ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.

Ventanilla única para Estudios de Impacto Ambiental

Gobierno modifica evaluación de Estudios de Impacto Ambiental

La ventanilla única agilizará trámites. El esquema aglutina competencias

PANAMÁ. Los trámites para obtener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se agilizarán con la creación de la ventanilla única dijo el director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias.

El recurso creado mediante la implementación del Decreto Ejecutivo No. 122 del 14 de agosto de 2009 obedece a la mora de más de 600 expedientes, que dejó la administración anterior, que esperan por una evaluación. Además, de la necesidad de facilitar los trámites.

La nueva ley establece períodos relativamente cortos para la aprobar o negar las solicitudes. En el caso de los EIA categoría 1, que indican que no conllevan riesgos ambientales significativos, se constituirán a través de una declaración jurada notariada y son cinco los días establecidos para su aprobación o negación.

Mientras que los EIA dos y tres necesitarán de la presentación de documentos aplicables a los proyectos, obras o actividades. La documentación podrá presentarse digitalizada a través del sitio web de ANAM.

Con la iniciativa ANAM pretende desburocratizar el sistema anterior y optimizar, a través de un sólo despacho, la aprobación de los EIA.

————————

EIA y proyectos del gobierno en Darién

Proyectos paralizados en Darién por EIA

PROBLEMAS. Muchas obras se iniciaron antes de contar con un EIA. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro

Isabel Castro.
PMETETÍ, DARIÉN

nacionales@prensa.com

En Darién, la gente está molesta porque muchos proyectos de desarrollo urgentes para la región, como carreteras, están paralizados debido a que comenzaron a ejecutarse sin contar con un estudio de impacto ambiental (EIA).

Marbill Cuesta, un ciudadano afectado por esta situación, ha señalado que los proyectos de gobierno son los primeros que deben dar el ejemplo en la realización de los estudios de impacto ambiental, y no esperar que la sociedad civil ponga denuncias ante la Autoridad Nacional del Ambiente, para después exigirles a las empresas que los hagan.

Cuesta dijo que, en el pasado gobierno, en tres proyectos grandes que era urgente dejar terminados, las empresas no hicieron estudios de impacto ambiental amparándose en que el gobierno les había dado el visto bueno para que iniciaran las obras y después los presentaran, si había denuncias.

El proyecto de la construcción de la pista de San Vicente, en la carretera Panamericana, fue uno de aquellos en donde la Anam suspendió la construcción por la falta de este requisito, que ante la presión de la ciudadanía y la Anam, fue presentado después.

Otra obra que está actualmente paralizada por este mismo problema es la Ciudad Gubernamental, porque le falta este requisito. La situación anómala se conoció después de una denuncia ciudadana.

“No es posible que la Contraloría refrende el inicio de un proyecto, si no está el estudio de impacto ambiental aprobado. De no estar este requisito por delante de la obra, seguirá ocurriendo lo que hoy mantiene varios proyectos paralizados en Darién”, señaló Cuesta.

El denunciante opinó que, en Darién, “a la población no le quedará ganas de denunciar a las empresas porque no tienen estudios de impacto ambiental, porque no se tienen resultados positivos de estos, porque a nivel central de la Anam nunca se sanciona a nadie”.

Entre otros ejemplos citados por Cuesta está el caso de la carretera de Metetí hasta Yaviza, donde se hicieron trabajos que no estaban contemplados en el EIA y provocaron la contaminación de quebradas y ríos. La empresa se retiró.

—————————————–

Cualquiera que sea la empresa que no respeta la legislación ambiental o el funcionario del gobierno que lo autoriza o que permita actos ambientales ilegales debe ser castigado ejemplarmente.

En el Código Penal está tipificado este tipo de delitos.

Burica Press

Proyecto científico realiza obras ilegales que afectan el ambiente

BAHÍA HONDA, EN VERAGUAS

Construyen muelles sin concesión ni EIA

En isla Canales de Tierra se construyeron dos muelles para botes y yates pequeños sin permiso del Estado, además de instalaciones para trasegar combustible.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La sociedad Liquid Jungle Lab. construyó dos muelles en isla Canales de Tierra, de Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, sin estudio de impacto ambiental (EIA) y sin concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La sociedad presentó en 2005 un EIA a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que buscaba construir muelles para botes y yates pequeños, y estructuras para el trasiego de combustible.

El pasado lunes 15 de junio, Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el documento no había sido aprobado porque se encontraba en ajuste. El pasado viernes, Zambrano confirmó que a su salida de la entidad, el 30 de junio pasado, el documento estaba en el mismo estatus.

En la página web de la Anam, ayer el EIA aún aparecía “en ajuste”.

Un informe de la Unidad Ambiental de la AMP señala que la sociedad no cuenta con concesión, y tampoco reposa en la entidad una solicitud de concesión para uso de fondo de mar, playa ni ribera de mar.

El informe data de marzo pasado, y en la AMP se informó la semana pasada que el caso había pasado al Ministerio Público para su investigación.

El informe de la AMP señala que la empresa construyó un hangar que invade los 12.50 metros de servidumbre costanera, y se calcula que la empresa debe unos 5 millones de dólares en canon de arrendamiento.

Dhalia Poveda, gerente de la sociedad, asegura que tienen los permisos y que los trabajos se realizan con el aval de la AMP de Santiago de Veraguas.

TRASIEGO DE COMBUSTIBLE Y MUELLE PARA YATES EN BAHÍA HONDA

Laboratorio científico esconde proyecto ilegal

Un informe de la AMP dice que la sociedad Liquid Jungle Lab. desarrolló una marina que no tiene Estudio de Impacto Ambiental.

