Ley 30 tiene vicios inconstitucionales, ilegales e inmorales

ANÁLISIS

Un procedimiento muy singular

El decreto ejecutivo que prorrogó las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, nada dice sobre la modificación de varios códigos de la República.

ESTRATEGIA. El presidente de la Asamblea, José Luis Varela; la ministra de Trabajo, Alma Cortés, y el presidente de la Comisión de Transporte, Marcos González, durante el polémico debate. LA PRENSA

LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com

“Lo que se ha dicho en estos días contra esta ley son falacias… se cumplió con el procedimiento legislativo”, afirmó con su habitual rotundidad José Raúl Mulino, justo después de tomar posesión de su nuevo cargo como ministro de Seguridad. “El Presidente sancionará la ley mañana”, remató, acabando con las esperanzas de diversos grupos de la sociedad panameña, desde empresarios hasta sindicalistas, pasando por ambientalistas, estudiantes y políticos de oposición, que pedían el veto presidencial.

Sin embargo, hay detalles que contradicen las tajantes afirmaciones del señor ministro.

Por ejemplo, si bien el llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea es una prerrogativa del Ejecutivo por mandato constitucional, existen ciertas formalidades que cumplir. Así, el artículo 149 de la Constitución establece que la Asamblea también se reunirá “en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que este señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración”.

Así, el 3 de junio de 2010, el Ejecutivo decidió prorrogar las sesiones extraordinarias que ya había convocado desde el 14 de mayo de 2010 pues, al parecer, el tiempo no les había alcanzado para su maratón reformador.

Se expide entonces el Decreto Ejecutivo 505 por el que el Presidente de la República prorroga las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Dicho decreto enumera los temas que serían materia de las citadas sesiones extraordinarias, y en esa enumeración se incluye un proyecto sobre aviación comercial identificado así: “Proyecto de ley que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades de desarrollo y dicta otras disposiciones”.

Las “otras disposiciones” aludidas en el título del proyecto no eran poca cosa: incluían reformas a tres códigos nacionales y modificaciones a otras leyes de alto perfil, como la Ley General de Ambiente o la de la Policía Nacional. Pero no solo el citado decreto ocultó el contenido de la reforma propuesta. Cuando el entonces ministro de Gobierno llevó el proyecto a la Asamblea el 7 de junio, habló sobre la conveniencia de potenciar la aviación comercial y, sin más, se marchó del hemiciclo legislativo. Nada dijo de las otras reformas que el proyecto involucraba.

¿Por qué calló? ¿Por qué nada dijo de las reformas a los códigos Penal, Judicial y de Trabajo, o de la eliminación de los estudios de impacto ambiental de la Ley General de Ambiente o las nuevas regulaciones sobre el derecho a huelga?

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el citado decreto ejecutivo no estableció –en blanco y negro– que los códigos Penal, Judicial y de Trabajo serían reformados durante las sesiones extraordinarias, así como tampoco las otras seis leyes modificadas, incumpliéndose la exigencia constitucional.

Pero hay más. Los artículos 159 y 164 de la Constitución establecen que los códigos de la República requieren para su modificación una ley orgánica, así como su aprobación por parte de una mayoría absoluta de los miembros del Órgano Legislativo. Pues bien, tres códigos fueron modificados mediante una ley ordinaria sobre “aviación comercial”, en contravención a lo que al respecto señala la Constitución.

Con relación a las ilegalidades del proceso, baste mencionar que, por ejemplo, el artículo 59 del reglamento interno de la Asamblea –que es ley de la República– establece que la Comisión de Salud y Desarrollo Social “Tendrá como funciones estudiar y proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: 1. Los asuntos o aspectos relacionados con leyes laborales…”. Lo mismo señala el artículo 64 del mismo reglamento con relación a la Comisión de Población y Ambiente, y los proyectos vinculados al tema ambiental.

Como se sabe, no fue esto lo que ocurrió en la Asamblea, y todas las modificaciones a códigos y leyes tuvieron un primer debate en la Comisión de Transporte.

“Se ha hecho antes”, alegó con evidente molestia el aún presidente de la Asamblea, José Luis Varela, en algún momento del movido debate de la polémica ley, mientras se regodeaba sacándole en cara a sus colegas del Partido Revolucionario Democrático, todos los precedentes.

