Industria panameña sigue contaminando

INDUSTRIAS EN LA MIRA POR DESECHOS

FISCALIZACIÓN

KEREM PÉREZ
kperez@prensa.com

Desechos. Algunas industrias depositan los desechos en los ríos.LA PRENSA/C. Lemos

Los altos niveles de contaminación  en los afluentes y ríos del país, provocados por empresas o industrias, encienden las alertas de las autoridades y ambientalistas.

Hasta la fecha, las autoridades no han concluido con los procesos de análisis  de las 79 industrias y compañías a las que se les ha identificado por presentar irregularidades ambientales.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no revela cuáles son, pero detalla que la mayoría de las empresas se dedica a la construcción, el turismo, la energía, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, las actividades agrícolas, la ganadería, la silvicultura, la explotación de minas de canteras, la manufactura o la pesca.

La Anam exige un Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental (Pama), en el cual las compañías deben presentar un cronograma de actividades y adecuaciones que corrijan  los altos niveles contaminantes en sus desechos, que debía haber concluido en el año 2005.

De acuerdo con Jesús Grimaldo, jefe del departamento de adecuación y manejo ambiental de la Anam, a todas las industrias que ya operan se les exige un diagnóstico a través de una auditoría ambiental.

Esta se realiza por entes privados debidamente aprobados por la institución.

Cada auditoría refleja el tipo de desecho que es expulsado por la empresa, y cuál es la magnitud de su impacto al medio ambiente.

Hay todo tipo de contaminante, como el ruido, vibraciones, emisiones atmosféricas (dióxido de carbono), aguas y suelo.

A la contaminación que más se le presta atención es a la de los desechos depositados en fuentes fluviales (ríos, quebradas) mares, etc.) y alcantarillados.

No obstante, Grimaldo enfatiza que cada empresa tiene su particularidad, puede tener una de estas fallas o varias en su conjunto, dependiendo de su actividad.

“Si luego de la auditoría ambiental, la empresa registra niveles altamente contaminantes en sus desechos vertidos en aguas, se le exige establecer una planta de tratamiento para reducir estos niveles, y en el caso que no cumpla con la normativa, se le multa”, explica Grimaldo.

A cada empresa que ya cuenta con un Pama se le da seguimiento, para que no incurra nuevamente en irregularidades.

El funcionario aclara que toda empresa que elabore productos o tenga dentro de su actividad la utilización de agua requiere una planta de tratamiento. También debe presentar una caracterización de las aguas donde deposita sus desechos, a fin de verificar que la carga contaminante no esté por encima de los niveles máximos.

En este sentido, Juan Francisco Kiener, vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), explica que el sector industrial en los últimos años se ha inclinado con más intensidad a cuidar el medio ambiente.

Kiener señala que no sólo se les debe exigir a las industrias  el establecimiento de plantas de tratamiento, sino  también  un conjunto de medidas como la reducción en el uso de papel, la energía, y  el reciclaje.

El industrial asegura que ellos no son el único que sector que está cumpliendo con los parámetros establecidos por la Anam.

“La mayoría de las medidas (plantas de tratamiento de agua) son costosas para las compañías pequeñas, pero, a pesar de ello el sector está cumpliendo. Estas pueden oscilar entre 200 mil dólares y 5 millones de dólares, dependiendo del volumen de agua que utiliza y el tipo de actividad”, explica Kiener.

El Centro Nacional de Producción Más Limpia detalla en su página web que existe un total de 200 empresas que están cumpliendo las medidas, de estas  87 son del sector energía e industria y  53, agroindustrias.

Para José González Jaramillo, miembro de Oilwatch Panamá, es necesario que se lleve a cabo un programa de desarrollo territorial que incluya el uso de agua. “No hay coherencia entre las  políticas públicas y la  gestión ambiental”, afirma González Jaramillo.

El activista ambiental sostiene además que las autoridades no están exigiendo las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de las construcciones.