Minería sigue pidiendo todo el país

ORO. SONÁ Y LAS PALMAS Serán LOS DISTRITOS AFECTADOS POR ESTA ACTIVIDAD.

Mina pide más tierras

La empresa Oro Gold pidió expandir su concesión a 95 mil 149 hectáreas, 86 mil 149 más de lo que pidió al inicio.

Comités ciudadanos saldrán a protestar, y acusan al Ministerio de Comercio de incumplirles una promesa.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La empresa canadiense Oro Gold solicitó al Gobierno que le amplíe su concesión de 9 mil a 95 mil 149 hectáreas.

La petición no ha sido resuelta, pero el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, señaló que la ley no le permite a esta entidad detener la solicitudes mineras si cumplen con los requisitos.

La población de Soná y Las Palmas, en Veraguas, está nuevamente en pie de guerra en contra de la actividad minera que se piensa desarrollar, sobre todo, porque el Ministerio de Comercio e Industria les incumplió una promesa de parar el proyecto de la canadiense el año pasado, y ahora ven que la amenaza es mucho mayor.

En el sitio donde pretenden desarrollar la mina de oro hay zonas costeras que son parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Isla de Coiba.

La empresa Oro Gold avanza en su obra. En su página web anunció que hizo muestreos de oro y cobre blanco en Soná.

Dos comités ciudadanos ya anunciaron que habrá protestas.

CONCESIÓN EN VERAGUAS. LA CANADIENSE ORO GOLD YA PROMOCIONA SU PROYECTO POR INTERNET.

Minera busca tomarse todo Soná y Las Palmas

La empresa solicitó ampliar la concesión a 95 mil hectáreas. El Gobierno aún no ha contestado la petición.

La población del lugar retomó esta semana la lucha anti-mina y prepara jornadas de protesta.

LA PRENSA/Carlos Lemos
EN PELIGRO. La zona costera de Bahía Honda, donde residen 2 mil pescadores artesanales, también está incluida en lo solicitado por Oro Gold, a pesar de formar parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional isla de Coiba.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

La población del distrito de Soná volvió a activar sus comités cívicos para retomar su lucha en las calles en contra del desarrollo de una mina de oro y cobre en el lugar, un proyecto que parecía haber muerto y que ha reaparecido con la amenaza de un mayor impacto.

En el Ministerio de Comercio e Industrias las solicitudes de una sola empresa, la canadiense Oro Gold, ya abarcan 95 mil 149 hectáreas entre Soná y el distrito vecino de Las Palmas, incluyendo áreas del Golfo de Montijo que son parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Isla de Coiba.

“No queremos quedar como Petaquilla, donde ya nadie puede parar la mina y los daños ambientales son irrecuperables”, dijo Benedicto Santos, secretario del Comité Sí a la Vida Soná-Las Palmas.

A la agrupación le preocupa que el trámite de la concesión de Oro Gold se haya elevado de 9 mil hectáreas en 2007, a más de 95 mil hectáreas en la actualidad. Esto representa una superficie casi igual al total de tierras sembradas con arroz en todo el país.

Las dimensiones pedidas para el proyecto de Oro Gold superan con creces las de la mina de Petaquilla, en Colón, donde la concesión es de 13 mil 600 hectáreas.

La población empezó a reorganizarse desde esta semana para salir a protestar en contra del movimiento minero que, afirman, ya penetró los partidos políticos del lugar y logró que el Ministerio de Educación incorpore en el plan de estudios del colegio Bonifacio Alvarado una cátedra especializada en el sector minero.

Los representantes del Comité Sí a la Vida Soná-Las Palmas y el Comité por los Derechos de los Ciudadanos Sonaeños manifestaron a este diario que el Gobierno ha incumplido su promesa de frenar esta mina, y por el contrario todo el proceso ha estado avanzado y se ha ampliado a casi todo el territorio del distrito de Soná y Las Palmas.

UN COMPROMISO A MEDIAS

El 9 de agosto de 2007, el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, viajó a Soná, provincia de Veraguas, para calmar a la población que estaba alarmada por el desarrollo del proyecto minero.

Como parte de las promesas, Paredes firmó un acuerdo extrajudicial en el que se compromete a darle trámite a la solicitud de suspensión de la concesión de exploración otorgada a Oro Gold.

Ahora los representantes de los comités mencionados dicen haber sido engañados con este acuerdo firmado por Paredes hace más de un año.

