Isla de Coiba como penal de nuevo?

Ni anam ni el consejo director del parque nacional coiba conocen de estos planes

Coiba podría volver a ser un centro penal

El director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, anunció que el penal albergará más de 200 reos cuya resocialización es improbable.

Eduardo Mendoza
emendoza@prensa.com

Seis años después de que saliera el último presidiario, la isla de Coiba -esa joya de la naturaleza considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- podría volver a ser una colonia penal.

Los reos “más peligrosos, incorregibles y problemáticos” de la población penal serían aislados de los demás internos en un “Centro de Máxima Seguridad” ubicado en la isla.

Los planes fueron dados a conocer por el director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, en un foro sobre asuntos carcelarios organizado por el Colegio Nacional de Abogados.

“El Parque Nacional Coiba es Patrimonio Mundial de la Humanidad y ahora el Gobierno pretende recuperar estas tierras”, anunció Kaa.

Según el funcionario, más de 200 internos que clasifican como reos de alta peligrosidad estarían confinados en la isla. “Estamos jugando con delincuentes peligrosos que tienen influencias tanto nacional como internacional”, remarcó.

También en Coiba estará una de las 11 estaciones navales que el Gobierno planea instalar para proteger las costas panameñas.

El anuncio de Kaa sorprendió, dentro y fuera del Gobierno.

En el Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingob) intentaron minimizar el alcance de los planes de Kaa, asegurando que se trata de una “intención” y no de un “proyecto en firme”.

“Kaa dijo esto dentro del concepto de una posibilidad, porque se ha estudiado”, señaló Abraham Williams, asesor legal del Mingob, que tiene entre sus dependencias, precisamente, a la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Tampoco conocía de estos planes el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias.

Justamente ayer se produjo la reunión mensual del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba y ninguno de sus miembros estaba al tanto de los planes de Kaa quien, por cierto, no acudió a esa cita.

Diomedes Kaa anuncia tener planes de instalar una cárcel de máxima seguridad

Oposición a reapertura del penal en isla Coiba

Los ambientalistas desconocen por qué Diomedes Kaa quiere regresar el concepto de isla penal, y aseguran que se trata de un ‘retroceso’.

Naturaleza. La isla de Coiba, luego de una historia carcelaria llena de asesinatos y torturas, pasó a convertirse en un lugar de conservación natural. En ella se promueve el turismo ecológico. LA PRENSA/Archivo
Patriminio de la Humanidad Historia.

La isla de Coiba, de origen volcánico, es la mayor ínsula que compone el Parque Nacional Coiba, creado por ley desde 2004. Hasta ese año y desde 1919 había sido utilizada como penal. Solo queda una estación biológica y unas 3 mil reses salvajes que pastan libremente. En 2005, la Unesco la declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Eduardo Mendoza
emendoza@prensa.com

El anuncio de la reapertura de un centro penal de máxima seguridad en la isla de Coiba, en las costas de Veraguas, sorprendió a propios y extraños.

El miércoles, en un foro organizado por el Colegio de Abogados, el director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, dijo que entre sus planes para mejorar la situación carcelaria está rehabilitar una cárcel en Coiba.

La isla funcionó como un penal hasta 2004.

La directora ejecutiva de la Fundación MarViva, Gabriela Etchelecu, dijo desconocer lo dicho por Kaa.

“Nosotros no tenemos ninguna información oficial de que se vaya a reabrir un penal en Coiba”, declaró.

Etchelecu no es la única. Ayer fue la reunión mensual del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, y nadie estaba al tanto de los planes de Kaa. Los asistentes a la reunión se enteraron de esto cuando La Prensa contactó telefónicamente a alguno de ellos para conocer sus posiciones.

Según Etchelecu, sobre Coiba pesan muchos intereses. Este mismo gobierno pretende instalar ahí una base aeronaval.

“Nos sorprende mucho que esto sea algo que se esté planeando”, aseguró la representante de MarViva.

Para Raisa Banfield, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la propuesta de Kaa implica un desprecio a los recursos naturales.

