de abril de 2008

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos

PANAMA

1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Panamá (CCPR/C/PAN/3) en sus sesiones 2520 ª y 2521 ª (CCPR/C/SR.2520 y 2521), celebradas el 24 y 25 de marzo de 2008, y aprobó, en su sesión 2535 (CCPR/C/SR. 2535), celebrada el 3 de abril de 2008, las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Panamá, aún cuando observa el gran retraso con que el mismo se presentó. El informe contiene información detallada sobre la legislación del Estado Parte, así como sobre sus nuevos proyectos legislativos. Sin embargo, el Comité lamenta que el mismo no proporcione suficiente información sobre la aplicación efectiva del Pacto en la práctica. El Comité expresa su agradecimiento por las respuestas escritas a su lista de preguntas y a aquéllas formuladas oralmente a la delegación, lo que permitió un diálogo abierto y constructivo.

B. Aspectos positivos

3. El Comité toma nota con satisfacción de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Estado parte, en particular la adopción de un nuevo Código penal, la derogación de las llamadas leyes de desacato y el proceso de revisión del Código de Procedimiento Penal que se propone, entre otros, mejorar las garantías de todo procesado.

4. El Comité se congratula igualmente de la adopción de la ley sobre violencia doméstica y la adopción de medidas legislativas y administrativas destinadas a prevenir la estigmatización y la discriminación de las personas afectadas por el VIH y SIDA.

5. El Comité acoge con satisfacción diversas medidas adoptadas en relación con las personas con discapacidad, incluida la creación del Consejo Consultivo Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

6. El Comité acoge con satisfacción la reciente adopción de legislación que permite solicitar la residencia permanente a los refugiados que se encuentran en el país desde hace diez años o más.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

7. El Comité toma nota del seguimiento dado por las autoridades al informe de la Comisión de la Verdad de 2002 que da cuenta de violaciones del derecho a la vida, incluidas desapariciones, ocurridas entre 1968 y 1989. Sin embargo, le preocupa que la investigación judicial en muchos de los casos documentados aún no ha concluido, mientras que otros han sido declarados prescritos. (Artículos 2 y 6 del Pacto).

El Estado parte debería asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos, incluidos aquéllos documentados por la Comisión de la Verdad, sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados y que las víctimas o sus familiares reciban una indemnización justa y adecuada. La prescripción de delitos por violaciones graves de derechos humanos debería ser suprimida.

8. El Comité nota con preocupación que, según el artículo 12 de la Constitución, el Estado podrá negar una solicitud de naturalización por razones de incapacidad física o mental. (Artículo 2 del Pacto).

El Estado parte debería modificar la Constitución con miras a eliminar de la misma esta disposición discriminatoria que resulta contraria al Pacto.

9. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto en el Código Penal, en particular la limitación de que sea practicado dentro de los dos primeros meses de embarazo cuando se efectúa como consecuencia de una violación, la cual debe ser acreditada en instrucción sumarial. (Artículo 6 del Pacto).

El Estado parte debería revisar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.

10. El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos a los detenidos por parte de las fuerzas del orden, en particular en los centros penitenciarios pero también en el momento de efectuar la detención policial, sin que estas conductas sean sancionadas en la mayor parte de los casos.(Artículo 7 del Pacto).

a) El Estado parte debería tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden que cometan actos de malos tratos. En este sentido, el Estado parte debería proporcionar al Comité estadísticas sobre causas penales y disciplinarias iniciadas por este tipo de actos y los resultados de las mismas.

b) El Estado parte debería redoblar las medidas de formación en derechos humanos de las fuerzas del orden a fin de que no incurran en las mencionadas conductas.

c) El Comité nota con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte en el sentido de que está estudiando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, el cual prevé el establecimiento de mecanismos de visitas periódicas a lugares de privación de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité confía en que dicha ratificación tenga lugar.

