Indígenas caminarán 400 km para exigir derechos

La caminata se dirige hoy desde San Félix, Chiriquí a El Prado, en Veraguas.

Indígenas marchan contra concesiones

CHIRIQUÍ. Un grupo de indígenas y campesinos, inició ayer una marcha que salió de la Comarca Ngöbe Buglé hacia la ciudad capital. La marcha es un llamado de atención para que el gobierno frene las concesiones de hidroeléctricas y minas en el área comarcal.

La marcha de protesta, qu

CAMINATA ANTIHIDROELÉCTRICAS Y MINERAS
Contra viento y marea a la capital
Indígenas rechazan proyectos en la comarca

CHIRIQUÍ. Un centenar de indígenas partió ayer desde la 9:00 a. m, del distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, con destino a la capital de la República de Panamá.

La iniciativa busca llamar la atención de las máximas esferas del Gobierno Nacional para que frenen la proliferación de los proyectos mineros, así como la construcción de hidroeléctricas dentro del área comarcal y que se respeten los derechos de los pueblos nativos.

Piden que también se deroguen todas las concesiones otorgadas en la pasada administración de Martín Torrijos, ex presidente de la República.

Aseguran que se autorizaron proyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, sin realizar ningún tipo de consulta.

En el pliego de peticiones que llevan consigo, le solicitan al gobierno de Ricardo Martinellí que ratifique los convenios internacionales donde se consagran los derechos indígenas. También solicitan la creación de la Comarca Naso y la delimitación de las comunidades anexas a la Comarca Ngöbe Buglé.

La Asociación de Estudiantes Ngöbe de las Facultades de Derecho de la República, también participan de esta marcha.

Erick González, quien preside la misma, indica que les preocupa como se están afectando los recursos naturales por personas foráneas a la comarca. Se están haciendo negociados con nuestros recursos, aseguró.

LOGÍSTICA

La caminata tiene su hoja de ruta en la cual se contemplan los lugares donde se detendrán para descansar y dormir. Ayer, la marcha avanzó hasta el distrito de Tolé, mientras que para hoy se tiene contemplado llegar hasta El Prado, en la provincia de Veraguas.

César Salazar, presidente del Congreso Regional de Ñokribo, dijo que a medida que la marcha avance se irán integrando más personas. Indicó que a la ciudad de Panamá deberán llegar alrededor de 300 indígenas.

Calculan que el peregrinaje pudiese demorar hasta 25 días, mientras que otros dirigentes calculan que pudiesen llegar el próximo 30 del presente mes. Los manifestantes dicen estar organizados para lograr su cometido y para ello se han escogido diversas comisiones, como la de alimentación y la de salud.

Ahora volvemos a marchar para defender un territorio que ya nos ha sido otorgado por ley. En la Presidencia de la República, esperamos nos atenda el mandatario indicó Alberto Montezuma, coordinador de la caminata.

Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá
Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá


Observaciones al Informe del Estado en Relación a la Solicitud de Medidas Cautelares a CIDH

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

POR EL GOBIERNO DE PANAMÁ

CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS NGÖBE

E INDIVIDUOS EN EL VALLE DEL RÍO CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, PANAMÁ

Observaciones al Informe del Estado en Relación a la

Solicitud de Medidas Cautelares

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

MC-56-08

29 de julio de 2008

Peticionarios:

Cultural Survival

215 Prospect Street

Cambridge, MA 02139

617-441-5400 x. 16

elutz@cs.orgwww.cs.org

y

Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Apartado Postal 0815-01458

Zona 4, Panamá

República de Panamá

(507) 223-9170
acd@acdpanama.org o acdpanama@gmail.com

www.acdpanama.org

por

Ellen L. Lutz, Esq.

Directora Ejecutiva de Cultural Survival

Introducción:

Los peticionarios presentan sus atentos saludos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos agradecidos por la oportunidad de presentar nuestras observaciones que estimamos pertinentes a la respuesta de La República de Panamá a nuestra solicitud de medidas cautelares.