“Queremos parar esto antes de que arranque”, dijo Víctor Hugo Ábrego, otro de los dirigentes del Comité Sí a la Vida Soná-Las Palmas.

Estos grupos apuestan a que el distrito pueda desarrollar el turismo, por el potencial que tienen las tierras, algo que –agregan– se complementaría con la ganadería y la siembra de arroz, actividades tradicionales del lugar.

PROCESO AVANZA

La polémica en Panamá parece no detener los planes de Oro Gold, empresa canadiense que también tiene operaciones mineras en México.

En su página de internet, la empresa promociona que en Panamá ha logrado adjudicarse cinco sitios para exploración de oro y otros metales, áreas que en total suman 750 kilómetros en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera y Darién.

En el caso de Soná y Las Palmas, la compañía sostiene que ha realizado muestreo de sedimentos en 90 cuencas hidrográficas que representan el 55% de la propiedad. Esto incluye exploración de oro y cobre blanco, según informó Oro Gold en su página.

Este diario buscó la versión de los representantes de la minera en Panamá, pero estos no respondieron a la solicitud.

Mientras, los comités anti-mina denunciaron esta semana que las exploraciones mineras han incluido el lugar llamado Quebrada de Oro y todos los ríos que se encuentran en Soná.

“Hasta se han metido a propiedades privadas sin tener autorización del dueño, y nadie les hace nada. Ya se creen dueños del pueblo”, dijo Bernabé Alain, otro líder comunitario.

Incluso, el anteproyecto de ley que también buscaba declarar a Soná área de exclusión minera solo llegó hasta primer debate en la Asamblea Nacional, y se mantiene congelado.

Aun así el anteproyecto, como está redactado, no pararía los trabajos mineros de Oro Gold ya que uno de sus artículos establece que se respetarían todos los permisos otorgados con anterioridad.

Paredes: ‘todo está en trámites, nada más’

El viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, se defendió de los ataques de la población de Soná y señaló que lo que promociona Oro Gold en su página de internet no guarda relación con la documentación que se encuentra en el Ministerio de Comercio e Industrias.

Indicó que parte del problema es la propia legislación que ha permitido que la minera Oro Gold “pida y pida” permisos para exploración minera.

“Si ellos presentan toda la documentación no podemos negarle el recibido de la solicitud. Pero todo está en trámite, nada ha sido aprobado”, dijo Paredes. Al igual que se encuentra en trámite desde hace más de un año una solicitud de la población de Soná para anular la primera concesión de exploración de Oro Gold.

“Si ellos realizaron exploraciones en Soná, lo hicieron de manera ilegal, pero la población o los comités organizados debieron poner la denuncia y no lo hicieron”, agregó el funcionario.

Crónica de Minera Cerro Quema

CERRO QUEMA: PROHIBIDO OLVIDAR

Muchas cosas han sucedido en Cerro Quema. Pasada una década, otra vez aparece la empresa minera  y pretende, con las mismas mentiras camufladas con el ropaje de la generación de empleo, el apoyo a las comunidades y un conjunto de “regalías” a la sociedad santeña, explotar el yacimiento minero. Ahora se habla de la reducción del tamaño de la mina, del “respeto” al ambiente y de que hay que “corregir” lo que ayer no se hizo.

Ya sea que la llamemos  Minera Cerro Quema o le asignemos cualesquiera otro nombre, estamos ante la misma situación de destrucción ecológica y de ansias de riqueza, sin importar las consecuencias que se derivan para el conjunto de la sociedad regional. Para que no olvides, te traigo estos recuerdos del pasado.

·          26 de diciembre. Mediante resolución de esa fecha se aprueba el contrato de Minera Cerro Quema S.A.

·          1997, 18 de abril. Se crea el Frente Santeño Contra La Minería.

·          1997, 15 de junio. El obispo Lacunza envía carta al ministro del MICI indicandole que la mina debe ser cerrada.

·          1997, 16 de junio. Suspenden provisionalmente las labores en la mina por contaminación. La empresa quema la vegetación con diesel.

·          1997, 17 de junio. Destituyen a ingeniero por contaminación.

·          1997, 23 de junio. El Consejo Municipal de Macaracas pide que se suspenda el proyecto minero.

·          1997, 24 de junio. El MICI suspende por cuatro meses a la empresa minera y la culpa de sus desatinos.

