El ocaso de nuestra institucionalidad ambiental en Panamá

EL OCASO DE NUESTRA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Osvaldo Jordán

Existe una patología que pareciera afligir a todas las personas que ocupan cargos públicos de alguna importancia, y que pareciera ser independiente del sexo, religión, clase social y hasta de la afiliación política del afectado. Se trata de un virulento rechazo a cualquier tipo de críticas, lo que está acompañado de un ferviente convencimiento de que él o ella sí están haciendo bien su trabajo. Este aparenta ser el mal que afecta hoy día a la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Dra. Ligia Castro, al salir al paso de las declaraciones emitidas por el Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Ing. Milciades Concepción. Se pensaría que de tanto repetirse, ya debiera existir algún antídoto que previniera a los funcionarios públicos de caer victimas de tan lamentable enfermedad, pero no importa cuantos siglos hubieran pasado desde que el célebre rey finalmente se diera cuenta de que estaba desnudo, todavía existe una conspiración como la de Crónica de una Muerte Anunciada, que no permite que los hombres y mujeres públicos se percaten de que están fallando, tal vez hasta que ya sea demasiado tarde.

La administración Castro ha presidido sobre el mayor retroceso en materia de gestión ambiental que se haya experimentado durante la historia de nuestro país. A confesión de partes, relevo de pruebas, la administradora de la ANAM se defiende de las críticas del Diputado Concepción aseverando que “nunca se había investigado y mucho menos sancionado, como ahora, a empresas y personas naturales que cometen infracciones ambientales” (La Prensa, 11 de septiembre de 2007). Dra. Castro, ¿no piensa Usted que la imposición de sanciones representa en sí misma la mayor evidencia de que como sociedad hemos fracasado en la prevención del delito ambiental? ¿Acaso cree Usted que los ambientalistas nos regocijamos de que se le carguen cuantiosas multas a las empresas, cuando más bien hubiéramos querido que estos impactos nunca hubieran llegado a ocurrir? Es un hecho de todos conocido que la aprobación inexplicable de muchos estudios de impacto ambiental (EIAs) durante su administración ha generado conflictos ambientales que eran completamente innecesarios, y que ha conducido a la judicializacion de estos conflictos, violentando el principio precautorio, e imponiendo una onerosa carga de trámites legales sobre las empresas privadas y sobre las organizaciones ambientalistas. En muchos casos, los impactos han sido severos e irreversibles, y de nada sirve la imposición de multas cuando ya los daños han sido hechos.

En este artículo, solo me referiré a tres casos de muy alto perfil que nos han dejado estupefactos durante las últimas semanas. En primer lugar, nos ha llenado de estupor la multa por $130,000 que fuera impuesta sobre la empresa Red Frog Beach Resort (La Prensa, 12 de septiembre de 2007), y que fuera anunciada con bombos y platillos solo un día después de que los representantes de la empresa hubieran estado sentados en primera fila durante la reciente visita del Presidente Martín Torrijos a la Isla de Bocas del Toro. Como bien lo señaló Lina Vega en su columna del 15 de septiembre, esta acción pareciera estar completamente desvinculada de la aprobación de la fase 2 del proyecto que sucedió sólo hace algunos meses; y lo que es peor, según Vega, ¡la ANAM tuvo que realizar una investigación de más de diecisiete meses para llegar a esta conclusión! Con esta política de control posterior, ¿qué hubiera sido de los ecosistemas de la Isla de Bastimentos si este proyecto no se hubiera detenido por otras razones? ¿No hubiera sido mejor prevenir estos efectos negativos a través del mecanismo de la evaluación de impacto ambiental (EIA), y de paso terminar con la vergonzosa práctica de fragmentar los EIAs en innumerables obras y etapas separadas, lo que no es más que una manera de disfrazar los impactos totales de los proyectos?