Se necesitan medidas cautelares inmediatas en este caso para prevenir más daños irreparables a las comunidades Ngöbes en el valle del Río Changuinola, incluyendo la destrucción de sus casas, fincas, vida comunitaria, cultura, y bienestar. Durante el primer año de construcción, muchas personas ya han sufrido daños físicos y emocionales como resultado de las acciones tomadas por AES con la aprobación del Gobierno de Panamá, especialmente desde enero 2008 cuando la Policía Nacional, contratada por AES, ocupó el área, y el trabajo se expandió a escasos cientos de metros de las comunidades de Charco de La Pava y Valle Rey. Se incrementó también el ritmo de trabajo a 24 horas al día, 7 días a la semana. Ninguna cantidad de dinero a ser pagada después de los hechos puede compensar a los Ngöbe cuya economía de subsistencia está basada en relaciones recíprocas y en interdependencia comunitaria, por las pérdidas que están sufriendo ahora y continuarán sufriendo a menos que esta Honorable Comisión tome medidas cautelares tal como solicitan los peticionarios.

I. En ausencia de medidas cautelares para detener la construcción de la Represa de Changuinola, los Ngöbes continuarán sufriendo daños irreparables.

Contrario a lo que afirma AES-Panamá, los daños irreparables se comenzaron a dar desde el momento en que entró la maquinaria de construcción e inició obras sin el conocimiento y consentimiento previo de las comunidades. Muchas personas, y en especial los niños y niñas, ya han sufrido daños físicos y emocionales irreparables, y muchos otros viven bajo la constante amenaza de ser reubicados a la fuerza. La destrucción de hortalizas familiares, causada por la construcción de la represa, ha provocado que las familias Ngöbe ya no puedan hallar sustento según su tradición. Todas las familias Ngöbe que viven en el área están bajo un constante estado de sitio por la Policía Nacional, la cual ha incurrido en abuso de autoridad, extralimitación de funciones, detenciones arbitrarias, restricciones a sus movimientos y actividades, e intimidación para presionarlos a firmar acuerdos o permitir construcciones en sus tierras agrícolas.

Además, las personas están siendo expuestas a peligros a la salud provenientes del polvo en el aire y detonaciones con explosivos a unos cuantos cientos de metros de sus casas, así como también la privación del sueño causada por el ruido y las luces que usan para la construcción nocturna. También están experimentando inseguridad y desamparo como resultado de la amenaza inminente de que todo su territorio será inundado. Adicional a esto, las negociaciones de AES Panamá, a través de pagos a las cabezas de familia, ignora las prácticas Ngöbe de tenencia de tierras y está causando estragos dentro de las familias y discordia dentro de la comunidad, al no tomar en cuenta la estructura social Ngöbe.

Desde que presentamos nuestra petición, el Gobierno se ha estado reuniendo con las comunidades afectadas, pero aun no ha anulado los llamados “acuerdos” entre AES Panamá y los jefes de familia. El Gobierno tampoco ha revocado el Artículo 5 de la resolución de EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del 2005, la cual hace del proceso de reubicación un asunto puramente privado entre AES y las familias afectadas, sin que establezca claramente autoridad garante para que los derechos de estas comunidades vulnerables no le sean conculcados. También, las declaraciones del Gobierno y de AES de que lo que ofrecen es algo “mejor” que el estilo de vida tradicional Ngöbe están causando humillación, y no están tomando en consideración su identidad y tradiciones. El propósito de las medidas cautelares es detener situaciones de abuso antes de que puedan causar mayores daños, en vez de compensar a la víctima o a la familia de la víctima después del hecho1.

Tal como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su propósito es preventivo.2 Aunque usualmente se requieran en casos donde la vida u otros derechos de integridad física estén en peligro, tanto esta Comisión como la Corte Interamericana han reconocido la importancia de otorgar medidas de protección interinas pendientes a una decisión sobre los méritos en casos relacionados a la integridad física de los pueblos indígenas y su seguridad, lo sagrado que son sus tierras indígenas, y el control de recursos naturales que se encuentran en tierras indígenas.3

Además, al emitir medidas interinas de prevención, tanto la Comisión como la Corte han reconocido el daño adicional que resulta de la inhabilidad del gobierno de consultar con el pueblo Ngöbe antes de otorgar una concesión corporativa de sus tierras o recursos.