“La reinstalación de la cárcel en Coiba no solo es sinónimo de retroceso, sino de la poca o nula valoración de nuestros recursos naturales, su valor económico en el desarrollo y el desconocimiento e irrespeto total de las convenciones internacionales de las que somos signatarios”, expresó Banfield.

En esos mismos términos se expresó el sociólogo Raúl Leis.

“Esta decisión es ir para atrás. Coiba es un espacio ambiental de primera línea. Se estaría perdiendo el sentido en sacrificar todo ese espacio ambiental de biodiversidad, atrayendo otra vez la actividad humana”, advirtió.

También hay quien se opone a este proyecto, pero por razones ajenas a las ambientales.

El presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, quien también fue testigo de las declaraciones de Kaa en el foro, dijo que una isla penal violaría los derechos humanos de los internos y las leyes y acuerdos internacionales en esta materia. Entre otras cosas, enumeró que a los reos se les privaría de oportunidades para rehabilitarse, de visitas conyugales y de participar en actividades educativas.

“Esta es otra improvisación del gobierno de Martinelli. Esto no va a resolver en nada el problema de las evasiones”, opinó Justiniani.

Según sus cálculos, rehabilitar el penal requiere una inversión de, por lo menos, 100 millones de dólares. A su parecer, con ese dinero se podrían resolver los problemas de los centros penitenciarios ya existentes.

Por su parte, el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Javier Arias, admitió que no ha sido informado de esto, pero pronosticó que no será fácil volver a convertir Coiba en un penal, ya que ahora la isla cuenta con un plan de manejo para su conservación patrimonial.

“Esto entraría en contraposición… Hablar de esta manera sería adelantarse, debido a la condición de la isla”, advirtió Arias.

Explicó que hasta ahora, la Anam ha solicitado a Kaa que permita el traslado de unos 20 reos a la isla para que cuiden de las aproximadamente 3 mil reses salvajes que pululan en la ínsula y que nadie ha querido adquirir.

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La improvisación del actual gobierno no tiene límites y su malsano pragmatismo está siendo intolerable. La frase “El Parque Nacional Coiba es Patrimonio Mundial de la Humanidad y ahora el Gobierno pretende recuperar estas tierras”, pronunciada por Diomedes Kaa es una frase ignorante inconcebible para un funcionario de su envestidura. Si lo dijo es por algo y no creo que lo ha sacado de nada. Por algo el gobierno quiere instalar una Base Naval, algo también inconcebible a los fines y objetivos de esta magnífica área.

La Isla de Coiba no merece más especies invasoras de la que tiene!

Qué más sorpresas nos tiene Martinelli?

Burica Press

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UNESCO notificada sobre amenaza al Parque Isla de Coiba

UNESCO notificada sobre atentado legal al Parque Nacional Marino Isla de Coiba

Panamá, 17 ago (EFE).- La UNESCO fue notificada de la desprotección en que ha quedado el parque nacional marítimo de Isla Coiba, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2005, por una nueva ley que permite la pesca de atún con redes de cerco en Panamá, informó hoy la prensa local.

La denuncia fue interpuesta el viernes por la organización ambientalista no gubernamental MarViva, cuya directora Gabriela Etchelecu advirtió que el parque puede ser incluido en una lista “negra” por parte de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), indica el diario La Prensa.

Playas de la Isla de Coiba, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad

Playas de la Isla de Coiba, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, Panamá. Foto: Laia en Picassa Albumes Web

La Asamblea Nacional derogó el artículo 11 de la ley 44 cuando aprobó la ley 55, el 6 de agosto pasado, que regula el comercio marítimo, que fue firmada por el presidente panameño, Martín Torrijos, y publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial.

Por su parte, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Reynaldo Pérez-Guardia, declaró al Panamá América “desconocer por completo” las denuncias de los ambientalistas en torno a la derogación del artículo 11 de la ley 44 de julio de 2004, que prohíbe la pesca con redes de cerco en las aguas de Coiba.

Según este funcionario, la ley 55 incluye el Sistema de Monitoreo Satelital, que se encarga de vigilar y regular los barcos que pesquen en áreas protegidas a través de un dispositivo que debe poseer cada barco que navegue en aguas panameñas.