“Somos un gobierno de acción y para ello se requiere desburocratizar el Estado”, explicó Varela durante el tercer debate, en relación a la eliminación de los estudios de impacto ambiental, en lo que fue prácticamente la única explicación que el oficialismo dio sobre las reformas durante el proceso legislativo. Hasta ese momento –tercer debate– los diputados oficialistas se habían limitado a dar el habitual manotazo en silencio.

Y es que todo en este proceso se hizo al revés. Esta semana, y ya con el proyecto esperando solo la sanción presidencial obtenida el miércoles 16 de junio, los ministros salieron como soldados a explicar en cada programa televisivo y radial existente, el proyecto que nunca fue explicado en la Asamblea Nacional.

“Gobernar es decidir”, aseveró el ministro Mulino poniéndole punto final al tema. Sin embargo, los grupos ambientalistas, los defensores de los derechos humanos y los sindicatos dicen que la lucha apenas comienza.

Anuncios

III comunicado de rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

III COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIONES AMBIENTALES, DE DESARROLLO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

Rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos que desde el inicio de los debates del proyecto de ley 177 estuvimos dispuestos a participar en las consultas de primer debate exponiendo a través de argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos las razones de por qué esta ley lesiona los intereses nacionales para el desarrollo sostenible y equilibrado.

Ninguno de los argumentos y razones expresadas fueron atendidos. Muy por el contrario prevaleció siempre la actitud de aprobar el proyecto cerrando toda posibilidad de reconsiderarlo y convocar un proceso abierto, transparente y amplio de consulta ciudadana.

Por lo antes expuesto, las organizaciones ambientales que suscriben este comunicado repudiamos la sanción de la ley por parte del Presidente, lo cual interpretamos como un desinterés palpable de valorar la dimensión ambiental como parte de la Agenda de Estado y fortalecer la institucionalidad ambiental que tanto ha costado construir en Panamá.

Esta modificación de la ley ambiental, de manera inconsulta y arbitraria, no mide las consecuencias que este retroceso implica para el bienestar social y económico del país. Además de atentar contra el orden jurídico ambiental, constituye también una afectación del derecho humano fundamental de un ambiente sano garantizado por la Constitución y otros instrumentos de derecho internacional.

Como muestra de nuestro rechazo a la sanción de esta ley, anunciamos que estaremos manifestándonos de distintas maneras, a nivel local e internacional.

Estaremos interponiendo las acciones legales correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia y ante organismos internacionales de derechos humanos.

¡Panamá NO se vende!

Alianza Contaminación Cero (ACC)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ)
Alianza Pro Ciudad
Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí
Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA)
Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
Asociación Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación de Estudiantes de Biología (ADEB)
Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí
Asociación de Productores de Renacimiento (APRE)
Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook (APROJAL)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (APRECLA)
Asociación de Derecho Procesal Marítimo
Asociación Ecologista Panameña
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (PANAIDIS)
Capítulo Panamá
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Asociación Oceánica de Panamá (AOP)
Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC)
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí
Asociación para la Protección del Mar (PROMAR)
Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales (CAPECA)
Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Investigación y Derechos Humanos de Panamá
Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)
Colegio Nacional de Abogados (CNA)
Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí
Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí
Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí
Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí
Comunidad de Santa Marta, Chiriquí
Congreso General Ngöbe-Buglé
Consejo de Salud, Seguridad y Medioambiente de Panamá (COSSMAP)
Conservation International (CI)
Fundación Albatros Media
Fundación Almanaque Azul
Fundacion Avifauna Eugene Eisenmann
Fundación Humanitas
Fundación MarViva
Fundación NATURA
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
(FUNDICCEP), ChiriquÍ
Grupo la Zapatilla Verde
Grupo Orgánico de Agricultores Cerropunteños (GORACE)
Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur
Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí
Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Centroamérica
Manos & Cerebros
Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas
Movimiento Juventud Revolucionaria, Colegio José Daniel Crespo, Chitré
Movimiento M10 de Tabasará
Red Nacional de Defensa de los ríos, tierras y comunidades
Sociedad Audubon de Panamá (SAP)
Sociedad Mastozoológica de Panamá

Panamá, 16 de junio de 2010

Gobierno ignora críticas y protestas ambientales y sociales a la Ley 177

‘El proyecto de ley será sancionado hoy’: Mulino

Mientras el Ejecutivo sigue defendiendo la ley 9 en 1, un millar de protestantes marchó desde la Iglesia del Carmen al parque Urracá para pedir que sea vetada. Aseguran que irán a los tribunales internacionales.

caminata. Con decisión y creatividad, los participantes en la marcha de ayer hicieron oír su voz de protesta. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

