Ley 30 tiene vicios inconstitucionales, ilegales e inmorales

ANÁLISIS

Un procedimiento muy singular

El decreto ejecutivo que prorrogó las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, nada dice sobre la modificación de varios códigos de la República.

ESTRATEGIA. El presidente de la Asamblea, José Luis Varela; la ministra de Trabajo, Alma Cortés, y el presidente de la Comisión de Transporte, Marcos González, durante el polémico debate. LA PRENSA

LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com

“Lo que se ha dicho en estos días contra esta ley son falacias… se cumplió con el procedimiento legislativo”, afirmó con su habitual rotundidad José Raúl Mulino, justo después de tomar posesión de su nuevo cargo como ministro de Seguridad. “El Presidente sancionará la ley mañana”, remató, acabando con las esperanzas de diversos grupos de la sociedad panameña, desde empresarios hasta sindicalistas, pasando por ambientalistas, estudiantes y políticos de oposición, que pedían el veto presidencial.

Sin embargo, hay detalles que contradicen las tajantes afirmaciones del señor ministro.

Por ejemplo, si bien el llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea es una prerrogativa del Ejecutivo por mandato constitucional, existen ciertas formalidades que cumplir. Así, el artículo 149 de la Constitución establece que la Asamblea también se reunirá “en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que este señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración”.

Así, el 3 de junio de 2010, el Ejecutivo decidió prorrogar las sesiones extraordinarias que ya había convocado desde el 14 de mayo de 2010 pues, al parecer, el tiempo no les había alcanzado para su maratón reformador.

Se expide entonces el Decreto Ejecutivo 505 por el que el Presidente de la República prorroga las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Dicho decreto enumera los temas que serían materia de las citadas sesiones extraordinarias, y en esa enumeración se incluye un proyecto sobre aviación comercial identificado así: “Proyecto de ley que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades de desarrollo y dicta otras disposiciones”.

Las “otras disposiciones” aludidas en el título del proyecto no eran poca cosa: incluían reformas a tres códigos nacionales y modificaciones a otras leyes de alto perfil, como la Ley General de Ambiente o la de la Policía Nacional. Pero no solo el citado decreto ocultó el contenido de la reforma propuesta. Cuando el entonces ministro de Gobierno llevó el proyecto a la Asamblea el 7 de junio, habló sobre la conveniencia de potenciar la aviación comercial y, sin más, se marchó del hemiciclo legislativo. Nada dijo de las otras reformas que el proyecto involucraba.

¿Por qué calló? ¿Por qué nada dijo de las reformas a los códigos Penal, Judicial y de Trabajo, o de la eliminación de los estudios de impacto ambiental de la Ley General de Ambiente o las nuevas regulaciones sobre el derecho a huelga?

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el citado decreto ejecutivo no estableció –en blanco y negro– que los códigos Penal, Judicial y de Trabajo serían reformados durante las sesiones extraordinarias, así como tampoco las otras seis leyes modificadas, incumpliéndose la exigencia constitucional.

Pero hay más. Los artículos 159 y 164 de la Constitución establecen que los códigos de la República requieren para su modificación una ley orgánica, así como su aprobación por parte de una mayoría absoluta de los miembros del Órgano Legislativo. Pues bien, tres códigos fueron modificados mediante una ley ordinaria sobre “aviación comercial”, en contravención a lo que al respecto señala la Constitución.

Con relación a las ilegalidades del proceso, baste mencionar que, por ejemplo, el artículo 59 del reglamento interno de la Asamblea –que es ley de la República– establece que la Comisión de Salud y Desarrollo Social “Tendrá como funciones estudiar y proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: 1. Los asuntos o aspectos relacionados con leyes laborales…”. Lo mismo señala el artículo 64 del mismo reglamento con relación a la Comisión de Población y Ambiente, y los proyectos vinculados al tema ambiental.

Como se sabe, no fue esto lo que ocurrió en la Asamblea, y todas las modificaciones a códigos y leyes tuvieron un primer debate en la Comisión de Transporte.

“Se ha hecho antes”, alegó con evidente molestia el aún presidente de la Asamblea, José Luis Varela, en algún momento del movido debate de la polémica ley, mientras se regodeaba sacándole en cara a sus colegas del Partido Revolucionario Democrático, todos los precedentes.

