Asamblea y Corte intentan cometer crimen de lesa patria

PROYECTO

Concesiones costeras en la mira

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

Portada PANAMÁ. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Freidi Torres ha propuesto reformar el Código Agrario y la legislación vigente sobre concesiones de tierra.

Actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra las concesiones de tierras en los primeros 200 metros costa adentro. La propuesta pide que se cambie hasta los 10 metros y que la Dirección de Reforma Agraria se encargue de las concesiones de ahí en adelante, excepto en áreas urbanas y comarcas indígenas.

Además modifica la Ley 2 de 2006, que regula la inversión turística dejando esa potestad en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no en el MEF como actualmente funciona. En ese caso las concesiones se manejarían con el Código Agrario y no con la agenda turística.

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En el año 2005 fue aprobada con urgencia notoria una ley que vendía nuestras islas y costas al mejor postor, cual mercado persa.

La sociedad civil y líderes turísticos serios se opusieron a esta ley que evidentemente alguien poderoso la había negociado con Pedro Miguel Gonzalez, exPresidente de la Comisión de Hacienda que prohijó el proyecto y lo llevo a tambor batiente y la aprobaron en el año nuevo de 2006.

El tiempo ha demostrado que esta ley ha sido nefasta para salvaguardar el patrimonio nacional y ha habido piñata con lo que antes era de todos los panameños.

Hoy Freidi Torres y Alberto Cigarruista (Asamblea y Corte Suprema) buscan la manera de pelechar lo últimos metros de playas hasta donde rompe la ola de bajamar.

Que alguien amarre la corrupción rampante que golpea al país.

Y qué dice Ruben Blades de todo esto?  Después se enoja de los atinados artículos de Paco Gómez que desenmascara su inacción de defender las costas e islas de la rapiña del PRD, aliados y empresarios inescrupulosos.

Promover la venta o titulación de tierras hasta donde llega la pleamar es un crimen de lesa patria!

Burica Press

Destrucción de Isla Viveros se agudiza

De nada ha valido que los ecologistas de Panamá hayan objetado desde hace varios años, la destrucción de los archipiélagos y costas de Panamá por efecto de la Ley 2 de 2006 que permite la especulación inmobiliaria en sus prístinos paraísos insulares y costeros.

Es lamentable que organizaciones como ANCON en vez de objetar este dañino modelo de desarrollo pretenden hacer ver solamente que el relleno, gota que derrama el vaso de desastre ambiental, sea lo que les preocupe. Lo que en refleja un discurso equivocado, oportunista y acomodaticio. Es hora que ANCON, así como los demás grupos ecologistas y ambientalistas de Panamá sean más directos y menos hipócritas de cara a la defensa de los caros intereses nacionales, hoy depredados rampantemente por especuladores que se dizfrazan de saco y corbata y se camuflan en los corrillos gubernamentales para lograr “aprobaciones legales” de tales crímenes ambientales en nombre del desarrollo, que evidentemente no es de desarrollo. Es realmente un vulgar mercado especulativo que destruye nuestros recursos y los enajena.

La destrucción en el Archipiélago de Las Perlas continúa a grandes pasos y Ligia Castro, Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente sigue permitiendo este nefasto concepto de desarrollo en nuestro país. La corrupción y la ineptitud nuevamente hacen festín por doquier y es lo que lamentablemente uno puede esperar en un país parasitado con tráfico de influencia y corrupción en el funcionarato de la cosa pública, que cual adláteres de este sistema mercantilista se presten para permitir que este tipo de proyectos de sus jefes inversionistas y los capos superiores del gobierno sean desarrollados con éxito arrogante y estrépito de ignorancia.

Es evidente que ANAM al mando de Ligia Castro y/o Eduardo Reyes, quien es la mano que mece la cuna en esa institución, están dejando un pérfido legado de venta de nuestro país a cambio quien sabe de qué. Será corrupción, ignorancia, estupidez? Qué será?

Amerita que todo este proyecto sea detenido y punto.

Burica Press.
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NUEVA POLÉMICA EN ISLA VIVEROS

Pista de aterrizaje en el mar

Grupos ambientalistas advierten que la extensión de un aeródromo hacia el pacífico pone en peligro un corredor biológico de ballenas jorobadas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La empresa Viveros Development presentó un modificación de su proyecto en isla Viveros, el cual establece la ampliación de un aeródromo de mil metros de longitud hacia el mar a través de un relleno de piedra y arena.

