Panamá: gobierno confronta con violencia a manifestantes indígenas, campesinos y obreros

Gobierno de Panamá, hace uso de fuerza para imponer ley que concede territorios indígenas para hidroeléctricas y minería.

Enlazamos nuestra fuente al portal OTRAMERICA, que como medio internacional, no corporativa, cubre paso a paso los eventos que ocurren en Panamá.

Por favor acceda al sitio:

http://otramerica.com/

A nivel nacional recomendamos la cobertura de La Estrella de Panamá (noticias frescas muy rápido en línea) y la Prensa (un poco lento en su cobertura, pero aceptable). En todo caso Burica Press recomienda leer con cautela todas las fuentes.

La noticia ha sido recogida por los medios internacionales, pero aún sigue siendo débil la cobertura internacional y muy sesgada la cobertura nacional. Los canales de televisión panameña, si bien cubren, mientras lo hacen, llenan con argumentos de opinión los hechos reales. El televidente incauto puede fácilmente ser manipulado.

Cuando un hecho ocurre, el medio simplemente debe cubrirlo. No le corresponde al periodista dar su opinión a favor o en contra. Eso lo debe hacer otro actor y de ambos lados de la moneda.

El periodismo panameño sigue cojo, y seguirá cojo, mientras la misma gente que detenta el  poder, es la gente que informa.

Lamentable que los periodistas hayan decidido que los comunicados de la  Policía Nacional son verdad incuestionable y la verdad del campo esté detrás. Un sólo par de horas han demostrado que los comunicados han estado llenos de mucha falsedad y manipulación.

Gracias a Otramérica por cubrir minuto a minuto estos eventos.

Burica Press

La Policía Nacional de Panamá ha reprimido con fuerza a los manifestantes indígenas. Parecen felices de su actos.

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Minería: Comarca Gnäbe Bügle en pie de lucha con el gobierno

INDIGENAS AVANZAN HACIA UNA GRAN MANIFESTACIÓN ANTIMINERA EN SUS TERRITORIOS

Desde muy temprano los indígenas se trasladaron a San Félix. Foto: Mauricio Valenzuela (Epasa)

Cerca de 2,500 indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, llegaron hace escasos minutos a la carretera panamericana a la altura de San Félix y obstaculizan la circulación vehicular, en protesta por la aprobación y sanción de la ley que introduce reformas al Código Minero.

Según los resportes, el pueblo Ngäbe Buglé ejecuta bajo el candente sol, las danzas (Jegui) como símbolo de unidad en la lucha.

Se informó que los indígenas mantendrán el cierre de la vía hasta las tres de la tarde.

Rogelio Montezuma, de la Coordinadora Comarcal contra la explotación Minera, indicó a EPASA que el cierre que realizaran es de manera indefinida. “El pueblo indigena exige que el Gobierno Nacional derogue inmediatamente la Ley 8 que reforma el Código Minero”, manifestó.

Agregó que una vez se reúnan con las autoridades del gobierno le entregaran unas peticiones.

Se conoció que los sectores de Chorcha en San Lorenzo, en el Viguí en el distrito de Tole, David y en las provincias de Bocas del Toro y Veraguas se efectuaran cierres de calles.

Los comercios en San Félix se encuentran cerrados tras el anuncio de la protesta en diferentes puntos en la provincia de Chiriquí.

En tanto, las autoriadades se mantienen en estado de alerta y no se descarta que las unidades del control de multitudes intervengan para reestablecer la circulación de los vehículos.

También en Santiago, provincia de Veraguas, indígenas realizaron esta mañana piqueteos y cierre de calles en protesta por la ley 277, que es la que hace cambios al Código Minero.

Fuente: El Panamá América–15 de febrero de 2011
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MILES DE INDIGENAS GNÄBE BUGLE SE MANIFIESTAN EN PANAMÁ

12:37 p.m. – SAN FÉLIX, Chiriquí.- Unos 2 mil indígenas de la comarca Ngäbe Buglé empezaron a marchar desde el corregimiento de San Félix hasta el cruce de la Panamericana, en donde cerrarán esta importante vía.

Desde las 11:37 a.m. de hoy, 15 de febrero, comenzó el desplazamiento de los originarios de la comarca. Vestidos con la indumentaria propia de su etnia, los indígenas avanzaron cargando pancartas e instrumentos musicales.

Rogelio Montezuma, coordinador de la lucha contra la minería, dijo que la marcha se hace para solicitar la derogación “inmediata” de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011 que reforma el Código de Recursos Minerales. “Esa es nuestra propuesta”, dijo.