Al emitir medidas cautelares para proteger a los doce clanes Saramaka que habitan 58 comunidades a lo largo del Río Surinam, la Comisión hizo un llamamiento a Surinam de tomar medidas apropiadas para suspender todas las concesiones, incluyendo permisos y licencias para la tala y exploración minera y otros desarrollos de recursos naturales hasta que fuesen examinados los reclamos presentados por el solicitante. Como hemos mencionado en nuestra petición, la Corte posteriormente indicó que el desarrollo a gran escala que pueda tener un impacto sobre los territorios indígenas requiere no solamente de consultas, sino también del libre y previo consentimiento según las tradiciones y costumbres de estos pueblos.4

De forma similar, la Comisión Mundial de Represas, formada por especialistas de todo el mundo que investigaron más de cien proyectos hidroeléctricos, determinó algunos lineamientos que se deben seguir al construir estos proyectos para garantizar el bienestar de las poblaciones afectadas. Uno de estos lineamientos especifica que “la reubicación física debe ser planeada en base a cronogramas que se basen en las necesidades y mejores intereses de las poblaciones afectadas, y no en los requisitos de construcción y amenaza inminente de inundación.”5 En el caso de Chan 75, no se sigue este principio. Al contrario, se van removiendo a las personas y familias a medida que se requiere avanzar la construcción, sin obtener su consentimiento previo, libre, e informado.

A pesar de las afirmaciones del Gobierno de Panamá en su informe, las circunstancias presentadas en su petición inicial en este caso no han cambiado. Al contrario, tal como detallan las siguientes secciones, la situación se ha deteriorado aún más.

A. Las familias Ngöbes están sufriendo por el trabajo nocturno, el ruido constante de las maquinarias, las explosiones, y el polvo. Desde febrero, las comunidades de Charco la Pava y Valle del Rey soportan las molestias de ruidos de trabajo de construcción y explosiones hasta horas después de pasada la medianoche. Además, AES ha instalado gigantescas torres de alumbrado para realizar los trabajos nocturnos. Al ser personas acostumbradas a vivir en aislamiento, cuyos hogares estaban rodeados de vegetación y no contaban con carreteras, este tipo de ruido y luces está causando omnipresente insomnio en las comunidades de Valle del Rey y Charco la Pava.6 Aunque no se han realizado evaluaciones médicas para conocer los efectos que pudieran haber tenido estas actividades sobre la salud de las personas que ahora están viviendo a escasos metros del área de construcción, el Gobierno ha reiterado que no se puede detener la construcción. También, familias Ngobes han reportado a Lucia Lasso y a otros colaboradores de ACD que al tener la construcción y maquinaria constantemente a su alrededor, tienen que soportar de manera continua el polvo, y que varios niños pequeños han comenzado a sufrir de frecuentes e intensas enfermedades respiratorias.7

B. Las familias Ngöbes están sufriendo por los cambios en el río. Las mujeres Ngöbes, cuyas labores dependen del acceso al río, han denunciado a Lucia Lasso que están sufriendo por la disminución de la calidad de agua, debido a la sedimentación en las tomas de quebradas y ríos. Mencionan que el agua que beben ya no es igual de buena y que a menudo les toca lavar en agua lodosa. Los Ngöbes, especialmente mujeres y niños, transcurren largo tiempo en el río y conocen bien las zonas seguras y aquellas con fuertes corrientes. Pero los cambios hechos por los movimientos de tierra a la altura de Valle del Rey y del sitio de presa han provocado accidentes peligrosos. El 3 de julio de 2008, Ernesto López, maestro y dirigente de Charco la Pava, relato a Lucia Lasso el caso de Roselia Santos (Valle del Rey) que la semana anterior estuvo cercana a ahogarse tratando de rescatar al hijo de Genaro Palacios, que estaba siendo arrastrado por la corriente. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero las personas están preocupadas antes este nuevo riesgo.

