Iglesia católica de Chiriquí se pronuncia sobre hidroeléctricas

Parroquia Inmaculada Concepción

Congregación de San Vicente

La Concepción, Chiriquí, República de Panamá * Teléfono 770-6327

10 de junio 2010

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo.” (Carta del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero 2010)

Respetuosos Hermanos y Hermanas del Consejo Municipal de Bugaba,

¡Que la paz y el amor de nuestro Dios Creador estén siempre con ustedes!

Durante los últimos años, la Iglesia católica a nivel mundial y especialmente a nivel de América Latina, ha tomado en cuenta la importancia de buscar modelos de desarrollo que respeten al hombre y la creación de nuestro Dios.  La Conferencia Episcopal de América Latina proclamó en Aparecida que “el discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador.” (Aparecida 125).

Por eso, como feligreses de la Iglesia, no podemos ignorar la proliferación de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí, especialmente en el  distrito de Bugaba.  Según los últimos datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hay 16 proyectos hidroeléctricos en construcción, diseño final o trámites solamente en nuestro  distrito.  Con varios proyectos en cada río, los impactos ambientales, tanto como sociales y culturales, son graves.

“Ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible” (Aparecida 126). Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  solicitado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), las concesiones de la “cuenca de agua número 102”, que nos afecta, ponen 98% del agua de los ríos en manos de empresas hidroeléctricas y dejan 2% designado para el uso doméstico, turístico, agrícola, agropecuario, entre otros (BID estudio 102-3).  Esta realidad está muy lejos de los conceptos del bien común, el destino universal de los bienes, y la justicia distributiva –conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Como bien sabemos, los proyectos que ya están amenazando la vida de las comunidades, forman parte de un plan que vende energía a nivel de América Central.  Actualmente como país, tenemos la capacidad instalada de 1,789 megavatios.  El día de mayor consumo en toda nuestra historia fue de 1,175 megavatios.  Una buena planificación de energía va a tomar en cuenta el crecimiento del país en un contexto de responsabilidad a todos los niveles: social, agropecuario, industrial y empresarial.  Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos que tienen concesiones y licencias otorgadas,  con capacidad de 1,685.79 megavatios, lo que representa un total de 3,474.79 megavatios, sin incluir  los otros proyectos en trámites con capacidad de producir 4,621.68 megavatios adicionales.  Es decir, un país que consume un promedio de menos de 1,000 megavatios está dando concesiones para producir cinco veces más que su consumo (todos los datos provienen de la ASEP).   Este plan internacional no considera los efectos negativos locales que estos proyectos conllevan y reduce el agua a un simple bien del mercado internacional, en lugar de una bendición de Dios que nos da la vida.

A nivel de las comunidades hemos escuchado la promesa de progreso económico como una justificación adecuada.  No obstante, la experiencia de muchos de nosotros a nivel de la comunidad es de engaños, mentiras y violencia por parte de las empresas y gobierno.  Aunque mejores caminos, educación y salud son muy importantes, estos proyectos no toman en cuenta la complejidad del desarrollo humano que va más allá de lo económico, ni consideran los miembros de las comunidades como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.  “Como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad.” (Aparecida 471).

Este  es un periodo muy importante donde las decisiones que tomemos tendrán grandes consecuencias para el bien común y la vida de las generaciones futuras.  Por eso, pedimos a ustedes como representantes de los bugabeños:  a) cumplir con los acuerdos municipales números cuarenta  y tres (43) y cuarenta y cinco (45) de 2008 que proclaman las riquezas naturales del distrito como patrimonio municipal, y b) rechazar los permisos de construcción de hidroeléctricas en nuestros ríos. Solicitamos también, implementar las nuevas tecnologías de energía alternativa, como la solar y la eólica, en remplazo de la energía térmica e hidroeléctrica con sus nocivas repercusiones.

Estamos en un momento de esperanza, un momento para la posibilidad de decisiones responsables. En su última encíclica, el Papa dijo que “cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia” (Caritas in Veritate 51).

– Ha llegado el momento de celebrar la vida en cada forma como un milagro de Dios.

– Ha llegado el momento de pensar nuevamente qué es el verdadero desarrollo sostenible, que no destruye la creación ni al ser humano en el proceso.

– Ha llegado el momento de entender la gran riqueza contenida en nuestro distrito, con una biodiversidad privilegiada a nivel mundial.

– Ha llegado el momento en que Bugaba sea un buen ejemplo de responsabilidad ambiental para el país, y Panamá se distinga como ejemplo de responsabilidad ambiental para el mundo.