El relleno ha levantado voces de protestas entre los biólogos y grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), que temen que la estructura interrumpa un corredor biológico de ballenas jorobadas en medio del archipiélago de Las Perlas.

Belisario Polo, representante de Viveros Development, aceptó que cerca de la isla hay un corredor ocasional de ballenas, pero asegura que el relleno terminará antes de su interrupción.

La empresa sostiene que la ampliación del aeródromo que construye es necesaria para poder recibir vuelos internacionales. El aeródromo es el complemento de un proyecto turístico de 100 millones de dólares que incluye la construcción de tres hoteles y la venta de residencias.

Alida Spadafora, presidenta de Ancon, calificó de preocupante todas las afectaciones que está teniendo el ecosistema del archipiélago de Las Perlas con los proyectos turísticos que se están construyendo en el área.

“Las autoridades deben evaluar con detenimiento el caso del aeródromo en isla Viveros y, de ratificar la afectación sobre el corredor de ballenas, deben negar su construcción sobre el mar”, concluyó. El Smithsonian confirmó que el sitio es paso de ballenas.

Viveros Development ya ha sido sancionada dos veces por daños ambientales, según confirmó la Autoridad Nacional del Ambiente.

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LA EMPRESA ASEGURA QUE LA ESTRUCTURA NO INTERRUMPIRÁ EL CANAL BIOLÓGICO

Relleno de isla pone en peligro paso de ballenas

Viveros Development ha pedido permiso para rellenar mil metros de longitud en el mar, para concluir la pista aérea del proyecto turístico.

CICATRICES QUE NO SANAN. La empresa que desarrolla el proyecto ha sido sancionada en dos ocasiones por daños al ambiente y tala ilegal en la isla. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

La problemática por los rellenos en el mar ya no es un tema exclusivo de la Avenida Balboa o la calzada de Amador. La empresa Viveros Development, multada en dos ocasiones por daños ambientales, ha pedido autorización para realizar un relleno de mil metros de longitud en pleno corazón del archipiélago de Las Perlas, poniendo en peligro un área incluida dentro del corredor biológico de las ballenas jorobadas en Panamá.

La empresa ha determinado que las 17 hectáreas de terreno que deforestó en la isla Viveros para construir una pista para aviones no son suficientes.

Viveros Development dice ahora que necesita más espacio del que le brinda el ancho de la isla, y que su única salida es rellenar mil metros de longitud en el mar.

La solicitud fue presentada a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Pero el estudio de impacto ambiental del relleno presenta unas dimensiones distintas a las señaladas a un grupo de funcionarios que realizó una gira al proyecto.

El pasado 27 de octubre, Viveros Development llevó a los inspectores y técnicos de la AMP, Anam y ARAP al sitio de la obra, donde les notificó que el relleno es de 150 metros de longitud.

Sin embargo, la solicitud que está pendiente de aprobación señala que serán 550 metros de longitud solo para la ampliación de la pista o aeródromo, y que el relleno total será de mil metros de longitud en el mar.

La región metropolitana de la Anam está elaborando un cuestionario sobre las diferencias que encontró en el proyecto; entre ellas, el tema de las dimensiones exactas del relleno y de dónde se sacará el material para realizarlo.

Viveros Development aceptó, dentro del estudio de impacto ambiental, que el área que intervendrá es parte del sistema marino costero de la isla, donde conviven especies pelágicas, demersales, fito y zooplancton, algas marinas y fauna betónica. También reporta que esa zona es área de paso de las ballenas jorobadas.

“Pero no encontramos evidencias que sustenten que dichas ballenas utilizan el canal existente en la isla Viveros para su desplazamiento”, sostiene Viveros Development en la información reportada a la Anam.

Lo que afirma la empresa contrasta con opiniones de biólogos y ambientalistas que confirman que el sector es paso de las ballenas jorobadas y que, además, forma parte de un importante ecosistema marino que ya ha sufrido el impacto del proyecto turístico en la isla Viveros.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), calificó la situación de preocupante, ya que, dijo, se trata de un ecosistema muy sensible y que el país debe conservar como patrimonio natural.

Indicó que las autoridades deben revisar bien este proyecto, y de confirmar la afectación sobre el área de paso de las ballenas deben negar su aprobación.

“Sí pasan ballenas jorobadas por el lugar”, aseveró Héctor Guzmán, experto del Instituto Smithsonian.