11. Pese a los esfuerzos en curso destinados a mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, incluidas las medidas alternativas a la prisión, preocupa al Comité los altos índices de hacinamiento y las malas condiciones que imperan en dichos centros, en particular la insalubridad, escasez de agua potable y falta de atención médica, así como la escasez de personal y la falta de separación entre acusados y condenados. (Artículo 10 del Pacto).

El Estado Parte debería adoptar medidas para poner fin al hacinamiento en los centros de detención y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10. En particular, el Estado Parte debería tomar medidas para que se cumplan en el país las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

12.Aunque observa con satisfacción los esfuerzos encaminados a la reducción de la mora judicial y a la disminución del número de presos en detención preventiva, el Comité expresa su preocupación ante la persistencia de una alta proporción de reclusos en dicha situación, así como la larga duración de la detención preventiva. (Artículos 9 a 10 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación, tales como un mayor recurso a las medidas cautelares, la fianza de excarcelación y un mayor uso del brazalete electrónico.

13. Aunque observa que el Estado Parte es consciente del problema, el Comité muestra su preocupación por las demoras en resolver los recursos de habeas corpus, así como el reducido número de defensores de oficio que existe en el país. (Artículos 9 y 14 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas para garantizar que este tipo de recursos se resuelvan con la mayor celeridad, de manera a garantizar su eficacia y su razón de ser. El Estado parte también debería tomar medidas para ampliar el número de defensores de oficio existentes en el país con miras a garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, incluidos aquéllos que no pueden remunerar los servicios de un abogado.

14. El Comité observa con preocupación que muchos refugiados, en particular aquéllos que carecen de un estatuto formal, viven en una situación de precariedad desde el punto de vista económico y legal y que, en general, la legislación no garantiza a todos los extranjeros que se encuentran en territorio panameño y necesitan protección internacional, incluidos los refugiados, apátridas y otras categorías, los derechos previstos en el Derecho Internacional, incluido el Derecho de los refugiados, en particular la obligación del Estado de no exponer a esas personas a tratos contrarios a los artículos 6 y 7 del Pacto. (Artículos 2, 6, 7 y 9 del Pacto).

El Estado parte debería adoptar legislación que permitiera a los refugiados disfrutar de sus derechos reconocidos en el Pacto y cumplir con su obligación de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado en los artículos 6 y 7 del Pacto, sea en el país al que se va a trasladar a la persona o en cualquier otro país al que la persona sea posteriormente trasladada.

15. Pese a la existencia de un principio constitucional de libre profesión de todas las religiones, preocupa al Comité que dicha libertad tenga como limitación el respeto a la moral cristiana, la cual podría dar lugar a situaciones de discriminación hacia personas de otras religiones y personas sin convicciones religiosas. (Artículo 18 del Pacto).

El Estado parte debería garantizar la plena igualdad en el disfrute del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocido en el Pacto y evitar toda posibilidad de discriminación en este sentido.

16. El Comité expresa su preocupación ante la discriminación de que es objeto la mujer en el ámbito laboral, incluido el acceso al empleo y las diferencias salariales, a pesar de que la tasa de matriculación femenina en la enseñanza superior supera a la masculina. Preocupa también al Comité la información recibida según la cual, pese a la prohibición legal, se mantiene la práctica de solicitar pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo. (Artículos 26 y 3 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar, entre otros, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el salario igual por trabajo igual y la erradicación de la pruebas de embarazo para el acceso al empleo. El no respeto de la prohibición de las pruebas de embarazo debería ser objeto de sanción efectiva.

17. Pese a las disposiciones normativas dirigidas a promover la participación política de la mujer el Comité lamenta la persistencia de bajos índices de participación en este ámbito, tanto en los cargos de elección popular como en los de libre nombramiento. (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto).

El Estado parte debería cumplir los objetivos señalados en ese sentido en la Ley de Igualdad de Oportunidades, y en particular tomar medidas para asegurar un incremento de la presencia de la mujer en los niveles más altos de la función pública.

