Gobierno insiste en titular tierras costeras e insulares

Prólogo

Causa enorme pena que el Gobierno de Martinelli, al igual que los dos últimos que le han precedido, intente seguir con la titulación de tierras costeras inadjudicables. Ya existen demasiados títulos en áreas costeras e insulares que le quitan el derecho al resto de los panameños de usar un patrimonio costero que la Constitución panameña estableció desde el inicio de la República. Con la titulación de estas tierras –al precio que sea– enajena un patrimonio de todos los panameños y le segrega espacios públicos de recreación y esparcimiento.  Los citadinos no tendrán acceso a playas como ya ocurre en muchos países donde han negociado su patrimonio costero.

En muchos territorios insulares los nuevos dueños de estos derechos posesorios y derechos titulados han cerrado caminos de acceso a las playas. Algunas islas son privadas de manera total o parcial y eso es ilegal.

Si regalan los títulos es nocivo, si los encarecen estarán cediendo el patrimonio costero e insular a magnates que todos sabemos que evitaran a toda costa que los panameños que no tenemos terrenos en las costas no podamos acceder fácilmente a «sus playas».

El poderoso don dinero parece ser superior al interés colectivo sobre un patrimonio no enajenable. Las playas y riberas costeras deben permanecer libres de acceso expedito a todos los ciudadanos. Foto: BiodiversidadPanama (www.panoramio.com)

Para realizar inversiones en territorios costeros no se requiere, si se actúa de buena fé, a tener un título de propiedad. Eso es falso y sólo busca que se legalice el negociado de las tierras preciadas. Es bien sabido, por ejemplo que muchos Estados insulares pequeños han protegido sus tierras costeras del negociado de tierras, sin embargo la inversión en turismo nunca se ha detenido. Para los empresarios que no buscan acaparar tierras para el negociado del –Real State–, sino desarrollar proyectos justos, no es necesario la adquisición con gula de grandes extensiones de tierra.

Hasta dónde se puede vender el país es la pregunta!  Cuántas islas serán presa de codicia de los especuladores que sólo esperaran que los lugarenos tengan un título de propiedad para seducirlos y tomarse las tierras.  Esta historia de repite en espiral una y otra vez.  Quién ganará en todo  esto? Quiénes perderemos?

El Estado debe ser garante de los derechos colectivos, pero con la clase política que tenemos ejerciendo, no podemos esperar que estos sanos principios prevalezcan.  Mercaderes de la peor ralea. Un muchacho universitario diría: «Allí están, esos son, los que que venden la nación», pedazo a pedazo, título a título.

Por cierto, que ya es hora que todo dueño de tierra pague impuestos proporcionales a la cantidad de tierras que posee.  El latifundismo se está tomando peligrosamente el país. El latifundismo ha sido cuna de graves problemas sociales y políticos en todos los países que lo han permitido.

Burica Press

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Debate de ley se complica

PANAMÁ. A pocas horas para la Nochebuena, los diputados de la Asamblea Nacional dan continuidad hoy al tercer día de discusión en segundo debate al proyecto de ley 71 que reconoce derechos posesorios en costas e islas.

La sesión de ayer que comenzó a eso de las 11:00 a.m. y cerró a las 5:00 p.m. estuvo marcada por las críticas de los diputados de oposición y dueños de derechos posesorios. En el blanco estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, porque la entidad suministró una tabla de precios que según ellos fija costos altísimos para titular cada hectárea.

El inversionista, Pedro Vallarino dice que estos precios frenarán la inversión extranjera en el país. Los mudos en el debate y ante las acusaciones fueron los diputados oficialistas. Yassir Purcait, por ejemplo, asegura se trata de una ley para expropiar tierras.

Los dos lados de la moneda

En el tema de los derechos posesorios, no habrá ningún consenso. Las partes viven en mundos muy distintos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

El proyecto de ley 71 sobre la titulación de derechos posesorios en las costas e islas realizará la meta del gobierno Martinelli, que es permitir la titulación de tierras a los ocupantes de predios pequeños, y de cobrar un precio justo a los inversionistas quienes buscan titular proyectos grandes”.

Así lo confirmó a La Estrella el viceministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Según el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el predio promedio ocupado sin título en Panamá es de 5.6 hectáreas. El proyecto de ley permite la titulación gratuita de 3 hectáreas.

Según la tabla de precios establecida por el proyecto, el que quiera titular menos de 25 hectáreas en la costa de Azuero tendrá que pagar al Estado 45 mil dólares por hectárea, más 5% de impuesto.

Así es que el Estado cobraría al dueño promedio 175 mil 850 dólares por las otras 2.6 hectáreas.

En cambio, un inversionista que ha comprado derechos posesorios de más de 25 hectáreas en la Isla Colón, Bocas del Toro, tendrá que pagar 62 mil 500 dólares por cada hectárea, para titularlas.

De La Guardia dijo que la tabla fue preparada por “dos prestigiosas empresas evaluadoras”, y que sus precios son “inferiores” al valor del mercado.

Durante la campaña electoral, Ricardo Martinelli manifestó que “a titulación de los derechos posesorios sería totalmente gratis en todo el territorio nacional”. De La Guardia no quiso comentar sobre porqué el presidente cambio de parecer.

“Han mantenido, equivocadamente, que el proyecto de ley pretende recaudar fondos”, dijo el funcionario, quien es banquero de profesión. “Su propósito es de balancear el interés de individuo con el de Estado”. Preguntado si los dueños de derechos posesorios pagarían los precios establecidos, dijo que sí. “Van a titular”.

Otra idea tenía un inversionista con quien conversó La Estrella.

“Este proyecto va a paralizar la titulación. Ya no habrá más proyectos grandes. La tabla de precios desconoce por completo el mercado actual de tierra”, indicó.

“El auge se acabó hace dos años”, siguió el inversionista, quien no quiso ser identificado.

“Ahora —agregó— el gobierno se ha metido en el negocio de bienes raíces, no para vender sino para proteger el valor de tierras costales ya tituladas de personas que tienen grandes extensiones”.

La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

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Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Este proyecto ha producido desde sus inicios grandes impactos al frágil y aislado ecosistema de la zona

Las playas se están privatizando una a una sin servidumbres y sin control para evitar que esto ocurra

Playas privadas en espacios públicos inalienables

Playa Diamantes, en manos de especuladores y grupos económicos desconocidos se ha convertido en otra playa privada en Bocas del Toro

Red Frog Beach al fondo, su acceso ha sido restringido y exigen pago por atravesar los caminos reales

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

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Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

«Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación», destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, «de allí la agilidad de los trámites», sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León
panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.