“Somos un gobierno de acción y para ello se requiere desburocratizar el Estado”, explicó Varela durante el tercer debate, en relación a la eliminación de los estudios de impacto ambiental, en lo que fue prácticamente la única explicación que el oficialismo dio sobre las reformas durante el proceso legislativo. Hasta ese momento –tercer debate– los diputados oficialistas se habían limitado a dar el habitual manotazo en silencio.

Y es que todo en este proceso se hizo al revés. Esta semana, y ya con el proyecto esperando solo la sanción presidencial obtenida el miércoles 16 de junio, los ministros salieron como soldados a explicar en cada programa televisivo y radial existente, el proyecto que nunca fue explicado en la Asamblea Nacional.

“Gobernar es decidir”, aseveró el ministro Mulino poniéndole punto final al tema. Sin embargo, los grupos ambientalistas, los defensores de los derechos humanos y los sindicatos dicen que la lucha apenas comienza.

“Ley Langosta” ya tiene tres demandas en la Corte

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La ‘ley langosta’ y sus 3 demandas

La Ley 30 (conocida como Ley Chorizo o Ley Langosta) ha sido demandada por inconstitucional ante la máxima corporación de justicia. El magistrado Alejandro Moncada Luna es el ponente. Hay una huelga programada para presionar por la anulación
DEIVIS ELIECER CERRUD
dcerrud@laestrella.com.pa

PANAMÁ. La batalla contra la repudiada Ley 30 de 16 de junio de 2010, conocida como ‘ley langosta’, y que provocó la unión de sectores sociales históricamente opuestos que amenazan con una huelga general para que se derogue, se ha trasladado al alto tribunal de justicia panameño.

Hasta el momento se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que la norma sea anulada.

La ‘ley langosta’, que modifica los códigos de Trabajo, Judicial y Penal, además de seis leyes diferentes, en medio de legislación de aviación, mantiene una disputa entre grupos ambientalistas, sindicales, opositores y el gobierno.

Un punto recurrente en las bases de demandas es que la Asamblea Nacional fue convocada por el Ejecutivo para tratar materia de aviación nacional, pero no otros temas.

Incluso, se expone como fundamento que no se cumplió con la obligación de llevar las materias a las respectivas comisiones.

UNIÓN DE GRUPOS

Tal como lo habían anunciado, ayer una treintena de organizaciones sindicales, ambientales, médicas y sociales presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra la ‘ley langosta’. Diez abogados, encabezados por los ex procuradores generales de la Nación Rogelio Cruz y Rafael Rodríguez, así como los ex fiscales Rolando Rodríguez y Carlos Herrera Morán, llevaron la demanda grupal.

‘Esta es solo la primera de tres demandas que se presentarán esta semana, porque se violó el procedimiento de la Asamblea’, afirmó Saúl Méndez, del Suntracs.

La demanda es sustenta en 9 hechos que, según los demandantes, la viciaron.

Se plantea presentar otra demanda el próximo viernes 25 de junio, pero tocando temas específicos de los sectores laborales y del ambiente.

No todo acaba allí. En horas de la tarde, el Movimiento de Abogados Gremialistas, cuyo presidente es el ex procurador Cruz, presentó otra demanda de inconstitucionalidad en nombre del gremio de abogados.

PRIMERA DEMANDA

La primera demanda por inconstitucionalidad la presentó el pasado jueves 17 el abogado Ernesto Cedeño, doctor en Derecho.

Cedeño explicó que se violó el bloque de la constitucionalidad cuando se presentan sesiones extraordinarias.

‘El Estado no honra políticas serias’, denunció, al tiempo que advirtió que se violó el Reglamento Interno de la Asamblea y el procedimiento de discusión de proyectos.

En medio de críticas y una Asamblea sitiada por antimotines, los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto 177 el pasado sábado 12 de junio.

El Palacio Gil Ponce informó que todas las demandas presentadas contra la Ley 30 serán tratadas por el magistrado Alejandro Moncada Luna.

Panameños siguen demandando derogar Ley 9 en 1

Marcha pacífica llega a la Presidencia

Miles demandan derogar ley 9 en 1

El rechazo a la polémica Ley 30 ha unido a sindicalistas, empresarios, estudiantes, profesores, ambientalistas y profesionales diversos.

repudio. Miles de personas pertenecientes a más de 60 gremios marcharon por la capital para exigir la inmediata derogatoria de la nueva legislación. LA PRENSA/Carlos Lemos

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

A pocos días de cumplir su primer año en el poder, el mandatario Ricardo Martinelli enfrentó su primera marcha multitudinaria de rechazo a su gestión, convocada por más de 60 organizaciones sindicales y sociales para demandar la derogatoria de la polémica Ley 30 (conocida como 9 en 1).