18. El Comité celebra la existencia de una ley contra la violencia doméstica y las medidas tomadas para garantizar su aplicación. Le preocupa sin embargo la alta incidencia de este fenómeno, el elevado número de muertes violentas de mujeres que resultan del mismo y la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a aplicar la ley contra la violencia doméstica y proteger a las mujeres víctimas de dicha violencia, tales como la creación de albergues en cantidad suficiente donde puedan vivir dignamente, la protección policial de las víctimas y la investigación y castigo de los agresores. En este sentido, el Comité agradecería recibir estadísticas sobre causas abiertas por estos hechos y los resultados de las mismas.

19. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado Parte por registrar todos los nacimientos, pese a lo cual lamenta que aún existan personas no registradas, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas. (Artículos 16, 24 y 27)

El Comité recomienda que el Estado parte refuerce las medidas programáticas y presupuestarias necesarias y tome en consideración las buenas prácticas de otros países en esta materia con el fin de asegurar el registro de nacimientos y otros actos de registro civil en todo el territorio nacional, incluido el registro de adultos.

20. El Comité observa con preocupación que pese a la prohibición constitucional del trabajo de los menores de 14 años, incluidos los trabajos domésticos, y las medidas legislativas encaminadas a prohibir las peores formas de trabajo infantil, persiste en el país una alta tasa de trabajo infantil. (Artículos 8 y 24).

El Estado parte debe adoptar medidas urgentes para asegurar la plena aplicación de la legislación con miras a erradicar el trabajo infantil, tales como el establecimiento de un sistema de inspección eficaz. El Estado parte debería además asegurar la plena escolarización de todos los niños en edad escolar.

21. El Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones incluidas en el informe del Estado parte y recibidas de fuentes no gubernamentales sobre la existencia entre la población en general de prejuicios raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no se encuentran dentro de una comarca. (Artículos 1, 26 y 27 del Pacto).

El Estado parte debería:

a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecúe a sus necesidades específicas;

b) Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud adecuados;

c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto;

d) Reconocer los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales;

22. El Comité establece marzo de 2012 como fecha de presentación del cuarto informe periódico de Panamá. Pide que el tercer informe del Estado Parte y las presentes observaciones finales se publiquen y difundan ampliamente entre el público en general y en los organismos judiciales, legislativos y administrativos. Se deberían distribuir copias impresas de estos documentos en las universidades, bibliotecas públicas, la biblioteca del Parlamento y otros lugares pertinentes. También pide que el tercer informe periódico y las presentes observaciones finales se pongan a disposición de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que funcionan en el país. Sería conveniente distribuir un resumen del informe y las observaciones finales a las comunidades indígenas en sus lenguas.

23. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado Parte debe presentar dentro de un plazo de un año información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité formuladas en los párrafos 11, 14 y 18 supra. El Comité pide al Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico información sobre sus restantes recomendaciones y sobre la aplicación del Pacto en su conjunto.

ONU examina situación general de derechos humanos en Panamá

Por primera vez en 16 años

Naciones Unidas examina situación general de los derechos humanos en Panamá

Red Panameña por los DD.HH. Burica Press, 4 de abril de 2008.

Por espacio de dos días se llevó a cabo el diálogo sobre los derechos civiles y políticos en Panamá entre el Comité de Derechos Humanos y el Estado panameño, sostenido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el cual tuvo lugar después de casi 17 años desde la última vez que Panamá presentó un informe ante dicho Comité. Organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional actuando conjuntamente presentaron informes al Comité para destacar los principales problemas en la materia y contribuir al diálogo y a las preguntas hechas por los miembros del mismo al Estado panameño. En base al diálogo sostenido, el Comité dará a conocer próximamente su valoración de la situación de los derechos civiles y políticos en Panamá.