Informes de esa entidad indican que el paso de estos animales tiene sus temporadas y que muchas veces las ballenas no salen a la superficie, sino que pasan cinco metros por debajo del mar.

El propio ambientalista de la compañía, Belisario Polo, reconoció que hay un canal de tránsito de las ballenas que pasa cerca de la isla Viveros. Aunque señaló que el relleno terminará antes de la intercepción con el canal.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le notificó a la compañía que no es la institución responsable de aprobar o negar este proyecto, sino el Ministerio de Economía y Finanzas.

Augusto De León, jefe de concesiones de la AMP, dijo que “el caso de la pista aérea fue enviado por error a nuestro despacho”. “A nosotros solo nos compete el caso de un atracadero que ellos también quieren construir en la isla”, dijo De León.

Aeródromo para ‘jets’ privados

Viveros Development sustenta el relleno para su pista en que necesita tener capacidad para atender a dos jets privados por semana, los cuales podrían traer al país entre 200 y 500 turistas. Se trata de vuelos directos a la isla Viveros, sin tener que llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La inversión total del proyecto, según la empresa, asciende a 100 millones de dólares, incluyendo 5 millones por el relleno. El estudio de impacto ambiental enumera de forma somera los daños que causaría el proyecto: contaminación del agua superficial por derrames de combustible, cambios en los niveles de turbiedad del agua, eliminación de la fauna en el área del relleno y en el sitio de la extracción de la arena submarina, y contaminación del aire. Viveros Development acepta que por cada una de las 17 hectáreas devastadas para la pista de aviones se eliminaron 169 árboles. Unos 2 mil 873 árboles en total, sin incluir la tala por la construcción de las carreteras y los tres hoteles.

Gobierno vende a Panamá

NEGOCIADOS

Panamá ‘se vende’

Luis A. Sánchez M.
opinion@prensa.com

“Revuelvo la mirada y a veces siento espanto, cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar”… Ricardo Miró. Finalmente, después de tantos años, he comprendido el mensaje que quiso transmitirnos Miró al escribir dicha frase. Hoy día, al igual que Miró, revuelvo la mirada y también siento espanto. La diferencia es que el espanto que siento es por el tormentoso camino que veo.

Tal parece que a los encargados de manejar las riendas del Estado solo les interesa su beneficio personal, al punto que no tienen reparo a la hora de vender la patria, si eso significa algunos dólares más para su bolsillo. Tal es el caso de una marina con capacidad para 400 botes (de hasta 300 pies) que se construirá en la comunidad de Bahía Honda, distrito de Soná, por parte de inversionistas inescrupulosos. Esto, con el visto bueno de funcionarios públicos que desconocen lo negativo que dicha construcción representa para el ecosistema.

La fragilidad de los ecosistemas de esta zona es tan sensible que, al menor descuido, podríamos causar daños irreparables y poner en peligro de extinción a muchas especies, sobre todo, de orden marino y endémicas (es decir solo existen en este lugar del mundo), cuyo hábitat es el Parque Nacional Coiba (PNC) y/o su zona de amortiguamiento, que se extiende a lo largo y ancho de la costa Pacífica veragüense.

Desde mediados de la década de 1980, los científicos se percataron que estas actividades causaban alteraciones al ecosistema del PNC y que era necesario regularlas, a través de la docencia comunitaria. Por tal motivo desde la creación del PNC, en diciembre de 1991, se establecen cinco grandes objetivos en el plan de manejo, a fin de evitar el colapso; los cuales, de manera resumida, establecen claramente la necesidad de conservar los ecosistemas insulares, marinos y costeros; promover el manejo y desarrollo de los recursos naturales mediante actividades como el turismo ecológico, interpretación de la naturaleza y educación ambiental.

La idea principal es mitigar las alteraciones al ecosistema por las labores de pesca artesanal y garantizar así la sostenibilidad en el tiempo de los recursos naturales del PNC. En ningún momento se contempla, ni mucho menos recomienda el establecimiento de explotaciones turísticas de alto impacto, como las que se pretenden construir en Bahía Honda.

Permitir el desarrollo de este proyecto sería tirar por la borda todo el esfuerzo y recursos invertidos tanto en el PNC, como en las comunidades a su alrededor, por dos proyectos implementados a principios de esta década: El Proyecto Combate a la Pobreza Rural y Conservación de los Recursos Naturales, costeado por el Estado panameño, mediante el financiamiento del Banco Mundial, y el Programa Araucaria Panamá, costeado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Estado panameño, mediante el Fondo Mixto Hispano Panameño.