·          1997, 4 de julio. Accidente en la mina. Amputan pierna a un trabajador de la empresa.

·          1997, 16 de agosto. Un contingente de policías se establecen en el área de la mina.

·          1997, 28 de agosto. El Frente entrega al gobernador de la provincia una carta para el Presidente de la República con miles de firmas oponiéndose al proyecto minero.

·          1997, 1 de septiembre. Carta de protesta al Sr. Presidente.

·          1997, 17 de septiembre. Son arrestados 6 miembros del Frente Santeño.

·          1997, 18 de septiembre. Son arrestados 18 miembros del Frente Santeño. Minera Cerro Quema presta sus locales para que sirvan como cárcel a la población. Mujeres, hombres, niños y ancianos son agredidos con bombas lacrimógenas.

·          1997, 20 de septiembre. Desaparece un miembro del Frente que aparece con posterioridad

·          1997, 2 de octubre. La Iglesia Católica dice que no aceptará donaciones de la minera.

·          1997, 5 de octubre. Alrededor de 5,000 personas protestan en Tonosí. Exigen el cierre del proyecto minero.

·          1997, 1 de noviembre. Profesores del Colegio de Macaracas se oponen a explotación de Cerro Quema.

·          1997, 12 de noviembre. Asamblea de padres de familia del Colegio de Macaracas exigen cierre de proyecto minero.

·          1997, 18 de noviembre. Profesores del IPTA se oponen a la mina.

·          1997, 20 de noviembre. A raíz de los sucesos renuncia el gobernador santeño.

·          1997, 29 de noviembre. Desconocidos incendian la casa de Secundino Jaén, Presidente del Frente.

·          1997, 4 de diciembre. Secundino Jaén denuncia amenazas de muerte.

·          1997, 9 de diciembre. La empresa Constructora y Asociados S.A. secuestra los bienes a Minera Cerro Quema S.A., argumenta falta de pago.

·          1997, 17 de diciembre. Minera Cerro Quema no atiende reclamos de trabajadores.

·          1998-2002. Se produce diversos intentos de abrir la mina y la oposición del Frente.

·          2001, 31 de diciembre. Aparece en Río Quema extraño fenómeno. El río se tiñe de rojo.

·          2003, 18 de enero.  Anuncian que la explotación de la mina se iniciará el 15 de febrero.

·          2007, diciembre. Minera Cerro Quema quiere abrir la mina.

·          2008, 6 de enero. El Frente emite comunicado declarando al 2008 como AÑO DE LUCHA ANTIMINERA

·          2008, 14 enero. El Consejo Municipal de Tonosí  emite una resolución en la que rechaza el proyecto minero y declara al municipio como territorio libre de la minería.

·          2008, 7 de febrero. El Consejo Municipal de Macaracas emite una resolución en la que respalda en todas sus partes la Resolución de Tonosí y se declara territorio libre de la minería.

·          2008, 8 de febrero. El Consejo de Guararé emite una resolución en la que respalda la resolución emitida por Tonosí y se declara territorio libre de la minería

 

 

ALGUNAS RAZONES  PARA OPONERSE  AL PROYECTO MINERO DE CERRO QUEMA

 

  a. “La población no ha sido consultada“. La empresa minera, en alianza con el MICI, impuso a la población el proyecto minero sin entrar en una discusión seria y sincera de las implicaciones ecológicas y sociales del proyecto. Incluso el Estado asignó a Minera Cerro Quema S.A. un globo de terreno que inicialmente tenía  5,000 hectáreas, por lo que algunos moradores se vieron coacciona­dos a la hora de vender sus heredades a la empresa.

 

b. “El tipo de explotación minera es el más contaminante“. La explotación responde a un sistema extractivo conocido como “mina de cielo abierto”. Esta técnica exige eliminar toda la capa vegetal que cubre la zona, triturar millones de toneladas de rocas (sacando una onza de oro por cada 100 toneladas), cavar fosas que tendrían profundidades que podrían superar los 150 metros, construir la tina de lixivia­ción (donde se rocía la roca con cianuro las 24 horas del día).

El Frente sostiene que este procedimien­to no garantiza que la membrana geotérmica (especie de grandes carpetas que separan del suelo las rocas regadas con cianuro y otras sustancias tóxicas), cumplan con la labor a ella encomendada. La experiencia indica que en la mayoría de los casos ocurren roturas en la membrana protecto­ra. Además, el procesa­miento de millones de toneladas de rocas exige un trabajo que se realizará las 24 horas del día, 365 días al año durante un período que fluctúa entre 5 a 10 años.

