Panamá: Empresa eléctrica devasta bosques protegidos y territorio indígena

Panamá: Empresa eléctrica devasta bosques protegidos y territorio indígena

Burica Press, Medio Ambiente y Derechos Humanos

Durante cuatro días y noches, del lunes 22 al jueves 25 de marzo, los indígenas de las comunidades Naso mantuvieron cerrada la vía que conduce al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic en el Bosque Protector de Palo y territorio de los indígenas Naso. El jueves 25 el gobernador de la provincia de Bocas del Toro, Simón Becker, solicitó reabrir la vía de construcción. Hizo promesas de pequeñas obras civiles y de bienestar social a la comunidad, quienes acordaron reunirse nuevamente con las autoridades y la empresa el próximo martes 30 de marzo.

El detonante para el cierre de la vía fue la noticia de que, apenas el pasado 9 de marzo, el Consejo de Gabinete facultó a la Autoridad Nacional del Ambiente para que firme el contrato que permitiría a la transnacional colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) utilizar casi 2,000 hectáreas dentro del Bosque Protector Palo Seco para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Bonyic.

Los nasos se encuentran indignados porque EPM, a pesar de no tener la autorización del Estado, inició desde el pasado 6 de enero la apertura de caminos y el derribo de árboles dentro del área protegida, desvió el cause del río Bonyic y cercó el paso por el área que ha pasado a controlar la empresa. Así mismo han aumentado su presión sobre el señor Esteban Durán, único habitante Naso que mantiene su casa firme frente al avance de la ruta hacia el sitio de construcción de la hidroeléctrica.

Hugo Sánchez, vocero de la comunidad, hizo un llamado para que las organizaciones sociales y todo el pueblo panameño ofrezcan su respaldo a la resistencia Naso frente a los proyectos de desarrollo depredador y por la creación de la Comarca Naso Terj Di.

El Estado entrega tierras protegidas e indígenas a empresa hidroeléctrica

área protegida del Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro

La Anam entrega áreas protegidas a hidroeléctrica

La empresa pagará al Gobierno 8 millones 504 mil 359 dólares por un globo de terreno de mil 198 hectáreas, concedidas a 20 años prorrogables.

EXPLOTACIÓN. La Anam determinó que Hidroeléctrica del Teribe, S.A. cumple con todos los requisitos exigidos para la explotación de más hectáreas de bosque protegido. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez S.

Pedro Rodríguez Sanjur
Changuinola, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) entregó bajo la figura de la concesión mil 198 hectáreas de terreno, ubicadas dentro del área protegida del Bosque Protector de Palo Seco, en la provincia de Bocas del Toro, a la empresa hidroeléctrica del Teribe, S.A.

La Anam cedió las tierras luego de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el Consejo de Gabinete aprobaran la Resolución No. 29 que da luz verde a la concesión y autoriza al director general de Anam, Javier Arias, a suscribir el contrato con la empresa del Teribe, S.A.

La empresa Hidroeléctrica del Teribe, S.A. es titular de una concesión de generación de energía hidroeléctrica para desarrollar y operar el proyecto hidroeléctrico Bonyic, con una capacidad instalada de hasta 30 megawatts, ubicado dentro del Bosque Protector de Palo Seco.

La Anam determinó que hidroeléctrica del Teribe, S.A. cumple con todos los requisitos exigidos para otorgar un globo de terreno, sin necesidad de requerir del procedimiento de selección de contratista.

La concesión del nuevo globo tendrá un período de 20 años prorrogables.

La empresa pagará un canon, gastos de guardaparque e indemnización ecológica por la pérdida de cobertura boscosa por la suma de 3 millones 664 mil 359 dólares. Además, aprovisionará la suma de 4 millones 840 mil dólares por el tiempo que dure la concesión, los que serán aportados anualmente para la ejecución de todas las actividades contempladas en el plan de ejecución del Bosque Protegido de Palo Seco. Es decir, que el valor total del contrato de concesión durante los 20 primeros años será de 8 millones 504 mil 359 dólares.