MARINA. Un muelle construido en la isla Canales de Tierra es usado como atracadero de embarcaciones de alto calado. Se han construido estructuras dentro de servidumbre marítima que, por ley, no puede ser concesionada. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Detrás de un laboratorio para investigaciones científicas en Bahía Honda, en Veraguas, se realizan actividades que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) denunció por considerarlas ilegales.

El 30 de marzo de 2009, el entonces administrador de la AMP, Fernando Solórzano, envió una carta a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en la que le solicitaba investigar la sociedad Liquid Jungle Lab. Inc. por posible “comisión de un hecho delictivo”, ya que desarrolló una marina sin contar con los permisos correspondientes.

En 2003, la sociedad construyó lo que denomina un “laboratorio ecológico”, que es utilizado por entidades científicas como el Instituto Smithsonian y el Instituto Oceanográfico Woods Hole para realizar en la zona estudios biológicos y marinos.

Además, ha construido –y aún construye– habitaciones para alojamiento, que son alquiladas a 70 y hasta 100 dólares la noche, por persona. De acuerdo con la página web de la sociedad, para alojarse en esas instalaciones el interesado debe enviar una solicitud indicando el proyecto de investigación que desea realizar.

Para estos dos proyectos la sociedad cuenta con dos estudios de impacto ambiental (EIA) que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó durante la administración gubernamental de Mireya Moscoso (2001 y 2003).

Pero en 2005, la sociedad presentó ante la Anam otro EIA, esta vez para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que hasta la fecha no ha sido aprobado.

De acuerdo con el EIA, el proyecto Service Marina consiste en la habilitación de infraestructuras para garantizar el aprovisionamiento de combustible, manejo de botes y operación de generadores eléctricos. Para ello, la sociedad instalaría nueve tanques con capacidad para almacenar, en cada uno, 4 mil galones de diésel; y cuatro tanques con capacidad individual de 3 mil galones de gasolina.

Pero esta no es la única irregularidad. Aparte de que el EIA no ha sido aprobado, la sociedad no tramitó ante la AMP el permiso para uso de área marina. “Es importante destacar que la empresa (…) no tiene concesión alguna con la entidad, ni reposa solicitud presentada por el promotor para la concesión de las áreas de fondo, playa y ribera de mar utilizadas como atracadero de embarcaciones, que llegan a la isla Canales de Tierra para desarrollar actividades que desconocemos”, indicó Solórzano en su nota de marzo pasado a Gómez.

La misiva estaba acompañada de un informe de inspección que había hecho, en febrero de este año, la Unidad Ambiental de la AMP.

El informe destaca que se construyó un hangar dentro de la servidumbre costanera –12.50 metros desde la marea más alta– en la que, por ley, no se pueden dar concesiones. Además, se detectó la muerte de corales, que podría haber sido causada por el derrame de combustible.

A pesar de que las antiguas autoridades marítimas denunciaron ante el Ministerio Público el supuesto delito, a lo interno de la entidad no hubo investigaciones administrativas sobre el proyecto Service Marina.

Jesenia González, residente de Bahía Honda, se lamentó de que las autoridades no hayan tomado medidas contra el proyecto, ya que hace dos años denuncian las irregularidades.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, dijo que Service Marina no es un proyecto. “Eso nos sirve a nosotros como hangar para reparar los botes”.

Poveda evitó dar más detalles de Service Marina, pero enfatizó las bondades del laboratorio. Dijo que la sociedad ha llevado nuevas fuentes de trabajo a las comunidades aledañas y que en el laboratorio se hacen importantes estudios científicos. “Nosotros tenemos todo en regla”, insistió Poveda.

Huelga en isla Canales de Tierra

El pasado 12 de mayo, los trabajadores de Liquid Jumgle Lab. declararon una huelga para exigir mejores condiciones laborales. Majín Camarena, dirigente del grupo, dijo que la medida obedece a la falta de equipos de seguridad, como botas y andamios en buenas condiciones. La queja también incluye la mala calidad del agua que toman. Camarena dijo que el líquido que les proporciona la empresa es insalubre. Además, piden el reintegro de un dirigente que fue despedido “injustamente”.

Camarena agregó que trabajan en la construcción de seis edificios, cinco de dos plantas, y uno, de tres.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, aseguró que la huelga es ilegal y que responde al despido de un trabajador que amenazó con un machete a un compañero.

Para hoy se programó una reunión entre la empresa y los trabajadores

La extracción de arena preocupa a moradores

Adrián Montilla mostraba con el dedo, y con preocupación, las raíces de las palmas que sobresalían por encima de la arena en Playa Blanca. Para él es la mejor prueba que hay sobre la extracción de arena que se da en las playas del corregimiento de Bahía Honda. La historia se repite, según dijo, en las playas El Sol y Limón. Montilla preside la Asociación de Campesinos Unidos por el Desarrollo de Bahía Honda, que se constituyó para luchar en defensa de los recursos naturales de la zona.

En abril del año pasado, la asociación presentó una denuncia ante la Fiscalía de Veraguas en contra de las sociedades Catiland Panamá y Liquid Jungle Lab. por supuesto delito ecológico. La denuncia de la asociación se basa en que se está extrayendo arena para construir edificaciones, sin mayores controles por parte del ahora ex alcalde de Soná Aristides Ortíz. Los residentes se sienten frustrados porque, hasta la fecha, las autoridades judiciales no han hecho nada al respecto.