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Red de Derechos Humanos de Panamá (RDH-Panamá), amplio espacio de diálogo, coordinación y reflexión de más de 30 organizaciones de la sociedad civil panameña con visiones diversas sobre la realidad nacional, pero unidas por su compromiso con los derechos humanos, presentó un informe general sobre la materia, del cual fueron enfatizados 6 aspectos: (1) la discriminación por motivos étnico raciales y contra la mujer entre otras, (2) la insuficiencia de los recursos para proteger y promover los derechos humanos, (3) el desplazamiento forzoso y despojo de tierras a poblaciones indígenas por la construcción de proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, (4) la situación crítica del sistema penitenciario incluyendo el limitado acceso al agua potable, (5) la desprotección de los refugiados y (6) la vulneración de los derechos de las personas menores de edad. Lo relativo al artículo 10 del Pacto que trata del derecho a trato humano de los privados de libertad, fue una contribución de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Cladem-Panamá entregó un informe específico de derechos humanos de las mujeres, el cual fue suscrito por diversas organizaciones de la Alianza de Mujeres de Panamá. Dicho informe destaca entre otros temas (1) la dificultad para la implementación de la legislación en materia de igualdad de oportunidades debido a la falta de recursos, (2) las diferencias que se mantienen en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres en materia de salario, (3) las prácticas discriminatorias para el acceso de la mujer al mercado, (4) la situación del acceso a la justicia y el incremento de los niveles de violencia, y (5) la condición deplorable del único albergue para atender a mujeres víctimas de violencia.

La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard dio a conocer su informe específico sobre la situación de las personas privadas de libertad, el cual destacó (1) el alto nivel de encarcelamiento de Panamá frente al resto de los países de la región, (2) el problema de hacinamiento, (3) la no asignación de los recursos necesarios para hacer frente al tema, (4) la falta de atención médica, así como (5) los abusos físicos y psicológicos que sufren los privados de libertad a manos de los custodios y policías.

De igual forma el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Indiana contribuyó con un informe sobre derechos humanos de la población indígena, que destacó entre otros temas (1) la falta de recursos financieros y de iniciativas para proteger a la población indígena y su medio ambiente y mantener intacta su forma de vida y (2) cómo el Estado permite la incursión de compañías multinacionales para la construcción de hidroeléctricas y proyectos turísticos que causan daños irreparables a las comunidades indígenas.

EL DIÁLOGO ENTRE EL COMITÉ Y EL ESTADO

En sus comentarios preliminares, el presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rafael Rivas Posada, de Colombia, fue firme en sus señalamientos acerca de la gravedad de la demora, por parte del Estado panameño, de casi 17 años en presentar el informe al Comité cuando los Estados que se adhieren al Pacto, adquieren el compromiso de presentar informes sobre el progreso en cuanto al goce de esos derechos cada cinco años.

Los miembros del Comité reconocieron los esfuerzos del Estado por promover los derechos fundamentales de quienes residen en Panamá, pero manifestaron su preocupación de que el reconocimiento de la necesidad de reforma todavía no iba de la mano de suficientes mejoras concretas. El Comité planteó entre otras preocupaciones, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación panameña y rara vez es invocado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia u otras instancias judiciales a pesar de que al ratificar Panamá el Pacto debe incorporarlo a su derecho interno y convertirlo en una fuente de derecho que pueda ser empleada para fallar en casos concretos. Así mismo destacó que no sólo es importante demostrar el avance en cuanto al respeto a los derechos humanos en Panamá por medio de legislación sino a través de la práctica, mediante información oficial cuantitativa que corrobore esos avances. Se señaló como discriminatorio el Artículo 12 de la constitución que dice: “La Ley reglamentará la naturalización. El Estado podrá negar una solicitud de carta de naturaleza por razones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física o mental“.

José Luis Sánchez Cerro, miembro de Perú, y Elisabeth Palm, miembro de Suecia, insistieron en la problemática del uso de la práctica discriminatoria de solicitar pruebas de embarazo para el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, así como en la demora de Panamá en la ratificación de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Palm cuestionó la ineficacia de las medidas de protección en los casos de violencia doméstica y el incremento del número de casos que resultan en la muerte de mujeres. En su reacción, los representantes del Estado insistieron en que existen medidas de protección contempladas en la ley 38 sobre violencia doméstica que deben ser aplicadas por las autoridades en estos casos y señalaron que el aumento de las denuncias en los casos de violencia doméstica se deben a que la población ha tomado más conciencia de la importancia de romper el silencio. Palm quien consideró insuficiente la presencia de mujeres en el gabinete y la Corte Suprema, preguntó si Panamá pensaba adoptar políticas que refuercen la participación de mujeres en cargos públicos.

