La incidencia ambiental robustece la democracia

El siguiente artículo ejemplifica la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de un país más democrático y menos corrupto, por lo menos en el tema ambiental.

Burica Press
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EL MALCONTENTO

Petaquilla’s dream

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Hay situaciones negativas que pueden sonsacar lo mejor de los seres humanos… hasta de las instituciones. Así son las guerras, esos espectáculos patéticos y machistoides que han permitido dibujar los rasgos de la solidaridad y el humanismo más conmovedor. Así son las dictaduras, que sacan de seres aparentemente pusilánimes el carácter y la fuerza que la vida en libertad les adormecía. Así parecen ser algunos despropósitos, que provocan reacciones inesperadas y esperanzadoras.

Eso parece haber conseguido Petaquilla, ese coro de arcángeles inversionistas que se han pasado la legislación del país por donde han querido y el patrimonio natural por una segadora mecánica. Durante los últimos años, estos próceres del capitalismo han obviado estudios de impacto ambiental, límites de concesiones y todos los extremos morales en pro de un beneficio que sale del país dejando como herencia hectáreas devastadas, ríos contaminados y futuro campesino hipotecado con intentos de camuflaje gracias a la bendita responsabilidad social empresarial.

Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El proyecto minero de Petaquilla ha logrado sacar lo mejor de una institución que casi todos los sectores habían dado por muerta o, como mínimo, perdida para la causa ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha impuesto una millonaria multa a Petaquilla por sus desmanes. Estamos tan mal acostumbrados que en los corrillos de Panamá se exponen todo tipo de conjeturas sobre las razones que han hecho a la Anam defender de forma tan contundente la legalidad que normalmente mancilla. ¿Carácter bipolar? ¿Presión de organizaciones y medios? Sea lo que sea, yo, que tan duro le he dado a la Anam desde estas páginas, hoy le reconozco la osadía. En realidad, ninguna osadía: el cumplimiento de su deber. Ahora nos queda la duda de si pagarán la multa, de si el Estado utilizará todas sus herramientas para que estos corta palos hagan el estudio de impacto ambiental, incluso de si se avanzará en el debate realmente importante: el de declarar a Panamá como país libre de minería.

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a fuerza de intimidación y coacción los bienes y propiedades de los indígenas Ngobes, muchos de los cuales se rehusan a abandonar el área, que les ha sido concesionada de maneral ilegal por ANAM. Ellos un día amanecieron con sus tierras cedidas a la transnacional para el desarrollo de hidroeléctricas. Foto: Florencio Quintero.

Hay que aprovechar este momento, entonces, para reconocer varios fenómenos. El primero es la fortaleza que han adquirido las nuevas organizaciones sociales centradas en la incidencia y en la formulación de propuestas de futuro para el país. Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El segundo es el del mensaje contundente que se está lanzando a los inversionistas aviones. Los problemas legales y de imagen que enfrentan Red Frog, Chan 75 de AES, Petaquilla o los ya casi olvidados teleférico de Ancón o el delfinario de San Carlos deberían ahuyentar a otros de su calaña. O eso espero.

El tercero y último (aunque hay muchos más) es el de la connivencia de algunas instituciones y empresas que crecen a la sombra de los proyectos dudosos. ¿Se plantearán publicitarias y agencias de la mal llamada comunicación estratégica el reto ético de seleccionar mejor a sus clientes? ¿Llegará el momento en que empresas locales de servicios se declaren objetoras de conciencia cuando uno de estos proyectos inmorales llegue con la chequera manchada de sangre y abusos? ¿Cuestionarán en algo su posición programas de radio o medios en general que cambian de posición en función de la lista de anuncios contratados? Las respuestas las puede ir buscando usted mismo, están a la vista.

El agua y democracia

 

Fernando Prieto-Tapia

Ferpritap@yahoo.com

 

Todas las formas de gobiernos, que ha tenido la humanidad, tienen como base, la unión de los ciudadanos, para aprovechar las potencialidades totales de sus miembros, y disfrutar de las ventajas del vivir en grupo. Entre más grande el grupo, mejor son las probabilidades de una mejor distribución del trabajo, como también la mayor explotación de los recursos del espacio vital, para la creación de la riqueza. Obviamente, la unión se da, aspirando lograr la repartición equitativa de lo creado, según sus aportes, y un trato social más o menos igualitario. Esto se ha venido perfeccionando, con la lucha por los derechos humanos y civiles. A medida que se fue incrementando el número de individuos de la sociedad, y la complejidad de sus relaciones reciprocas de toda índole, para que el ciudadano, tuviese claros sus derechos y obligaciones, mucho más allá, del capricho de las autoridades. Se ha perfeccionando un sistema de constituciones, leyes, decretos, códigos (el más antiguo es el Hammurabi, de Babilonia). Cambiamos la iniciativa legislativa de monarcas y religiosos, con su absolutismo e «infalibilidad», por la soberanía de los pueblos.

El peligro para la democracia en los países, es que los gobiernos sean formalistas, aparentes y legalistas. Dejando al ciudadano desprotegido, frente a los poderes del estado y de los intereses de grupos de poder. Este abuso se da, de muchas formas- privilegios, impunidad, inmunidad- de las castas políticas. La seguridad jurídica, que ampara contratos leoninos y monopolios invisibles para las autoridades, también el acaparamiento del patrimonio natural. Las concesiones serán «legales» pero injustas, ¿El resultado?

Empobrecimiento de grandes sectores de la población, por elevación en los costes de vida, caros e ineficientes servicios públicos. Privatización incontrolada del territorio y de la hacienda natural de la nación. Reduciendo la calidad de vida de los nacionales y haciendo peligrar la biodiversidad.

 

El proyecto de ley 278, que pretende regular la gestión integrada de recursos hídricos, debe ser examinado con lupa, para que no se convierta en un caballo de Troya, que aunque no lo establezca por su nombre, privatice permanentemente, concesiones hídricas. Por esto su discusión y posterior redacción, de ser clara y objetiva. La ambigüedad, es semilla de graves conflictos sociales y de contenciosos. El uso del agua, debe planificarse pensando en todos: hacia la democratización del agua.

Publicado en El Siglo, 27 de septiembre de 2007