Denuncian irregularidades en titulación de tierras costeras y Parque Nacional

titulación de tierras genera sospechas en la provincia de veraguas

Investigan apropiación de tierras en Santa Fe

Inversionistas extranjeros compran media hectárea de tierra y se apoderan de hasta 200 y 300 hectáreas.

TIERRAS. La Dirección Nacional de Reforma Agraria investiga la venta fraudulenta de tierras en codiciada zona norte del distrito de Santa Fe. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
santiago, veraguas
nacionales@prensa.com

La belleza del patrimonio natural del Parque Nacional Santa Fe y de las áreas costeras ubicadas al norte de la provincia de Veraguas aún sin explotar dio pie para que ex funcionarios del pasado gobierno e inversionistas nacionales y extranjeros propiciaran una especulación cuyo único objetivo es el de acaparar y vender tierras sin respetar las leyes ambientales ni agrarias que protegen este territorio.

Y es que actualmente la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) incluso adelanta una investigación de la que también ha tomado parte el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción por la titulación “fraudulenta” de tierras en la codiciada zona norte del distrito de Santa Fe.

Uno de los primeros en denunciar estas irregularidades fue Roberto Guerra, alcalde del distrito de Santa Fe, quien reveló que en el área hay extranjeros que aprovechándose de la necesidad de los lugareños compran media hectárea de tierra y de allí arbitrariamente se apropian y miden hasta 200 y 300 hectáreas de montaña virgen que forman parte del parque nacional.

El funcionario lamentó que en muchos de estos casos la dirección de Reforma Agraria hubiese permitido esta especulación debido a que expidió los títulos que aunque “fraudulentos” legalizan la posesión de una tierra codiciada por el potencial natural que presenta.

Apropiaciones

Guerra indicó que actualmente estos extranjeros y también algunos nacionales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de norte de Veraguas incluso están especulando con la venta de estos territorios, ya que intentan negociarlas a altos precios por ser áreas con mucha vegetación y con acceso a la costa atlántica.

El alcalde confirmó que hasta ahora a través de su despacho ya se han hecho varios recorridos conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que verifiquen las denuncias y principalmente las irregularidades que se han dado con las tierras que forman parte de áreas protegidas.

Según Gabriel Vásquez, productor del área de Calovébora, en el área norte de Santa Fe no solo se debe investigar el acaparamiento de las tierras sino la devastación de los bosques del área, ya que incluso algunos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están haciendo movimientos para construir estructuras sin medir el impacto que esto representa para un área protegida.

Vásquez considera conveniente que en el sector norte de Santa Fe se haga un ordenamiento territorial con el objetivo de evitar la especulación y sobre todo para que los lugareños no pierdan sus tierras.

Pero en medio de estas denuncias, Ezequiel Pinzón, director nacional de Reforma Agraria, confirmó que esta institución inició una investigación administrativa que permita determinar si los procesos de adjudicación definitiva de esas tierras se dieron cumpliendo las formalidades que establece el Código Agrario y luego comprobar la violación de la ley.

No obstante, el funcionario reconoció que en la investigación se han encontrado diversos fenómenos, que van desde la titulación de tierras que por años han sido ocupadas por lugareños o la apropiación de terrenos que son inadjudicables por ser áreas protegidas, lo que representa una falta a la ley.

Pinzón adelantó que por ahora en el caso del norte de Veraguas ya se han instruido cerca de 10 expedientes aunque el número de casos podría ser superior, luego de lo cual se remitirá la investigación a las autoridades del Ministerio Público.

Vinculaciones

También dijo que se trata de determinar la vinculación de funcionarios de la Dirección de Reforma Agraria durante la pasada administración del presidente Martín Torrijos, que al parecer fueron quienes propiciaron la titulación irregular de tierras en el norte del distrito de Santa Fe.

El sector norte no es la única área afectada. En julio de 2009, un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surgió a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional.

Gobierno insiste en titular tierras costeras e insulares

Prólogo

Causa enorme pena que el Gobierno de Martinelli, al igual que los dos últimos que le han precedido, intente seguir con la titulación de tierras costeras inadjudicables. Ya existen demasiados títulos en áreas costeras e insulares que le quitan el derecho al resto de los panameños de usar un patrimonio costero que la Constitución panameña estableció desde el inicio de la República. Con la titulación de estas tierras –al precio que sea– enajena un patrimonio de todos los panameños y le segrega espacios públicos de recreación y esparcimiento.  Los citadinos no tendrán acceso a playas como ya ocurre en muchos países donde han negociado su patrimonio costero.