Además, los hombres se han quejado a Lucia Lasso de que el transporte a través del río con canoa y canalete (especie de remo-palanca utilizado para impulsar los botes) es mucho más difícil debido a los cambios en la corriente, volviéndose más peligrosos por la creación de nuevos rápidos.8

C. Las indemnizaciones que AES ha ofrecido a los hombres Ngobes han causado daños irreparables en el bienestar de las mujeres Ngobes. En varios casos, AES ofreció a hombres jefes de familia supuestas indemnizaciones de dinero y no nuevas fincas.9 Esto va en detrimento de la calidad de vida de las mujeres, aumentando su vulnerabilidad. En la cultura Ngöbe, las mujeres usualmente no administran el dinero sino que es tarea de los hombres. Es decir que las mujeres de las familias donde se dieron estos acuerdos por dinero pasaron de una situación donde tenían acceso directo a la tierra a una donde pierden control de la subsistencia por no recibir otros terrenos.

Esta situación se agrava con el hecho de que en la sociedad Ngöbe, especialmente cuando se encuentran en situaciones de estrés, los hombres tienen serios problemas de alcoholismo.10 En una conversación entre Lucia Lasso y mujeres de la comunidad de Guayabal, entre las que participaron Melita Tera y Guillermina Fernández, el 1 de Julio del 2008, salió a relucir que ya se han dado varios casos de hombres que han perdido miles de dólares de la supuesta indemnización en los bares de las zonas urbanas de Almirante y Changuinola.11 Considerando que las familias están firmando documentos de manera apresurada por miedo a que lo puedan perder todo, la continuación del presente proceso de reubicación podría acarrear consecuencias totalmente incompatibles con la cultura o la auto-determinación de las comunidades Ngobe, lo que dejaría a las mujeres y a los niños en una situación de absoluta dependencia.

D. La población vive en una situación de miedo e inseguridad por la presencia policial. Desde enero de 2008, primero por orden del corregidor y luego por un contrato entre la empresa AES y la Policía Nacional, las familias Ngöbe viven bajo constante vigilancia policial. Como indica el reporte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), sobre el Congreso del 30 de mayo de 2008, la población es objeto de requisas por parte de la policía, hecho que se aprecia en una de las fotos donde varios individuos fueron interrogados mientras caminaban entre las comunidades. En las fotos también se aprecia el efecto de la policía en los niños, la mayoría de los cuales nunca los habían visto antes de la llegada de AES por no haber salido de sus comunidades.12 Varias madres de Charco la Pava mencionan como desde los hechos de enero varios niños lloran cada vez que ven a una unidad de la policía. Finalmente tanto hombres como mujeres se quejan de que la policía estacionada cerca del sitio de presa, al frente de la comunidad de Charco la Pava, se distrae en sus horas de trabajo vigilando con prismáticos a las personas, especialmente a las mujeres bañándose y lavando en el río.

II. El Gobierno de Panamá Continúa Violando el Derecho de las Comunidades Ngöbe de dar su Consentimiento Libre, Previo, e Informado Relacionado al Uso de su Territorio y su Reubicación.

A. El Estado no demostró haber garantizado un proceso de consulta adecuado para obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población Ngöbe. La respuesta del Gobierno menciona haber realizado numerosas consultas a través de la consultora Gestión Urbana, empresa contratada por AES. A revisar las recomendaciones de la CIDH y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta evidente que este proceso es inadecuado. La Comisión Mundial de Represas indica que uno de los requisitos para el desarrollo adecuado de grandes proyectos hidroeléctricos es la participación verdadera, la cual “necesita empoderamiento, esto es, capacidad de influenciar en las decisiones.” (resaltado nuestro)13 Esto, sin embargo no ocurre con las poblaciones Ngöbe del Río Changuinola. Primero, y más importante, muchas de estas reuniones se han dado a posteriori del otorgamiento de la concesión del Bosque Protector Palo Seco a AES Panama, y luego de iniciados los trabajos de construcción. En otras palabras, estas reuniones de consulta sólo evalúan aspectos secundarios al proyecto (por ejemplo el tipo de casa que desean sea construida), pero no se dieron consultas para obtener el consentimiento a la realización del proyecto en si.