Que el Dios de la vida siempre nos proteja, ilumine el camino de esperanza y nos de la fuerza y el valor de tomar decisiones responsables para hoy y mañana.

Rev. Edison Famanía, CM.                                 Rev. Geovany Morales, CM.

Párroco de Concepción                                          Párroco de Volcán

Rev. Rolando Molina, CM.                                  Rev. José Fitzgerald, CM.

Párroco de San Andrés                                         Asesor de CEMCODE (Coordinadora del Equipo

Misionero de la Concepción por la Defensa de los Ecosistemas)

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Nasos impactados por hidroeléctrica de EPM

La fiebre de Bonyik

Los nasos, divididos ante hidroeléctrica

La ausencia del Estado en este conflicto es evidente. La presencia policial es pagada por la empresa.

AMBIENTE. La maquinaria pesada trabaja rápido en un puente sobre el río Teribe, a la altura de El Silencio. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez Nadal

PACO GÓMEZ NADAL
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO.
paco@prensa.com

Un sonido constante ha roto la paz en los potreros de Esteban Durán. El martilleo contra la pared de roca con la que limita su terreno repica el doble en el silencio de este paraje solo antes roto por el natural rumor del cauce del río Teribe, el espacio tradicional de vida de los indígenas nasos, etnia a la que pertenece Esteban.

“Yo he hablado con todos los que vienen ahí, me he parado con mi familia como un hombre… pero esa gente no escucha”. Esteban habla a la sombra, al pie del río que en la última crecida le dio un buen bocado a sus tierras.

“Esa gente” a la que se refiere es la responsable del proyecto hidroeléctrico Bonyic (Hidroeléctrica del Teribe S.A., detrás de la cual está Empresas Públicas de Medellín –EPM-, ha reinventado la grafía naso que se refiere al Bonyik). Al menos, lo que es seguro, es que a “esa gente” no les gusta hablar con periodistas que preguntan sobre el conflicto que mantiene EPM con parte de la comunidad de Bonyik.

“Deje su número y yo lo llamo si tenemos respuesta”, contesta turbado, incómodo, el ingeniero Roberto Pérez, coordinador de Gestión Ambiental y Social de la empresa, al que remiten las preguntas los empleados de acento ‘paisa’ que laboran en Changuinola. Nunca devolvió la llamada.

El proyecto aún no tiene la concesión de la Autoridad Nacional del Ambiente sobre la zona del bosque protector Palo Seco donde se pretende construir la represa, aunque en el sitio web de la empresa se asegura que empezará operaciones a mediados de 2010. Sí tiene todas las bendiciones para avanzar en la carretera de acceso a ese lugar. La maquinaria pesada trabaja rápido en un puente sobre el río Teribe a la altura de El Silencio, junto a Changuinola, y en los rellenos y cortes de montaña para trazar la vía. Al lado de estas máquinas la voluntad de los Durán parece mínima.

“Ellos creen que aquí solo hay indios pendejos”, insiste el molesto Esteban antes de que su hermano Teodolo critique a los miembros de la comunidad que colaboran con el proyecto: “Vender la tierra es como vender a la madre”.

El proyecto hidroeléctrico ha profundizado las divisiones entre los nasos, unas 4 mil personas que distribuyen sus afectos entre el destituido rey Tito Santana (aún reconocido por el Gobierno y en estrecha colaboración con EPM) y el rey Valentín Santana, contrario a los proyectos que afecten el territorio de 112 mil hectáreas que reclaman los naso para su comarca.

“Estamos enfermos de esta gente”, concluye Quito Torres, otro vecino molesto con la propia división, con el enfrentamiento que le parece provocado. Roberto Zirauqui, sacerdote español con unos 30 años en la zona, habla cansado y sudoroso de un conflicto al que no le ve fácil solución.

“Aquí toca que los naso resuelvan sus diferencias primero, porque eso está jugando a favor de la empresa que desde que compró el proyecto no ha tenido en cuenta el conflicto social”.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad Nacional del Ambiente en Bocas del Toro, considera este proyecto de hidroeléctrica como “conflictivo” y deja entrever que será difícil que este gobierno asuma un problema más dando la concesión sobre Palo Seco a EPM durante los pocos meses que le quedan a esta administración.