Montezuma indicó que después de 528 años de historia y lucha los indígenas no aceptarán que destruyan sus tierras.

El dirigente agregó que el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, no es la persona indicada para dialogar sobre la minería a cielo abierto. Debieron enviar el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, acotó.

De acuerdo con Montezuma, “toda la comarca está apoyando la lucha contra la explotación minera” y desmintió cualquier rumor sobre supuestas divisiones internas. “No estamos divididos”, recalcó.

Fuente: La Prensa – 16 de febrero de 2011

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CONCENTRACIÓN DE CIUDADANOS DE LA COMARCA NGOBE EN SAN FELIX, PARA RECHAZAR NUEVA LEY MINERA

Paco Gómez -HREV

A los casi 3.000 manifestantes concentrados en el cruce de San Felix se unen numerosas protestas por el resto de país, con una masiva presencia de ciudadanos que dicen NO a la minería a cielo abierto y No a la reforma del Cófigo Minero aprobda por el Gobierno de Ricardo Martinelli.

En Ojo de Agua y el puente de Viguí hay un millar de personas concentradas que cortarçan la carretera y en Tolé mas de un millar de campesinos de indígenas se concentran para cerrar tambien uno de los paños de la vía.

Tambien hay protestas en Rio Cobre, Chorcha, y en Santiago de Veraguas. En Boca de Monte hay concentardas unas 200 personas y se registraron cortes en Puerto Armuelles y Changuinola. Esta tarde hay convocada una concentración frente a la iglesia de El Carmen, en ciudad de Panamá.

De momento todo transcurre con normalidad y de forma pacífica, y no se observan policías en los puntos de protesta. Sin embargo hay noticias de antimotines en zonas cercanas, a la espera.

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INDIGENAS Y CAMPESINOS PROTESTAN EN VERAGUAS

Las vías en Río Cobre, Ojo de Agua y Río Vigui , en la provincia de Veraguas, están cerradas por campesinos e indígenas que se unen a los movimientos contra la reforma minera.

Solo en Ojo de Agua hay cerca de 500 personas apostadas en las calles, hasta el momento no han dado señal de despejar el paso.

Mientras, en la provincia de Chiriquí miles de ngäbe buglés, con pancartas y gritando consignas, se mantienen en la vía Interamericana.

Fuente: La Estrella de Panamá – 16 de febrero de 2011

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LOS ANTIMOTINES NO ESTÁN LEJOS DE LOS SITIOS DE PROTESTAS

Paco Gómez, HREV

La Asociacion de Educadores Veraguenses (AEVE), que desde el primer momento ha respaldado las protestas contra el Código Minero, reporta que a las dos de la tarde había  unas de 2 mil prsonas en el cruce de San Félix donde está cerrada de hecho la Vía Interamericana, barricadas en El Prado, provincia de Veraguas, donde protestan cerca de 700 personas, más de 1000 ciudadanos protestan en Tolé, Viguí, Boca de Monte. Los antimotines, afirma AEVE, no están acuartelados, como dice el viceministro Carles, están cerca de las manifestaciones.

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Panamá: Ambientalistas proponen ley para moratoria de minería metálica

Propuesta de Ley para moratoria de minería metálica en Panamá

Panamá, 25 de enero de 2011

Licenciada
Astrid Álvarez
Directora Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana
Asamblea Nacional

Respetada Directora:

Los abajo firmantes, haciendo uso de nuestros derechos humanos a la iniciativa ciudadana y a la participación política, acudimos ante usted a fin de que, por su conducto, sea sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley adjunto, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, el cual presentamos el día de hoy.

Aprovechamos la oportunidad para adjuntar, como respaldo a nuestra iniciativa, copia de los listados que contienen más de 19 mil 700 firmas de personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más”.

Agradecemos se le brinde el trámite correspondiente a este Anteproyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional que regula la presentación de las iniciativas ciudadanas.

Suscribimos esta iniciativa:

Félix Wing Solís
Miriam Pons
Francisco Gómez Nadal
Tania Arosemena Bodero
Rosabel Miró R.
Raisa Banfield
Alida Spadafora
Juan R. Sevillano
Arturo Dominici A.
Ana Z. Pérez McKenzie

ASAMBLEA NACIONAL

25 ENE. 11 / 1:10 P.M.

(Fdo.) Zulay Navarro

Dir. Part. Ciudadana

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

En marzo de 2010, la República de Panamá adquirió grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Ante el aumento en los precios internacionales de los metales, como es el caso del oro y el cobre, entre otros, el Gobierno Nacional anunció la apertura del sector minero a la inversión extranjera directa, sin antes contar con las debidas salvaguardas ambientales y sociales.