A todo ello debemos añadir que el material producto de la extrac­ción minera genera un proceso que se conoce como “drenaje ácido de minas”. Esto significa que el indicado material de desecho contiene canti­dades de sulfuro que al entrar en contacto con el aire y agua produce ácido sulfúrico. Según los especialistas el ácido promueve daños ambientales que se prolongan muchos años después que la mina ha sido cerrada.

Valorando estas razones, el Frente estima que los riesgos de la minería son muy altos y podrían poner en peligro a amplias zonas geográficas de la región de Azuero y, en especial, de la región tonosieña.

 

c. “Los beneficios económicos son pírricos“. Como hemos apuntado arriba, mientras la empresa se apropia del 98% de las ganancias brutas, el Estado recibe el 2% restante y los municipios el 15% del 2% que correspon­de al Estado. En otras palabras, por cada B/100.00, el Estado recibe B/ 2.00 y los municipios el equivalente a B/ 0.30 centésimos. Pero como quiera que el 15% debe distribuirse entre tres municipios, a cada uno de ellos le corresponde B/0.10 centési­mos. Es decir, mientras por cada B/100.00 la empresa se ga­na B/98.00, cada distrito santeño recibirá B/ 0.10 centésimos.

Ante estos hechos Minera Cerro Quema argumenta que la minería generará una gran empleomanía. Según informaciones de la empresa ésta contribui­rá con 149 puestos de trabajo que tendrán un efecto multiplicador sobre la economía regional. En este punto convie­ne recordar que el habitante de la zona no tiene experiencia en labores mineras, ni la califica­ción técnica necesaria para devengar salarios jugosos. Lo que significa que el santeño tendrá que laborar como trabajador no calificado y en las actividades de más alto riesgo (en la llamada tina de lixiviación, por ejemplo). Aparte de que un proyecto minero como Cerro Quema no logra compensar y pone en peligro una inversión agropecua­ria que supera los B/200 millones en el Valle de Tonosí.

ch. “Los daños ecológicos son cuantiosos“. La naturaleza de la explotación exige el desmonte de toda la capa fértil de la zona. Ya han sido taladas decenas de hectáreas de montes, destruida la Quebrada Chontal, contaminado con sedimenta­ción el cauce del Río Quema, sometidos a alto riesgo los animales (entre otros los monos y aves existentes) y las fuentes de aguas que abastecen a la región de Azuero.

Como hemos explicado en otro momento, el agua es un recurso vital para la provincia santeña. Con la instalación de la mina el problema de la tala indiscrimi­na­da de árboles se agudiza al establecer en la serranía del Canajagua un proyecto tan contaminante como el aludido. Para la ecología y economía regional sería devastador que se contaminara con sustancias tóxicas, producto de la minería, la cuenca hidrográfica del Canajagua.

d. “El país no cuenta con la tecnología ni con los recursos económicos para la explotación“. Carecien­do el Estado de tecnolo­gía apropiada y de recursos económicos propios, es poco menos que irrisorio que éste se empeñe en explotar una mina a cielo abierto -con todos los riesgos que ello implica- sabiendo que la explotación de Cerro Quema es un mal negocio. Porque además de que el Estado casi no obtendrá nada por el oro, la mina atenta contra la economía de una importante región interiorana y afecta la calidad de vida del hombre que vive en la provincia santeña.

e. “La mina está próxima a la más importante falla geológica de Azuero“. En efecto, muy próximo al proyecto -entre Macaracas y Llano de Piedra, a escasos kilómetros de Cerro Quema – encontramos una falla de alta peligro­sidad. Existen registros de temblores que alcanzan los 6 grados en la escala Richter. Todo ello muy cercano a un proyecto minero que se caracterizará por el uso de tinas de lixiviación a cientos de metros sobre el nivel del mar.

Las razones previas son algunos de los argumentos que el Frente presenta para oponerse al desarrollo de la minería en la Península de Azuero. La problemática se torna aún más candente, al considerar que en la vecina provincia herrerana están en fase de explora­ción los probables yacimientos de Los Pozos ( La Pitaloza ) y Las Minas ( El Castillo). La última muy próxima a la Reserva de El Montuoso; sitio en donde nacen ríos tan importantes como La Villa, Suay y otros.


