Informe de la situación de Derechos Humanos de los Ngöbe-Buglé afectados por la presa hidroeléctrica Chan 75

Informe de la situación de Derechos Humanos de los Ngöbe-Buglé afectados por la presa hidroeléctrica Chan 75

CASO 12.717 INICIADO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

INFORME FCGAE PANAMA Abril 2011 (Documento completo en formato pdf).

ABRIL 2011

Justificación y antecedentes

La Fundación CGAE fue requerida en noviembre de 2010 para llevar a cabo una verificación jurídica de posibles vulneraciones de derechos humanos padecidas por las comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Ngöbe-Buglé, afectadas por la construcción de una presa hidroeléctrica en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá.

AES Panama, AES Corporation, Destruccion Ambiental

Foto del inicio de actividades de AES corporation en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panama y área de asentamiento de varias comunidades Ngöbe-Bugle en el noroccidente de Panamá. Foto: ACD

Según la información recibida, las obras asociadas al proyecto hidroeléctrico conocido como Chan 75, todavía en fase de ejecución, habían provocado la pérdida de importantes referentes culturales como consecuencia del proceso de reubicación de los habitantes de la zona y alteraciones en el uso de los recursos naturales. Estos hechos habrían condicionado los modos de subsistencia tradicionales y puesto en peligro el futuro de las comunidades, perjudicando en diversos aspectos, en definitiva, sus derechos económicos, sociales y culturales.

La Fundación CGAE, siguiendo su criterio habitual para la verificación de casos, aceptó el encargo por considerarlo de interés público y reconocer en él un carácter paradigmático. Así, identificó a 3 expertos y 1 experta para integrar la delegación a la que fue asignada la misión correspondiente en las fechas comprendidas entre el 25 y 30 de enero de 2011. Esta delegación asumió el compromiso de analizar en el contexto actual los fundamentos de hecho y argumentos de derecho sobre los que se sostiene el caso 12.717 iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El análisis elaborado no persigue cuestionar la importancia que es atribuida al proyecto Chan 75 respecto del desarrollo económico del país y la Provincia de Bocas del Toro en particular. Tampoco se adopta un enfoque ambientalista para juzgar la legalidad y oportunidad de las actuaciones emprendidas por las partes en disputa. El objetivo del informe elaborado es evaluar el caso desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas y el impacto social que genera el proyecto en respuesta a las demandas comunitarias todavía vigentes y la falta de acuerdo sobre cuestiones de fondo que podrían motivar una eventual apertura del caso ante la Corte IDH.

Evolución de los hechos analizados

Los orígenes del Proyecto Chan 75 se remontan a las primeras investigaciones hidroeléctricas en el área del Río Changuinola a finales de la década de los 70 aunque el periodo analizado se centra principalmente en el segundo semestre del año 2005, y en especial a partir de mayo de 2007, fecha en la que se suceden las primeras movilizaciones de protesta organizadas por las comunidades indígenas afectadas.

A partir de ese momento se distingue en la evolución del caso un punto claro de inflexión que es identificable en la convocatoria de una mesa de diálogo tripartita en el marco de la llamada Comisión de Alto Nivel celebrada entre los meses de agosto y septiembre de 2009 e integrada por representantes del Gobierno, Empresa y las comunidades afectadas. La misión de verificación pudo comprobar en las entrevistas realizadas a los agentes presentes en dicha Comisión, la voluntad de establecer a través de ésta los cauces adecuados para solucionar el conflicto que enfrentaba a las comunidades indígenas con Gobierno y Empresa.