Bajo una pertinaz lluvia, miembros de sindicatos, ambientalistas, médicos, docentes, servidores públicos, estudiantes y grupos de la sociedad civil, marcharon para exigir la derogatoria de la ley que reformó tres códigos y seis leyes nacionales.

La ley, la más polémica aprobada por la actual administración, establece –entre otras cosas– la posibilidad de eliminar la evaluación ambiental oficial, y limita el derecho a huelga.

Con pancartas con mensajes como “Panamá no se vende” y gritando consignas contra el gobierno y los diputados, los manifestantes recorrieron pacíficamente la ruta que los condujo desde el parque Porras hasta la Plaza de la Independencia, cerca del Palacio Presidencial.

Al llegar a las inmediaciones del Palacio de las Garzas, los manifestantes entregaron una carta al mandatario en la que demandan la derogatoria de la ley. También convocaron para otra manifestación el 29 de junio.

Gremios como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados analizarán la posibilidad de llamar a una huelga general.

En David, Chiriquí, y en otras comunidades del interior del país también se realizaron manifestaciones de protesta.

En la mañana de ayer, el presidente, Ricardo Martinelli, calificó la polémica ley como “necesaria”, y aseguró que no la derogará.

polémica legislación que reformó tres códigos y seis leyes nacionales

Miles repudian la ley 9 en 1

A pocos días de cumplir un año en el poder, el gobierno de Martinelli enfrenta la primera protesta multitudinaria por polémica legislación.

manifestantes. Con pancartas contra ministros de Estado y gritando consignas, los participantes exigieron la derogatoria de la Ley 30 y amenazaron con realizar una huelga general si no se deroga. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

Isidro Rodríguez
irodriguez@ prensa.com

Bajo una pertinaz lluvia, miles de personas pertenecientes a grupos ambientalistas, sindicatos obreros, educadores, médicos, estudiantes y servidores públicos, marcharon ayer de forma pacífica para demostrar su repudio a la recién sancionada Ley 30, que reformó los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, así como otras seis leyes.

Los primeros en llegar al lugar del inicio de la manifestación –el parque Porras– fueron los miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

A las 4:30 p.m., tras esperar que la lluvia amainara, partió la marcha.

A pesar de que la mayoría de los manifestantes eran miembros del Suntracs, fue también notoria la participación de jóvenes miembros de distintas organizaciones que luchan por el ambiente. “El Gobierno quiere vender a Panamá”, denunciaban.

También marcharon dirigentes de gremios médicos y de docentes.

Los manifestantes tomaron por la Avenida Perú y luego por Calidonia. Desde los balcones, la gente aplaudía. “Si se unen los mirones no nos vencerán”, fue la respuesta de los manifestantes.

Al pasar por la Asamblea Nacional, los manifestantes se detuvieron y gritaron consignas contra los diputados: “ahí están, esos son, lo que venden la nación”.

La marcha continuó por la Peatonal y la Avenida B para entrar a San Felipe, llegando a los predios del parque Catedral a eso de las 6:00 de la tarde. Ahí encontraron a los antimotines, que resguardaban férreamente el área.

Jaime Cohen, secretario de asuntos comunitarios, salió a recibir a la comitiva designada por los manifestantes. “Me retiro porque aquí no hay nada que hacer” fue su comentario, tras recibir una carta dirigida al presidente, Ricardo Martinelli, que le entregó el dirigente magisterial Mario Almanza.

Luego, dirigentes de cada gremio participaron en un corto mitin, retirándose pacíficamente antes de las 7:00 de la noche.

CONTRADICCIONES

En la mañana de ayer, el presidente Martinelli aseguró que “es lo que más le conviene al país”, mientras que su vicepresidente, Juan Carlos Varela, habló de que “nada está escrito en piedra”.

En sus primeras declaraciones sobre el tema tras retornar al país, el Presidente aludió a los errores en la divulgación cometidos por el gobierno, pero que de haberse hecho en leyes separadas, las reformas hubieran tardado años en aprobarse.

