Proyecto hidroeléctrico afecta derechos humanos de Ngobes

Proyecto afectó derechos


SAÚL QUINTERO QUIRÓS
squintero@lsiglo.com

El defensor cuestiona papel estatal en protección de comunidades afectadas por hidroeléctrica

Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, determinó que los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación implementados con los moradores afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, en el sector de Palo Seco, Bocas del Toro, no cumplió con disposiciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

El Estado otorgó la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en sector de Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad.

Para el funcionario, es evidente la falta de tutela y acompañamientos efectivos por parte de las instituciones públicas. Esta situación produjo una relación de total desventaja en las negociaciones bilaterales entre los moradores de las comunidades afectadas y el consorcio desarrollador, para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Recomendó al Estado evaluar y analizar los actos u omisiones de las instituciones correspondientes, para subsanar los procedimientos utilizados y que no se repitan hechos similares en proyectos futuros”. Mientras instó al MIDES y a la ANAM propiciar un diálogo entre las comunidades afectadas y AES Changuinola, S.A.

CIDH abre caso de denuncia de violación a los derechos humanos en Panamá

CIDH abre caso de denuncia de violación a los derechos humanos en Panamá

Burica Press, Panamá, 26 de junio de 2008.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido “abrir el caso” de violación a los Derechos Humanos a los ciudadanos Ngobes del Río Changuinola, por parte del Estado Panameño, ya que están siendo desalojados de manera forzosa y con coacción de sus territorios, con tal de permitir la construcción de un juego de tres represas en el Valle de dicho río por parte de AES Corporation (AES Panamá y AES Changuinola en Panamá).

Hasta el momento la CIDH ha considerado que en Panamá los demandantes han agotado las instancias jurisdiccionales sin un respuesta que defienda los derechos humanos de los Ngobes asentados en estas áreas protegidas de Panamá.

Esta petición fue presentada por Cultural Survival, una organización sin fines de lucro de Cambridge, Massachusetts, EE.UU., que promueve los derechos, voces y visiones de pueblos indígenas alrededor del mundo, y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización panameña sin fines de lucro, que ha trabajado con las comunidades indígenas ngöbe en Bocas del Toro, Panamá, por varios años.

La presente petición está hecha en nombre de varias comunidades indígenas ngöbe, totalizando aproximadamente 5 000 personas que viven a lo largo del río Changuinola, en el distrito del mismo nombre.  Las comunidades sufren violaciones de sus derechos garantizados por los Artículos 5, 7, 13, 21 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como resultado de la concesión que el gobierno de Panamá dio a AES-Changuinola, una compañía privada, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

Violación derechos humanos en Panamá en tierras ngobes

Foto: ACD. Policías armados en tierras indígenas para que no impidieran la toma forzada de sus tierras.

Antes de interponer el amparo, miembros de la comunidad ngöbe hicieron numerosos intentos de buscar reparaciones a sus derechos dentro de Panamá, inclusive ante algunos órganos ministeriales responsables por la protección de los pueblos indígenas de Panamá: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Defensoría del Pueblo.  Estas comunidades ngöbe también han pedido ayuda a las autoridades gubernamentales responsables de la adjudicación de concesiones a AES-Changuinola: la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y la Autoridad Nacional del Ambiente.  En todas las instancias, las peticiones de los ngöbe han sido ignoradas o rechazadas, alegando que el ministerio o entidad no posee autoridad para examinar quejas de individuos o de pueblos indígenas contra AES-Changuinola.

Dado el retraso de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en determinar si el amparo es admisible – mucho menos tomar una decisión al respecto – y la clara urgencia de intervención en este asunto para evitar posibles daños irreparables, los peticionarios respetuosamente sostienen que no resta ningún recurso efectivo en Panamá para las comunidades indígenas ngöbe.

Hasta el momento el gobierno de Panamá ha presentado una respuesta, sólo a las medidas precautorias solicitadas. Al parecer la respuesta ha sido muy breve aduciendo que no habría un daño irreparable si se continúan construyendo las represas en las áreas protegidas y territorios indígenas de Panamá dado su largo período de construcción y que el gobierno ha previsto disposiciones adecuadas para reubicar a las miles de personas Ngobes afectadas.

Sin embargo, Cultural Survival y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, han indicado que existen suficientes evidencias jurídicas y testimoniales para que la CIDH adopte las medidas cautelares solicitadas. Argumentan que los daños causados a los Ngobes son evidentemente irreparables, ya que no sólo implican desarraigo de tierras, sino un cambio forzado de valores culturales y formas de vida.

La denuncia ante la CIDH se realizó el 7 de marzo de 2008 y luego de varios meses de investigaciones preliminares la CIDH ha admitido para investigación profunda estas serias denuncias de violación a los Derechos Humanos de pueblos indígenas so pretexto de obras de desarrollo para el país.

