DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.
Anarquía en Amador
Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.
El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.
LA PRENSA/Carlos Lemos
SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.
Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com
La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.
Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.
El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.
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BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.
El desmadre de Amador
Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.
Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.
| LA PRENSA/Carlos Lemos |
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| DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida.1006646 |
Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com
La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.
Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.
Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.
Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.
Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.
La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.
Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.
El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.
Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.
Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.
Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.
«Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador», dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.
Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.
Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. «No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos», dijo el funcionario.
Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.
Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.
Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.
Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.
«Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP», sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.
Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.
Naos Harbour Island (isla Naos):
La empresa deberá demostrar la diferencia entre un embarcadero y una marina.
| LA PRENSA /Carlos Lemos |
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| Naos Harbour Island Hotel and Marina |
El MEF dice no tener conflictos con este concesionario que es el cuarto mayor moroso en Amador, con un saldo de 832 mil 573 dólares. El proyecto, que cuenta con hotel, edificio de apartamentos, centro comercial y embarcadero, está ubicado en la isla Naos, de cara a la entrada del Canal de Panamá.
Al igual que Las Brisas de Amador, el contrato de concesión no ha sido legalizado pero la construcción de la primera fase de la obra se encuentra 70% adelantada y se espera inaugurar en diciembre.
Otra de las diferencias es que uno de los edificios del complejo turístico alcanza los nueve pisos, tres por encima del nivel permitido.
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos le ha aceptado contarle los tres primeros pisos como sótano, contrario a Las Brisas de Amador.
La empresa sostiene que los tres primeros pisos están dentro de un área que dinamitó y los mismos serán utilizados para estacionamientos.
Pero la información es un poco confusa ante el otro regulador de las concesiones en Amador. La AMP advirtió que el permiso de derecho a mar dado a Naos Harbour Island, por una hectárea más 9 mil 741 metros cuadrados, es para la construcción de un rompeolas y no para relleno o marina.
El concesionario alega que lo que construye es un «pequeño embarcadero» que llevará como complemento un área comercial instalada sobre un relleno en el mar.
Para ello la empresa dice tener todos los permisos. Marco Shrem Gateño, presidente del Grupo MSG, dueño de Naos Harbour Island, indicó que los trámites con el Gobierno le han atrasado el desarrollo del proyecto, «pero somos de la política que antes de poner una piedra mejor demorar y tener nuestros permisos en regla».
«Hay otra gente que primero hace y después pide perdón, nosotros no vamos a hacer eso», recalcó Shrem, quien señaló que llevan tres años esperando una adenda a su contrato y aún no sale.
También afirmó que su morosidad con el Gobierno es de 248 mil 748 dólares y no de 832 mil 573 dólares. Shrem sostiene que a la cifra que maneja el MEF se le debe descontar un crédito que tiene de 600 mil dólares por los 15 meses de atraso que tuvo para entrar al área de su concesión.
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