José González Pinilla
Isidro Rodríguez

panoramal@prensa.com

El Gobierno defendió ayer la legalidad del proceso de aprobación del proyecto de ley 177 –que reformó tres códigos y seis leyes–, justo cuando grupos ambientalistas, estudiantes, obreros, activistas de diversas organizaciones y políticos de oposición realizaban una marcha para exigirle al presidente, Ricardo Martinelli, que vete el documento aprobado a puertas cerradas por la Asamblea Nacional, el pasado 12 de junio.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino –acompañado de la ministra de Trabajo, Alma Cortés; la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, y el director de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias– rechazó los generalizados cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y el Órgano Legislativo para la aprobación de la polémica ley, asegurando que se había cumplido con lo establecido por la Constitución.

“Lo que se ha dicho en los últimos días en contra de esta ley son falacias”, alegó Mulino, al tiempo que aseguraba que el presidente Martinelli sancionaría hoy el documento.

En relación a los manifestantes, el ministro Mulino lanzó una advertencia: quienes cierren las calles irán a la cárcel.

nutrida concurrencia a marcha contra aprobación de ley 9 en 1

Grupos se pintan de verde

Ambientalistas, obreros, maestros, estudiantes, miembros de la sociedad civil organizada y algunos políticos marcharon pacíficamente.

rechazo. Los manifestantes portaban un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre dado al proyecto de ley debido a las nueve reformas (tres códigos y seis leyes) que los diputados aprobaron dentro del documento. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo1393568

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Cerca de un millar de personas, en su mayoría vestidas de blanco, participaron ayer en una marcha para protestar contra la aprobación del llamado proyecto de ley 9 en 1 y exigir el veto de esta por parte del presidente, Ricardo Martinelli.

Activistas de grupos que luchan a favor del ambiente, estudiantes, docentes, sindicalistas, representantes de agrupaciones de servidores públicos y miembros de partidos políticos marcharon de forma pacífica para demostrar su rechazo al citado proyecto de ley, aprobado el pasado sábado 12 de junio por la Asamblea Nacional y que reformó los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes.

La marcha se inició a la 5:40 p.m. y partió de los estacionamientos de la Iglesia del Carmen, en Vía España, y siguió a lo largo de la Avenida Federico Boyd hasta llegar al parque Urracá, en la Avenida Balboa. Patrullas y agentes de la Policía Nacional vigilaban los principales cruces viales del recorrido.

Durante la marcha, algunos estudiantes realizaron representaciones dramáticas de protesta, como la muerte de la flora y fauna, simbolizadas por jóvenes que eran golpeadas con un látigo por un enmascarado que hacía las veces del presidente de la Asamblea, José Luis Varela.

Otro grupo de manifestantes portaba un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre con el que también se le ha llamado a la ley 9 en 1.

Varios de los marchantes portaban cartelones con diferentes mensajes. Mientras caminaban, gritaban consignas como “Presidente, queremos el veto”.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea incluyó una modificación a la Ley General del Medio Ambiente, que elimina el estudio de impacto ambiental de proyectos que el Ejecutivo considere de interés social, y está pendiente de la sanción del mandatario para convertirse en ley de la República.

A la convocatoria realizada por los ambientalistas se sumaron también grupos de abogados gremialistas, estudiantes, y organizaciones sindicales y de trabajadores, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente. Los docentes y estudiantes de carreras ambientales de la Universidad Tecnológica de Panamá también se unieron.

Tras la marcha, los manifestantes se congregaron en un improvisado mitin en la cancha de baloncesto del parque Urracá, donde algunos de sus dirigentes hicieron uso de la palabra.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que de ser sancionado el proyecto, presentarán una demanda de inconstitucional ante la Corte Suprema, y además asistirán a otras instancias internacionales a denunciar al Gobierno panameño por incumplimiento de convenios internacionales en materia ambiental.

Participaron políticos de los partidos opositores, como Balbina Herrera, ex candidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD); Milton Henríquez, presidente del Partido Popular y Menalco Solís y Mireya Lasso, miembros del desaparecido partido Vanguardia Moral de la Patria.

El sociólogo Raúl Leis sostuvo que la unidad que se está dando entre varios sectores, que jamás pensaron marchar juntos, es por los errores que comete el Ejecutivo.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro justicia, dijo que esta ley afecta grandemente al ambiente y también es un golpe fuerte para el movimiento sindical.