En muchos territorios insulares los nuevos dueños de estos derechos posesorios y derechos titulados han cerrado caminos de acceso a las playas. Algunas islas son privadas de manera total o parcial y eso es ilegal.

Si regalan los títulos es nocivo, si los encarecen estarán cediendo el patrimonio costero e insular a magnates que todos sabemos que evitaran a toda costa que los panameños que no tenemos terrenos en las costas no podamos acceder fácilmente a «sus playas».

El poderoso don dinero parece ser superior al interés colectivo sobre un patrimonio no enajenable. Las playas y riberas costeras deben permanecer libres de acceso expedito a todos los ciudadanos. Foto: BiodiversidadPanama (www.panoramio.com)

Para realizar inversiones en territorios costeros no se requiere, si se actúa de buena fé, a tener un título de propiedad. Eso es falso y sólo busca que se legalice el negociado de las tierras preciadas. Es bien sabido, por ejemplo que muchos Estados insulares pequeños han protegido sus tierras costeras del negociado de tierras, sin embargo la inversión en turismo nunca se ha detenido. Para los empresarios que no buscan acaparar tierras para el negociado del –Real State–, sino desarrollar proyectos justos, no es necesario la adquisición con gula de grandes extensiones de tierra.

Hasta dónde se puede vender el país es la pregunta!  Cuántas islas serán presa de codicia de los especuladores que sólo esperaran que los lugarenos tengan un título de propiedad para seducirlos y tomarse las tierras.  Esta historia de repite en espiral una y otra vez.  Quién ganará en todo  esto? Quiénes perderemos?

El Estado debe ser garante de los derechos colectivos, pero con la clase política que tenemos ejerciendo, no podemos esperar que estos sanos principios prevalezcan.  Mercaderes de la peor ralea. Un muchacho universitario diría: «Allí están, esos son, los que que venden la nación», pedazo a pedazo, título a título.

Por cierto, que ya es hora que todo dueño de tierra pague impuestos proporcionales a la cantidad de tierras que posee.  El latifundismo se está tomando peligrosamente el país. El latifundismo ha sido cuna de graves problemas sociales y políticos en todos los países que lo han permitido.

Burica Press

——————————–

Debate de ley se complica

PANAMÁ. A pocas horas para la Nochebuena, los diputados de la Asamblea Nacional dan continuidad hoy al tercer día de discusión en segundo debate al proyecto de ley 71 que reconoce derechos posesorios en costas e islas.

La sesión de ayer que comenzó a eso de las 11:00 a.m. y cerró a las 5:00 p.m. estuvo marcada por las críticas de los diputados de oposición y dueños de derechos posesorios. En el blanco estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, porque la entidad suministró una tabla de precios que según ellos fija costos altísimos para titular cada hectárea.

El inversionista, Pedro Vallarino dice que estos precios frenarán la inversión extranjera en el país. Los mudos en el debate y ante las acusaciones fueron los diputados oficialistas. Yassir Purcait, por ejemplo, asegura se trata de una ley para expropiar tierras.

Los dos lados de la moneda

En el tema de los derechos posesorios, no habrá ningún consenso. Las partes viven en mundos muy distintos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

El proyecto de ley 71 sobre la titulación de derechos posesorios en las costas e islas realizará la meta del gobierno Martinelli, que es permitir la titulación de tierras a los ocupantes de predios pequeños, y de cobrar un precio justo a los inversionistas quienes buscan titular proyectos grandes”.

Así lo confirmó a La Estrella el viceministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Según el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el predio promedio ocupado sin título en Panamá es de 5.6 hectáreas. El proyecto de ley permite la titulación gratuita de 3 hectáreas.

Según la tabla de precios establecida por el proyecto, el que quiera titular menos de 25 hectáreas en la costa de Azuero tendrá que pagar al Estado 45 mil dólares por hectárea, más 5% de impuesto.

Así es que el Estado cobraría al dueño promedio 175 mil 850 dólares por las otras 2.6 hectáreas.