Principales averiguaciones de la delegación de la Fundación CGAE

a) Se identifica en el origen del conflicto una situación de desamparo legal provocada por la ausencia de un marco legislativo que reconociese la personalidad jurídica de las comunidades afectadas como sujetos de derecho. Este hecho habría provocado que no fuese percibida la necesidad por parte del Estado de llevar a cabo un proceso de consulta con carácter previo (tal como lo exige el Derecho Internacional) al inicio de las obras. Las comunidades Ngöbe que habitaban la zona tradicionalmente, no fueron consideradas entonces sujetos de derecho como tales y se impedía de esta forma el acceso a la titularidad de las tierras que ocupaban y utilizaban.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

b) A pesar de las reformas legales acometidas, las comunidades de Charco de la Pava y Valle Rey temen todavía a día de hoy por la seguridad jurídica de las tierras asignadas y el respeto a la cultura local. Varios miembros expresaron su temor a ser desalojados de nuevo en el futuro y a que la regulación del área como zona protegida implique una limitación severa de las actividades económicas tradicionales bajo amenaza de sanción o arresto en su caso.

c) La ausencia de un proceso de consulta previo a la ejecución del proyecto Chan 75 pudo dar lugar a una violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas continuada si se tiene en cuenta que el proceso de consulta debía haberse llevado a cabo antes de la toma de decisiones en todas las fases del proyecto.

d) El proceso de diálogo en el que participaron representantes del gobierno, empresa y comunidades en una etapa posterior no fueron efectivos ni satisfactorios al objeto de alcanzar acuerdos de fondo y satisfacer el conjunto de demandas comunitarias. Además no cabría ignorar que durante el desarrollo de las negociaciones tripartitas las obras no se detuvieron en momento alguno, lo que en la práctica habría supuesto mantener un alto grado de coacción al tiempo que se negociaba. Dicha afirmación sería aplicable igualmente a la manera en que fueron llevadas las negociaciones individualizadas con las familias afectadas.

e) Los términos de compensación acordados en el marco del proceso de reubicación de las comunidades no eximen al Estado de la responsabilidad de investigar, juzgar y en su caso determinar las medidas sancionadoras y compensatorias correspondientes a los daños que se derivan de la posible vulneración del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

f) La responsabilidad gubernamental cabría ser exigida asimismo en relación con la vulneración del derecho a consulta y el conjunto de habitantes coincidiría en señalar la importancia de obtener una reparación moral, al menos a través de un reconocimiento por parte del Estado de los errores cometidos y una disculpa pública.

g) Los campos de reasentamiento de las comunidades Charco la Pava y Valle Rey no ofrecen las mismas condiciones de habitabilidad que los asentamientos originales. Pudo ser constatada la existencia de

(i) una falta de correspondencia entre los materiales y estructura de las nuevas viviendas y las viviendas tradicionales Ngöbe,

(ii) el rápido deterioro de los materiales utilizados, (iii)una ordenación de las viviendas distinta al modelo tradicional y

(iv) un número reducido de viviendas construidas tras haber solicitado las comunidades la paralización de las obras.

En términos globales, la Fundación CGAE considera que el propio análisis de la situación y los testimonios recogidos indican que todavía no se han conseguido resolver los problemas generados en las comunidades afectadas por el proyecto Chan 75. Estos problemas son percibidos como consecuencia de la falta inicial de reconocimiento de derechos y de la no elaboración de un estudio previo del impacto social del proyecto. En este sentido, la misión de verificación concluye que el esclarecimiento por parte del Gobierno y la empresa del contexto de derechos en el que se iba a llevar a ejecutar el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y la elaboración de una correcta evaluación de los riesgos que comportaba para el modo de vida y subsistencia tradicional de las comunidades habrían reducido enormemente o incluso evitado los problemas descritos en el informe.

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Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ngäbe Buglé in Panamá

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

“Vamos a la calle a defender nuestros derechos”, dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a “poner el pecho” para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un “régimen autoritario y antinacional”. El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son “beneficiosas”, porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

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Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es “otra imposición más de este Gobierno” de Martinelli que, afirmó, “sólo piensa en sus intereses”. “Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros” para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene “implicaciones ambientales y ecológicas innegables” por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

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Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

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Indígenas panameños emplazan al gobierno sobre aval a represa

Indígenas dan un ultimátum al Gobierno panameño por la construcción de una presa

EFE
Actualizado 04-08-2009 03:15

Panamá.-  Representantes de las etnias indígenas Ngöbe-Buglé de Panamá dieron hoy un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa estadounidense AES.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 6.000 personas.