Sir Nigel Rodley, miembro del Reino Unido, y Abdelfatah Amor, miembro de Túnez, manifestaron su preocupación por el hecho de que la Comisión de la Verdad encaró varios obstáculos y dejó su trabajo incompleto. En particular, Rodley inquirió sobre las medidas que tomaría el Estado para impedir que la prescripción de muchos de los crímenes investigados por la Comisión de la Verdad permita que estos queden impunes. Los representantes estatales alegaron que los casos pendientes de la Comisión de la Verdad están siendo abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la problemática del sistema penitenciario, Rodley planteó que de sus lecturas sobre la situación penitenciaria panameña, tenía que concluir que el complejo La Joya-La Joyita era comparable a centros penitenciarios latinoamericanos de triste fama como Lecumberri en México, Lurigancho en Perú y Carindirú en Brazil. Asimismo expresó que  “todo el sistema pareciera estructurado para crear una situación insostenible” [“The whole system seems to be structured to create an untenable situation.”]. Al reconocer el reciente compromiso de destinar sumas millonarias a la construcción de nuevas cárceles señaló que ello no bastaba pues en su experiencia es difícil acabar con un problema de hacinamiento carcelario a base de construir cárceles [it is very difficult to “build oneself out of an overcrowding problem”]. En sus respuestas los representantes del Estado reconocieron que recientes informes reflejan la dura realidad del sistema penitenciario y a la vez admitieron que se dan abusos físicos frecuentes aun cuando estos no obedecen a una política oficial. Sir Rodley solicitó varias veces estadísticas sobre las sanciones que se les impone a aquellos funcionarios que cometen abusos en contra de los privados de libertad y el Estado prometió proporcionarlas ya que no contaba con éstas.

Con respecto a la posible adhesión de Panamá al 2º Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, la delegación de Estado sostuvo que el departamento de desarrollo social y humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sustentado que la adhesión sería beneficiosa para Panamá y que el departamento de tratados del Ministerio iniciará el proceso consulta con el Ministerio de Gobierno y Jusitica y el Ministerio Público, para luego enviarlo a gabinete y de ahí a la Asamblea. Si se adhiere al 2º Protocolo, Panamá aceptaría la realización de visitas sin previo aviso a cualquier lugar de detención, las cuales serían realizadas tanto por “mecanismos nacionales independientes” que el Estado se comprometería a crear o designar, como por un órgano de Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Igualmente se comprometería a cooperar con estos órganos a fin de aplicar sus recomendaciones.

El Comité preguntó sobre la posición del Estado frente a la necesidad de reformar el Decreto 23 de 1998 que regula el procedimiento de refugio. Se plantea que la definición de quien es un refugiado es demasiado restrictiva, el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del debido proceso y el régimen de protección temporal humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger. El Estado argumentó que este Decreto fue establecido para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiados sino como protegidos temporales humanitarios, y por tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto. Sánchez Cerro agregó que la recién aprobada ley que regulariza la situación de los refugiados y asilados que han vivido en Panamá por más de una década otorgándoles la residencia permanente, no protege a quienes han estado en Panamá por menos tiempo y tampoco prevé ninguna garantía frente a su devolución forzosa.

El Estado aclaró que reconoce el derecho de reunión pacífica pero que debe intervenir en los casos en que se convierte en un abuso y ocasiona afectación de los derechos de terceros.

Además, varios miembros del Comité mostraron gran preocupación por el problema del trabajo infantil en Panamá. La delegación panameña explicó que los menores de edad son protegidos contra el abuso y la corrupción gracias a la incorporación en el nuevo código penal de los delitos de corrupción de menores y producción de pornografía infantil.