Segundo, estos procesos de “consulta” no han sido mediados por el Gobierno de Panamá para garantizar los derechos a la participación libre e informada de sus ciudadanos de manera neutral. Al contrario, el Gobierno ha cerrado la única ventana de oportunidad para la participación estipulada en la legislación panameña al permitir la aprobación de los EIA de los sitios de reubicación con categoría de impacto nulo (categoría I), los cuales no tienen espacio de consulta. Las reuniones han sido realizadas por la empresa, siguiendo sus propios intereses particulares. Además, las reuniones son mayoritariamente de carácter informativo, donde se les comunica a los Ngöbe cuales son los planes de acción del proyecto.

Tercero, aquellas reuniones realizadas para la consulta de aspectos secundarios del proyecto tampoco han garantizado que se cumplan los deseos y decisiones tomadas por la población indígena afectada. En numerosas ocasiones dirigentes de la comunidad se han lamentado de que la empresa nunca cumple con las promesas realizadas y los acuerdos alcanzados si éstos no satisfacen las necesidades de AES o entran en conflicto con su calendario de construcción. Y el Gobierno no sólo no ha garantizado la participación y consulta previa, sino que ni siquiera ha garantizado que se cumpla con los procesos colectivos instaurados a posteriori. El último ejemplo de este accionar se ve reflejado en la carta enviada por Charco la Pava el 1 de julio de 2008 a AES.14

Aunado a esto se da el hecho de que la empresa, independientemente de cualquier reunión realizada, simultáneamente continúa las presiones individuales a las familias para avanzar a través de acuerdos separados . En virtud del Articulo 5, numeral 38, de la Resolución del EIA del 2005, los acuerdos de indemnización son un negocio puramente privado entre AES y las familias afectadas, lo que los haría irreversibles una vez hayan sido firmados.15

B. El Estado Panameño causó daños irreparables al haber otorgado una concesión de territorio Ngöbe, incluyendo comunidades y fincas, a una empresa privada sin haber consultado y obtenido el consentimiento de las personas que vivían dentro. El Contrato de Servicio de Vigilancia Policial firmado entre la empresa AES Changuinola y la Policía Nacional muestra que “el lugar de prestación del servicio, acuerdan las partes que iniciará y finalizará en LA EMPRESA.” El territorio Ngöbe pasó a formar parte de la empresa legalmente, hecho que se utiliza para justificar la vigilancia de sus propias personas y hogares.

El Gobierno reconoce en su informe que los Ngöbes afectados estuvieron viviendo en esta área mucho antes del establecimiento del Bosque Protector de Palo Seco (BPPS) en 1983. Además, el gobierno no discute el hecho de que cuando se estableció el BPPS, no consultó con los Ngöbes; ni tampoco tomó ninguna acción para identificar, demarcar, o titular las tierras Ngöbe; ni tampoco tomó ninguna acción para disminuir los derechos de posesión de tierras, hogares y territorio de los Ngöbe.

Hay que enfatizar que desde el 2001 el Gobierno contaba con fondos del Banco Mundial para realizar estas demarcaciones y legalizaciones del territorio indígena de Bocas del Toro a través del Programa de Administración de Tierras (PRONAT). Sin embargo hasta la fecha esta tarea aún no se ha realizado y todavía AES, en el EIA aprobado en el 2005, utilizaba un estudio de la ANAM que dice “existe una confusión por parte de los pobladores que creen tener derecho posesorio, pero en realidad lo que se da es derecho ‘sobreentendido’ (sin validez legal de propiedad) para la ocupación de la tierra, por lo tanto, se entiende que no es una propiedad privada y no se tienen derechos legales sobre estas tierras” (Énfasis es nuestro).16

Es un conocido y muy establecido principio de derecho internacional que el Estado tiene el deber de proteger los derechos de sus ciudadanos. En este caso, en vez de proteger los derechos del pueblo Ngöbe, el gobierno buscó contratar esta responsabilidad al asignarla a AES Panamá, una compañía de ingeniería sin ninguna experiencia o calificación en el tema de protección de derechos humanos. De hecho, AES ha actuado tal como se esperaría que una compañía de construcción actuara cuando trata de ejecutar un proyecto de obras públicas muy costoso: Ha tratado a los Ngöbe como un obstáculo en la construcción, en vez de tratarlos como un pueblo indígena cuyos derechos humanos está obligada a respetar.