Martinelli negó que la ley es “una licencia para que los policías maten”, como se ha denunciado, y calificó de “falso” el hecho de que no se exigirán los estudios de impacto ambiental.

Con respecto a las reformas al Código de Trabajo, Martinelli dijo lo mismo que se ha estado escuchando de boca de sus ministros: que se trata de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(Con información de Mary Trini Zea)

EL LUNES PRESENTAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El secretario de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, y el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Rogelio Cruz, anunciaron que este lunes presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la recién sancionada Ley 30.

Herrera destacó que de esta acción legal participan todas las agrupaciones y gremios ambientales, sindicalistas, profesionales y ciudadanas que se oponen a la norma, por ser esta violatoria de los derechos humanos y la Constitución. Según Cruz, la nueva ley permitirá que miembros de la Fuerza Pública asesinen y no sean investigados. “Esto es impunidad”, expresó.

Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), opinó que detrás de la aprobación de la Ley 30 hay intereses de empresas que licitan con el Estado. Saúl Méndez, del Suntracs, también aludió a intereses ocultos.

Eduardo Mendoza

Sanción de la “Ley Chorizo” causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

III comunicado de rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

III COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIONES AMBIENTALES, DE DESARROLLO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

Rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos que desde el inicio de los debates del proyecto de ley 177 estuvimos dispuestos a participar en las consultas de primer debate exponiendo a través de argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos las razones de por qué esta ley lesiona los intereses nacionales para el desarrollo sostenible y equilibrado.

Ninguno de los argumentos y razones expresadas fueron atendidos. Muy por el contrario prevaleció siempre la actitud de aprobar el proyecto cerrando toda posibilidad de reconsiderarlo y convocar un proceso abierto, transparente y amplio de consulta ciudadana.

Por lo antes expuesto, las organizaciones ambientales que suscriben este comunicado repudiamos la sanción de la ley por parte del Presidente, lo cual interpretamos como un desinterés palpable de valorar la dimensión ambiental como parte de la Agenda de Estado y fortalecer la institucionalidad ambiental que tanto ha costado construir en Panamá.

Esta modificación de la ley ambiental, de manera inconsulta y arbitraria, no mide las consecuencias que este retroceso implica para el bienestar social y económico del país. Además de atentar contra el orden jurídico ambiental, constituye también una afectación del derecho humano fundamental de un ambiente sano garantizado por la Constitución y otros instrumentos de derecho internacional.

Como muestra de nuestro rechazo a la sanción de esta ley, anunciamos que estaremos manifestándonos de distintas maneras, a nivel local e internacional.

Estaremos interponiendo las acciones legales correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia y ante organismos internacionales de derechos humanos.

¡Panamá NO se vende!

Alianza Contaminación Cero (ACC)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ)
Alianza Pro Ciudad
Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí
Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA)
Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
Asociación Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación de Estudiantes de Biología (ADEB)
Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí
Asociación de Productores de Renacimiento (APRE)
Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook (APROJAL)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (APRECLA)
Asociación de Derecho Procesal Marítimo
Asociación Ecologista Panameña
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (PANAIDIS)
Capítulo Panamá
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Asociación Oceánica de Panamá (AOP)
Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC)
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí
Asociación para la Protección del Mar (PROMAR)
Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales (CAPECA)
Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Investigación y Derechos Humanos de Panamá
Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)
Colegio Nacional de Abogados (CNA)
Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí
Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí
Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí
Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí
Comunidad de Santa Marta, Chiriquí
Congreso General Ngöbe-Buglé
Consejo de Salud, Seguridad y Medioambiente de Panamá (COSSMAP)
Conservation International (CI)
Fundación Albatros Media
Fundación Almanaque Azul
Fundacion Avifauna Eugene Eisenmann
Fundación Humanitas
Fundación MarViva
Fundación NATURA
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
(FUNDICCEP), ChiriquÍ
Grupo la Zapatilla Verde
Grupo Orgánico de Agricultores Cerropunteños (GORACE)
Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur
Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí
Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Centroamérica
Manos & Cerebros
Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas
Movimiento Juventud Revolucionaria, Colegio José Daniel Crespo, Chitré
Movimiento M10 de Tabasará
Red Nacional de Defensa de los ríos, tierras y comunidades
Sociedad Audubon de Panamá (SAP)
Sociedad Mastozoológica de Panamá

Panamá, 16 de junio de 2010