Avanza privatización del agua

En la oscuridad avanza proyecto privatizador del agua

Por: Genaro López

El pueblo sufre los embates de los diferentes gobiernos neoliberales que tienen como norte arrebatarle a los panameños las empresas estatales más rentables. Durante la gestión de Guillermo Endara se aprobó la Ley de privatizaciones. Desde entonces hemos vivido la entrega de empresas vitales, como la de los servicios de telefonía y electrificación, y la insistencia en privatizar salud, educación y recursos hídricos.

En el caso del agua, desde hace varios años, los distintos gobiernos y la patronal han intentado privatizarlo. El pueblo recuerda cómo Pérez Balladares quiso imponer a sangre y fuego el proyecto privatizador, la decisión firme del pueblo en las calles bajo la conducción del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía MONADESO (embrión de lo que hoy es FRENADESO), logró revertir esta intentona privatizadora.

Mireya Moscoso, a pesar de que en su campaña electoral se comprometió a no privatizar el IDAAN, también hizo lo propio, presentando un proyecto privatizador, en el cual autorizaban contratos y acuerdos con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas de la República de Panamá o del extranjero.

Martín Torrijos, no es la excepción a este proceso privatizador. A través de la ANAM también presenta un proyecto que pretende privatizar el recurso hídrico (Proyecto de Ley 278 denominado “Proyecto de Ley que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá”), el mismo está avanzando en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea de Diputados; en este se establece que las fuentes de agua podrán ser otorgadas mediante contrato a ciertas empresas. Es decir, su intención real es privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país. El tipo de gestión que se plantea en el Proyecto Ley, también tiene la intención de ofrecer en concesión un recurso estratégico.

Es decir, en todos los gobiernos ha imperado la lógica neoliberal y no el mandato constitucional de proveer eficazmente el suministro de agua a la población. Detrás de esta lógica neoliberal ha estado el concepto de que “las empresas deben aprovechar el agua como recurso económico y dejarlo de considerar recurso natural en las leyes nacionales”; así el agua se constituye en una mercancía más del mercado. Desde entonces, la principal estrategia ha consistido en promover la idea de la ”crisis del agua”; provocando el desabastecimiento, el deterioro de los servicios, el encarecimiento del suministro, las privatizaciones parciales o temporales (concesiones) y entregando el recurso hídrico a transnacionales.

¿Cuáles han sido los resultados de la privatización del agua? Luego de más de 15 años de experiencia privatizadora en los servicios agua en toda América puede constatarse el fracaso absoluto del modelo propuesto desde las IFI’s (FMI y BM). Estas políticas llevaron a permanentes incumplimientos contractuales, sucesivos aumentos tarifarlos, y mala calidad de los servicios. Además, en muchos países se han privatizado los ríos para uso exclusivo de las grandes corporaciones transnacionales (compañías de aguas embotelladas, empresas mineras e hidroeléctricas).

Hoy, aproximadamente mil millones de personas en el mundo no tienen agua potable; en Panamá, el 10% de la población no tiene acceso a agua potable, existen más de 63,000 viviendas sin agua potable, solo en la ciudad de Panamá 200,000 personas no cuentan con el vital líquido. Son diarias las acciones de protesta de las comunidades exigiendo el suministro de agua potable, ante la desatención del IDAAN. Desde hace décadas comunidades como Arraiján, Chorrera, Chilibre, Tocumen, entre otras, han denunciado el problema, sin embargo no son atendidas a pesar de que se les cobra mensualmente el servicio. Cabe preguntarse ¿Dónde están los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que se suponía atenderían esta problemática?

Recientemente, se pone en el tapete el calvario que sufre la población bocatoreña, el brote de diarrea y vómito que ha afectado a más de 1,327 personas, lo que ha puesto en evidencia la precaria condición del sistema de distribución de agua potable en esa región y la desatención gubernamental.
Los gobiernos de turno han abandonado sus mandatos de proveer agua potable a todos los panameños, y de esa manera mejorar la salud pública y el medio ambiente. Esta realidad ha sido aprovechada para propagandizar la idea de su privatización; es decir, el agua ya no es derecho de toda persona a consumirla una vez producida sino un bien privado o mercancía que quienes no puedan comprarlo no la deben consumir.

Ello evidencia, que se busca llevar a la población al desespero, para justificar la privatización del agua. Pero la experiencia nos ha demostrado que privatización significa traslado de nuestros recursos a las transnacionales y al gran capital local, despido de trabajadores, aumento del precio de los servicios e ineficiencia.