No obstante, en publicaciones anteriores La Prensa ha denunciado que algunos capitanes dejan el dispositivo en una lancha anclada en un área comercial y se van con sus barcos a zonas como Coiba para pescar burlando a las autoridades, que no cuentan con suficientes naves ni inspectores para vigilar las aguas panameñas.

La ley 44 protege a las especies únicas en su gran mayoría que viven en sus aguas, como corales, peces, tortugas marinas, ballenas, delfines y marsopas, indica La Estrella de Panamá, decana de la prensa panameña.

Las especies serían arrastradas con las redes de cerco, que tienen una dimensión similar a tres campos de fútbol juntos, o la altura de un edificio de 20 pisos, y los delfines serían sus principales víctimas, según Luis López Ramírez, secretario de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alina Spadafora, declaró que esta nueva norma es un total irrespeto a la participación ciudadana que se llevó a cabo para crear la ley 44.

Por su lado, Etchelecu advirtió que “si permitimos que esa derogación siga vigente, vamos a terminar sin ley de Coiba, porque así como derogaron ese artículo pueden hacerlo uno a uno con el resto”.

Reiteró que “nadie fue consultado” para incluir el artículo que permite la pesca industrial en aguas del Pacífico panameño que, añadió, interferirá con las actividades turísticas, de pesca deportiva y artesanal.

MarViva y ANCON fueron los principales grupos ambientalistas que cabildearon por varios años para que la UNESCO declarara patrimonio mundial al parque de Isla Coiba, creado en 1991 con 270.125 hectáreas de extensión, de las que 216.543 son marinas.

El parque se encuentra situado en aguas del Pacífico que bañan los distritos de Montijo y Soná, en la provincia central de Veraguas y dista unos 50 minutos en vuelo desde Ciudad de Panamá o 10 horas de trayecto por tierra desde la capital y es considerado parte del circuito conservacionista que incluye a la isla Coco (Costa Rica), Malpelo (Colombia) y Galápagos (Ecuador).

Más del 80 por ciento de la Isla está cubierta por vegetación original, posee manglares y cativales de significativa magnitud, en ella llegan a desovar al menos 3 especies de tortugas marinas, tiene algunos de los mejores arrecifes coralinos del Pacífico panameño y un innegable valor paisajista provisto para el turismo, según el portal electrónico visitapanama.com.

En junio pasado delegados de Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Guatemala, Japón, México, Nicaragua, Perú, Vanuatum, Venezuela y Panamá celebraron en este país la 78 Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), en la que elogiaron la “pesca responsable” ejercida por los panameños.

Gobierno vuelve a sorprender a ecologistas defensores de Coiba

Desprotegen las zonas especiales de manejo en el Oceáno Pacífico panameño.

Burica Press. 15 de agosto de 2008. El 6 de agosto, sin aviso previo, como ladrón en la noche, el Presidente de Panamá, Martín Torrijos sancionó la ley 55 denominada Ley del Comercio Marítimo. En su artículo 278 derogaron el artículo 11 de la ley de Coiba, lo que implica que han eliminado la zona de exclusión donde se prohíbía la pesca de atuneros de cerco en aguas panameñas más al norte del paralelo 6´30.

Según la bióloga Gabriela Etchelecu, Directora Ejecutiva de Mar Viva, con este -camarón- legislativo ahora queda permitida la pesca industrial en aguas adyacentes a la Isla de Coiba, incluyendo la pesca con barcos atuneros de cerco en todas las aguas del pacífico panameño, incluyendo las zonas especiales de manejo, o sea Banco Hannibal, Archipiélago de Las Perlas, entre otras.

Parque Nacional Isla de Coiba

Parque Nacional Isla de Coiba. Foto: http://www.flickr.com/photos/artour_a/

Según Etchelecu lo ocurrido no son buenas noticias para nadie que valore lo que nos brindan nuestros recursos marinos, mucho menos para los delfines, pues mueren miles cada año con las operaciones de atuneros.  También se afectan muchas especies objetivos, tanto de la pesca deportiva como la artesanal,
interfiriendo con estas actividades económicas, sociales y turísticas de las que dependen tantos panameños.    Es frecuente la pesca incidental del pez espada, marlines, pez vela, jureles, dorados y claro. Muchos tiburones y rayas mueren en las redes, indico la activista ambiental.