“Hace quince días que estamos en la ciudad presentando nuestras inquietudes, hoy es el último día que damos pacíficamente al Gobierno para que responda a nuestro llamado de auxilio. Si no responde, estamos dispuestos a dar nuestra sangre por nuestra tierra y luchar hasta la muerte”, señaló a Efe el vocero de la comunidad Ngöbe-Buglé, Airo Serrano.

A finales de 2005, AES inició el proyecto hidroeléctrico Changuinola que, con una inversión de unos 563 millones de dólares, supone la construcción de un embalse en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, y que espera esté lista para 2011.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 6.000 personas “directa e indirectamente” en un territorio que abarca 6.215 hectáreas.

Según la empresa, el proyecto supone “la movilización o reasentamiento de aproximadamente 800 personas”, residentes de las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo.

Estas comunidades quedarán anegadas con el llenado del embalse, por encontrarse en las zonas donde se construirán las estructuras principales de la hidroeléctrica y el futuro lago de la central, según reconoció AES Changuinola en su página web.

“Estamos haciendo una protesta pacífica pidiendo al Gobierno panameño que cumpla la medida cautelar adoptada por las organizaciones interamericanas de derechos humanos”, añadió Serrano en una concentración frente la Defensoría del Pueblo junto a otros diez representantes de la comunidad.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ngöbe-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Serrano también denunció que el proyecto “está contaminando el río, derribando árboles” y que las detonaciones de explosivos para construir la represa “han impedido que los niños asistan a clases durante dos meses por lo sonidos tan intensos”, ya que se hacen “de forma repentina, sin ninguna alarma ni aviso”.

“El Gobierno nunca nos consultó cuando dio las tierras a la empresa y ahora dice que pidamos una suma de dinero para desalojar la tierra”, subrayó Serrano.

El vocero de la comunidad Ngöbe-Buglé remarcó que esa no es la única etnia indígena “explotada” actualmente, ya que los grupos indígenas Emberá y Naso mantienen conflictos similares con empresas privadas por proyectos en sus territorios

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, República Dominicana y Panamá países en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 MW.

Gobierno defiende el interés nacional en pugna con grupo indígena

Gobierno defiende el interés nacional en la pugna de grupo indígena
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Panamá | CRITICAENLINEA

El secretario de Energía del Gobierno de Panamá, Juan Manuel Urriola, defendió hoy la “perspectiva nacional” en el conflicto que mantienen los indígenas Ngöbe-Buglé por la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadounidense AES en la comarca de Bocas del Toro.

Urriola explicó a Acan-Efe que se deben tener en cuenta “los derechos humanos de todos los panameños, no de cinco o seis”, y que hay que ver el conflicto desde una “perspectiva nacional”, porque “alguien queda afectado, pero el 99 por ciento de la población queda beneficiado”.

Sin el desarrollo de esta hidroeléctrica, a juicio de Urriola, Panamá “no tendrá energía suficiente” y la poca que tendrá será “a un coste exagerado”.

Representantes de las etnias Ngöbe-Buglé dieron ayer lunes un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de la hidroeléctrica, que anegará las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo, según reconoce la misma empresa.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 3.000 personas “directa e indirectamente”, cifra que la empresa reduce a 170 familias.

Según información facilitada a Acan-Efe por AES, el proyecto, que se inició en octubre de 2007 y se encuentra en un 56 por ciento de consecución, mantiene a más de 1.800 personas trabajando.

El “reasentamiento participativo”, como lo llama la empresa, ha “generando oportunidades” para la comunidad, al construir escuelas, dar acceso a centros médicos, así como capacitación en producción para garantizar “la sostenibilidad económica y seguridad alimentaria de estas familias”, todo “a pocos metros de la ubicación actual de la comunidad”.

AES Changuinola asegura que el 74% de las familias han firmado “acuerdos voluntarios” para ser reubicadas, tras vivir “en condiciones de pobreza, hacinamiento, insalubridad y con escasa cobertura de los servicios públicos”.