En ambos proyectos, durante mis labores como consultor y promotor comunitario, fui testigo de los esfuerzos de muchos profesionales nacionales y extranjeros por inducir, programar y ejecutar actividades de capacitación sobre alternativas de producción y explotación agrícola, pecuaria, pesquera y elaboración de artesanías, entre otras, que les permitieran generar los recursos necesarios para cubrir sus necesidades cotidianas, siendo respetuosos del medio ambiente.

Los habitantes de estas comunidades se involucraron y comprendieron la importancia del asunto. Entendieron todo ese cúmulo de palabras que pronunciaba esa turba de ingenieros y biólogos que visitó sus casas para explicarles que era hora de hacer un alto y enrumbar la nave, a fin de que sus descendientes también pudieran disfrutar de las bellezas que la naturaleza le regaló a sus comunidades.

He aquí el gran dilema: ¿cómo fue que logramos concienciar a estas personas, que en su mayoría apenas sabía leer y escribir, de la importancia de conservar los recursos naturales, pero hemos fracasado en el intento con abogados y arquitectos, quienes mediante artimañas legales y discursos baldíos pretenden hacernos creer que solo buscan el desarrollo y el bienestar de esa pobre gente? Al final, pienso que entienden perfectamente el mensaje, el punto es que les importa un bledo.

A estos inversionistas solo les importa el dinero, lo que acontezca después no les preocupa. Lo triste del caso es que siempre cuentan con el apoyo de gobiernos corruptos que, cual Judas Iscariote modernos, venden el patrimonio de sus conciudadanos por unas cuantas monedas.

Para muestra un botón: cuando se creó la hidroeléctrica de Bayano, se desalojó a sus habitantes prometiéndoles progreso, bienestar e indemnizaciones. La realidad de esa pobre gente hoy día, 35 años después, es la misma, siguen marginados, no cuentan con energía eléctrica y esperan una indemnización que hace mucho se embolsó el dictador Omar Torrijos y sus compinches. Ahora su heredero pretende repetir la historia (Y me temo que lo va a lograr) con el mismo cuento: “desarrollo, progreso y bienestar social”.

Desalojos forzados en islas y costas de Panamá

Alerta por aumento de desalojos en las costas

Desalojo en Pedasí.LA PRENSA/Cortesía/ Augusto López

JOSÉ aRCIA
jarcia@prensa.com

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, integrado por la sociedad civil, alertó de desalojos a vecinos de comunidades costeras.

César Carrasquilla, presidente del Consejo, denunció ante la Defensoría del Pueblo una “violación de los derechos humanos” de 33 familias desalojadas en Pedasí, provincia de Los Santos, que tienen más de 30 años de vivir ahí. El Consejo ha recibido unas 500 quejas de diferentes partes del país por avisos de desalojo.

El abogado Guillermo Márquez consideró que los desalojos realizados son “arbitrarios”.

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

Gobierno vuelve a sorprender a ecologistas defensores de Coiba

Desprotegen las zonas especiales de manejo en el Oceáno Pacífico panameño.

Burica Press. 15 de agosto de 2008. El 6 de agosto, sin aviso previo, como ladrón en la noche, el Presidente de Panamá, Martín Torrijos sancionó la ley 55 denominada Ley del Comercio Marítimo. En su artículo 278 derogaron el artículo 11 de la ley de Coiba, lo que implica que han eliminado la zona de exclusión donde se prohíbía la pesca de atuneros de cerco en aguas panameñas más al norte del paralelo 6´30.

Según la bióloga Gabriela Etchelecu, Directora Ejecutiva de Mar Viva, con este -camarón- legislativo ahora queda permitida la pesca industrial en aguas adyacentes a la Isla de Coiba, incluyendo la pesca con barcos atuneros de cerco en todas las aguas del pacífico panameño, incluyendo las zonas especiales de manejo, o sea Banco Hannibal, Archipiélago de Las Perlas, entre otras.