En cambio, un inversionista que ha comprado derechos posesorios de más de 25 hectáreas en la Isla Colón, Bocas del Toro, tendrá que pagar 62 mil 500 dólares por cada hectárea, para titularlas.

De La Guardia dijo que la tabla fue preparada por “dos prestigiosas empresas evaluadoras”, y que sus precios son “inferiores” al valor del mercado.

Durante la campaña electoral, Ricardo Martinelli manifestó que “a titulación de los derechos posesorios sería totalmente gratis en todo el territorio nacional”. De La Guardia no quiso comentar sobre porqué el presidente cambio de parecer.

“Han mantenido, equivocadamente, que el proyecto de ley pretende recaudar fondos”, dijo el funcionario, quien es banquero de profesión. “Su propósito es de balancear el interés de individuo con el de Estado”. Preguntado si los dueños de derechos posesorios pagarían los precios establecidos, dijo que sí. “Van a titular”.

Otra idea tenía un inversionista con quien conversó La Estrella.

“Este proyecto va a paralizar la titulación. Ya no habrá más proyectos grandes. La tabla de precios desconoce por completo el mercado actual de tierra”, indicó.

“El auge se acabó hace dos años”, siguió el inversionista, quien no quiso ser identificado.

“Ahora —agregó— el gobierno se ha metido en el negocio de bienes raíces, no para vender sino para proteger el valor de tierras costales ya tituladas de personas que tienen grandes extensiones”.

Gobierno dubitativo de defender el bien común en islas y costas

El Ministerio de Economía y Finanzas solicitará a la Corte la Inconstitucionalidad de dicha Ley

GOBIERNO ECHA PARA ATRÁS LEY DE COSTAS
08-03-2009 |YENIFER BOLIVAR
ybolivar@laestrella.com.pa
La norma no está reglamentada y permite vender tierras a medio centavo hasta un centavo y medio, por metro cuadrado

PANAMÁ. Le tocó el turno a la Ley 23, que regula la adjudicación de las costas e islas de la República. El ministro de Economía Finanzas -MEF-, Alberto Vallarino, dice que no entiende cómo el pasado gobierno “haya firmado una ley. que es un atraco al Estado”.
La polémica ley fue aprobada el pasado mes de abril y establece costos que van desde medio centavo hasta un centavo el metro cuadrado.
El pasado gobierno no tuvo tiempo de reglamentarla. El pasado viernes el MEF presentó ante la Corte Suprema de Justicia un alegato en apoyo a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Samuel Velásquez.
Entre los argumentos del Ejecutivo se señala, además, que Ley viola la inadjudicabilidad de las costas, establecidas en el artículo 258 de la Carta Magna. La ley en mención fue impulsada por el diputado del ahora opositor Partido Revolucionario Democrático -PRD-, Freidi Torres, quien señaló en su momento que se “le hace justicia a más de 100 mil personas que por años han anhelado legalizar los derechos sobre sus tierras”.
Pero Vallarino no concuerda con este argumento y sostiene que detrás de esta ley “hay una intención de desvalijar la nación de propiedades valiosas de manera indiscriminada”. Aunque las autoridades han recurrido a la Corte no descartan una revisión minuciosa de la ley.

—————————

NORMA
El pasado 24 de abril fue promulgada en la Gaceta Oficial la Ley 23 que regula la adjudicación de las zonas costeras.
La Ley que generó polémica, dará títulos de propiedad sobre islas y terrenos.

+++++++++++++++++++++++

Ley de costas será revisada por el MEF

luz ettrick
lettrick@prensa.com

“El ministro de Economía y Finanzas no echará la ley de costas para atrás, por el momento revisará lo que allí se establece”, afirmó Publio Cortés, director de Catastro del MEF. Manifestó que hay problemas para la implementación de la ley porque debe enmarcarse dentro del régimen constitucional.

Dijo que la Constitución política establece que las riberas de las playas y el mar no son adjudicables al sector privado. Cortés explicó que antes Catastro hacía un avalúo y la Contraloría emitía otra valoración y aunque el método no era del todo preciso, los precios de venta eran más justos. “Ahora los costos están por el piso”.

“El derecho posesorio del campesino se va a respetar, pero el de empresas inescrupulosas se va a evaluar”, concluyó.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

«Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación», destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, «de allí la agilidad de los trámites», sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León
panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.