En cuanto a los indígenas que no quieren dejar su territorio, la empresa considera “que las únicas vías que utilizarán para continuar con los reasentamientos, son el diálogo y la negociación”.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas, que se reunió ayer con dirigentes de la comunidad indígena, explicó hoy a Acan-Efe que la actuación del Estado “ha sido muy tenue y se ha desconectado del desarrollo de la obra”.

Según él, se han llevado a cabo negociaciones entre comunidad y empresa sin la presencia del Estado, “que tiene que tener muy claro su rol de tutelar de manera efectiva los derechos de las comunidades”.

La Defensoría aboga por un “diálogo impostergable” entre Estado, comunidad y empresa, tal y como lo ha planteado en un informe remitido al Gobierno para que no “desatienda compromisos y obligaciones enmarcadas en los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Vargas.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ng be-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Changuinola I (CHAN 75) será “una fuente de energía renovable, cien por ciento panameña y a precios razonables”, afirma sobre su proyecto la compañía, que cifra la capacidad de generación eléctrica en 223 megavatios y destaca que “contribuirá a disminuir la dependencia” de Panamá con los combustibles fósiles.

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, la República Dominicana y Panamá, en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 megavatios.

Convocan a los Ngöbes a defender a la gente del Río Changuinola de AES

Comarca Ngäbe – Bugle  y Campesino

Congreso General

Considerando

  1. Que  el Congreso General Ngäbe Bugle  y Campesino es el  órgano  de decisión Ngöbe.
  2. Que  el 3 de Enero de 2008  fueron  brutalmente  reprimidos y despojados de sus tierra y territorio  niños   y mujeres  indígenas.
  3. Que   actualmente  se encuentran  en la  entrada de la Comunidad Indígena   de Charco  la Pava y Nance  de Risco ,  tres  retenes  policiales que mantienen  un clima de miedo  entre nuestros  hermanos indígenas Ngöbe.
  4. Que  una   hermana  indígena sufre el trauma  del maltrato  a sus  derechos, siendo  desnudada , agarrada de los cabellos y  públicamente  expuesta junto a sus  hijos  en   su  propia  comunidad por la Policía Nacional.
  5. Que  la  empresa  AES Changuinola, la empresa de origen  Danés CCW  en  conjunto  con la Gobernadora de Bocas del Toro  , la Alcaldesa de Changuinola y   el  Encargado de la ANAM,   Valentín  Pineda, han utilizados  a  miembros   de la Policía Nacional  en la destrucción de los cultivos  y desalojos   a la fuerza de los  ngöbes.
  6. Que el sábado 5  de  abril  de 2008 en  la comunidad de  Charco  la  Pava hemos  escuchado  los  testimonios  de que  fueron  víctimas ngöbes, en el que  se consta  que   no se  les ha  respetado   las  garantías  mínimas  para ser  humanos en este  gobierno democrático  y de estado de derecho.

Resuelve

  1. Condenar     todos  los  actos  violentos  contra los hermanos  y  hermanas  ngöbes de Charco la Pava afectados  por  el proyecto Embalse  CHAN 75 .
  2. Exigimos la retirada  inmediata  de  todos  los miembros de la Policía  Nacional  en el área de conflicto.
  3. Declaramos   a la Empresa AES y  CCW y sus respectivos empleados  no   gratos y los expulsamos   en  todos  los territorios  Ngöbes  y Bugle.
  4. Martín Torrijos,  exigimos inmediatamente  la suspensión del  Proyecto Hidroeléctrico  Chan por  no haber  considerado los  derechos  humanos  mínimos  de  los ngöbes de Charco la Pava y la destitución del  encargado regional de la ANAM de Bocas del Toro  y el  Encargado de la Policía nacional, de la Gobernadora   de  Bocas del Toro y de la Alcaldesa  por  violadores de los derechos humanos
  5. Emplazamos  al  Gobierno  Nacional  ,a que se suspenda  el proyecto  inmediatamente   y al mismo tiempo  convocamos  a todos  los Ngöbes   a  que estén  pendiente de nuestros  hermanos   e  iniciar   protesta  contra  las  represas  Chan 75, Chan 140, Chan 220  y Chan 500.
  6. Hacemos   un  llamado  a   las  organizaciones  nacionales e internacional para    que protesten  contra  los Proyectos  de  Destrucción del ambiente  y de la vida de los  Ngöbe.
  7. Exigimos inmediatamente   al Defensor  del  Pueblo  que cumpla con su obligación  de   defender  los derechos  humanos  e  inmediatamente se reúna  con la comunidad