La existencia de estas salvaguardas reviste particular importancia, toda vez que, en nuestro país, los yacimientos mineros metálicos se encuentran en su mayoría ubicados en cuatro categorías de zonas vulnerables: a) las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo; b) las comarcas indígenas; c) las áreas de gran biodiversidad; y d) las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento; cuyas poblaciones humanas presentan además elevados índices de pobreza. Como agravante, la falta de información clara, oportuna y acorde con las necesidades de los diferentes grupos humanos impide una adecuada participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 3 de la Constitución Política, según la cual “el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”, el Gobierno Nacional ha invitado a los gobiernos de Corea del Sur y Singapur a invertir en minería metálica. En octubre de 2010, la Asamblea Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, cuyo Acuerdo de Inversión tiene por objeto proteger a las empresas mineras de ese país.

Este Acuerdo de Inversión es preocupante si consideramos que las empresas mineras canadienses comenzaron a operar en abierta violación de nuestras leyes. El Proyecto de Oro Molejón, entonces propiedad de la empresa Minera Petaquilla, que a su vez era subsidiaria de Inmet Mining Corporation, inició ilegalmente su construcción en enero de 2005 sin un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), demandó fallidamente la anulación de nuestros reglamentos ambientales ante la Corte Suprema de Justicia, y obtuvo en agosto de 2010 los permisos de explotación comercial y exportación, sin cumplir con los requisitos exigidos por la resolución ambiental.

La actual propietaria del Proyecto de Oro Molejón, la empresa Petaquilla Gold, mantiene un récord ambiental cuestionable. Los monitoreos realizados por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) señalan altos niveles de sólidos suspendidos y elevada turbiedad en el agua que sobrepasan los límites establecidos por la legislación vigente y que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa. Las inspecciones realizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en los meses de septiembre y octubre del 2010 arrojaron altos niveles de cianuro en una de las tinas de relave que alcanzó hasta 46 ppm, excediendo hasta más de 20 veces el límite de -2 ppm fijado en el EsIA aprobado por la ANAM.

A finales de 2010, la empresa Minera Panamá, actual subsidiaria de Inmet, presentó un EsIA con graves deficiencias técnicas, el cual debió ser evaluado por una empresa chilena contratada directamente por el Gobierno Nacional, después de admitir que la ANAM no cuenta con la capacidad técnica necesaria para evaluar los impactos ambientales de la minería metálica. Minera Panamá mantiene en la Corte Suprema de Justicia una demanda de amparo contra la resolución de la ANAM que crea el Área Protegida de Donoso.

Pese a estos graves antecedentes, el 13 de enero de 2011, el Ministro de Comercio e Industrias, autorizado por el Consejo de Gabinete, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 277, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, modifica el artículo 33 de la Ley 55 de 1973, modifica y adiciona artículos a la Ley 109 de 1973, sobre minerales no metálicos y se dictan otras disposiciones”, cuyo Primer Debate inicia hoy en la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos.

La presentación del Proyecto de Ley 277 ocurre pese a que diversas encuestas y sondeos de opinión indican que la mayoría de los panameños y panameñas estamos en contra de la minería metálica a cielo abierto, debido a los gravísimos impactos ambientales y sociales que genera dicha actividad y a las inmensas ganancias que obtienen las empresas mineras a costa del patrimonio de nuestros países.

Tampoco hubo oportunidad de que las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas, que residen en las áreas donde se pretende llevar a cabo este tipo de explotación, tuviesen la oportunidad de manifestar su consentimiento previo, libre e informado al contenido del Proyecto de Ley 277, antes de su presentación ante la Asamblea Nacional por parte del Órgano Ejecutivo, de conformidad con los estándares internacionales.

2.         NUESTRA PROPUESTA

2.1.     MORATORIA DE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO

Para hacer frente a la situación antes descrita, la moratoria prevista en el artículo 1 del Anteproyecto busca salvaguardar de esta amenaza a todo el territorio nacional, y particularmente a las cuatro categorías de zonas vulnerables identificadas al inicio de esta Exposición de Motivos. Describiremos a continuación los principales impactos de la minería metálica siguiendo la Guía para Evaluar EsIA de Proyectos Mineros, publicada por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW):

a) Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo

El impacto más significativo generado por la minería metálica a cielo abierto es la afectación en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos para el uso y consumo humano. El drenaje ácido y la lixiviación es la amenaza más grave a la calidad de agua, pues tiene el potencial de causar impactos a largo plazo, dejando ríos contaminados con valores similares a los de una batería ácida. Es poco probable que las plantas, animales y peces puedan sobrevivir en ríos con tales condiciones. Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre.  Arrastrados por las aguas los metales pueden viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y el agua subterránea lejos del punto de origen.