Saúl Méndez, del Suntracs, hizo un llamado a la población a salir a la calle a protestar. Igual posición adoptó el dirigente magisterial Mario Almanza. Al final de la marcha, los asistentes cantaron el himno nacional y se retiraron pacíficamente.

Gobierno sale en defensa del proyecto de ley 9 en 1

Los ministros José Raúl Mulino, Roxana Méndez y Alma Cortés, así como el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, defendieron ayer el proyecto de ley sobre aviación que, de paso, reformó el Código Laboral, el Judicial y el Penal, así como otras seis leyes del país.

Según Mulino, en los últimos días se han vertido “informaciones falsas y se han dicho medias verdades” sobre el proyecto.

Aseguró que el documento no pretende crear una zona de impunidad para los miembros de la Fuerza Pública, ni busca crear los escuadrones de la muerte como han dicho los detractores de la propuesta.

“Han querido hacer una tormenta en un vaso de agua por cuestiones politiqueras”, aseguró.

Según Mulino, el Gobierno cumplió con lo que establece la Constitución en relación al proceso legislativo. “Se hicieron las consultas y pasó los tres debates”, agregó, al tiempo que afirmaba que el presidente, Ricardo Martinelli, sancionaría hoy el proyecto. En cuanto a la marcha, reiteró que quienes cierren las calles irán a la cárcel.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, también defendió las reformas aplicadas al Código de Trabajo que, dijo, “buscan proteger a los no huelguistas en las empresas”.

Gobierno panameno desmonta Estudios de Impacto Ambiental, Derechos humanos y laborales

BANCADA OFICIALISTA IGNORA REPUDIO NACIONAL

Proyecto 9 en 1, a punto de ser ley

Ni los discursos de los diputados opositores ni los llamados de atención de los grupos civiles impidieron la aprobación de la polémica propuesta.

APROBADO. Oficialistas celebran el ‘sí’ dado al proyecto del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

A puertas cerradas y con policías dentro del edificio de la Asamblea Nacional –por orden del presidente, José Luis Varela–, la mayoritaria bancada oficialista aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley sobre aviación comercial que además reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y otras seis leyes.

42 votos a favor y 17 en contra fue el resultado de la votación, que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley, a pesar del rechazo de los diputados de oposición y de decenas de grupos de la sociedad civil organizada que durante toda la semana acudieron a la Asamblea para exigir que se eliminaran de la propuesta de ley los temas de ambiente, derechos humanos y sindicalismo.

Miembros de grupos como MarViva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción no ingresaron al hemiciclo legislativo ayer, porque el presidente de la Asamblea así lo ordenó.

Tras conocer que el proyecto había sido aprobado, los grupos convocaron a una reunión en la Universidad de Panamá, mañana lunes, a las 5:00 p.m., para analizar las medidas que tomarán para que el presidente, Ricardo Martinelli, quien estuvo fuera del país los últimos cinco días, lo vete.

PROPUESTA ENVIADA POR EL EJECUTIVO PASA EL TERCER DEBATE

Diputados le dan otro ‘sí’ al polémico proyecto 9 en 1

Por segundo día consecutivo, la Asamblea sesionó a puertas cerradas. Esta vez lo hizo, además, rodeado de policías.

AMBIENTE. Mientras en la parte exterior del Palacio Justo Arosemena la policía impedía la entrada a los opositores del proyecto, dentro los diputados votaban a favor de esta iniciativa del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El rechazo de los trabajadores, ambientalistas y aviadores comerciales al proyecto 9 en 1 fue ignorado por los 42 diputados oficialistas que participaron ayer del debate en la Asamblea Nacional.

Tras cuatro horas de discusión (a la 1:00 p.m.), la bancada oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que promueve la aviación civil, reformando de paso el Código Penal, el Código Judicial y el de Trabajo, además de seis leyes.

Si el presidente, Ricardo Martinelli, le da el visto bueno a esta propuesta, los policías no serán detenidos por la comisión de un delito en sus horas laborales. Además, las obras que el Gobierno declare como de “interés social” no deberán someterse al estudio de impacto ambiental; y cuando los trabajadores declaren una huelga, no podrán cerrar la empresa.

Los anteriores aspectos son los que más preocupan a grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), MarViva y la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Miembros de estos grupos –como Raisa Banfield, Gabriela Etchelecu, Alida Spadafora y Saúl Méndez– trataron de entrar a la Asamblea para repudiar la ley.

