Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

Asamblea y Corte intentan cometer crimen de lesa patria

PROYECTO

Concesiones costeras en la mira

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

Portada PANAMÁ. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Freidi Torres ha propuesto reformar el Código Agrario y la legislación vigente sobre concesiones de tierra.

Actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra las concesiones de tierras en los primeros 200 metros costa adentro. La propuesta pide que se cambie hasta los 10 metros y que la Dirección de Reforma Agraria se encargue de las concesiones de ahí en adelante, excepto en áreas urbanas y comarcas indígenas.

Además modifica la Ley 2 de 2006, que regula la inversión turística dejando esa potestad en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no en el MEF como actualmente funciona. En ese caso las concesiones se manejarían con el Código Agrario y no con la agenda turística.

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En el año 2005 fue aprobada con urgencia notoria una ley que vendía nuestras islas y costas al mejor postor, cual mercado persa.

La sociedad civil y líderes turísticos serios se opusieron a esta ley que evidentemente alguien poderoso la había negociado con Pedro Miguel Gonzalez, exPresidente de la Comisión de Hacienda que prohijó el proyecto y lo llevo a tambor batiente y la aprobaron en el año nuevo de 2006.

El tiempo ha demostrado que esta ley ha sido nefasta para salvaguardar el patrimonio nacional y ha habido piñata con lo que antes era de todos los panameños.

Hoy Freidi Torres y Alberto Cigarruista (Asamblea y Corte Suprema) buscan la manera de pelechar lo últimos metros de playas hasta donde rompe la ola de bajamar.

Que alguien amarre la corrupción rampante que golpea al país.

Y qué dice Ruben Blades de todo esto?  Después se enoja de los atinados artículos de Paco Gómez que desenmascara su inacción de defender las costas e islas de la rapiña del PRD, aliados y empresarios inescrupulosos.

Promover la venta o titulación de tierras hasta donde llega la pleamar es un crimen de lesa patria!

Burica Press

Desalojos forzados en islas y costas de Panamá

Alerta por aumento de desalojos en las costas

Desalojo en Pedasí.LA PRENSA/Cortesía/ Augusto López

JOSÉ aRCIA
jarcia@prensa.com

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, integrado por la sociedad civil, alertó de desalojos a vecinos de comunidades costeras.

César Carrasquilla, presidente del Consejo, denunció ante la Defensoría del Pueblo una “violación de los derechos humanos” de 33 familias desalojadas en Pedasí, provincia de Los Santos, que tienen más de 30 años de vivir ahí. El Consejo ha recibido unas 500 quejas de diferentes partes del país por avisos de desalojo.

El abogado Guillermo Márquez consideró que los desalojos realizados son “arbitrarios”.

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

Daños ecológicos en Bahía Honda

Bahía Honda amenazada

Moradores están preocupados por la destrucción del hábitat marino

En el área se mantienen trabajadores realizando extracciones de arena, a pesar de que las autoridades locales manifiestan que no se han dado permisos para esta actividad. / Fotos Mitzila De León
Mitzila De León
periodistas@estrelladepanama.com

Bahía Honda, Soná. —Como un crimen ecológico ha sido catalogado por los moradores de Bahía Honda los daños a los arrecifes coralinos y la extracción de arena en Isla Canales de Afuera.

La Isla Canales de Afuera se encuentra a dos millas del Parque Nacional Coiba, lugar donde se desarrolla el proyecto Liquid Jungla Lab. Inc., el cual tiene como función realizar investigaciones, supuestamente avaladas por el Smitson an Tropical Resourse y Whoi.

De acuerdo con Mauricio Gutiérrez, habitante de Bahía Honda, “el ecosistema hay que cuidarlo y esta (…), gente lo ha dañado todo”, como morador me encuentro preocupado”.

Gutiérrez señaló que lo que se hace en la Isla Canales de Afuera perjudica tanto al Parque Nacional como a los moradores de Bahía Honda, porque se está destruyendo el hábitat marino y las autoridades regionales no hacen nada.

Agregó que hasta el momento no se ha hecho nada por parte de las autoridades de la provincia que tienen que ver con este daño ecológico, Gutiérrez manifestó, un poco molesto que “las autoridades locales no hacen nada, ya que van al lugar y dicen que todo está bien y la realidad es otra”.

La extracción de arena en la parte sur se ha registrado en las playas Blanca, Limón y Naranjo, en las cuales a simple vista se observó el gran daño que se ha ocasionado y el cual es difícil resarcir.

De acuerdo con una investigación realizada, la compañía Liquid Jungle Lab. Inc. lleva más de 14 años de dedicarse a la extracción de la arena en tres playas, pero lo curioso del caso es que se dedicaba a la labor sin contar con los permisos de concesión.

Esta investigación arrojó que la actividad ilegal ha sido respaldada a través de permisos otorgados por la Alcaldía del Distrito de Soná.

Liquid Jungle Lab. Inc. tramitó una concesión con el Estado panameño durante la administración gubernamental de la presidenta Mireya Moscoso, por 60 años, la cual asciende a varios millones de dólares.
El pasado lunes, Eulogio Calles y Mauricio Gutiérrez, ambos moradores de Bahía Honda, presentaron una denuncia por daños ecológicos a la Fiscalía Primera.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conoció que esta compañía no ha tramitado concesiones para extraer arenas.

Este Ministerio realizó una inspección a la zona sur donde se han registrado las anomalías y en el mismo se detectó el daño que existe. Por lo que a su paso se emitirá una orden para que no se continúe extrayendo material.

Elinforme ya fue remitido por el MICI a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). e acuerdo con Francisco Carrizo, director Regional del ANAM, ya se han realizado inspecciones por parte de la institución, por lo que se espera que a través de los inspectores se rinda el informe.

La empresa Liquid ha sido sancionada en dos ocasiones. Una por el incumplimiento del estudio de impacto ambiental, por lo que se le multó por la suma de 10 mil dólares por construir una edificación que no estaba prevista, y, la segunda, en el año 2005, por ampliar la pista de aterrizaje.

Arístides Ortiz, alcalde de Soná, dijo que por años a la empresa se le han otorgado permisos de extracción de arena, por la cantidad de 100 y 200 yardas cúbicas, pero reiteró que desde hace seis meses no se le ha dado autorización para que realicen las labores.

Los habitantes piden que se efectúe una inspección exhaustiva a nivel de gobernantes de la ciudad capital, pues confían en las autoridades de la provincia.

Derechos posesorios sobre islas y costas

INSEGURIDAD.

Y dale con el derecho posesorio

Pedro M. Vallarino Cox

De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.

El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia

plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.

Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!

Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe

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El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa.  Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!

El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.

Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!

Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.

Burica Press