La erosión de los suelos puede degradar la calidad del agua superficial. El impacto sinérgico derivado de las fuertes tormentas tropicales y los suelos expuestos sin cobertura vegetal, permite que grandes cantidades de sedimentos (cargados con contaminantes químicos) sean arrastrados a los cuerpos de agua. El exceso de sedimentos en el agua, produce efectos tóxicos agudos y crónicos en la vida acuática.

Los impactos en la calidad del agua por los relaves, las rocas de desecho y las pilas de lixiviación pueden ser graves. Estos impactos incluyen la contaminación del agua subterránea que está debajo de estas instalaciones y en las aguas superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias tóxicas pueden lixiviarse de estas instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, especialmente si el fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido con una membrana impermeabilizante.

b) Las Comarcas Indígenas

Los impactos sociales de la minería metálica a cielo abierto son controversiales y complejos. Si las comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son compensadas adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en tensión social y conflictos violentos. El desplazamiento y la reubicación de comunidades es particularmente devastador para los pueblos indígenas con fuerte arraigo cultural y espiritual a sus tierras.

Los impactos ambientales causados por la minería, tales como la contaminación de los suelos, el aire y el agua, afectan la subsistencia y el sostenimiento de las comunidades locales. Las actividades mineras deben asegurar que los derechos fundamentales individuales y colectivos sean respetados, entre ellos el derecho al control y uso de la tierra, al agua limpia, a un ambiente y modo de vida seguros, así como también el derecho a no sufrir intimidaciones y violencia, y a recibir compensaciones justas en caso de pérdidas.

c) Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés), y las Áreas Importantes para Aves (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras

La explotación de minerales metálicos en áreas de alta biodiversidad afecta a miles de hectáreas de bosques primarios, cuencas hidrográficas clave y zonas costeras ricas en biodiversidad, y por ende a la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

La preservación de dichas áreas constituye la base para la supervivencia de especies endémicas de fauna y flora silvestres, ya que se trata de ecosistemas de alta fragilidad.

La alta precipitación que se produce en la mayoría de estas áreas crea grandes riesgos para el medio ambiente en extracciones mineras a cielo abierto, ya que el manejo de las aguas se hace incontrolable, lo cual conlleva a una gran erosión y sedimentación. El drenaje ácido presenta una gravísima amenaza para la salud por la contaminación del agua y los suelos, y porque persiste por décadas.

d) Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento

En las áreas protegidas, la vida silvestre se ve afectada por la minería principalmente debido a la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, provocando el inevitable desplazamiento de la fauna. Los efectos más directos en la vida silvestre son la destrucción del hábitat en áreas excavadas y en los depósitos de desechos mineros. Muchos animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados, reptiles y vertebrados pequeños son los más severamente afectados.

Cuando las áreas protegidas y los corredores biológicos sufren la fragmentación, es decir, cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños, esto resulta en grandes impedimentos o hasta en la imposibilidad de que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias. El aislamiento causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como la endogamia. Las especies que necesitan mayores extensiones de bosque pueden desaparecer.

2.2.     MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Como medida complementaria a la moratoria, estas cuatro categorías de zonas vulnerables son también incorporadas, por el artículo 4 del Anteproyecto, al listado de áreas de reserva minera previsto por el artículo 29 del Código de Recursos Minerales vigente.

En tal sentido, resulta evidente que tanto la referida moratoria como la inclusión de dichas zonas vulnerables en el listado de áreas de reserva minera no tendrán efectos retroactivos. De allí que sea necesario a su vez complementar ambas medidas con el artículo 2 del Anteproyecto, de modo tal que las empresas beneficiarias de permisos o concesiones ya existentes no puedan hacer uso de sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente en la extracción de metales.

Finalmente, el artículo 4 del Anteproyecto ordena al Ministerio de Comercio e Industrias proceder a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

3.         ANÁLISIS DE VIABILIDAD JURÍDICA

Esta iniciativa refuerza el deber fundamental del Estado de “garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana” (artículo 118 de la Constitución).

