Sanción de la «Ley Chorizo» causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

Gobierno ignora críticas y protestas ambientales y sociales a la Ley 177

‘El proyecto de ley será sancionado hoy’: Mulino

Mientras el Ejecutivo sigue defendiendo la ley 9 en 1, un millar de protestantes marchó desde la Iglesia del Carmen al parque Urracá para pedir que sea vetada. Aseguran que irán a los tribunales internacionales.

caminata. Con decisión y creatividad, los participantes en la marcha de ayer hicieron oír su voz de protesta. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

José González Pinilla
Isidro Rodríguez
panoramal@prensa.com

El Gobierno defendió ayer la legalidad del proceso de aprobación del proyecto de ley 177 –que reformó tres códigos y seis leyes–, justo cuando grupos ambientalistas, estudiantes, obreros, activistas de diversas organizaciones y políticos de oposición realizaban una marcha para exigirle al presidente, Ricardo Martinelli, que vete el documento aprobado a puertas cerradas por la Asamblea Nacional, el pasado 12 de junio.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino –acompañado de la ministra de Trabajo, Alma Cortés; la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, y el director de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias– rechazó los generalizados cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y el Órgano Legislativo para la aprobación de la polémica ley, asegurando que se había cumplido con lo establecido por la Constitución.

“Lo que se ha dicho en los últimos días en contra de esta ley son falacias”, alegó Mulino, al tiempo que aseguraba que el presidente Martinelli sancionaría hoy el documento.

En relación a los manifestantes, el ministro Mulino lanzó una advertencia: quienes cierren las calles irán a la cárcel.

nutrida concurrencia a marcha contra aprobación de ley 9 en 1

Grupos se pintan de verde

Ambientalistas, obreros, maestros, estudiantes, miembros de la sociedad civil organizada y algunos políticos marcharon pacíficamente.

rechazo. Los manifestantes portaban un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre dado al proyecto de ley debido a las nueve reformas (tres códigos y seis leyes) que los diputados aprobaron dentro del documento. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo1393568

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Cerca de un millar de personas, en su mayoría vestidas de blanco, participaron ayer en una marcha para protestar contra la aprobación del llamado proyecto de ley 9 en 1 y exigir el veto de esta por parte del presidente, Ricardo Martinelli.

Activistas de grupos que luchan a favor del ambiente, estudiantes, docentes, sindicalistas, representantes de agrupaciones de servidores públicos y miembros de partidos políticos marcharon de forma pacífica para demostrar su rechazo al citado proyecto de ley, aprobado el pasado sábado 12 de junio por la Asamblea Nacional y que reformó los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes.

La marcha se inició a la 5:40 p.m. y partió de los estacionamientos de la Iglesia del Carmen, en Vía España, y siguió a lo largo de la Avenida Federico Boyd hasta llegar al parque Urracá, en la Avenida Balboa. Patrullas y agentes de la Policía Nacional vigilaban los principales cruces viales del recorrido.

Durante la marcha, algunos estudiantes realizaron representaciones dramáticas de protesta, como la muerte de la flora y fauna, simbolizadas por jóvenes que eran golpeadas con un látigo por un enmascarado que hacía las veces del presidente de la Asamblea, José Luis Varela.

Otro grupo de manifestantes portaba un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre con el que también se le ha llamado a la ley 9 en 1.

Varios de los marchantes portaban cartelones con diferentes mensajes. Mientras caminaban, gritaban consignas como “Presidente, queremos el veto”.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea incluyó una modificación a la Ley General del Medio Ambiente, que elimina el estudio de impacto ambiental de proyectos que el Ejecutivo considere de interés social, y está pendiente de la sanción del mandatario para convertirse en ley de la República.

A la convocatoria realizada por los ambientalistas se sumaron también grupos de abogados gremialistas, estudiantes, y organizaciones sindicales y de trabajadores, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente. Los docentes y estudiantes de carreras ambientales de la Universidad Tecnológica de Panamá también se unieron.

Tras la marcha, los manifestantes se congregaron en un improvisado mitin en la cancha de baloncesto del parque Urracá, donde algunos de sus dirigentes hicieron uso de la palabra.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que de ser sancionado el proyecto, presentarán una demanda de inconstitucional ante la Corte Suprema, y además asistirán a otras instancias internacionales a denunciar al Gobierno panameño por incumplimiento de convenios internacionales en materia ambiental.

Participaron políticos de los partidos opositores, como Balbina Herrera, ex candidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD); Milton Henríquez, presidente del Partido Popular y Menalco Solís y Mireya Lasso, miembros del desaparecido partido Vanguardia Moral de la Patria.

El sociólogo Raúl Leis sostuvo que la unidad que se está dando entre varios sectores, que jamás pensaron marchar juntos, es por los errores que comete el Ejecutivo.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro justicia, dijo que esta ley afecta grandemente al ambiente y también es un golpe fuerte para el movimiento sindical.

Saúl Méndez, del Suntracs, hizo un llamado a la población a salir a la calle a protestar. Igual posición adoptó el dirigente magisterial Mario Almanza. Al final de la marcha, los asistentes cantaron el himno nacional y se retiraron pacíficamente.

Gobierno sale en defensa del proyecto de ley 9 en 1

Los ministros José Raúl Mulino, Roxana Méndez y Alma Cortés, así como el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, defendieron ayer el proyecto de ley sobre aviación que, de paso, reformó el Código Laboral, el Judicial y el Penal, así como otras seis leyes del país.

Según Mulino, en los últimos días se han vertido “informaciones falsas y se han dicho medias verdades” sobre el proyecto.

Aseguró que el documento no pretende crear una zona de impunidad para los miembros de la Fuerza Pública, ni busca crear los escuadrones de la muerte como han dicho los detractores de la propuesta.

“Han querido hacer una tormenta en un vaso de agua por cuestiones politiqueras”, aseguró.

Según Mulino, el Gobierno cumplió con lo que establece la Constitución en relación al proceso legislativo. “Se hicieron las consultas y pasó los tres debates”, agregó, al tiempo que afirmaba que el presidente, Ricardo Martinelli, sancionaría hoy el proyecto. En cuanto a la marcha, reiteró que quienes cierren las calles irán a la cárcel.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, también defendió las reformas aplicadas al Código de Trabajo que, dijo, “buscan proteger a los no huelguistas en las empresas”.