Atentado contra el Parque Internacional La Amistad

anam investiga violación de la ley ambiental

Atentado contra el PILA

Dos alcaldes, el de Renacimiento y el de Changuinola, otorgaron permisos para abrir una carretera.

CARRETERA. 400 metros del Parque Internacional La Amistad fueron devastados. Gracias a la acción de los guardaparques un tractorista, que abría un paso, no logró derribar más bosque. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Río Sereno, Chiriquí

nacionales@prensa.com

En la tarde del 27 de enero pasado, el tractorista costarricense Elvin Barrantes fue sorprendido con una pala mecánica en el Parque Internacional La Amistad (PILA) mientras cortaba el vientre de la montaña.

Fue en la zona conocida como Jurutungo. El plan de manejo del PILA indica que este es un sector de protección absoluta, por lo que la construcción o corte de carreteras está prohibida.

Barrantes fue detectado por ambientalistas de la Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (Adpaela), quienes habían montado un operativo de vigilancia con 48 horas de antelación para lograr que la Anam detuviera los trabajos.

Un guardaparque de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) levantó un expediente por delito ecológico y advirtió al tractorista que suspendiera el corte.

Cledis Amado Pittí, de Adpaela, dijo que la comunidad vio entrar la pala mecánica a territorio panameño y advirtió inmediatamente a la Anam.

La Anam le advirtió al tractorista que si iba a hacer trabajos tenía que ser fuera de los límites del parque. El costarricense sabía que era una violación ingresar a la zona protegida y en la inspección que se registró en la tarde del 27 de enero se le encontró con las manos en la masa, dijo Pittí.

Alcaldes serán investigados

Pero el tractorista no actuó solo. Llevaba el permiso de dos autoridades administrativas.

Harmodio Cerrud, director regional de la Anam, declaró que el tractorista mostró permisos para hacer supuestas mejoras al sendero que comunica a Nueva Zelandia (distrito de Changuinola) con los límites del distrito de Renacimiento. Este sendero se usa para colonos de zonas montañosas y como ruta ganadera.

Los permisos que mostraba el tractorista los firmaron los alcaldes de Renacimiento y Changuinola, Onelio Guerra y Lorenzo Luis Baker, respectivamente.

“Aquí se quiere hacer ver que lo que se quiere es limpiar un camino cuando en realidad lo que se quiso hacer fue partir la montaña y por eso los alcaldes serán investigados”, dijo Cerrud.

Añadió que hace seis meses se les dijo a las autoridades del municipio de Renacimiento que no se podía hacer esta obra, aunque hubiese solicitudes de la comunidad.

“Las autoridades administrativas deben saber que cuando hay una zona protegida ellos no tienen jurisdicción para dar permisos para carreteras. La Anam es la que otorga los permisos y para acciones como esta se necesita un estudio de impacto ambiental (EIA)”, explicó Cerrud.

La Anam abrió un expediente en el que se investigará a cada alcalde por su supuesta responsabilidad en un delito ecológico dentro del PILA.

Cuestionan a ambientalistas

Por su parte, el alcalde Onelio Miranda dijo que no le preocupa la denuncia, pero sí el doble discurso de los grupos ambientalistas.

“Los ambientalistas respaldan la gestión y esconden la mano. Ellos les ofrecieron su respaldo a los productores de la montaña y no se opusieron a la limpieza del camino”, dijo Miranda.

Los productores están organizados en un grupo denominado Comité Pro Camino Público de Nueva Zelandia en los límites del distrito de Renacimiento. Los permisos fueron otorgados en Changuinola mediante la resolución 29 del año 2009 y en Renacimiento por la resolución 01 de 2010.

Según Miranda, más de 300 productores sufren el mal estado del camino y les es muy difícil el traslado de productos desde sus apartadas zonas.

Abuso contra la naturaleza

Para los ambientalista de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata) la construcción de una carretera en medio del PILA se convierte en un atentado contra la integridad del parque.

El PILA es considerado por la Unesco como patrimonio mundial, sin embargo, la ganadería dentro del parque, la creación de asentamientos humanos, cacería y la deforestación atentan contra esta calificación, aseguró David Samudio de Adata.

Damaris Sánchez, también de Adata, señala que es inadmisible que un alcalde viole la Ley General de Ambiente y espera que haya seriedad en las investigaciones y sanciones ejemplares.

“Quienes tengan terrenos dentro de áreas protegidas deben tener claro que es importante conservarlas y buscar alternativas de desarrollo sostenible y recuperación de estas zonas boscosas. No es violando normas y leyes como se puede contribuir al desarrollo”, dijo Sánchez.

6 mil personas se quedan sin agua

El delito fue detectado a tiempo, pero el tractorista dañó un acueducto de agua potable. Solo pudo cortar 400 metros de carretera, pero a los usuarios del acueducto de Monte Lirio les queda la molestia de reparar la línea de distribución de agua.

José María Saldaña, fiscal del Comité de Acueducto de Monte Lirio, dijo que desde el 27 de enero estaban sin agua en la comunidad y que le pide tanto a las autoridades como a quienes contrataron el tractor que den la cara ante el daño perpetrado.

