Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance (sept. 2008)

Últimos testimonios desde Charco La Pava y Nance sobre la situación de los ngöbes frente al gobierno y AES Corporation

Los siguientes son testimonios del mes de septiembre de lo que sigue ocurriendo en Charco La Pava y Nance, comunidades ngöbes afectados por el desarrollo del primer proyecto de tres denominado Chan 75 o Changuinola I en la cuenca media del Río Changuinola en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biosfera:

La casa de Benero Santos -que mantiene una familia de tres miembros-, está en peligro de ser destruida, los trabajos de las maquinarias de la empresa se encuentran a 20 metros de su casa. Recibió el orden verbal de unos empleados de la Empresa AES de desalojar inmediatamente.

Los cultivos de Ana Castillo y Ernesto López (que se encuentran en la misma finca por ser Ernesto el esposo de Enelda Abrego, hija Ana) fueron totalmente destruidos en el mes de enero sin ningún consentimiento. Debido a la destrucción de la «finca», sus puercos están ahora siempre alrededor o debajo de la casa.

Según el testimonio de Ana Castillo, el 11 de septiembre de 2008 trabajadores de la empresa le dijeron que la tierra estaba a mano de la empresa, recibió el orden de AES de desalojar el área donde tiene su casa y donde viven 9 personas, entre ellos 6 menores de edad (Ancelmo Santos, Didier Santos, Irena Santos, Ronel Santos, Alba López, Isac López, Ernesto López, Enelda Abrego (su esposa) y Ana (su suegra)). Desde ese día, la retroexcavadora se encuentra a unos pocos metros de su casa,

Se le solicitó a la señora Ana Castillo que construyera una casa provisional en otro lugar y que después se negociaría. De momento, si no se destruye su casa es únicamente porque los miembros de la familia resisten, quedándose dentro de la casa para protegerla de la destrucción.

El 15 de septiembre de2008, trabajadores amenazaron a Ana Castillo de que si sigue resistiendo, llamarían a la policía y que se la llevaría presa a Changuinola. Alcibiades Muñoz, jefe de los trabajadores de la empresa AES, efectivamente llamó a la policía: 3 policías vinieron y dijeron a Ana que tiene que aceptar el dinero y abandonar su casa (la empresa nunca le ofreció un monto exacto de dinero, le dice que desaloje y que luego se negociara). Ella respondió que no quería plata, sino vivir tranquilamente en su tierra, que sus abuelos vivían en estas tierras, que nunca se ira y que siempre protegerá su casa.

Es grave que el propio Estado (la policía) contribuya de tal forma en el engaño de los miembros de la comunidad. Saben que tienen derecho sobre el territorio en el que están asentados, pero tanta presión y tantas mentiras es lo que conlleva que algunas personas aceptan «vender» sus casas…

La maquinaria también está trabajando en el río, al nivel de donde Ana está acostumbrada a lavar la ropa y a bañar a sus hijos. Este día 11 de septiembre, Alcibiades Nuñez les prohibió lavar en el río. Según él, el río y las tierras son del Estado. Además, por estas obras, la corriente del río está cambiando, la corriente está más fuerte que antes. El hijo de Anan Ronel Santos estuvo a punto de ahogarse (desconocemos la fecha pero fue entre el 11 de septiembre y el 27). Quedó traumatizado, atemorizado por los trabajadores. Además, la contaminación lleva como consecuencia fiebres, diarreas, vómitos, sobre todo en los niños…

Según el testimonio de Ana Castillo, la policía sigue rebuscando en las mochilas de los miembros de las comunidades cuando se desplazan, pidiéndoles sus cédulas de identidad. (Recordamos que Ana Castillo fue golpeada por un agente de la Policía Nacional el 3 de enero y detenida, al igual que sus hijos, por lo que se encuentra atemorizada).

Ernesto López declara no poder salir de su casa porque inmediatamente se acercan a su esposa funcionarios de la empresa y de la policía para indagar donde se encuentra. A mediados del mes de agosto ha recibido la visita de miembros de la policía nacional y de funcionarios de la Empresa en horas de la noche.

Amalia Abrego, quien fue igualmente presa el 3 de enero, nos informó de que en la segunda semana del mes de septiembre de 2008, trabajadores de AES le dijeron que tenia que salir de su casa, que no tiene derecho a su tierra, que tiene que mudarse a otra casa, porque sino perderá cualquier derecho que pueda tener. Viven 8 personas en su casa. La empresa no le ofreció dinero ni le presentó contrato. Elle prefiere «no tener plata pero estar libre«.

También informó que une señora denominada Rocío, empleada de la empresa, está siempre paseándose por la comunidad intentando convencer a la gente de vender sus casas. Dice que un día entró en su casa, la encontró cuando llegó, estaba hablando con los niños. En otras comunidades, consiguen engañar a la gente diciendo que en Charco La Pava, ya aceptaron vender sus casas.

Rafael Abrego Santos dice que los mayores de la comunidad son iletrados, no saben leer, ni escribir, no conocen sus derechos, están siendo engañados. No son negociaciones, la empresa y el Estado les dicen que si no aceptan, pierden todos sus derechos. Su padre es Gerardo Abrego. «Negoció» en abril, en Ojo de Agua donde la empresa tiene una oficina. Puso su huella digital en un documento preparado por la empresa. Los trabajadores le habían dicho de no llevar a nadie a esta «negociación», ni sus hijos, ni abogados. El acuerdo era sobre la finca. La casa sigue de pie. El 23 de septiembre, los trabajadores entraron a la finca y la destruyeron. En su casa, viven 11 personas.

También pudimos recoger un testimonio de una situación que ocurrió en la comunidad indígena vecina (Nance), río abajo. La señora Teresa Becker, de 60 años de edad, quien no sabe hablar, escribir ni leer en español sino en su idioma Ngöbe, relata que funcionarios de la empresa AES le han ofrecido dinero para poder llevar a cabo obras dentro de su zona de cultivos, que está situada en donde una carretera tiene que pasar según la empresa. La empresa quiere que ella desaloje su casa con su esposo (Alejandro Jiménez de 60 años), ya que supuestamente el señor Cirilo Realy (su hermano) llegó a un acuerdo con la empresa (acuerdo irrisorio, sin consentimiento de la persona adecuada, sin consentimiento informado de Cirilo Realy, y en total desconocimiento por la empresa y el Estado de la obligación de protección de los territorios indígenas). Ese acuerdo incluía la zona de cultivos de la señora Teresa Becker y Alejandro Jiménez, ya que es una «finca» familiar.

El jueves 25 de septiembre de 2008, funcionarios de la empresa AES se acercaron a la casa de Teresa para pedirle que saliera. El señor Alejandro Jiménez no aceptó. Las maquinarias de la empresa ya habían matado a su caballo. Una retroexcavadora de la empresa AES entró en su finca y empezó los trabajos de remoción de tierras sin autorización del señor Alejandro Jiménez y la señora Teresa Becker. Cuando iniciaron los trabajos, mataron sus gallinas y puercos, y entre el 25 y el 27 se destruyeron los cultivos. Eran sus únicos sustentos.

En la tarde de este mismo jueves, la empresa AES se disponía a derrumbar la casa, no lo pudo hacer porque el señor Alejandro Jiménez se puso frente su casa para protegerla. Unas horas después, tres miembros de la Policía nacional se llevaron al señor Jiménez detenido al puesto policial de Ojo de Agua, la señora Becker dice «le pusieron pistola a mi marido para que se fuera», fue liberado en el día.

Fuente: Fuente reservada por Burica Press.