Estos barcos atuneros tienen capacidad de carga de unas 1,200 toneladas y se estima que se han expedido ya en nuestro país unas 25 licencias.

El artículo 278 dice textualmente así: “Artículo 278. La presente Ley deroga el Libro Segundo del Código de Comercio de Panamá y el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004”, donde se observa que para no alertar a los ambientalistas ni siquiera hicieron mención del nombre completo de la ley.  De hecho parece que los ambientalistas se enteraron 10 días después de haber sido sancionada por el Presidente panameño.

Esta ley nueva ley puede ser accedida en http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26100/12475.pdf

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ambiente. Otro ‘CAMARÓN’ LEGISLATIVO.

Diputados favorecen a atuneros

Con la ley de comercio marítimo se derogó un artículo que prohibía pescar atún con redes de cerco.

El Presidente de la República sancionó el 6 de agosto las leyes que regulan el comercio marítimo.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los diputados aprovecharon el proyecto de ley sobre comercio marítimo, sancionado el pasado 6 de agosto por el presidente, Martín Torrijos, para derogar el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como ley de Coiba, para favorecer a los atuneros.

Desde el 7 de agosto pasado y tras cuatro años de prohibición, los atuneros pueden pescar sin límite con redes de cerco en la costa del Pacífico panameño, donde hay incluso áreas protegidas.

El artículo 11 creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño “en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que (…) afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”.

La medida había pasado desapercibida hasta que se publicó en Gaceta Oficial, el pasado 7 de agosto, la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, que regula el comercio marítimo.

La decisión de los diputados, asumida el 30 de junio, último día del pasado período legislativo, ya empezó a crear indignación entre grupos ambientalistas, abogados marítimos y aficionados a la pesca deportiva. Algunos se enteraron ayer de la derogación de la norma.

“Me parece que es una falta de respeto para las personas que hemos trabajado en esos cuatro proyectos [leyes marítimas] que nos tomen de tontos útiles para beneficiarse unos cuantos”, reaccionó Tomás Ávila Manzanares, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo .

“Trabajamos tres años en ese proyecto [actual Ley 55] y en ningún momento fue intención de los comisionados el que se derogara una norma tan sensitiva como esa”, añadió.

La Fundación MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental respondieron de igual forma con disgusto al conocer la derogación de la norma, que aseguraba que los barcos atuneros realizaran faenas a más de 40 millas náuticas de las costas.

El presidente de los clubes de pesca deportiva, Luis López, dijo que se trata de otro “gol legislativo”.

MES DE LOS OCÉANOS.

Gobierno empaña celebración

LA PRENSA/David Mesa
CONSERVACIÓN. La isla de Coiba es una zona protegida por ley, donde se ha denunciado pesca ilegal.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los ambientalistas se preparaban para festejar el mes de los océanos (septiembre) y 15 días antes se enteraron de una decisión de la Asamblea Nacional avalada por el Ejecutivo que agrió la celebración.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de junio un proyecto de ley sobre comercio marítimo, y de paso derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004 –mejor conocida como ley de Coiba– que prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún en el Pacífico panameño.

El proyecto pasó a ser ley de la República el 7 de agosto pasado, cuando se publicó en Gaceta Oficial como Ley 55 de agosto de 2008 .

Bajo qué fundamento técnico y científico el Gobierno elimina una norma que busca proteger una zona que forma parte del Corredor Marino mesoamericano, se preguntó ayer Leslie Marín, del Centro de Incidencia Ambiental.

Las redes de cerco que utilizan los atuneros tienen una extensión similar a tres campos de fútbol y llegan a unos 600 metros de profundidad, explicó Luis López, presidente de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva.

La Fundación MarViva anunció que iniciará una serie de acciones en contra de la derogación. Este gremio ha estado denunciado la pesca ilegal en isla Coiba, donde este año se han reportado al menos cuatro casos de barcos industriales invadiendo áreas protegidas.

La Prensa, 16 de agosto de 2008