Dado  en la  COMARCA NGOBE-BUGLE Y CAMPESINO  A LOS  6 DIAS DEL MES DE ABRIL

PEDRO RODRIGUEZ

Congreso General Ngöbe-Bugle

Presidente

Indígenas protestan en la Interamericana

MINERÍA.

Indígenas protestan en la Interamericana

FLOR BOCHAREL Q.
QUEBRADA DE GUABO,

comarca Ngöbe Buglé

Ayer, un centenar de indígenas ngöbe buglé, liderados por Celestino Gallardo, marchó y protestó en contra de las exploraciones mineras y por la construcción de hidroeléctricas, además exigieron la destitución del cacique general, Máximo Saldaña, por aprobar obras de esa índole.

A un costado de la vía Interamericana, específicamente en la entrada del distrito de San Félix, los protestantes mantuvieron en vilo a los policías antidisturbios que estaban a un lado, pues solicitaban la presencia de los medios de comunicación o de lo contrario cerrarían la vía Internacional. La llegada de los periodistas calmó los ánimos.

Por su parte, Isidro Rodríguez, director nacional de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, recalcó que las peticiones del grupo fueron atendidas previamente en Panamá por el viceministro Severino Mejía.

Confirmó que en la comarca Ngöbe Buglé se realizan trabajos de mantenimiento en la mina de cobre en Cerro Colorado, pero hasta el momento no hay movimientos de exploración y explotación del yacimiento, por lo que no hay razón para las protestas.

Con respecto a la destitución del cacique Saldaña, recalcó que fue escogido por votación en 2003 y que el congreso general debe convocar a elecciones este año.

Indígenas ngöbe bugles devastan su madre tierra

ECOLOGÍA. LA REGIÓN ES LA NÚMERO UNO EN DEFORESTACIÓN.

La comarca se cae ante el imperio de la motosierra

Los indígenas ngöbe buglés están desmontando los bosques para destinarlos al pastoreo.

La Anam se queja de que no tiene recursos ni personal para trasladarse a las zonas afectadas por las quemas.

Hermes Sucre Serrano y
Eduardo Espinosa
nacionales@prensa.com

Cuando se sobrevuela la espesura de los bosques de la comarca indígena Ngöbe Buglé, se notan los escampados y la desolación de una montaña que agoniza bajo el rugido de las motosierras y el inmisericorde golpe del machete de las “arrieras humanas”.

Nö kribo, región de la comarca localizada entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, es víctima de la implacable deforestación y quema. Entre la bruma de la humareda se extingue el canto del sinsonte y se da paso al bramido del toro cebú. La destrucción del verdor de los cerros, para convertirlos en escarpadas mangas de pastoreo, se ha convertido en un dolor de cabeza para la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Así lo admite Alberto Montezuma, director regional de esta entidad, quien se pasa la mano por la frente hasta peinar su cabello lacio, cuando recuerda que en el período 1992-2000 la comarca ocupaba la triste posición número uno en lo que se podría llamar “las olimpiadas del desmonte”. El mal persiste, con el peligro de que suba la fiebre.

SE PERDIÓ EL RESPETO

Por eso hizo un llamado a todos los lugareños a que depongan la costumbre de acabar con los montes para convertirlos en potreros.

Aceptó que los ngöbe buglés están perdiendo el respeto por la naturaleza. “Quieren ser ganaderos, tener propiedades privadas y ven los bosques de la comarca como un atractivo para estas actividades, sin darse cuenta que están acabando con los recursos hídricos”.