Sin embargo, todas las puertas de acceso estaban cerradas. No les quedó otra opción que gritar consignas desde la Plaza 5 de Mayo.

En tanto, en el hemiciclo, los diputados oficialistas y los opositores seguían enfrentados. Los primeros buscaban que la ley fuera aprobada lo antes posible, mientras que el otro bando quería dilatar el debate.

De la bancada de oposición hicieron uso de la palabra 10 diputados, entre ellos Juan Carlos Arosemena, Raúl Pineda, Leandro Ávila y Benicio Robinson.

De los oficialistas, pocos pidieron la palabra. Pero hubo quienes –como Miguel Fanovich y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela– defendieron con elocuencia la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, recibió 42 votos a favor y 17 en contra.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Banfield dijo que, si el Ejecutivo sanciona el documento, lo demandarán.

Saúl Méndez también advirtió que no se quedarán de brazos cruzados. “Llamamos al pueblo a una resistencia social”, anunció.

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, aceptó que “faltó divulgación y una mejor exposición del contenido de la ley”. Sin embargo, no explicó por qué razón se incluyeron nueve temas tan variados en una sola propuesta de ley.

¿Qué poder tienen los obreros?

El movimiento sindical está en alerta. La reciente reforma parcial al Código de Trabajo incluyó cambios a las convocatorias a huelga, y a la formación de nuevos gremios de trabajadores. Estas nuevas disposiciones no fueron del agrado del sector obrero, uno de los más beligerantes del país. Por ello, dicen, no descartan convocar a una huelga general en rechazo a estos y otros cambios que ha anunciado el Gobierno para julio próximo. Pero, ¿qué poder tienen los obreros?, sector que en los últimos años ha mostrado tantas divisiones.

EL PANORAMA

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) es el gremio que aglutina la mayor parte de los sindicatos del país.

En la actualidad está integrado por 10 grupos de todo el país, con un total de 180 mil trabajadores. Están en el Conato, la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Confederación Gremial de Trabajadores de la República de Panamá (CGTRP), la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep), la Federación Sindical de los Trabajadores de Panamá, la Confederación Gremial de Trabajadores, la Confederación Gremial, Convergencia Sindical, la Unión General de Trabajadores y la Casa Sindical.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), una de las más fuertes, formaba parte de Conato, pero fue expulsada justo cuando se discutían las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2005.

Conusi es el grupo más poderoso, porque tiene en sus filas al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Además, cuenta con ocho federaciones, tres sindicatos regionales y cuatro sindicatos nacionales.

“Fuimos expulsados de Conato porque en ese momento el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) así lo quiso”, aseguró Gabriel Castillo, secretario general de la Conusi.

Conusi está formada, en su mayoría, por trabajadores del comercio, de la agricultura, de la industria del papel y de la telefonía. En total, son unos 52 mil empleados, calculó Castillo.

SUS RECURSOS

En 2005, cuando se discutieron las reformas a la ley de la CSS, el movimiento sindical se fue a huelga general, en medio de la pelea interna entre los dirigentes.

A pesar de las divisiones, lograron su objetivo: presionar al Gobierno mediante la paralización laboral, para que estableciera una mesa de diálogo por el Seguro Social. A ellos se les unió el sector de los médicos, el de los educadores y el de los profesionales del país. La huelga duró un mes.

Según Castillo, en estos momentos están preparados para resistir nuevamente un mes de huelga, para enfrentar lo que ellos califican como las “nefastas” reformas laborales que impulsa el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

La Conusi maneja su propio presupuesto. Cada trabajador le aporta 10 centésimos mensuales (lo que suma 62 mil 400 dólares cada año), explicó Castillo. Además, Suntracs, recauda una cuota de dos dólares por cada obrero de la construcción. “Lógicamente, el sindicato más fuerte económicamente es Suntracs”, reconoció Castillo.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, aseguró que esta agrupación también está preparada para resistir un mes de huelga, aunque sostuvo que cuentan con una mejor estrategia para no llegar a ese extremo. Se trata, explicó, de lograr el apoyo de todos los sectores del país para que la huelga solo dure un día. “Así la presión es más fuerte para el Gobierno”, adujo.

LA LUCHA VA

Los líderes sindicales aún tienen diferencias. Sin embargo, han lanzado puentes para lograr una unidad, con el objetivo de crear un frente común en contra de las anunciadas reformas laborales. Genaro López, secretario general del Suntracs, indicó que aún desconfían de la cúpula del Conato –luego de que aprobaran la expulsión de Conusi en 2005–, aunque anunció que están dispuestos a dialogar con dirigentes intermedios.