Más allá de este lamentable acontecimiento, cuya resolución final se extenderá durante muchos meses más de innumerables artimañas legales, los promotores de proyectos pueden estar seguros de que la ANAM nunca irá mas allá de imponer estas multas que seguramente ellos podrán pagar, ya que la creatividad del equipo directivo de la institución ha inventado una nueva manera de acomodar todos sus abusos – la modificación de las resoluciones de impacto ambiental después de iniciados los proyectos. Y en efecto este ha sido el caso del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en las montañas de Bocas del Toro, dentro de la Reserva de la Biosfera de La Amistad, en el que la ANAM parece haber cambiado de opinión acerca de la reubicación de las comunidades Ngabe en del Bosque Protector Palo Seco, dos años después de que la resolución aprobatoria del EIA hubiera prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos humanos en esta área protegida. Esto sucedió sólo días después de que los moradores del área hubieran denunciado que la empresa AES Changuinola estaba amenazando, desinformando y manipulando a la población para que salieran de sus fincas y le dieran paso a sus maquinarias. De todos es conocido que si algún campesino hubiera cazado algún animal dentro de esta reserva, ya lo hubieran parado, confiscado y hasta sancionado por semejante infracción, mientras que una corporación extranjera sí puede hacer lo que le dé la gana dentro de las más de 6,000 hectáreas de concesión del Bosque Protector Palo Seco que le ha otorgado la ANAM, a cambio de que la empresa se comprometiera a entregar un millonario aporte a la gestión ambiental de la institución. Claramente, en estos casos, la ANAM ha terminado siendo juez y parte.

Finalmente nos encontramos con el bochornoso espectáculo del Foro Público de la Ampliación del Canal de Panamá, que fuera realizado sólo un día antes de que se inaugurara la construcción de la obra. Este hecho, que hubiera causado indignación, y acaso algún comunicado de protesta, en cualquier institución ambiental que fuera independiente y que se respetara a sí misma, ha pasado completamente desapercibido por los jerarcas de la ANAM. De esta manera, se ha demostrado contundentemente lo que hemos venido afirmando desde hace años, que los procesos de evaluación de impacto ambiental han dejado de tener cualquier significado dentro de la administración de Ligia Castro. Dra. Castro, los hechos hablan por sí mismos, y le pido disculpas por ser yo quien tenga que decirle que Usted ya no esta luciendo su atuendo de Reina. No importa a cuantos eventos de cambio climático asistan, y cuantos galardones reciban sus directivos, su administración no está cumpliendo con el sagrado deber de prevenir los daños ambientales, como lo establece la Ley 41 de 1998, en la que sé que Usted personalmente puso mucho de sí, al igual que el Diputado Concepción, y muchas otras personas más.

Si todavía Usted piensa que estas graves fallas se pueden corregir, le sugiero que le exija a todos los miembros de su equipo directivo que pongan sus cargos a disposición, y que convoque a un dialogo amplio y abierto con la empresa privada y con las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de un nuevo marco legal para la gestión ambiental en nuestro país, que pueda ser presentado en forma de anteproyecto a la Asamblea Nacional en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 41 de 1998. De lo contrario, mejor sería que Usted misma renunciara, y que le permitiera al Presidente de la Republica la designación de una nueva persona, que sí actúe de manera independiente, o que en el peor de los casos, responda claramente a los intereses de la empresa privada y del partido gobernante. Lo que ya no podemos soportar es la actual situación de indefinición, en la que los estudios de impacto ambiental son aprobados con condiciones que nunca se cumplen, y en la que si se hacen las denuncias, el Estado, la empresa privada y las organizaciones ambientalistas tenemos que invertir cuantiosos recursos en inspecciones, investigaciones y acciones legales, al tiempo que se continúan destruyendo los ecosistemas naturales y los derechos de las personas siguen siendo atropellados por quienes sí tienen acceso directo a las más altas esferas del poder público.

El autor es presidente de la organización ambientalista Alianza par la Conservacion y el Desarrollo (ACD).