Petaquilla un desastre ambiental y un robo a la nación

PINTADA DE VERDE

¿INSTITUCIONALIDAD?. En estos días hemos visto una avalancha de noticias que dan cuenta de los trabajos que los señores de la mina de Petaquilla llevan a cabo para iniciar la extracción de oro, en abierta violación de la legislación vigente que expresamente prohíbe empezar las obras sin la aprobación del estudio de impacto ambiental. El alarde de la empresa y su evidente impunidad llama la atención. Tampoco parece importar que la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (Anam) tenga en proceso una investigación administrativa por afectaciones a ríos y talas sin permiso.

Esta acción tiene como sanción la suspensión temporal o definitiva de la obra. Tampoco parece importar que haya varias denuncias penales por la misma causa que es penada con prisión de hasta cuatro años. Pero, ¿de qué estamos hablando? Dejando para otro día el tema de la explotación de cobre, se trata de una mina de oro a cielo abierto cuya explotación implica enormes peligros de contaminación. Justamente por eso, Costa Rica decidió establecer una moratoria completa de este tipo de minería. “Los costarricenses simplemente no están interesados en abrir su país a la explotación minera a costa del medio ambiente”, fue el sustento oficial del país que ha visto en la protección de su biodiversidad la mejor “mina de oro” posible. La pregunta entonces es si el sacrificio al ambiente que sufriremos será compensado con los beneficios económicos.

Una rápida lectura al contrato de concesión aprobado en tiempos de Ernesto Pérez Balladares y convertido en ley en 1997, deja en evidencia la respuesta. Los invito a revisarlo (Ley 9 de 1997, G.O. 232359) para que vean que los señores de Petaquilla –con Richard Fifer a la cabeza– no solo pueden explotar por 20 años (y dos prórrogas) oro, cobre y “otros minerales” y construir todo tipo de infraestructuras, sino que obtuvieron un régimen de exoneraciones de espanto. Frente a esta realidad, uno se pregunta ¿dónde están las instituciones del Estado que están supuestas a velar por el bien colectivo?

Lina Vega Abad
lina@prensa.com