Ante esta realidad, las organizaciones de FRENADESO, hemos venido planteando que “el agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable”. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización.

Es necesario que el servicio básico del agua se mantenga como un bien público y no privado ni comercial. Es importante evitar que el agua esté bajo el control, dominio, posesión y beneficio económico de la iniciativa privada. Lo anterior significa que el agua no es un problema en sí misma, sino que el problema es el modelo de crecimiento que la usa.

*El autor es obrero de la construcción, secretario general del Suntracs y miembro de la Dirección Nacional de Frenadeso.

rologe54@yahoo.com

Fuente: Camino Alternativo

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Discutirán ley hídrica

Retoman ley hídrica
Santiago Cumbrera

PA-DIGITAL
¿Concederán nuevos contratos para hidroeléctricas?

El proyecto de Ley No. 278, que busca regular los recursos hídricos nacionales, será analizado la próxima semana por la subcomisión legislativa de Ambiente y Desarrollo, que preside el diputado suplente Vitelio Ortega.

La iniciativa consta de 165 artículos y hasta el momento se han analizado 40 enunciados de la ley, cuyo objetivo es formular una política hídrica en el país.

En la reunión se espera la participación de representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá; Autoridad Nacional del Ambiente, entre otros grupos privados.

Ambientalistas han advertido que este proyecto pretende conceder contratos administrativos a nuevas hidroeléctricas.

La crisis del agua y el anteproyecto de ley que cursa en la Asamblea Nacional

LA CRISIS DEL AGUA Y EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE CURSA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Crisis del Agua:

La esencia de la crisis actual del agua en nuestro país, no es producto de la insuficiencia de este recurso, sino del mal uso y manejo social del mismo. Esto se expresa en el uso irracional, la contaminación irresponsable del agua, su distribución social injusta y el aumento desordenado de la demanda por el desarrollo urbano no planificado. Otros factores que inciden en la crisis es el desequilibrio económico por la mala distribución de la riqueza y particularmente la creciente demanda del Canal, que la multiplicará la iniciada ampliación, con el agravante de la enajenación de miles de millones de metros cúbicos anuales que se llevan los grandes usuarios para incrementar sus ganancias a costa de la explotación inicua de ese recurso nacional. Otro aspecto esencial que contribuye con la profundización de la crisis del agua es la creciente comercialización privada del agua, ya sea para el consumo de agua embotellada o para bebidas, cervezas y refrescos. A todo esto hay que sumar las incertidumbres que provocan las predicciones científicas en cuanto al deterioro climático global. En medio de esta crisis, se acentúa el temor por el consumo desordenado y liberal de un recurso que aún siendo renovable y abundante por su naturaleza, su disponibilidad está escaseando por el uso salvaje y anárquico.

2. La idea de ordenar su uso y racionalizarlo es justo

El agua necesita ser regulada con el propósito de alcanzar un desarrollo nacional sostenible, que cree riqueza social y progreso socio-económico. Este propósito no es posible en las condiciones del modelo económico estancado impuesto por el statu quo, que bajo la orientación del neoliberalismo lo que busca es convertir el agua en un gran negocio de la alta burocracia y de los empresarios arraigados en el rentismo, a costa del atraso productivo en la industria y la agricultura.

Hay sectores de opinión que han salido a plantear su oposición a la privatización del agua. Es oportuno señalar que desde que se estableció el capitalismo en estas tierras, este recurso fue privatizado en determinados segmentos del proceso productivo, muy especialmente en el complejo canalero, que asumió la propiedad de nuestra agua gratuitamente en manos del monopolio de Estado norteamericano. El problema se recrudece ahora, porque el capitalismo atrasado, sustentado por el modelo económico actual, se ve estremecido bajo la presión de las tenazas del capitalismo global y neoliberal cuyos intereses afectan sensiblemente los intereses nacionales.

Frente a esta realidad la salida viable y consecuente es la formulación de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, que sirva de referencia a la planificación hídrica nacional, la cual debe establecer los mecanismos de controles para garantizar el ordenamiento del uso del agua, y trazar el valor del agua según los usos, ubicación, condición hidrológica y de calidad. Pretender normar el uso y ordenamiento del recurso agua sin esta visión estratégica, es hacerle el juego a los intereses del capitalismo global neoliberal.