Además, en vista que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a través del método de explotación minera metálica a cielo abierto, es uno de los más destructivos desde el punto de vista ambiental, en especial cuando ocurre en el interior de bosques tropicales, con este Anteproyecto se busca evitar que se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales (artículo 121 de la Constitución) y a la vez asegurar que las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo respondan al interés público y al bienestar social (artículo 259 de la Constitución) de las presentes y futuras generaciones.

Del mismo modo, mediante la aprobación de esta iniciativa, el Estado panameño cumple con su obligación de garantizar “a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social” (artículo 127 de la Constitución).

Finalmente, al avalar este Anteproyecto, la Asamblea Nacional actuaría en modo consecuente con las recomendaciones de la Resolución 4.090, emitida durante el IV período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza  (Barcelona, 2008) por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), a la cual pertenece la República de Panamá, en la cual se “PIDE a los gobiernos de la región mesoamericana que cancelen las actuales exploraciones y explotaciones mineras a cielo abierto con probadas repercusiones negativas sobre el medio ambiente, y tomen las medidas preventivas necesarias para que en el futuro otorgamiento de permisos no se incluyan los relativos a la explotación minera a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones ambientales estratégicas y otros instrumentos ambientales pertinentes, en particular en el Corredor Biológico Mesoamericano.”

4.         CONCLUSIÓN

Este Anteproyecto es una reiteración de la Carta Abierta suscrita el 17 de noviembre de 2007, mediante la cual nueve organizaciones ambientalistas solicitaron al entonces Presidente de la República que declarase una moratoria de la actividad minera en Panamá (http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-panama/moratoria-actividad-minera-panama).

También constituye este Anteproyecto una reiteración de la Prioridad No. 3 de la Agenda Ambiental 2009, suscrita por 10 organizaciones, que dice así: “Decretar una moratoria a la minería de metales a cielo abierto hasta tanto se determinen los impactos y beneficios de dicha actividad en el marco de un desarrollo sostenible para el país, a través de una evaluación ambiental estratégica.” (http://www.agendaambiental09.org/)

Por último, mediante la presentación de esta iniciativa, los abajo firmantes honramos el compromiso adquirido con más de 19 mil 700 personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más.” Para mayor constancia, se adjunta copia de los listados que contienen las firmas de estos adherentes.

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Adiciónese el artículo 23-A al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-A. Se declara una moratoria en el otorgamiento de concesiones o permisos para la realización de actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, incluyendo las siguientes categorías de zonas vulnerables:

a)    Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

b)    Las Comarcas Indígenas;

c)    Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Claves de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

d)    Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, entendidas estas últimas como aquellas zonas delimitadas, adyacentes y/o circundantes ubicadas fuera de los límites de las áreas protegidas que, directa o indirectamente, sirven como defensa para proteger a dichas áreas de los impactos negativos causados por las actividades antropogénicas.

Durante esta moratoria, ningún permiso o concesión de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.

Artículo 2. Adiciónese el artículo 23-B al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-B. Los permisos o concesiones mineras que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 23-A de este Código deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional y los convenios internacionales, y no podrán hacer uso de técnicas de extracción de metales tales como lixiviación con cianuro, amalgamado con mercurio u otros medios de separación o beneficio que requieran el uso sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente.

Artículo 3. Adiciónese el artículo 23-C al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-C. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y con apego al debido proceso, procederá a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

Artículo 4. Adiciónese los literales d, e, f y g al Artículo 29 del Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 29. Las Áreas de Reserva que este Código establece son las siguientes:

d)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

e)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las Comarcas Indígenas;

f)Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Clave de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

g)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Iniciativa presentada a la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por los ciudadanos Félix Wing Solís, Miriam Pons, Francisco Gómez Nadal, Tania Arosemena Bodero, Rosabel Miró R., Raisa Banfield, Alida Spadafora, Juan R. Sevillano, Arturo Dominici A. y Ana Z. Pérez MacKenzie.

Panamá: Declaración de la sociedad civil organizada contra las reformas a ley minera

Panamá: Declaración de la sociedad civil organizada contra las reformas a ley minera

Burica Press, 1 feb. 2011. Las organizaciones ambientales panameñas han lanzado un comunicado ante la inminente aprobación de una nueva ley minera en Panamá, que tal y como está redactada y ante la débil institucionalidad, ellos preven graves problemas sociales y ambientales ligados a esta actividad.