Por su lado, Castillo informó que esa posibilidad está sobre el tapete y la analizarán. “La división no es un secreto, pero el movimiento sabe dejar aparte esas diferencias para luchar unidos”.

Rafael Chavarría, por su lado, dijo que esperan la respuesta de Conusi.

José González Pinilla

—————————-

ASAMBLEA NACIONAL

Aprueban proyecto 177

Un grupo de defensores del ambiente se manifiestan afuera del Palacio Legislativo, mientras se discutía a puerta cerrada el polémico proyecto de aviación número 177.

PANAMÁ. El proyecto de ley de aviación número 177 llegó a la Asamblea Nacional con la pretensión de regular la actividad aérea y comercial de Panamá. El pasado lunes 7 de junio fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Para sorpresa de muchos, el proyecto estaba cargado de otras reformas. Modificaciones a tres códigos y seis leyes que nada tenían que ver con la aviación comercial fueron aprobadas a puerta cerrada, el sábado 12 de junio a las 12:57 del mediodía en tercer debate con 42 votos a favor y 17 en contra.

En su trayecto, la ley de aviación perdió su identidad y hoy es conocida como: ‘ley langosta’, ‘ley chorizo’, ‘ley 9 en 1’ y hasta ‘ley golazo’, en alusión a que por estos días se inauguró el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Desde las nueve de la mañana del sábado, a la Asamblea Nacional llegaron defensores del medio ambiente y trabajadores de la construcción.

Mientras dentro del Palacio los diputados —tanto de oposición como oficialistas— discutían el polémico proyecto, afuera un grupo de trabajadores protestaban jugando fútbol en medio de la calle y otro grupo de defensores del ambiente con pancartas en mano gritaban consignas como ‘allí están, esos son los que venden la nación’ y ‘sin lucha no hay victoria’.

Genaro López, del Suntracs, reaccionó a lo aprobado por los diputados señalando que no se quedarán cruzados de brazos y demandarán el proyecto por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Fernando Arango, pidió al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que considere vetar esta ley por considerar que debió ser más discutida y conversada por todas las partes. Arango también crítico que el proyecto de ley de aviación haya servido para aprobar otras leyes, como las normas penales, laborales y ambientales.

LO APROBADO

En el tema laboral, fue aprobado el artículo número 12, que contempla que el empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores cuotas sindicales y dispone que aquel trabajador que decida afiliarse a un sindicato deberá pagar las cuotas por voluntad propia.

Otro de los artículos que fue aprobado en el paquete del proyecto de aviación es el que establece que cuando un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Del Código Penal se aprobaron disposiciones en materia de penas a quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa, y se aplicará una pena de 5 a 10 años.

Uno de los temas más discutidos fueron las normas de impacto ambiental, se estableció en el artículo 32 que las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza o características puedan generar riesgo ambiental requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución.

Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, incluso aquellos que se realicen en la cuenca del Canal de Panamá y las comarcas indígenas.

EN PIE DE GUERRA

El proyecto 177, aprobado en tercer debate, ha servido para unir más a los panameños, así lo aseguró la defensora del medio ambiente Raisa Banfield, quien indicó que esperarán la decisión que tome Martinelli, sancionar o vetar la ley.

Banfield dijo que, de no vetarse esta ley, ellos acudirán a todas las instancias legales que tengan a su alcance, en la justicia, debido a que Panamá se perfila como un defensor de derechos ambientales y lo aprobado por los diputados es un retroceso a los logros alcanzados por ellos, explicó.

Los diputados de oposición se manifestaron en contra de la aprobación en tercer debate de la ley. Leandro Ávila, del PRD, afirmó que ‘la asamblea solamente trabaja sábado cuando se trata de aprobar leyes impopulares’.

RECURSO. Grupos que la adversan amenazan con demandarla

Aprueban “Ley Chorizo” bajo estricto cerco policial

Quienes se oponen al proyecto convocaron a una reunión mañana y a una marcha desde la Iglesia del Carmen el próximo martes.

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

Golazo. Mientras el dirigente obrero Saúl Méndez dominaba un balón, los diputados daban tercer debate a la “Ley Chorizo”.

Ambientalistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un grupo de asesores legales evaluarán el denominado proyecto de “Ley Chorizo”, aprobado ayer en tercer debate, a fin de determinar las posibilidades de demandarlo por “ilegal e inconstitucional”.