3. El proyecto de ley que cursa en la Asamblea.

Sin duda en forma implícita, aunque en parte es muy explicita, el proyecto lleva en su esencia el propósito de mercado neoliberal que beneficie a los grandes intereses. La ACP pretende en esta formulación sobre el agua, lograr un tratamiento de excepción para ejercer un dominio virtualmente soberano sobre el recurso hídrico de la cuenca hídrica del canal.

Este proyecto ha sido concebido y redactado dentro de los métodos elitistas y excluyentes, preferidos por el gobierno de “Patria Nueva”, con lo que pretenden sentir, pensar y decidir por los demás. Son los métodos de una “Democracia” exclusivista, neoliberal. En un asunto como el agua, que afecta directamente a todos los integrantes de la nación panameña, es absurdo y abusivo pretender legislar sobre un recurso de todos los panameños, sin que se le entere, se le explique y se tome en cuenta ampliamente su opinión.

4. La conducta ciudadana.

La opinión pública debe expresar su protesta por este método, y exigir que este proyecto de Ley se someta a un abierto debate público, con participación de todos los estratos de la población, de forma que recoja el consenso de los diferentes intereses que concurren en nuestra nación sobre el vital recurso. No hacerlo es abrir una peligrosa zona de conflicto, de fácil identificación en el cómo y adonde comienza, pero con mucha dificultad para determinar adónde termina.

Presidium del Partido del Pueblo

Panamá, 12 de octubre de 2007

Anteproyecto de ley de aguas en Panamá

Instamos al Señor Ministro de Comercio e Industrias a que nos aclare cuál es el sentido y alcance de la disposición contenida en el Anexo I del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

Anteproyecto de Ley de Aguas

Contacto: josesantosaguilera@gmail.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha hecho un llamado a la sociedad civil en general para que contribuya con el mejoramiento del Anteproyecto de Ley 278, que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá. Como punto de partida, sería recomendable que los asesores legales de la ANAM indicaran por escrito, dentro de los objetivos del Anteproyecto de Ley 278, que el mismo no contempla la privatización de los recursos hídricos. Como bien nos aconseja Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, “las leyes deben redactarse en forma clara, para impedir dificultades en el modo de interpretarlas”.

En el Artículo 5 del Anteproyecto de Ley 278 se debería reconocer el “derecho humano” de la población a tener acceso al agua y al saneamiento. Según el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado en noviembre de 2002 por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “el derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos”. Observemos lo que está haciendo España, que ha establecido en el borrador de su nueva Ley de Aguas la garantía del derecho de los ciudadanos, al margen de su capacidad económica, al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas de como mínimo 60 litros por habitante y día.

 

Considero que el numeral 1 del Artículo 8 del Anteproyecto de Ley 278, tal como está redactado, infringe el mandato contenido en el Artículo 316 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que es a la Autoridad del Canal de Panamá, y no a la ANAM, a quien corresponde la responsabilidad privativa por la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, en coordinación con los organismos estatales que la Ley determine.

 

El texto del Artículo 28 del Anteproyecto de Ley 278 es ambiguo, al establecer que todos pueden usar libremente las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces naturales, para beber y para uso doméstico, transitar por ellas, bañarse, lavar ropas y redes, reparar y construir embarcaciones, bañar animales domésticos y recoger conchas, plantas y mariscos y otros aspectos semejantes, conforme a las prescripciones legales o reglamentarias correspondientes, “siempre que ese uso no haya sido prohibido taxativamente por una autoridad competente o no sea objeto de una concesión particular o de reserva del Estado”. El Artículo 28 debería ser eliminado, porque en el fondo no reconoce el derecho humano de los grupos más vulnerables a tener acceso al agua.

 

Vale la pena hacer un poco de memoria y recordar cómo en la región boliviana de Cochabamba, tras la aprobación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado que sirvió de fundamento legal para la firma de un contrato entre el gobierno y Aguas del Tunari (Bechtel Corporation y Abengoa, entre otros), los campesinos quedaron tan desprotegidos que hasta se les llegó a prohibir la construcción de tanques para recoger agua de lluvia. Sobre este mismo caso, el Informe Sobre Desarrollo Humano 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que “(…) el Proyecto hídrico de Aguas del Tunari en Bolivia es una muestra evidente de cómo los intereses del pueblo, intelectuales, defensores del medio ambiente y grupos locales son a menudo ignorados hasta que se convierten en protestas y enfrentamientos importantes”. Por eso, preocupa que el Anteproyecto de Ley 278 no reconozca de manera expresa el derecho que tiene toda persona para oponerse al otorgamiento de una concesión de agua de hasta 60 años, ya sea por la existencia de mejor derecho, la posibilidad de lesiones a derechos preexistentes, la existencia de impedimentos técnicos debidamente fundamentados, la afectación al ambiente y generación de impactos ambientales y socioculturales irreversibles o por estar en contraposición con los planes de ordenamiento territorial.