En la actualidad la Autoridad Nacional del Ambiente se ha declarado como una institución sin los profesionales adecuados,ni siquiera para evaluar los estudios de impacto ambiental que las empresas mineras han realizado en áreas de bosques con rica biodiversidad.

En el comunicado denuncian la falta de democracia y deliberación adecuada para discutir leyes que repercutirán en los recursos naturales y los ecosistemas del país.

Lea el comunicado a continuación:

Declaración contra la Minería en Panamá

Por este medio y ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley Nº 277, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, después de una semana de consultas ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados deseamos expresar:

  1. Nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá. La falta de consulta previa a la presentación del proyecto, elaborado en secreto y a puertas cerradas, hace que las “Jornadas de Consulta” actuales ante la Comisión sean extemporáneas e improductivas, ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas, así como tampoco fueron nunca públicos ni los borradores, ni los textos científicos (si los hay), o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al respecto, después de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados. Todo ha ocurrido sin contemplarse ni de la manera más casual la participación y opinión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la misma Asamblea Nacional, trastocando el Reglamento Interno de este Órgano del Estado.
  2. En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. Es desconcertante, y ante todo anti-democrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el Ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las “consultas” sobre el Proyecto.
  3. El contenido del proyecto -a pesar de ser mercadeado como una norma “para el ambiente” o para “darle herramientas a la ANAM”- está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI. Además de ello, ordena a la ANAM realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. En adición condiciona las acciones preventivas de suspensión, propias de los procesos de investigación, al no otorgar el efecto suspensivo a los recursos legales que presenten las empresas mineras, facilitando a que éstas sigan contaminando.
  4. El proyecto también deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras.
  5. El proyecto permite aspectos hoy prohibidos por la Ley, como que el Estado cree empresas privadas con capital estatal, contrario a lo que ordena la Constitución, o que es peor, que Estados extranjeros alimenten de capital a empresas privadas, en ambos casos, irrespetando la separación que en estos casos debe existir entre “lo privado” y “lo público”, creando distorsiones entre los agentes económicos y aventajando a estos nuevos empresarios injusta y desmesuradamente sobre otros actores de la sociedad civil, el propio Estado panameño y las mismas empresas panameñas que se verán enfrentadas al fomento de la competencia desleal en este sector.
  6. Es más preocupante el Proyecto de Ley cuando se da en un contexto en el que los procesos de evaluación ambiental se han dejado a la incertidumbre, ya que ni siquiera se ha reglamentado lo aprobado durante el diálogo de la Ley 30 sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental, a pesar de los esfuerzos del movimiento ambiental para trabajar en esta reglamentación.
  7. Asimismo una debilitada ANAM no se ha pronunciado al respecto de esta Proyecto de Ley 277, y que, sumado a décadas de incumplimientos, desastres ambientales, promesas incumplidas y denuncias ciudadanas sobre la manera en que los proyectos relacionados con la minería metálica y no metálica se han llevado en el país, acrecientan el nivel de preocupación de la ciudadanía panameña frente al tema.

Solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, se suspendan las discusiones de este proyecto de Ley, hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen los temas en un diálogo de calidad elevada, que sea transparente, técnico y científico, mientras se discute el proyecto de Ley de Moratoria a la actividad minera que debe entrar en efecto mientras se da la mencionada discusión a nivel nacional, consultando de abajo hacia arriba, como es la característica de países democráticos a nivel mundial.

Dado en Panamá, el día 31 de enero de 2011, y suscrito por las siguientes organizaciones:

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Fundación Avifauna
Panamá Sostenible (PASOS),
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
Almanaque Azul
Audubon Panamá
Fundación Albatros Media
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa)
Federación de Comunidades de Áreas Revertidas
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla)
Comisión de Derechos Humanos de la Comarca Ngobe Buglé

ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Asociación Verde de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar
Centro de Trabajo sobre Seguridad Social
Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP)
Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP
Consumo Ético.
Colectivo Voces Ecológicas.
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Human Rights Everywhere
Federación de Asociaciones de Profesionales  de Panamá
Foro Mujer y Desarrollo
Espacio Encuentro de Mujeres
Madres Maestras
Manos & Cerebros
Servicio Paz y Justicia- Panamá
Movimiento Democrático Popular
Unidad de Lucha Integral del Pueblo.
Sindicato de Periodistas de Panamá.
Voces Libres de Panamá

ORGANIZACIONES CHIRICANAS

Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila)
Fundación para el Desarrollo Integral , Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
Asociación de Productores Agroecologìstas La Amistad (Adpaela)
Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
Asociación Agroecologista Macho de Monte
Asociación Ambientalista de Chiriquí
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB)
Grupo Ecologista para la Conservación del Parque Internacional La Amistad (Gerpropila)
Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira (Asepor)
Centro Misionero de la Concepción para la Defensa del Ecosistema (Cemcode)
Asociación Agroecoturística la Amistad (Asaela)
Grupo Expedición Natural Agroecoturística (Genat)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (Apce)
Comité por la Defensa del Río Gariché y sus afluente

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Reformas sugeridas al Codigo Minero de Panama 2011 (Versión pdf original)

Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.