El acuerdo contractual del Gobierno de Panamá con AES con respecto a los derechos de los Ngöbes en el Bosque Protector Palo Seco fue en sí una violación de los derechos de los Ngöbe, ya que los privó de acceso al sistema de justicia que el gobierno ha establecido para proteger los derechos humanos. El Gobierno de Panamá ha ido aún más allá en permitirle a AES contratar el uso de la Policía Nacional para prevenir que los Ngöbe participen en cualquier forma de protesta relacionada a su oposición a la represa. El contrato entre AES y la Policía Nacional no especifica las funciones que pueden realizar estas unidades de policía, sólo especifica que deben estar armadas y uniformadas todos los días. Además, el Gobierno no ha investigado apropiadamente ni ha tomado ninguna medida disciplinaria en contra de las unidades policiales que han sido acusadas de incurrir en violaciones a los derechos humanos los días 3 y 4 de enero. Esta falta de investigación envía a la poblacion Ngöbe un mensaje de discriminación, impunidad y arbitrariedad en la acción policial. La empresa en numerosas ocasiones ha mencionado a la población que ya no tienen derechos porque el Estado se los traspasó a ellos.17 Y la presencia policial se ha utilizado para corroborar este hecho e intimidar a las familias a que firmen acuerdos.

A pesar de que el Estado Panameño niega en su respuesta que estos agentes estén cumpliendo órdenes de la empresa para intimidar a la población, las autoridades locales sí están anuentes a esta situación. Es por esto que el 25 de marzo del 2008, la Alcaldesa del Municipio de Changuinola pidió que se retiraran las unidades de policía de la zona, y menciona el caso de que una familia de Valle del Rey había sido visitada “por miembros de la policía quienes, frente a un funcionario de la Municipalidad, le gritaron con frases intimidatorios a estos humildes ciudadanos.”18

Igualmente, la Policía Nacional ha detenido el paso a la ciudadana panameña Lucia L. Lasso, de la organización no gubernamental Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) en dos ocasiones. La primera fue el 21 de febrero de 2008, en compañía de Pedro Abrego, un dirigente indígena Ngöbe, y de Cheri Kramer, ciudadana estadounidense. La segunda ocasión fue el 5 de marzo de 2008, en compañía de los ciudadanos costarricenses Ricardo Valverde, del Tribunal Latinoamericano del Agua, y Alberto Rojas, consultor de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN).19 Aunque esta medida de control policial ha disminuido desde que se interpuso la presente petición, las mismas limitaron de manera significativa la capacidad que han tenido las organizaciones de derechos humanos para documentar y dar seguimiento a numerosos casos que se han dado durante los últimos siete meses.

C. La metodología de negociación de AES aumenta la vulnerabilidad de las familias menos educadas. No todas las familias donde se realizará el proyecto tienen el mismo nivel educativo, ni el mismo conocimiento de la cultura occidental, dominio del idioma español, y manejo del dinero. De no otorgarse las Medidas Cautelares, el hecho de que AES continúe con su practica de realizar acuerdos privados en base a transacciones separadas con los supuestos cabeza de familia sólo llevará a que más de aquellas familias con poco conocimiento de las formas occidentales terminen en condiciones precarias luego de firmar sus acuerdos. Un ejemplo es el caso de Patricia Castillo, cuya familia fue reubicada en la zona de Finca 4. Ella ya firmó un acuerdo que no es revocable y cuyos daños ya está viviendo. Patricia puso su huella digital en el contrato entendiendo que el dinero que recibiría mensualmente era en concepto de alquiler de su finca. Sin embargo, el contrato lo que especificaba era pagos mensuales de indemnización por haber cedido su finca a AES.20 Hoy día, Patricia vive hacinada en una casa en un área urbana de las inmediaciones de Changuinola,21 y no tiene aún una finca de reposición.22 Otro ejemplo es el caso de Enoc Villagra, hijo de Fermín Villagra de Valle del Rey. Enoc, de 22 años, se ha visto obligado a abandonar sus estudios superiores en la ciudad de Changuinola para poder quedarse en casa con sus padres, ya que la empresa siempre aprovechaba cuando él que sabe leer y escribir no se encontraba para presionar y tratar de comprar el terreno de la familia.23