Parque Nacional Isla de Coiba

Parque Nacional Isla de Coiba. Foto: http://www.flickr.com/photos/artour_a/

Según Etchelecu lo ocurrido no son buenas noticias para nadie que valore lo que nos brindan nuestros recursos marinos, mucho menos para los delfines, pues mueren miles cada año con las operaciones de atuneros.  También se afectan muchas especies objetivos, tanto de la pesca deportiva como la artesanal,
interfiriendo con estas actividades económicas, sociales y turísticas de las que dependen tantos panameños.    Es frecuente la pesca incidental del pez espada, marlines, pez vela, jureles, dorados y claro. Muchos tiburones y rayas mueren en las redes, indico la activista ambiental.

Estos barcos atuneros tienen capacidad de carga de unas 1,200 toneladas y se estima que se han expedido ya en nuestro país unas 25 licencias.

El artículo 278 dice textualmente así: “Artículo 278. La presente Ley deroga el Libro Segundo del Código de Comercio de Panamá y el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004”, donde se observa que para no alertar a los ambientalistas ni siquiera hicieron mención del nombre completo de la ley.  De hecho parece que los ambientalistas se enteraron 10 días después de haber sido sancionada por el Presidente panameño.

Esta ley nueva ley puede ser accedida en http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26100/12475.pdf

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ambiente. Otro ‘CAMARÓN’ LEGISLATIVO.

Diputados favorecen a atuneros

Con la ley de comercio marítimo se derogó un artículo que prohibía pescar atún con redes de cerco.

El Presidente de la República sancionó el 6 de agosto las leyes que regulan el comercio marítimo.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los diputados aprovecharon el proyecto de ley sobre comercio marítimo, sancionado el pasado 6 de agosto por el presidente, Martín Torrijos, para derogar el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como ley de Coiba, para favorecer a los atuneros.

Desde el 7 de agosto pasado y tras cuatro años de prohibición, los atuneros pueden pescar sin límite con redes de cerco en la costa del Pacífico panameño, donde hay incluso áreas protegidas.

El artículo 11 creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño “en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que (…) afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”.

La medida había pasado desapercibida hasta que se publicó en Gaceta Oficial, el pasado 7 de agosto, la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, que regula el comercio marítimo.

La decisión de los diputados, asumida el 30 de junio, último día del pasado período legislativo, ya empezó a crear indignación entre grupos ambientalistas, abogados marítimos y aficionados a la pesca deportiva. Algunos se enteraron ayer de la derogación de la norma.

“Me parece que es una falta de respeto para las personas que hemos trabajado en esos cuatro proyectos [leyes marítimas] que nos tomen de tontos útiles para beneficiarse unos cuantos”, reaccionó Tomás Ávila Manzanares, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo .

“Trabajamos tres años en ese proyecto [actual Ley 55] y en ningún momento fue intención de los comisionados el que se derogara una norma tan sensitiva como esa”, añadió.

La Fundación MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental respondieron de igual forma con disgusto al conocer la derogación de la norma, que aseguraba que los barcos atuneros realizaran faenas a más de 40 millas náuticas de las costas.

El presidente de los clubes de pesca deportiva, Luis López, dijo que se trata de otro “gol legislativo”.

MES DE LOS OCÉANOS.

Gobierno empaña celebración

LA PRENSA/David Mesa
CONSERVACIÓN. La isla de Coiba es una zona protegida por ley, donde se ha denunciado pesca ilegal.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los ambientalistas se preparaban para festejar el mes de los océanos (septiembre) y 15 días antes se enteraron de una decisión de la Asamblea Nacional avalada por el Ejecutivo que agrió la celebración.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de junio un proyecto de ley sobre comercio marítimo, y de paso derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004 –mejor conocida como ley de Coiba– que prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún en el Pacífico panameño.

El proyecto pasó a ser ley de la República el 7 de agosto pasado, cuando se publicó en Gaceta Oficial como Ley 55 de agosto de 2008 .

Bajo qué fundamento técnico y científico el Gobierno elimina una norma que busca proteger una zona que forma parte del Corredor Marino mesoamericano, se preguntó ayer Leslie Marín, del Centro de Incidencia Ambiental.

Las redes de cerco que utilizan los atuneros tienen una extensión similar a tres campos de fútbol y llegan a unos 600 metros de profundidad, explicó Luis López, presidente de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva.

La Fundación MarViva anunció que iniciará una serie de acciones en contra de la derogación. Este gremio ha estado denunciado la pesca ilegal en isla Coiba, donde este año se han reportado al menos cuatro casos de barcos industriales invadiendo áreas protegidas.

La Prensa, 16 de agosto de 2008