También fue muy cuestionada la práctica sancionadora de las entidades de seguridad nacional por las preferencias sexuales de sus miembros. El Estado panameño reconoció la existencia de sanciones debido a la preferencia sexual de los miembros de la Policía Nacional.

Sánchez Cerro, Edwin Jonson López, miembro de Ecuador y Rajsoomer Lallah, miembro de la República de Mauricio, manifestaron su preocupación por la situación de los pueblos indígenas panameños. Lallah subrayó que “el Gobierno de Panamá no está haciendo lo suficiente sobre la situación de las personas indígenas” en parte porque los recursos que destina no bastan. Señaló que los proyectos hidroeléctricos, de turismo residencial y mineros que se están construyendo en tierras ocupadas por comunidades indígenas tienden a destruir la forma de vida tradicional de estos pueblos. Johnson destacó que el derecho consuetudionario moderno requiere la consulta y el consentimiento de estos pueblos para proceder con la construcción de obras en sus tierras. Finalmente, Jonson preguntó “¿Qué es lo que impide a Panamá ratificar el Convenio 169 de la OIT [sobre pueblos indígenas y tribales]?”. La delegación de Estado argumentó que si bien Panamá no se ha adherido al Convenio 169, reconoce todos los derechos contemplados en el mismo a los indígenas que residen dentro de las comarcas.

Rivas posada en sus palabras finales reconoció avances alcanzados como lo son la desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio, entre otros. Por su parte, en su intervención de cierre, el Embajador de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra, Juan Castillero, manifestó su complacencia por la presencia de la sociedad civil panameña y la Defensoría del Pueblo. Reconoció que el informe del Estado había sido preparado sin tomar en cuenta contribuciones de la sociedad civil y por esto pidió disculpas e invitó formalmente a que ésta participe en la presentación de próximos informes. Finalizó expresándole a la sociedad civil que: “queremos decir que nos hacen falta” y que “esto no volverá a suceder”.

La Delegación Estatal estuvo integrada por Juan Castillero, Embajador ante la ONU en Ginebra; Sara Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Social; Victor Caballero, Ministerio de Gobierno y Justicia; Francisco Troya, Policía Nacional; José I Guerrero, Dirección del Sistema Penitenciario; Janio Tuñón, Ministerio de Relaciones Exteriores; Luis Gómez, Procuraduría General de la Nación; Jorge Corrales, Misión ante la ONU en Nueva York; Edgardo Sandoval, Ministerio de Relaciones Exteriores y Alejandro Mendoza de la Misión ante ONU, Ginebra.

QUE ES EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

El Comité de Derechos Humanos que está integrado por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus Protocolos por parte de los Estados que los han reconocido. En virtud del artículo 40 del Pacto, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe cada cinco años sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. Los informes son entonces examinados por el Comité en dialogo con los representantes de los Estados en sesiones públicas. El último día de sesiones, el Comité adopta sus observaciones finales en las que resume sus preocupaciones y formula sus recomendaciones. Aunque solamente el Comité y los representantes de los respectivos Estados Partes toman parte en el diálogo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pueden presentar información por escrito al Comité.

Informe sombra sobre derechos humanos en Panamá 2008

ONG´s de Panamá presentaron informe de Derechos Humanos sombra

Panamá, Burica Press, 24 de marzo de 2008

La Red de Derechos Humanos/Panamá ha presentado el Informe Sombra sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá, con el objetivo de contribuir al diálogo entre el Estado panameño y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su sesión nº 92 del 24-25 de marzo/2008.

Reconociendo la relevancia de todos los temas contenidos en el informe, destacan la serie de violaciones a derechos (residencia, circulación, reunión, asociación, expresión) de las comunidades indígenas por el desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos y de turismo residencial, , la insuficiencia e ineficacia de los recursos judiciales para la protección de los derechos humanos, la discriminación y sus diversas manifestaciones en la sociedad panameña, la crítica situación del sistema penitenciario, la vulnerabilidad de los derechos de menores de edad, así como la desprotección legal e institucional de los refugiados.