La ausencia del Estado en este conflicto es evidente. La presencia policial es pagada por la empresa y las instituciones aparecen cuando los choques se vuelven violentos. El propio Martín Torrijos, presidente de la República, alcanzó a reunirse con los afectados, y uno de sus funcionarios más cercanos, Darisnel Espino, llegó hasta estas tierras. “Nada ha pasado, trabajan a favor de la empresa. Pero esos engaños los hicieron con nuestros antepasados. Ahora entendemos el idioma y sabemos defendernos”, asegura.

Sentado en la casa de cultura naso de San San Drui, el rey Valentín Santana también se queja del Gobierno central y de la situación de su gente: “Nos están dejando como sardinas empacadas en lata, sin terrenos y sin opciones. Ni nos respeta el Gobierno ni nos respeta la empresa Bonyik”.

Santana habla todavía preocupado por la reciente visita de la Policía y de la corregidora que llegaron hasta San San Drui a avisarles oralmente de un pronto desalojo de estas tierras que reclama la insaciable Ganadera Bocas. La tensión entre los nasos es evidente y los problemas en Bonyik o acá mismo son posibles detonadores de conflictos mayores.

“He tomado demasiada sopa de frijol para aguantar estos atropellos, si las empresas tienen su fiebre yo tengo mi pastilla”, anuncia con fuerza, pero sin gritar un miembro de la comunidad mientras echa mano a una ficticia pistola.

En la loma donde avanza la carretera de la hidroeléctrica el tono de los vecinos no es más suave. Esteban Durán, visiblemente molesto, se despide: “Van a ver muerto a este perro… pero en este mismo terreno”.

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance (sept. 2008)

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance sobre la situación de los ngöbes frente al gobierno y AES Corporation

Los siguientes son testimonios del mes de septiembre de lo que sigue ocurriendo en Charco La Pava y Nance, comunidades ngöbes afectados por el desarrollo del primer proyecto de tres denominado Chan 75 o Changuinola I en la cuenca media del Río Changuinola en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biosfera:

La casa de Benero Santos -que mantiene una familia de tres miembros-, está en peligro de ser destruida, los trabajos de las maquinarias de la empresa se encuentran a 20 metros de su casa. Recibió el orden verbal de unos empleados de la Empresa AES de desalojar inmediatamente.

Los cultivos de Ana Castillo y Ernesto López (que se encuentran en la misma finca por ser Ernesto el esposo de Enelda Abrego, hija Ana) fueron totalmente destruidos en el mes de enero sin ningún consentimiento. Debido a la destrucción de la «finca», sus puercos están ahora siempre alrededor o debajo de la casa.

Según el testimonio de Ana Castillo, el 11 de septiembre de 2008 trabajadores de la empresa le dijeron que la tierra estaba a mano de la empresa, recibió el orden de AES de desalojar el área donde tiene su casa y donde viven 9 personas, entre ellos 6 menores de edad (Ancelmo Santos, Didier Santos, Irena Santos, Ronel Santos, Alba López, Isac López, Ernesto López, Enelda Abrego (su esposa) y Ana (su suegra)). Desde ese día, la retroexcavadora se encuentra a unos pocos metros de su casa,

Se le solicitó a la señora Ana Castillo que construyera una casa provisional en otro lugar y que después se negociaría. De momento, si no se destruye su casa es únicamente porque los miembros de la familia resisten, quedándose dentro de la casa para protegerla de la destrucción.

El 15 de septiembre de2008, trabajadores amenazaron a Ana Castillo de que si sigue resistiendo, llamarían a la policía y que se la llevaría presa a Changuinola. Alcibiades Muñoz, jefe de los trabajadores de la empresa AES, efectivamente llamó a la policía: 3 policías vinieron y dijeron a Ana que tiene que aceptar el dinero y abandonar su casa (la empresa nunca le ofreció un monto exacto de dinero, le dice que desaloje y que luego se negociara). Ella respondió que no quería plata, sino vivir tranquilamente en su tierra, que sus abuelos vivían en estas tierras, que nunca se ira y que siempre protegerá su casa.