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no lo sancione y que haga uso de su facultad constitucional de vetarlo. Amenazaron con demandarlo en tribunales nacionales e internacionales.

Hay que reconocer que este Gobierno ha logrado que grupos de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios y sindicatos se unan en contra de una iniciativa que los afecta a todos, dijo Raisa Bandfield, vocera de los grupos ecologistas.

El proyecto fue aprobado ayer en medio de extremas medidas de seguridad en el Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea.

Leandro Ávila, de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que ni en la época de la dictadura, la Asamblea Nacional había sido “sitiada” por la Policía Nacional, al punto que hasta a los diputados y periodistas les dificultaron el acceso al recinto legislativo.

José Luis Varela, presidente de la Asamblea, justificó el hecho alegando que en los días anteriores, grupos sindicales y ambientalistas se negaron a abandonar el recinto y que al día siguiente, un grupo de activistas ambientalistas estuvo a punto de romper la lámina transparente que separa las gradas del Pleno.

Sectores opositores calificaron el proyecto como “Ley Chorizo”, por la diversidad de materias que incluye.

La iniciativa modifica los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, las leyes Ambiental, de Contrataciones Públicas, Aeronáutica Civil, la de la Fiscalía de Cuentas y del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En esta última materia, la ley dispone que cuando se construya un proyecto y haya que remover postes de cableado de servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios tendrán un plazo para removerlos y en el caso de que no lo hagan, se ordenará su remoción y luego se pasará la cuenta a la empresa propietaria.

OPINIONES

EDITORIAL DE EL PANAMÁ AMÉRICA
La falsa democracia

Con el proyecto de ley, llevado hace unos días a la Asamblea Nacional, el Gobierno ha creado tal confusión en la sociedad panameña, que hace dudar de las intenciones oficialistas. Es fácil creer que se trata de enmarañar el sistema normativo que nos rige con el objetivo de revolver el río y obtener las ganancias de pescadores tan famosas. El grupo en el poder debe (y puede) cambiar de métodos de gobierno, pues están destruyendo la democracia al simplemente ignorarla.

¿Quiénes deberían alertar sobre lo que está ocurriendo? Nada menos que los diputados. Pero éstos –sin ninguna preocupación ni autonomía de pensamiento- no hacen nada. O no se enteran. Quizá no les importa, lo cual es todavía peor. Hay más indiferentes y apáticos en la Asamblea que en las calles de Panamá, y por eso quizá no miden las consecuencias de sus actos.

Todo indica que la intención del Presidente Martinelli es seguir ignorando a la sociedad civil. Y ante la resistencia de los grupos de oposición, resulta triste el espectáculo de aquellos diputados que acusan a estos panameños organizados de violentar sus rejas, cuando ellos son quienes violentan de la peor manera el ambiente político del país donde a todos nos toca vivir.

EDITORIAL LA PRENSA

Hoy por Hoy

Un claro ejemplo de que la sociedad civil organizada y el Gobierno pueden trabajar juntos y lograr importantes avances en distintos temas de interés nacional, es la labor que se viene realizando desde hace casi un mes en materia de seguridad. En esta ocasión, los resultados de las reuniones efectuadas entre el Gobierno y las distintas organizaciones de la sociedad civil ya tienen resultados, al menos en lo teórico.

Lastimosamente, esta reflexión no puede más que dejar un sabor agridulce, pues la convivencia pacífica entre el Gobierno y los gobernados se ha visto, en repetidas ocasiones, alterada por las arbitrariedades cometidas por la administración del presidente Martinelli.

Tal vez otra hubiera sido la historia si la opinión de la sociedad civil hubiese sido tomada en cuenta al momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte, cuando se destituyó a la Procuradora de la Nación, o cuando se aprobaron los coloquialmente llamados “proyecto de los carcelazos” y recientemente el gran “golazo legislativo”. La administración Martinelli tiene que recapacitar y entender que las leyes hay que cumplirlas, que la opinión de quienes lo eligieron merece ser escuchada, y que la arbitrariedad no es la forma de gobierno que los panameños nos merecemos.

OPINIÓN DEL ÁTICO (ESTRELLA DE PANAMÁ)

LO QUE HACEN CON LAS MANOS. .. … lo destruyen a patadas. Definitivamente, los dirigentes del Gobierno no tienen una mano limpia de Pocker. Esconden en sus mangas todos los ases que les viene en gana. Señores, se están equivocando garrafalmente, están irrespetando al pueblo, a la vez que lo amenazan con leyes traídas de los cabellos y que atentan contra el aún débil Estado de Derecho. El voto no es una carta en blanco para que hagan y deshagan a su antojo, son apenas una junta directiva del Estado, no se confundan.