Devastación en el Parque Nacional Volcán Barú

DENUNCIA. Ecologistas exigen investigación.

Anam confirma devastación

La entidad busca a los responsables de la siembra de café Geisha en áreas protegidas. Fiscalía enviará peritos para determinar si hubo un delito ambiental y encausar a los responsables.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera
TALA. Un equipo de peritos realizará una nueva inspección en el área afectada.

Sandra Alicia Rivera
VOLCÁN BARÚ, Chiriquí.

Una inspección realizada por funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) determinó y confirmó que existe una tala y siembra de cafetales en un área protegida del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB), tal cual lo han denunciado los ambientalistas ante la Fiscalía Ambiental de Chiriquí.

El director regional de la Anam, Harmodio Santamaría, dijo que se trata de una siembra de cafetales de vieja data, en donde se va a realizar otra inspección para ver desde cuándo fueron sembrados en esta zona.

Añadió que un equipo interdisciplinario irá por segunda ocasión a la zona afectada, para identificar con precisión las violaciones a las normas ambientales. Mencionó que la sanción va a depender de la cuantificación de los daños y el grado de violación a la normativa ambiental. Expresó que una de las limitantes que tiene esta entidad para cuidar los bienes del parque es que no tienen suficiente personal.

El presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda, expresó que mediante un recorrido por el parque se encontraron que hay más de 100 mil metros cuadrados que están siendo utilizados para la actividad cafetalera, y es preocupante porque se han talado 10 hectáreas de bosques primarios para sembrar café.

Mencionó que le preocupa que están talando un área que se sabe es protegida y que es bosque primario, lo que significa que pertenece al Estado. Aseguró que ven como grave esta situación, porque en el PNVB nacen muchos afluentes importantes, como el río Cochea, que es subcuenca del río Chiriquí.

“Hasta donde hemos podido observar, parece que están sembrando café Geisha, considerado como uno de los mejores; pero en el parque no se puede sembrar más que árboles y cuidarlos, pero no ser utilizado para siembras personales ni lucrar de él”, enfatizó.

El fiscal ambiental Franklin Amaya expresó que realizará una inspección al lugar de los hechos para verificar o descartar la posible comisión de delito. Detalló que la inspección será con peritos que de manera objetiva evalúen la situación, porque existen muchas denuncias sobre afectaciones al parque y al área protegida de Chiriquí.

DAÑO: Se estima que han sido taladas 10 hectáreas de bosque primarios.

AFECTACIÓN: En el parque nacen muchos afluentes como el río Cochea, que es subcuenca del río Chiriquí.

SANCIÓN: El castigo dependerá del daño ecológico.

Denuncia penal por la destrucción de manglares

Delito ambiental
Denuncia penal por la destrucción de manglares


Evelio Valdés

DAVID, Chiriquí. Una denuncia por la supuesta comisión de delito ambiental fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en Chiriquí, José Ricardo Muñoz, en contra de Gilberto Álvarez, luego que este último ordenara la devastación de mangle de todo tipo y excavación de unas zanjas de más de dos kilómetros en toda la costa de la playa El Nanzal, en San Lorenzo.

El administrador regional de la ARAP aseguró que la devastación de manglares es un hecho punible, por lo que se procedió a interponer la denuncia ante el MP por la probable vinculación en la ejecución de este hecho punible de Álvarez.

Según explicó, la ARAP recibió la denuncia y se realizó una inspección, al lugar de los hechos, donde sorprendió a dos personas talando y quemando el manglar.
Recalcó que se desconoce cuál era el objetivo de excavar una zanja a lo largo de la servidumbre pública y en especial a pocos metros de la playa.

“Es un hecho punible y tipificado como delito ambiental de la ley ambiental y de la Ley 44 que rige los recursos acuáticos, el cual es penalizable y no entendemos cuál fue la intención al construir ese canal de más de dos Km de largo en este lugar”, dijo Muñoz.

Recalcó que solicitará a las autoridades correspondientes que se penalice y se ejecuten las sanciones necesarias, porque no se puede seguir permitiendo que muchas personas abusen de los recursos naturales.

Críticas por fallo ambiental sobre manglares

PUNTA CHAME. CASO CHARRO ESPINO.

Críticas por fallo ambiental

Se sienta un precedente de que se puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, dice Ariel Rodríguez.

El ambientalista Leslie Marín afirma que el término irreversible ha ‘maniatado’ la lucha ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Como un precedente nefasto para la lucha contra los delitos al ambiente calificaron los ambientalistas el sobreseimiento provisional que el juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, dictó a favor de Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame.

Ariel Rodríguez señaló que con esa decisión pierde tanto la naturaleza como sus usuarios, que “somos todos nosotros”.

Lo más grave del tema, dice, es que se sienta el precedente de que cualquiera puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, si se considera que no hay un daño irreversible. “Nadie puede demostrar que una destrucción ambiental puede recuperarse con una reforestación, sobre todo si es manglar, un ecosistema complejo”, enfatizó el biólogo.

