ENCUENTRO DE GANADEROS Y PRODUCTORES
Realizado en el Local del Club de Lazo Los Centauros, BUGABA,
Provincia de Chiriquí,
el domingo 9 de Noviembre de 2008
DENUNCIAMOS:
1. Que las empresas promotoras de Proyectos Hidroeléctricos están abierta e indiscriminadamente instigando, amenazando con procesos de expropiación y atropellando a propietarios de terrenos aledaños a todas las fuentes hidrológicas, incluyendo las tierras más productivas de la Provincia de Chiriquí, la «Cuenca Lechera” los «Valles Aluviales» y el «Granero del País” trabajadas tanto por pequeños ganaderos y productores como también por grandes productores agrícolas y ganaderos de producción de alta genética.
2. Que las empresas promotoras de Proyectos Hidroeléctricos en muchas partes de nuestra Provincia Chiricana han procedido a penetrar SIN AUTORIZACIÓN e ILEGALMENTE muchas propiedades privadas y fincas en ausencia de sus dueños, han procedido a marcar con banderas potreros, campos agrícolas y hasta jardines. En algunos casos han hecho pequeñas detonaciones en el subsuelo a pocos metros una explosión de otra, además en ocasiones han sido acompañadas de autoridades locales, con el motivo de amedrentar y hacer que los propietarios cedan sus tierras a precios miserables o sin indemnizar en lo absoluto por trabajos efectuados dentro de las fincas.
3. Que los Estudios de Impacto Ambiental son completamente inapropiados, y que no consideran en lo absoluto el impacto que EN CONJUNTO tendrían todos los proyectos en nuestras Cuencas Hidrográficas; y que además son amañados, distorsionados, plagiados y falsifican encuestas ciudadanas y Estudios de Campo de Flora y Fauna de gran valor y biodiversidad.
Entonces: Acogiéndonos a la Resolución Final del III Foro Nacional Contra Represas de Bonyic 2008 comunicamos que incidimos y resolvemos lo siguiente:
Considerando:
1. Que se intensifica el clamor por el respeto a los Derechos Humanos, el Derecho a La Propiedad Privada, la naturaleza y la Libre Autodeterminación de los pueblos, demandas que han sido ignoradas por nuestros gobernantes e inversionistas nacionales y extranjeros.
2. Que el modelo económico depredador que explota de forma irresponsable e ilimitada nuestros recursos naturales está afectando nuestra calidad de vida, incluyendo las comunidades locales y a los productores agrícolas y ganaderos.
3. Que los actuales patrones de consumo y derroche de nuestros recursos están causando impactos negativos no solamente a la naturaleza, sino también a la cultura, tradiciones y modelo de vida y económico de nuestras comunidades.
4. Que está ampliamente demostrado que los proyectos hidroeléctricos ya construidos, no responden a un verdadero desarrollo sostenible dado que conllevan, grandes costos sociales y ambientales para las comunidades e internalizan las ganancias económicas de los consorcios empresariales.
5. Que ante la inexistencia de una verdadera política energética sobre una base científica y técnica, se está generando el menoscabo del derecho a un ambiente sano que nos merecemos.
6. Que la consideración de las hidroeléctricas como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), la entrega total de los Bonos de Reducción de Emisiones de Carbono para las empresas generadoras, y las políticas de incentivos en mayoría para la Generación Hidroeléctrica, impiden la diversificación de la matriz energética y otras fuentes alternas, como la solar, eólica, mareomotriz, nanotecnología, etc., que pueden ser más cónsonas con los fines de conservación y desarrollo.
7. Que la ANAM y la ASEP, continúan aprobando Estudios de Impacto Ambiental y otorgando concesiones administrativas a proyectos energéticos sin tomar en cuenta el consentimiento libre, previo e informado establecido en la legislación a favor de las comunidades.
8. Que la ANAM se ha constituido en una especie de promotora de proyectos al ignorar su deber como autoridad rectora de la Política Ambiental de nuestro país, constituyéndose en juez y parte en la ejecución de estos proyectos.
9. Que la exagerada y desmesurada proliferación de proyectos hidroeléctricos con el aval de las autoridades, no es más que la evidencia de una mercado especulativo de nuestras tierras y aguas que en nada satisface las reales necesidades energéticas de nuestros pueblos; pero que pone en riesgo nuestra capacidad de PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.
10. Que la participación ciudadana contemplada en nuestras leyes, carece de una real fuerza vinculante en la toma de decisiones que concierne a la sociedad en virtud de los intereses difusos o colectivos.
11. Que ante la imposición y la fuerza con que son ejecutados estos proyectos se promueve una serie de graves violaciones a los Derechos Humanos y el incumplimiento de compromisos internacionales del Estado panameño.
Resuelve
1. Mantener nuestro firme rechazo contra la desordenada expansión hidroeléctrica en ausencia de una Política Energética basada en parámetros técnico — científicos orientados a satisfacer los reales derechos energéticos de nuestros pueblos y que no sacrifiquen nuestros ríos, su gente y su cultura, su dignidad y capacidad de producción.
2. Denunciar la inseguridad jurídica que promueven las autoridades al aprobar y modificar normas que favorecen ampliamente la realización de estos proyectos hidroeléctricos en perjuicio abierto a las comunidades. Como la Ley No. 6 de 1997 que Regula la Producción Energética.
3. Apoyar los movimientos Nacionales en contra de las Represas, como un espacio de resistencia, seguimiento y fiscalización a los mal llamados proyectos de «desarrollo» en nuestros pueblos.
4. Continuar ampliando nuestra capacidad técnica, científica y legal en la defensa de nuestra Madre Tierra y la espiritualidad de nuestros pueblos, para fortalecer nuestra incidencia política a fin de que se promuevan proyectos de desarrollo que reviertan beneficios a las comunidades sin deteriorar el ambiente y la vida digna.
5. Demandar al Gobierno Nacional de Panamá a que se endose formalmente a las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas para incorporarlas en leyes y políticas nacionales, al igual que la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
6. Apoyar la denuncia nacional e internacional sobre la violación de derechos humanos por la empresa transnacional AES para la construcción de la primera de tres mega represas en el río Changuinola, ubicadas en áreas anexas a la comarca Ngobe Bugle y dentro del Bosque Protector Palo Seco (BPPS), zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad (PILA), Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1990.
7. Solidarizamos con el clamor de los hermanos indígenas Naso quienes están viendo como su territorio ancestral esta siendo intervenido, devorado y dividido por el inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con o sin permisos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). El Gobierno Nacional de Panamá se ha opuesto al reconocimiento legal de la Comarca Naso-Tjérdi. y es por ello que hacemos un llamado nacional e internacional en especial a los pueblos indígenas, para exigir la inmediata paralización del proyecto hidroeléctrico por ser contraria a las aspiraciones del pueblo Naso, la legalización de su territorio ancestral y el respeto a su autodeterminación.
8. Luchar y unir esfuerzos para detener la privatización de los recursos naturales a través del otorgamiento de más concesiones de agua, mineras, energéticas y de turismo residencial antiecológico y el acaparamiento de territorio insular, áreas protegidas y zonas indígenas para actividades desarrollistas totalmente inadecuadas y que no respetan la autodeterminación de los pueblos.
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