[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

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Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado

Panamá: Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Burica Press. 18 de enero de 2011.

Los ambientalistas están en alerta. Desde Chiriquí y la Comarca Ngobe Bugle, pasando por Azuero y Panamá se escuchan la voces ambientalistas preparándose para confrontar la aplanadora del Gobierno de Ricardo Martinelli en la Asamblea Nacional. Los diputados están llamados a aprobar una reforma al Código Minero de Panamá con tal de permitir principalmente dos cosas: 1- Permitir exploraciones y explotaciones mineras a empresas de otros Estados y 2- subir el monto de las impuestos por las actividades de explotación minera.

 

Desembocadura del Río San Félix en el Golfo de Chiriquí. Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.

El cambio propuesto, a pesar de ser inconstitucional, fue presentado por el Órgano Ejecutivo de Panamá y se espera que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo apruebe sin mediar análisis jurídico constitucional profundo, ni análisis ambiental, tal y como lo exigen las normas ambientales. Ellos como gobierno sólo están interesados en el dinero que les puede generar esta nueva norma, independientemente de los costos sociales, ambientales y todas las demás externalidades negativas que generan este tipo de industrias en países como el nuestro. También sabemos que intentarán usurpar y manipular la autonomía de toma de decisiones de las comunidades indígenas para lograr el éxito en las concesiones que pretenden, indica un mensaje enviado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

Los políticas, planes, programas y estrategias de desarrollo requieren una evaluación ambiental estratégica que valide de manera democrática, social, técnica, todas los normas, leyes y proyectos que generen dichas políticas, con tal no poner en riesgo el ambiente en todas sus dimensiones. Esta propuesta inconstitucional será impuesta. Esta es la opinión de Ariel Rodríguez, científico permanente de ACD.

Por su parte el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha difundido un mensaje donde destacan que el proyecto de ley propuesto por el gobierno panameño viola los preceptos de la Carta Magna que impiden la concesión a gobiernos extranjeros y empresas ligadas a Estados. Destacan que el artículo 4 de actual Código Minero vigente está adecuado al texto constitucional vigente en Panamá.

ART. 3. “…El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados.”
Constitución Política de la República de Panamá

ART. 4. Numeral. 1 “No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los que a continuación se mencionan: 1. Los Gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero;…”
Código Minero de la República de Panamá

Por su parte, la Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB) basada en la Provincia de Chiriquí se ha referido a este proyecto de ley en duros términos. “La descabellada propuesta de cambiar el código minero para permitir al gobierno nacional ofrecer a empresas transnacionales concesiones mineras a cielo abierto no son más que ideas claras que estamos ante un gobierno que no valora la integridad física, cultural y ambiental de nuestras culturas indígenas que viven en áreas donde se pretenden dar esas concesiones como Cerro Colorado por la destrucción ambiental amplia que causarían.

El vocero de ACB, Don Ezequiel Miranda indica que le corresponde a todos los panameños sin distinción alguna, organizar un frente de acción y repudio a quienes impulsan la muerte de presentes y futuras generaciones de este pueblo istmeño por el riesgo a la destrucción de los ecosistemas por contaminación con proyectos mineros que no benefician a la colectividad.

Los estudiantes Ngobes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la activista ambiental Carmen Tedman MacIntyre y el profesor Demetrio Miranda entre otros han estado liderando la oposición al cambio al código minero que incluiría entre otras cosas, concesiones mineras de alto riesgo, como es el caso del yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la Comarca Ngobe Bugle, en la cuenca del Río San Félix que drena sus aguas a los manglares del Golfo de Chiriquí.

Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.

Burica Press

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Concesiones mineras, a debate

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Las concesiones de nuevas extracciones mineras deben ser suspendidas. Así opina el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y así se lo comentó al mandatario, Ricardo Martinelli.

La moratoria, agregó el también canciller, debe durar hasta que se pueda mostrar a la población las bondades de las actividades mineras ya en marcha.

