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El Estado panameño estará sentado hoy martes en la silla de los acusados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por posibles violaciones al derecho territorial de los pueblos indígenas.
La audiencia responde a una demanda que presentaron, hace dos meses, las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center de Estados Unidos y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.
La demanda se presentó porque supuestamente el Gobierno panameño ha concesionado tierras que pertenecen a los pueblos indígenas sin tomar en consideración la opinión de sus habitantes, dijo Ariel Rodríguez, presidente de ACD.
“A pesar de que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado”, señaló ACD en un comunicado.
Un grupo de indígenas naso, ngöbe y wounaan viajó a Washington, Estados Unidos, para exponer ante la CIDH sus problemas.
“Vamos a presentar los diferentes tipos de violaciones”, dijo Félix Sánchez, uno de los indígenas que viajaron a EU.
Indígenas panameños denunciarán su problema de despojo territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Panamá, Ciudad de Panamá, 24 de octubre de 2008. El próximo 28 de octubre una coalición de organizaciones indígenas panameñas y organizaciones no gubernamentales presentarán sus quejas formales contra del Estado Panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D. C., Estados Unidos. En esta audiencia participarán dirigentes indígenas de la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan, Movimiento por la Defensa del Territorio del Archipiélago de Bocas del Toro, Alianza Naso y las comunidades Ngobe del río Changuinola en la Reserva de la Biosfera La Amistad-Panamá.
Los voceros de los pueblos indígenas denunciarán al Estado Panameño por ignorar su derecho al consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Además, por permitir la invasión descontrolada, y en ocasiones armada, de colonos ganaderos en los territorios Kuna, Emberá y Wounaan de Panamá Este. Además el Estado ha concesionado a consorcios privados las tierras en las que viven indígenas Naso y Ngobe para permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo de alto impacto.
Según Feliciano Santos, un Ngobe que vive en el Archipiélago de Bocas del Toro: «El gobierno está permitiendo que personas y empresas extranjeras despojen a los indígenas de sus tierras con ayuda de la misma Policía, que ha ejecutado expulsiones a la fuerza de nuestra gente de territorios insulares en los que habitamos y áreas indígenas que han sido concesionadas para proyectos hidroeléctricos de la corporación AES».
Hugo Sánchez, miembro de la Alianza Naso señaló: «El problema actual es crítico en nuestra comunidad. Existen abusos y amenazas de la Policía, las autoridades locales y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de los Naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico Bonyic en nuestro territorio. Indica además que ellos han concurrido a las autoridades locales y nacionales y no han detenido los abusos, por eso es que concurrimos a la comisión para escuchen nuestros planteamientos y pruebas de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con otros hermanos indígenas en general. Además la creación de la Comarca Naso es una necesidad urgente», subrayó Sánchez.
A pesar que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado Panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado al eliminar varios artículos de la Ley General de Ambiente que garantizaban este derecho.
Al respecto, Susana Serracín, Asesora legal de ACD, comentó que la eliminación de estas normas, ha permitido que ocurran los despojos, la especulación y el enriquecimiento de grupos élites. Además, es evidente la violación a la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Ambiente, sin atender las consideraciones ambientales, sociales, culturales y promoviendo de esta manera, violaciones a los Derechos Humanos, acotó la abogada.
Esta solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentada por las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center (EDLC) de Estados Unidos y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.
Burica Press -- Panamá por Dentro 