Mazza basó su dictamen en que no se probó, de manera fehaciente, que haya un “daño irreversible al ecosistema”.

Leslie Marín, abogado y ambientalista, sostuvo que el término irreversible ha maniatado la lucha ambiental al momento de comprobar un delito. “Es un pretexto fantástico que han encontrado quienes cometen delito ecológico para no ser castigados”, agregó. Sin embargo, explica, el panorama puede cambiar el próximo mes cuando entra en vigencia el nuevo Código Penal, en el que se eliminó el término irreversible como condición para probar un delito ecológico.

La ambientalista Raisa Banfield dijo que el fallo es una “burla a la Nación” y que demuestra desconocimiento ambiental por parte de las autoridades.

En tanto, Manuel Rivera, un estudiante de biología que estuvo ayer en la zona devastada, se lamentó tanto del fallo del juez como de la devastación. “Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”.

La Fiscalía de La Chorrera, apeló el fallo.

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PUNTA CHAME. EL TÍO DEL PRESIDENTE fue sobreseído por delito ambiental.

Espino no reforestó la zona devastada

Anam ordenó reforestar las 38 hectáreas afectadas, pero no tiene registro de que Charro Espino lo haya hecho.

Arap debe dar seguimiento a la orden, pero solo tiene registro de que se afectó y reforestó 1.76 hectárea.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DAÑOS. La zona devastada, que corresponde a humedal y área influenciada por las mareas, se seca poco a poco a raíz de la tala del manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La reforestación que hizo Rodolfo Charro Espino en Punta Chame y por la cual el juez de La Chorrera Ricardo Mazza lo sobreseyó del delito ecológico, es un misterio.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no tiene registro de la reforestación que debió realizar Charro Espino por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Así lo informó Harley Mitchell, director de asesoría legal de la entidad.

La Anam, mediante resolución No. AG-0407-2007, multó a Espino con la suma de 85 mil 370 dólares y ordenó la recuperación del área afectada.

Mitchell dijo que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) es la encargada de darle seguimiento al proceso de reforestación por tratarse de una área de humedal.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, dijo que Espino sembró un poco más de 8 mil plantones de árboles, a razón de la devastación de 1.76 hectárea.

“Nosotros tenemos registrada 1.76 hectárea afectada y no 38”, dijo. Un informe de la Autoridad Marítima de Panamá del 6 de febrero de 2007 señala 1.76 hectárea afectada, pero la Anam, dos meses después, determinó la afectación de 38 hectáreas.

MEDIO AMBIENTE.CHARRO ESPINO BUSCA ANULAR MULTA DE la ANAM.

Contradicciones de un proceso

En el área afectada existen algunos troncos de mangle quemados y el sector está lleno de ceniza.

La Arap, por su parte, solo tiene registrado un daño a 1.76 hectárea de manglar talado.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DESEQUILIBRIO. La zona de manglar devastada mostraba el pasado miércoles un ecosistema seco.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Lo ideal es que Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, reforeste la zona costera destruida en Punta Chame. Esa es la opinión de Harley Mitchell, director de asesoría legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

En abril del año pasado, la Anam determinó que se devastaron 38 hectáreas de las que 26 correspondían a manglar. De esas 38 hectáreas devastadas, poco más de tres habían sido rellenadas de arena con una altura de entre uno y dos metros .

La Anam multó a Espino por no contar con un estudio de impacto ambiental para esos trabajos. Multa que aún no ha sido cancelada.

Todo estos aspectos constan en el expediente de la investigación que realizó la Fiscalía de La Chorrera por delito ecológico.

EL DAÑO

El área que Espino cubrió con arena está llena de maleza, y en el resto se observan los troncos de mangle talados, como se pudo constatar durante un recorrido el pasado miércoles.

En la entrada principal a la zona, algunos troncos de mangle ardían y el área estaba llena de ceniza. “Este incendio tiene que ser reciente, porque de lo contrario no hubiera tanta ceniza”, sostuvo Manuel Rivera, ambientalista y estudiante de biología.

“Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”, manifestó. Se refería a la devastación y al fallo del juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, que dictó sobreseimiento provisional a favor de Charro Espino.

EL DICTAMEN

El juez Mazza basó su fallo en que no se logró “demostrar” que Espino cometió delito contra el ambiente, porque no se comprobó de “manera fehaciente que existe un daño irreversible al ecosistema” .

Mazza también sustentó su decisión del pasado 15 de abril en una resolución del 11 de junio de 2007 de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) desactualizada.

La citada resolución de Arap se fundamentó en un informe de la Autoridad Marítima de Panamá, de febrero de 2007, cuando Espino había talado 1.76 hectárea de zona costera. En ese mismo documento se menciona la reforestación con la que debía cumplir Espino.

Dos meses después la Anam determinó que se habían deforestado 38 hectáreas, sin embargo, un memorando de Arap de la misma fecha reportó que Espino reforestó solo 1.76 hectárea, lo que dejó por fuera 36.24 hectáreas.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, se justificó diciendo que en los archivos de la entidad solo consta una devastación de 1.76 hectárea y no de 38 hectáreas como sentenció Anam.