Las declaraciones de Varela se dan cuatro días después de que el Ejecutivo presentara a la Asamblea nacional un proyecto de ley que reformaría el Código Minero para potenciar la actividad minera en el país.

A pesar de su petición, Varela considera que las reformas aprobadas por el Consejo de Gabinete son beneficiosas para el país porque generarán empleos.

El documento ya fue remitido a la Comisión de Comercio de la Asamblea, que debe establecer el calendario de consultas previas a la discusión formal.

El documento establece un aumento a los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras, y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros de Panamá.

Sobre este último tema, Varela citó el interés de agencias financieras de Corea y Singapur en la riqueza mineral del istmo.

Varela solicita suspensión de concesiones mineras

Vicepresidente Juan Carlos Varela. LA PRENSA/Archivo1497404

ISIDRO RODRÍGUEZ
irodriguez@prensa.com

El vicepresidente, Juan Carlos Varela, recomendó al presidente, Ricardo Martinelli, suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta cuando la población vea un resultado positivo de los proyectos que hay en este sector.

El también canciller dijo que los concesionarios existentes podrán seguir desarrollando sus proyectos, y que es necesario que el país vea una obra exitosa desde los planos ambiental, social y económico para luego empezar el debate sobre otras áreas donde hay grandes reservas de minería. Para que eso suceda, estimó, podrán pasar dos años.

El proyecto

La propuesta de reformas al Código Minero, presentada por el Ejecutivo, busca elevar los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras. Además, introduce normas ambientales para el manejo de los proyectos mineros y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros del país.

La iniciativa fue presentada a la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero. Sin embargo, ya había sido aprobada por el Consejo de Gabinete el 26 de octubre de 2010. No firmaron el documento Varela ni el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Mientras, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, se abstuvo de votar.

Sobre este tema, Varela manifestó que no firmó la propuesta porque no estuvo presente en la sesión. Indicó que el proyecto presentado es bueno porque generará empleos en la provincia de Coclé. En cuanto al interés internacional en la minería, dijo que agencias financieras de Corea y Singapur han mostrado interés en invertir.

Se intentó conocer la versión de Papadimitriu sobre el porqué de su abstención, pero no contestó las llamadas que hizo este diario a su celular ni a través de la Secretaría de Comunicación del Estado.

No habrá diálogo con las FARC

Con respecto a la carta enviada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la que se solicita un diálogo con el Gobierno panameño, Varela dijo que al Servicio Nacional de Fronteras y a los organismos de inteligencia les tocará verificar la veracidad del documento. Manifestó que el Gobierno no dialogará con grupos irregulares dedicados al narcotráfico y menos con grupos que están tratando de reclutar jóvenes de la etnia emberá en esa área.

El vicepresidente añadió que hay pruebas contundentes de que el grupo del Frente 57 de las FARC, ubicado cerca de la comunidad del Guayabo en Darién, estaba involucrado en el secuestro del empresario cubano americano Cecilio Padrón.

Varela dijo que el único mensaje del Gobierno a este grupo es que se retire del territorio panameño.

(Con información de José González Pinilla)

¿Cree ud. que el gobierno debe impulsar la minería como modelo de desarrollo?

¿CREE USTED QUE EL GOBIERNO DEBE IMPULSAR EL DESARROLLO MINERO?

Fuente: Mi Diario

“No. La experiencia que tenemos no es buena; lo que sabemos es que la minería destruye el ambiente y hasta ahora no se ha hecho ninguna regulación para cambiar esa realidad”.
Tilcia de León
Ama de casa
“No, porque si tomáramos en cuenta el daño ambiental que se produce, versus el desarrollo… considero que el ambiente es más importante”.
Victoria Pérez
Estudiante
“No. Como está la situación del mundo, tantas catástrofes, cambios ambientales y climáticos, creo que no es justo que el Gobierno promueva más daño al ambiente”.
Jorge Mendoza
Obrero
“No. Están destruyendo la naturaleza, se contamina el agua, se destruye el hábitat de los animales y no logramos mayores beneficios”.
Carlos Trejos
Profesional
“No, porque tenemos el claro ejemplo de destrucción de montañas y ríos en Donoso, yo fui a ver eso y realmente no vale la pena que se promueva minería si causa tanta destrucción”.
Juan Pinzón Rodríguez
Jubilado
“Creo que el Gobierno debe promover el cuidado del ambiente y no las actividades mineras, porque lo que hasta hoy tenemos es solo destrucción y nada de protección ambiental”.
José Diez
Estudiante

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