Entre las medidas cautelares que tendría que acatar el Estado Panameño están las siguientes:

1.  Restitución

  • Debe declarar nulos e inválidos los acuerdos hechos entre AES-Changuinola y jefes de familia ngöbe individualmente y restablecer la posesión pacífica de todas las tierras y otras propiedades a cada ngöbe y a la comunidad como un todo.
  • Debe restablecer una entidad confiable e independiente para investigar las violaciones de derechos humanos contra los ngöbe individualmente y como comunidad, cometidos entre diciembre de 2005 hasta el presente, proporcionando las reparaciones para tales violaciones.
  • Debe establecer una entidad confiable e independiente con capacidad técnica para investigar daños ambientales causados por el proyecto de la represa hasta el presente, y reparar los ambientes degradados por causa de las carreteras en construcción.

2.  Compensación

  • Debe compensar todas las violaciones que no puedan ser restituidas, incluyendo daños morales y pecuniarios resultantes de detenciones y arrestos injustos; daños irreparables a la propiedad y el ambiente, y sufrimiento, humillación y dolor.

3.  Guarantías de no repetición:

  • Debe efectuar un EIA y un Análisis Ambiental Estratégico, para asegurar que proyectos futuros sean consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los ngöbe.
  • Debe investigar, demarcar, y nombrar todas las tierras indígenas antes de iniciar negociaciones para proyectos de desarrollo en esas tierras.
  • Debe adoptar leyes que aseguren que todas las tierras indígenas sean protegidas de usurpación a menos que las comunidades indígenas hayan participado del proceso de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, que les permite dar su consentimiento libre, previo y bien informado sobre el desarrollo de represas hidroeléctricas en sus territorios.

Protección de la naturaleza y sus tierras es la preocupación de indígenas en Congreso

DOS EVENTOS Y UNA CAUSA.

Indígenas, corazones que laten al unísono

Los proyectos que se desarrollan en territorios aborígenes amenazan su hábitat.

LA PRENSA/Jorge Fernández

IDIOSINCRASIA. Las tradiciones aborígenes se trasladaron a la capital en medio del reclamo de justicia.

José Arcia
Eliana Morales Gil

sociedad@prensa.com

La protección a la naturaleza fue el plato fuerte del congreso interamericano de los pueblos indígenas que culmina hoy. A unos 50 metros de distancia, en la Universidad de Panamá, dirigentes de la etnia Naso Teribe alzaban su voz en contra de proyectos hidroeléctricos que amenazan la vida ecológica de sus territorios.

Fue un día de debate en el que se exigía autonomía territorial y un alto a la destrucción de los recursos naturales. Mientras que en el hotel El Panamá se habla de la necesidad de legalizar las tierras a los pueblos aborígenes, en la Universidad de Panamá el clamor es en contra del desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Es así que el rey naso, Valentín Santana, se encuentra desde el pasado martes en la ciudad capital para elevar su protesta ante los organismos nacionales e internacionales.

Ayer, en horas del mediodía, se hallaba en la Universidad de Panamá oponiéndose al proyecto hidroeléctrico Bonyic que represará el río del mismo nombre. En la mañana se había reunido con representantes de la Autoridad Nacional del Ambiente y en la tarde hizo lo mismo con miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En cada una de las entidades, Santana habló sobre el impacto ambiental y social que ocasionaría la obra. También se quejó de la empresa que desarrollará la hidroeléctrica, por la falta de consulta a los moradores de las comunidades.

Pero no es el único. También lo acompañan indígenas ngöbe buglés de Bocas del Toro que se oponen a los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el río Changuinola.

Por eso es que en el Congreso Iberoamericano de Pueblos Indígenas la lucha está enmarcada en las tierras.

“La preocupación de la población indígena gira en torno a la seguridad sobre los territorios, porque al no haber una figura legal que proteja sus tierras, seguirán siendo invadidos por los no indígenas que devastan los bosques con la excusa del desarrollo”, dijo Ignacio Rodríguez, director nacional de política indigenista.

DÍA DE LA HISPANIDAD

El asunto territorial tiene un significado más trascendental hoy, 12 de octubre, día de la hispanidad, fecha en que se conmemora el descubrimiento de América.

Sucede que 515 años después de que llegaron los conquistadores, los indígenas sienten que sus derechos “son burlados”.

Al debate se suma el grupo de la Comarca de Madungandi. En una carta enviada al presidente, Martín Torrijos, le reclaman por el proyecto hidroeléctrico Bayano que construyó su padre, Omar Torrijos Herrera.

“35 mil hectáreas de nuestras mejores tierras fueron inundadas, y con ello, tres generaciones de hombres, mujeres y niños se sacrificaron”, señala la carta firmada por el saila Manitaipinapi Pino y que ya está en el despacho de Torrijos.