OPINIÓN DEL DIRIGENTE DEL SINDICATO MÁS GRANDE DE PANAMÁ

Otro exabrupto gubernamental

GENARO LÓPEZ*
rologe54@yahoo.com

Si las sesiones extraordinarias son convocadas para temas específicos, ¿cómo se explica que se reformen el Código Penal, Laboral y Judicial si esto no estaba en agenda, además de seis leyes adicionales: Ley General del Ambiente, Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la Ley marco de Servicios Públicos, etc? ¿Cómo la Comisión de Transporte puede aprobar un anteproyecto de ley sin consultar al resto de las comisiones en temas que le compete? Tal como han señalado juristas del país, se entremezclan materias que debieran ser discutidas en forma separada por su especialidad.

No cabe duda de que esta actuación se suma a la larga lista de exabruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, donde la Asamblea Nacional se convierte en cómplice del atropello contra el supuesto ‘Estado de Derecho’.

Lo actuado por la Asamblea, en la aprobación a tambor batiente del proyecto de Ley 177, que supuestamente promueve la aviación comercial, se convierte en una violación más a convenios internacionales y aspectos constitucionales en materia de derecho laboral, derechos humanos y ambientales. La forma en que se apresta a discutir y aprobar el proyecto es violatoria al reglamento de este órgano del Estado y a las normas constitucionales. De esta forma también se aprobó la denominada Ley Carcelazo, misma que ha sido demandada por inconstitucional.

Como en los mejores tiempos de la dictadura de Noriega, la Asamblea tiene que sesionar bajo el amparo de la llamada Policía Nacional, a la misma que le otorgan el derecho a la ‘Pena de Muerte’ al otorgarse impunidad a los policías asesinos y abusadores, quedará en las manos de estos el futuro de la vida de los ciudadanos panameños.

¿Cómo es posible que se le otorgue al Ejecutivo la potestad de prescindir de los estudios de impacto ambiental? En el mencionado proyecto, se pretende borrar gran parte del marco de protección que garantiza la Ley General de Ambiente, al excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a ‘aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete’. ¿Cuál será la actuación de estos mercaderes sobre la apertura del Tapón del Darién, la explotación minera, la venta de los ríos, playas y costas del país?

Ya la realidad ha demostrado que en ellos prevalecen sus intereses empresariales sobre el bienestar social de los panameños. Es decir, se pretende legalizar las catástrofes ecológicas, al colocar a la población en un estado de total indefensión, al atentarse contra el derecho a la vida.

El proyecto involucra reformas al Código de Trabajo, pretendiendo conculcar el derecho a huelga consagrado en la Constitución Política. Se elimina el derecho a arbitraje cuando los trabajadores salen en minoría en el conteo a favor de la huelga, la minoría que está en contra de la huelga podrá seguir laborando, afectando de esta forma el derecho a huelga.

Esta es la segunda oleada de reformas laborales bajo la conducción de Alma Cortés, pero ya está anunciada una tercera oleada.

Todo ello bajo el cinismo de Alberto Vallarino, quien ha señalado que en el debate a la reforma al Código de Trabajo nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores.

En un total irrespeto y menosprecio al pueblo, los diputados pretendía negar la participación de las diversa organizaciones, es a través de los esfuerzos de los obreros de la construcción, que se logra cinco minutos por grupo para plantear nuestras objeciones al proyecto de los mercaderes del gobierno.

Panameño, es hora de que expreses tu descontento ante la política del gobierno represor. El mismo se ha dedicado desde su arribo a imponer leyes antipopulares, como la del ITBMS, que desde julio incrementa en un 40% la carga impositiva al pasar de 5 a 7%, reduciendo el poder de compra de nuestros salarios.

No te dejes confundir, no se trata de actuaciones aisladas de ministros (Mulino, Molinar, Cortés, Vallarino, etc.), se trata de una política de gobierno, concebida bajo los intereses empresariales del grupo de poder económico que actualmente encabeza Martinelli, quien, al igual que lo hiciera Noriega, prefiere estar fuera del país (viaje 18 en 11 meses de gobierno) cuando se imponen leyes represivas, antipopulares y antidemocráticas.

*SECRETARIO GENERAL DEL SUNTRACS.