El informe se encuentra en archivo adjunto, para la mayor difusión de la temática de los derechos humanos en nuestro país.

Informe Sombra de Derechos Humanos en Panamá 2008

Panamá viola muchos derechos humanos

INFORME NACIONAL.

Mala nota en derechos humanos

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

La violación del derecho a residencia por el auge de proyectos turísticos residenciales, hidroeléctricos y mineros, la crítica situación del sistema penitenciario y la desprotección de los refugiados, son parte de la problemática de derechos humanos en Panamá, según un informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, integrada por 33 organismos de la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante la ONU, cubre un período de 16 años.

derechos humanos. INFORME HABLA DE DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO A MIGRANTES.

Una asignatura pendiente

Red de Derechos Humanos-Panamá dio a conocer ayer un informe que insta a corregir fallas.

Se analizan las condiciones del sistema penitenciario y la situación de las personas que viven con sida.

LA PRENSA/Carlos Lemos
PROTESTA. Indígenas que se oponen a la minería y a las hidroeléctricas hacen una vigilia frente a la Presidencia. 

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

“En Panamá nunca pasaba nada”. Fue la frase que utilizó una dirigente campesina para resumir la situación de los derechos humanos en el país.

Pero el informe alternativo sobre la situación de los derechos en Panamá, dice que “ello no es necesariamente así”.

Más adelante, el estudio elaborado por la Red de Derechos Humanos-Panamá, con la colaboración de 33 organizaciones, reconoce que en el país persiste una alta violación de derechos humanos.

Sostiene que hay insuficiencia de los recursos para promover y proteger los derechos humanos; hay violación del derecho de residencia, existe una situación crítica en el sistema penitenciario, los refugiados están desprotegidos, los menores de edad continúan siendo vulnerados, hay discriminación.

El informe, que brinda una primera panorámica del conjunto de derechos humanos, es importante porque cubre de 1992 a 2008″, sostuvo Alfredo Castillero Hoyos, presidente de la red.

Explicó que el estudio se hizo porque el Estado no presentaba su informe de los derechos humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 1992.

“Esto no es para criticar a los gobiernos. Es para ayudar a crear un diálogo para mejorar la situación que se vive en el país”, señaló Castillero Hoyos.

SEIS TEMAS PRIORITARIOS

Las organizaciones participantes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro de Incidencia Ambiental, la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, acordaron destacar seis temas.

El primero es la discriminación. De acuerdo con el informe, en Panamá se discrimina a los que viven con el VIH/sida, a los discapacitados, a los migrantes, a los que tienen determinada idea política.

La falta de recursos para promover los derechos, es otro. Los grupos aseguran que son ineficaces los recursos para la protección efectiva de los derechos humanos.

La violación del derecho a la residencia se torna crítica, según el documento. “El Estado impulsa la inversión privada en grandes proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros dentro de zonas habitadas. Estos proyectos están creando grandes desplazamientos”, señala el informe.

En el sistema penitenciario hay incumplimiento de reglas, abuso policial, hacinamiento y problemas de salud. Agrega el documento que los refugiados están desamparados por el Gobierno, porque a pesar de estar 15 años en el país, se mantienen en un limbo jurídico.

Por último, persiste la violación de los derechos de los menores de edad.

Informe se presentará en la ONU

Acción internacional.

Alfredo Castillero Hoyos presentará el informe este lunes 24 de marzo y martes 25 de marzo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la sede ubicada en Nueva York, Estados Unidos (EU). El 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar quejas individuales fue adoptado por la Asamblea General.

El comité está compuesto por 18 expertos independientes que son “personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, destaca la página web de las Naciones Unidas. El comité celebra tres períodos ordinarios de sesiones durante el año, los cuales duran tres semanas. Las reuniones las realiza normalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en marzo. Por último, el comité presenta a la Asamblea General un informe anual sobre sus actividades.