El dirigente naso Eliseo Vargas calificó como burla, abuso de autoridad y violación de los derechos humanos la concesión del nuevo globo de terreno a la empresa Hidroeléctrica del Teribe, S.A.

Vargas dijo que iniciarán otros procesos legales en contra del Gobierno, porque se ha visto una vez más la imposición de sus decisiones al otorgar más tierras protegidas al proyecto Bonyic.

“El pueblo naso ha venido solicitando tierras para el establecimiento de su comarca y se las han negado, sin embargo, vemos cómo se le conceden terrenos a una empresa”, señaló Vargas.

Vargas, además, denunció que las normas ambientales que rigen en Panamá son violadas por la empresa porque no las cumple, como es el caso del desvío del río Teribe, aspecto este que no estaba contemplado dentro del estudio de impacto ambiental.



CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

———————–

CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington
EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para “proteger la vida y la integridad personal” de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para “evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro”.

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con “violencia” a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer “atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales”.

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser “objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias” así como una investigación de los hechos.

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

25 Noviembre 2009

GINEBRA — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su “extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.”

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

“Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,” expresó el experto de la ONU. “En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.”

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que “[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.”

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.

Gobierno derriba casas de indígenas nasos en su territorio

UNAS 200 PERSONAS A LA INTEMPERIE
Derriban 20 casas a nasos de Bocas
Foto: Horacio Trotman
Viviendas derribadas ayer en las comunidades Naso de San San y San San Drui, en la provincia de Bocas del Toro.
La Policía lanza gases lacrimógenos a los indígenas e irrumpen con violencia en las viviendas

BOCAS DEL TORO. La comunidad Naso fue sorprendida ayer, cuando más de un centenar de policías se tomaron la comunidad de San San Drui, en el corregimiento del Teribe, después de que gobernador de la provincia de Bocas del Toro, Simón Beker, ordenara la diligencia y escoltando a la maquinaria de la empresa privada Ganadera Bocas para arrasar con las viviendas de la comunidad.

Los agentes de policía dispararon gases lacrimógenos ante la presencia de decenas de menores de edad y mujeres presentes en el lugar, logrando derribar sin piedad las casas que hace poco las comunidades Naso levantaron tras el anterior desalojo violento del pasado 30 de marzo.

Los indígenas señalaron que sin ninguna orden judicial, y según se informó, respaldados por el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, ejecutaron la acción.

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el estado ha violado todas las leyes y los ha dejado sin nada, y ahora se ven afectados por las fuertes lluvias que constantemente caen sobre esta región del país y no saben dónde ir.

En el lugar unas 200 personas que según testimonios de la zona están “casi sin comida y sin ningún lugar donde protegerse del agua”.

Los moradores estaban reagrupándose ayer después de los momentos de terror vividos y con la amenaza de una posible detención de sus líderes.

Señalaron que esta situación se puede calificar como un crimen contra los derechos básicos de los indígenas y un atentado directo contra los derechos de los pueblos.

En el ataque participaron unas 200 unidades del grupo de antidisturbios, reforzados con unidades de la provincia de Chiriquí y Veraguas, quienes acorralaron a los cientos de nasos, que tomaron un globo de terreno de propiedad de la empresa Ganadera Bocas.

Al inicio de enfrentamiento los indígenas se replegaron y varios minutos resistieron la embestida, mientras se defendían con piedras y palos que no llegaron a sus objetivos.

Antes de iniciar la incursión por parte de las unidades policiales, el gobernador Simon Beker, mantuvo un diálogo por espacio de dos horas por lo que la dirigencia encabezada por Roberto Torres y Alcides Vargas, se negaron a la propuesta presentada por el Estado.

La planicie de la comunidad de San San Drui, fue invadida por una densa cortina de humo de los gases lacrimógenos, mientras los indígenas se replegaban a una trinchera en las riveras del río del San San.

En la diligencia de desalojo no hubo detención ni heridos.