Es grave que el propio Estado (la policía) contribuya de tal forma en el engaño de los miembros de la comunidad. Saben que tienen derecho sobre el territorio en el que están asentados, pero tanta presión y tantas mentiras es lo que conlleva que algunas personas aceptan «vender» sus casas…

La maquinaria también está trabajando en el río, al nivel de donde Ana está acostumbrada a lavar la ropa y a bañar a sus hijos. Este día 11 de septiembre, Alcibiades Nuñez les prohibió lavar en el río. Según él, el río y las tierras son del Estado. Además, por estas obras, la corriente del río está cambiando, la corriente está más fuerte que antes. El hijo de Anan Ronel Santos estuvo a punto de ahogarse (desconocemos la fecha pero fue entre el 11 de septiembre y el 27). Quedó traumatizado, atemorizado por los trabajadores. Además, la contaminación lleva como consecuencia fiebres, diarreas, vómitos, sobre todo en los niños…

Según el testimonio de Ana Castillo, la policía sigue rebuscando en las mochilas de los miembros de las comunidades cuando se desplazan, pidiéndoles sus cédulas de identidad. (Recordamos que Ana Castillo fue golpeada por un agente de la Policía Nacional el 3 de enero y detenida, al igual que sus hijos, por lo que se encuentra atemorizada).

Ernesto López declara no poder salir de su casa porque inmediatamente se acercan a su esposa funcionarios de la empresa y de la policía para indagar donde se encuentra. A mediados del mes de agosto ha recibido la visita de miembros de la policía nacional y de funcionarios de la Empresa en horas de la noche.

Amalia Abrego, quien fue igualmente presa el 3 de enero, nos informó de que en la segunda semana del mes de septiembre de 2008, trabajadores de AES le dijeron que tenia que salir de su casa, que no tiene derecho a su tierra, que tiene que mudarse a otra casa, porque sino perderá cualquier derecho que pueda tener. Viven 8 personas en su casa. La empresa no le ofreció dinero ni le presentó contrato. Elle prefiere «no tener plata pero estar libre«.

También informó que une señora denominada Rocío, empleada de la empresa, está siempre paseándose por la comunidad intentando convencer a la gente de vender sus casas. Dice que un día entró en su casa, la encontró cuando llegó, estaba hablando con los niños. En otras comunidades, consiguen engañar a la gente diciendo que en Charco La Pava, ya aceptaron vender sus casas.

Rafael Abrego Santos dice que los mayores de la comunidad son iletrados, no saben leer, ni escribir, no conocen sus derechos, están siendo engañados. No son negociaciones, la empresa y el Estado les dicen que si no aceptan, pierden todos sus derechos. Su padre es Gerardo Abrego. «Negoció» en abril, en Ojo de Agua donde la empresa tiene una oficina. Puso su huella digital en un documento preparado por la empresa. Los trabajadores le habían dicho de no llevar a nadie a esta «negociación», ni sus hijos, ni abogados. El acuerdo era sobre la finca. La casa sigue de pie. El 23 de septiembre, los trabajadores entraron a la finca y la destruyeron. En su casa, viven 11 personas.

También pudimos recoger un testimonio de una situación que ocurrió en la comunidad indígena vecina (Nance), río abajo. La señora Teresa Becker, de 60 años de edad, quien no sabe hablar, escribir ni leer en español sino en su idioma Ngöbe, relata que funcionarios de la empresa AES le han ofrecido dinero para poder llevar a cabo obras dentro de su zona de cultivos, que está situada en donde una carretera tiene que pasar según la empresa. La empresa quiere que ella desaloje su casa con su esposo (Alejandro Jiménez de 60 años), ya que supuestamente el señor Cirilo Realy (su hermano) llegó a un acuerdo con la empresa (acuerdo irrisorio, sin consentimiento de la persona adecuada, sin consentimiento informado de Cirilo Realy, y en total desconocimiento por la empresa y el Estado de la obligación de protección de los territorios indígenas). Ese acuerdo incluía la zona de cultivos de la señora Teresa Becker y Alejandro Jiménez, ya que es una «finca» familiar.

El jueves 25 de septiembre de 2008, funcionarios de la empresa AES se acercaron a la casa de Teresa para pedirle que saliera. El señor Alejandro Jiménez no aceptó. Las maquinarias de la empresa ya habían matado a su caballo. Una retroexcavadora de la empresa AES entró en su finca y empezó los trabajos de remoción de tierras sin autorización del señor Alejandro Jiménez y la señora Teresa Becker. Cuando iniciaron los trabajos, mataron sus gallinas y puercos, y entre el 25 y el 27 se destruyeron los cultivos. Eran sus únicos sustentos.

En la tarde de este mismo jueves, la empresa AES se disponía a derrumbar la casa, no lo pudo hacer porque el señor Alejandro Jiménez se puso frente su casa para protegerla. Unas horas después, tres miembros de la Policía nacional se llevaron al señor Jiménez detenido al puesto policial de Ojo de Agua, la señora Becker dice «le pusieron pistola a mi marido para que se fuera», fue liberado en el día.

Fuente: Fuente reservada por Burica Press.