Fuente: Agora y Totuma, No. 244. Año 17, 21/III/2008, Universidad de Panamá.

Implicaciones de la minería a cielo abierto

AMENAZAS.

Implicaciones de la minería a cielo abierto

Alida Spadafora

La explotación de minerales metálicos a cielo abierto es aquella que para su desarrollo necesita desnudar y remover el suelo para extraer el mineral que se encuentra disperso en la roca y la tierra a diferentes profundidades.

Producto de este tipo de explotación minera, hay varios problemas graves. El primero –con una afectación irreversible– es la remoción total, en cientos de hectáreas, del tesoro más rico que tenemos: nuestro bosques y la biodiversidad que albergan. Estos bosques, bien manejados, podrían sostener a cientos de familias a largo plazo mediante lo que se conoce como forestería comunitaria, modelo de aprovechamiento forestal, actualmente desarrollado exitosamente en comunidades indígenas de Darién.

El segundo problema es que al no contar el suelo con una capa vegetal, se incrementa la escorrentía de las aguas de lluvias, provocando altos niveles de sedimentación en cursos de agua, lo que acaba con la vida acuática en ríos y costas, y perjudica la salud humana. Se intensifican las crecidas de los ríos, produciéndose inundaciones y deslizamientos, y luego afirman algunos que la naturaleza “castiga”.

El tercer problema –más extensivo y persistente– de la minería a cielo abierto es el llamado drenaje ácido producido en áreas con yacimientos metálicos por la simple exposición de la roca y la tierra removida del subsuelo, cuyos minerales reaccionan con el agua y el viento produciendo sustancias tóxicas para todo ser vivo, incluyendo a los humanos. Este drenaje ácido continúa produciéndose en el sitio por cientos y miles de años.

El cuarto problema de la minería a cielo abierto –en particular la de oro– es que utiliza grandes cantidades de cianuro. No importa qué tanta “tecnología de punta” promueva una empresa minera, el país no está preparado para manejar ni controlar adecuadamente estos químicos. Además, para diluir el cianuro se necesitan extraer volúmenes colosales de agua de los ríos, cambiar sus cursos y afectar el nivel de las aguas subterráneas.

Y hay más problemas: ¿qué hacer con los desechos? Para producir un anillo de oro se necesita generar alrededor de 20 toneladas de desechos tóxicos, según un estudio del 2004 de Oxfam y Earthworks, dos organizaciones mundialmente reconocidas.

Tenemos al menos dos grandes dilemas en el país. Siendo la deforestación la segunda mayor causa del calentamiento global, Panamá muy atinadamente presentó en la reciente cumbre de cambio climático una estrategia para incentivar la conservación de los bosques en la que podría pagarse 90 dólares o más anuales por hectárea conservada. Sin embargo, el mismo país regala nuestros bosques y territorio por un valor que va entre 50 centavos y 1.50 dólar la hectárea, pero para lo contrario, para devastarlos a causa de las explotaciones mineras a cielo abierto.

Otra gran contradicción es que el país promueva el turismo rural, como fórmula para reducir la pobreza, en las mismas provincias donde hoy se afectan cientos de hectáreas de bosques y se contaminan las áreas que podrían haber generado medios de vida a largo plazo. Otro ejemplo es que a partir de diciembre de 2008 Colón será puerto de embarque de líneas de cruceros por el Caribe, iniciativa lograda gracias a la promoción de nuestros ricos recursos naturales y belleza natural…

¡Como país debemos ser coherentes!

Si socialmente la minería trajera soluciones para aliviar la pobreza, no tendríamos a miles de personas en países hermanos que reclaman sufrir altos costos sociales. Por esto, organizaciones conscientes hemos solicitado una moratoria a la minería a cielo abierto para discutir, de forma transparente y participativa, si esta actividad es más beneficiosa para el país que el turismo rural que promueve el Instituto Panameño de Turismo, la forestería comunitaria o el pago por servicios ambientales promovidos por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Todo esto puede caer en oídos sordos, pero puede también calar en personas responsables de la sociedad panameña y de los gobiernos, que ante la magnitud de los impactos referidos, pueden decidir actuar visionariamente y acorde con un verdadero desarrollo sostenible.

La autora es directora ejecutiva de ANCON