Como una alternativa para controlar estas acciones, Montezuma señaló que con el apoyo del Proyecto Ngöbe Buglé se estará desarrollando un programa sobre el manejo de cuencas y microcuencas hídricas, al igual que programas de reforestación. “Será un proyecto intenso para restablecer las zonas boscosas y aquellas que se encuentran en los predios de las cuencas hídricas”, indicó.
LETRA MUERTA. La ley castiga la quema de bosques.

Respecto a las quemas de bosques, dijo que la ley es clara cuando indica que es prohibido en todo el país realizarlas sin permiso, pero subrayó que en la comarca se hacen con fines de desarrollar la agricultura de subsistencia, lo que, por lógica, no es sostenible.

Explicó que como alternativa inmediata, se están brindando capacitaciones, básicamente para ir cambiando sus sistemas de siembra y producción, por otros que en verdad sean sostenibles.

Se refirió a la existencia de proyectos en la comarca como lo son el Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona de Ñö Kribo; el de Conservación de Ecosistema, que tiene que ver con las áreas críticas ya certificadas en todo el país; al igual que el proyecto Ngöbe Buglé y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Subrayó que la Anam comarcal tiene en su contra la falta de accesibilidad a muchas áreas, pero ya se buscan los mecanismo necesarios para llegar a ellas, para educar a la gente en materia de recuperación de los bosques.

Comentó que hace falta equipo para trasladarse a las zonas afectadas, aunado a la falta de personal para darle cobertura a la región.

Pero aún en medio de la tormenta, Montezuma no ha perdido lo idealista: solicitó a las personas que detectan estas anomalías que lo hagan saber a la Anam para imponer los castigos que determina la ley. “Es parte de la colaboración ciudadana que es necesaria para poder mejorar estas situaciones”, reiteró.

Hace poco, Juan Otero, quien realizaba una labor fílmica durante su traslado a Coclesito vía aérea, quedó impresionado por los pedazos de vida que la mano del hombre le ha quitado a la montaña, en especial el desmembramiento de los bosques de Ñö Kribo. Desde la ventanilla de la nave veía la negruzca huella de la candela. Se animó un poco al observar que en los bordes de las áreas quemadas, la vegetación se sobreponía al castigo para recuperar la naturaleza muerta.

Una cobertura boscosa que corre peligro

Un estudio de la Autoridad Nacional del Ambiente revela que la comarca Ngöbe Buglé registró la mayor deforestación para el período 1992-2000, que fue de 81 mil 793 hectáreas o 10 mil 224 hectáreas por año; seguida por Darién y Panamá, respectivamente.

Según este estudio, en 1992 existía una cobertura boscosa de 49%; es decir 3 millones 695 mil 160 hectáreas de la superficie total del país, y para el año 2000 esa superficie se redujo a 45% (3 millones 364 mil 591 hectáreas), lo que representa una merma de 4% (330 mil 569 hectáreas en 8 años: 1992-2000) o 41 mil 321 hectáreas por año.

El informe indica que 75% del territorio nacional es de vocación forestal; y 25%, de vocación agropecuaria. No obstante, en uso agropecuario actualmente se considera un 40%. No hay estudios actualizados sobre la tala y quema, sin embargo, la Anam ha dicho que las denuncias en este sentido se atienden en forma expedita.

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Lástima que los indígenas panameños, especialmente los guaymíes, hayan perdido la ética y tradiciones indígenas de amor y respeto a la Madre Tierra, y hayan adoptado modelos de desarrollo liberales que afectan los máximos valores de convivencia pacífica y armónica con sus congéneres y la tierra que los sostiene.

Siempre hemos dicho que la contaminación occidental de la mente de los pueblos indígenas de América ha sido y sigue siendo un desastre, ya que es modelo que ha fracasado por más de mil años en Europa y los supuestos momentos de bonanzas para algunos son efímeras y sobre todo pírricas.

Se ha observado que los pueblos indígenas no han ganado una sola batalla entre el dilema occidental planteado y sus propios modelos de desarrollo, que cada día se desvanecen en el tiempo. O sea, la pérdida de cultura tradicional es la base de pobreza.

Burica Press