De la lectura del Artículo 37 del Anteproyecto de Ley 278 se entiende que el otorgamiento de los permisos para la exploración de aguas subterráneas, actividad que involucra trabajos de perforación del suelo, no está condicionado a la presentación y aprobación previa de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta situación debe ser aclarada por la ANAM.

Para despejar cualquier duda sobre la posible privatización del servicio de suministro de agua potable, instamos al Señor Ministro de Comercio e Industrias a que nos aclare cuál es el sentido y alcance de la disposición contenida en el Anexo I del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, que señala textualmente: “Si Panamá permite inversión de capital privado en una empresa que suministre agua potable al público, podrá requerir que hasta un 100 por ciento del capital de dicha empresa sea propiedad de panameños. Panamá podrá requerir que los Altos Ejecutivos y Miembros de la Junta Directiva de dichas entidades sean panameños. Sin embargo, Panamá puede establecer excepciones al párrafo anterior mediante Ley”. Cabe destacar que a escasos días del plebiscito del 7 de octubre, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica acordó concederle un tiempo al Poder Ejecutivo para que corrija el Proyecto de Ley de Conservación, Manejo y Uso del Recurso Hídrico. Según algunas organizaciones ambientalistas, el mismo no consagraba el acceso al agua como un derecho humano y dejaba abierta la posibilidad de que entes privados prestaran el servicio de abastecimiento de agua potable. Sectores de la sociedad civil costarricense sospechan que con este Proyecto de Ley de Aguas se pretende adecuar la normativa sobre la materia al espíritu del TLC con los Estados Unidos.

 

Los miembros de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional deberían tomarse un tiempo para analizar las experiencias legislativas de otros países, consultar con universidades y organismos especializados como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y escuchar las opiniones de la ciudadanía dentro del marco de la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. De esta manera, tendremos una legislación de aguas acorde con los nuevos retos que plantea la era de la globalización.

 

El autor es Abogado y ambientalista.

 

Publicado en la Revista electrónica EXPRESIONES, No. 89, año 4, 2007

Un política de agua cristalina

Una política de agua debe ser cristalina

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Pastor Falconett

COMENTARISTA

LA PRESENTACION de un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional para regular lo relacionado al recurso hídrico del país, ha levantado la preocupación de los consumidores, organismos ambientalistas y de los sectores populares, sobre todo por la amenaza permanente de la posibilidad de privatización de este recurso, puesto que dicho tema sigue pendiente en la carta de intenciones firmada por varios gobiernos nacionales con el Fondo Monetario Internacional. Mayor preocupación surge porque pareciera que se pretende restringir dicha Ley, al introducir un nuevo concepto que permite entregar en concesión, mediante contrato, a una persona natural o jurídica, el aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos.

No obstante, siendo válida esa preocupación, no es menos cierto que existe la urgente necesidad de establecer una verdadera política para asegurar la provisión abundante de este recurso a la ciudadanía, tanto para el consumo humano, como para la agricultura, la industria y la recreación, a un costo accesible, asegurando a la vez su sostenibilidad, y protegiendo el medio ambiente, así como la eliminación eficiente de las aguas negras, que constituye un grave problema en el país. Por estas razones, es muy importante que este tema sea debatido ampliamente y sin cortapisas de ninguna naturaleza para que de ello surja un consenso respecto a su regulación. Para evitar que el tema de la privatización impida un análisis integral y completo del mismo, las autoridades nacionales deben dejar bien claro que este servicio básico se mantendrá como un bien público y no será privatizado.

Como el debate no debe constreñirse a la discusión de una u otra norma del proyecto de Ley, sino como una preciosa ocasión para un amplio debate, quisiera enumerar algunos temas que deben ser considerados:

1. La realización de una evaluación integral de este recurso, tomando en cuenta la capacidad disponible, tanto nacional como regional. Existen regiones como Azuero y El Darién, donde hay escasez de este recurso.

2. Análisis de la evolución de la demanda por el crecimiento de la población, el aumento de la agricultura y la industria, los proyectos turísticos, la producción eléctrica, etc.