MOLESTIAS

Los afectados visiblemente enojados señalaron que el Estado ha violado todas las leyes y no respeta a los indígenas.

Mientras una pala destruía los ranchos de los indígenas nasos, las unidades uniformadas se mantienen desplegadas en la zona para evitar el retorno de los invasores a los terrenos de empresa ganadera Bocas.

Los indígenas se defendían con piedras y palos, pero esto no fue suficiente para lograr sus objetivos.

————————————————-

Conflicto por tenencia de tierras en bocas del toro entre indígenas y empresario

Policía desaloja a nasos

Las familias naso fueron sacadas de los terrenos que están en litigio con la empresa Ganadera Bocas.

EQUIPO. Una pala mecánica, propiedad de Ganadera Bocas, procede a derribar los ranchos de tambo de los moradores de la comunidad de San San Druy. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
changuinola, bocas del toro

nacionales@prensa.com

Agentes de la Policía Nacional y unidades antimotines desalojaron por la fuerza a los indígenas naso que habitaban tierras que reclama la empresa Ganadera Bocas, propiedad del empresario Mario Guardia. En la incursión policial participaron alrededor de 150 unidades, entre ellos decenas de antimotines que desalojaron con bombas de gases lacrimógenos a los moradores de San San y San San Druy.

Después de dos horas de resistencia y enfrentamientos, los indígenas fueron obligados a cruzar el río en el sector conocido como La Tigra, donde permanecen sin sus pertenencias.

La orden de desalojo la dio el gobernador Simón Becker, quien a las 12:00 medio día ingresó a las comunidad es de San San y San San Druy junto con el subcomisionado de la policía Didier de Gracia.

Antes del enfrentamiento, el gobernador intentó persuadir a los nasos a que abandonaran el área, con el compromiso de que la gobernación les buscaría otra ubicación, pero los moradores no aceptaron porque consideran que esas tierras les pertenecen.

En los enfrentamientos con la policía no se reportaron heridos ni detenidos. El subcomisionado Didier de Gracia dijo que la acción se desarrolló sin ningún incidente que lamentar, por lo que pudo cumplir la orden.

Tras el desalojo, empleados de Ganadera Bocas entraron a las áreas con maquinaria y procedieron a derribar los ranchos de tambo de los indígenas.

En el desalojo no estuvieron presentes los dirigentes de los nasos Eliseo Vargas y Félix Sánchez.

Vargas aseguró que no se encontraba en el sitio porque estaba en Changuinola presentando dos recursos contra el alcalde para detener la acción policial.

“Han dejado en una situación caótica a los pobladores, el ministro José Raúl Mulino confirma, una vez más, que es el Hitler panameño, al obligar al gobernador a que nos desalojara”, señaló Vargas.

El dirigente denunció que las autoridades se aprovecharon de que la mayoría de los moradores no se encontraban en el área para llevar adelante la incursión.

“Solo estaban unos cuantos niños y señoras, por lo que les fue fácil sacarlos”, denunció Vargas.

Con el desalojo, alrededor de 200 personas que vivían en las comunidades han quedado a la intemperie y sin alimentos.

Los dirigentes indígenas aseguraron que continuarán con los procesos legales en contra de Ganadera Bocas y de las autoridades porque se ha cometido una violación de los derechos humanos del pueblo naso. Denunciaron que con la acción se violaron tratados internacionales que protegen los derechos de los indígenas.

Por su parte, Félix Sánchez, otro dirigente, responsabilizó al ministro de Gobierno y Justicia de lo que les pueda suceder a los indígenas al quedar sin un sitio en donde vivir.

Según Sánchez, se estaba en conversaciones con las autoridades para llegar a una solución pacífica y para el 24 de noviembre se tenía programada una visita al área por parte de delegados del Banco Mundial y del Programa Nacional de Administración de Tierras para verificar los puntos de demarcación reclamados tanto por Ganadera Bocas como por los nasos, pero con la orden de desalojo, dictada por el ministro, ya no se podrá realizar.