3. La situación de las estructuras y sistemas para su obtención y procesamiento, a la luz de las nuevas tecnologías.

4. Los sistemas de distribución del agua a los consumidores y los planes de expansión (crecimiento poblacional, grandes edificaciones, asentamientos espontáneos, etc.).

5. La situación estructural del IDAAN, sus planes y proyectos.

6. La política de precio al consumidor, bajo la óptica de servicio público.

7. Los sistemas, políticas y planes para la eliminación de las aguas servidas.

8. Evolución ambiental de todas las cuencas hidrográficas, degradadas por el crecimiento urbano, los agroquímicos, las porquerizas, las aguas negras y la industria.

9. Recursos y planes de financiación de las obras públicas requeridas.

10. La sostenibilidad del recurso, en cuanto a su aseguramiento continuo, accesibilidad económica, aspectos sociales y de protección ambiental.

11. El polémico asunto de los embalses por las represas que deban construirse.

12. El tema del agua y la descentralización municipal.

Pienso que el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional deben promover este debate, arrancando de las comunidades hacia arriba, para luego culminar con la determinación de las normas legales para su regulación.

Concesiones de agua y privatización en el tapete

Uso de agua no se privatizará

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Gustavo A. Aparicio O.

PANAMA AMERICA

LUEGO QUE sectores ambientalistas expresaran su rechazo al proyecto de ley 278 con el cual se regularía el uso de concesiones de los recursos hídricos, el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Milciades Concepción, negó ayer que exista la intención de privatizar este recurso.

De acuerdo con Concepción, en la discusión del proyecto de ley del agua se van a eliminar las concesiones permanentes y añadió que hasta el momento se han otorgado más de 500 a nivel nacional.

Sostuvo que las nuevas concesiones que se den no podrán ser objeto de comercialización y serán rescindidas por las autoridades por cualquier especulación irregular que se de o se utilice con fines inadecuados.

La Comisión de Ambiente ratificó a una subcomisión integrada por los diputados Vitelio Ortega y Enrique Castillo que esta encargada de analizar el proyecto de ley 278, por el cual se establece la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Concepción hizo un llamado para que los interesados en el análisis del proyecto expresen sus puntos de vista.

Epasa, 28 de septiembre de 2007

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LEY DEL AGUA.

Concesiones permanentes no van

LA PRENSA/Archivo

Se han dado 500 concesiones en 40 años.

Flor Mizrachi Angel
flor@prensa.com

El presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Milciades Concepción, negó “rotundamente” que en el proyecto de ley de los recursos hídricos, que se encuentra actualmente en primer debate, se pretenda privatizar el agua.

“Al contrario”, aseguró. “Eliminaremos de la Ley 35 de 1966 las concesiones de agua permanentes, que son a perpetuidad, para que no haya especulación y se siga negociando el agua como si fuera un recurso cualquiera”.

Según el diputado, desde hace 40 años se han emitido más de 500 concesiones permanentes.

La nueva propuesta sustituye las concesiones permanentes por transitorias, que, según dijo, se darán por períodos de 30 a 40 años.

Aunque Concepción aseguró contar con el apoyo de la mayoría de los diputados oficialistas y de oposición, dos diputados, que prefirieron el anonimato, comentaron que no están de acuerdo con la nueva ley, porque “30 y 40 años es toda una vida. Es lo mismo que mantener las concesiones permanentes”.

LEGISLACIÓN.

Agricultores pagarán por uso de agua

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

El agua ya es uno de los recursos más preciados en el mundo, y algunos países como Panamá están tomando las medidas para cuidar su uso.

Para ello la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha presentado un anteproyecto de ley que busca reglamentar y cobrar por las concesiones y uso de agua para actividades empresariales y la agricultura.

Natalia Young, directora de Protección de la Calidad Ambiental de la Anam, explicó que el cobro de la tarifa, que esta aún por definir, será solo para los sectores o actividades comerciales o domésticas que vayan más allá de los usos comunes.

El gravamen excluye el uso de agua para beber, bañarse, y la navegación en las cuencas hidrográficas.

Además, recalcó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) seguirá exento del cobro de la tarifa de manejo ambiental.

“La tarifa de agua potable del Iddan no debe aumentar por razón de esta ley. El costo sí puede subir si se continúa contaminando los ríos al ritmo actual, debido a que el proceso de tratamiento será más complicado”, dijo Young.

Solo en la provincia de Chiriquí hay 500 concesiones para uso de agua en actividades no comunes, la mayoría de ellas agrícolas. “Si no le ponemos un control a esto, habrá un problema”, dijo la funcionaria de la Anam.