Hay que resaltar que el Gobierno ha mantenido su posición expresada en el Articulo 5 de la Resolución del EIA de 2005 de que la indemnización es un negocio puramente privado entre AES y los afectados. En consecuencia la firma de cada uno de estos acuerdos en potencia representa un daño irreparable e irreversible para estas familias que muchas veces no entienden los términos de la negociación y que no tienen dinero para contratar abogados que puedan anular los acuerdos o defender sus derechos en las cortes. Prueba de esto ha sido que la Empresa ya había firmado numerosos acuerdos antes de que se hubieran aprobado los EIAs de los cuatro sitios de reubicación que sólo incluyen la localización de las casas y no toman medidas para garantizar la sostenibilidad de la economía agrícola de subsistencia al no garantizar tierras de cultivos.

D. Existen Incongruencias en la Respuesta del Estado Panameño sobre la presencia y acción policial. Uno de los puntos enunciados en la petición fue el del maltrato a la población durante los hechos del 3 de enero de 2008, mencionándose el caso de Iván Miranda, un niño de 9 años que terminó con una nariz rota, y separado de sus padres. En la carta de la Dirección General de la Policía Nacional con fecha del 2 de junio, la Policía responde a esta acusación diciendo que antes de que se diera un enfrentamiento con los moradores una mujer salió con un niño sangrando por la nariz y que se le trasladó “junto a sus padres, al centro de salud más cercano”. Sin embargo, los documentos policiales realizados por la Policía de Niñez y Adolescencia al día siguiente de los hechos, 4 de enero de 2008, relatan una historia diferente. Una carta del Subteniente 10408, Didier Santamaría, para el Sub comisionado José Manuel Ríos, dice que “el niño Iván Miranda de 9 años quien resultó con lesiones en la nariz (sangrado) ocasionadas por alteraciones de la turba” (resaltado nuestro) estuvo detenido junto a otros niños y adolescentes. Igualmente, en el “Listado de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Especialmente Difícil (Alteración del Orden Público)” se menciona la detención de Iván Miranda, hijo de Amalia Ábrego y Federico Miranda. Al mismo tiempo, la lista de todos los detenidos otorgada por el Estado muestra claramente que ambos de sus padres estaban también detenidos. Es imposible entonces que sea cierta la respuesta oficial del Estado del 2 de junio ya que el niño y sus padres no pueden estar simultáneamente en el centro de salud más cercano y en los centros de detención de Changuinola.

III. El Gobierno de Panamá aun no ha presentado a las comunidades Ngöbes opciones apropiadas para su reubicación o alguna otra resolución relacionada a este asunto.

Tanto el Gobierno como AES Panamá describen a los Ngöbe como una cultura atrasada a la que le iría mejor gracias a los favores recibidos de AES. Esta actitud oculta los verdaderos hechos: que tanto el Gobierno como AES han decidido proceder con la represa Chan 75 bajo cualquier circunstancia, sin importar el costo en términos de violaciones de los derechos de los Ngöbes. Esta actitud se manifiesta en su informe en el que se detalla la ubicación de las nuevas viviendas de los miembros de las cuatro comunidades. El Informe General del Programa de Reasentamiento “Comunidades del Río Changuinola” realizado por Gestión Urbana, empresa consultora de AES Panamá, es sumamente ambiguo sobre la reposición de las fincas a perderse. El informe dice en la sección 4.3.3, “Estado Actual del Proceso de Reasentamiento,” que el 79% aún no tiene una solución sobre las fincas que perderán en el proyecto. Las comunidades han manifestado en numerosas ocasiones su inseguridad por la insuficiencia de terrenos de igual calidad a aquellos que van a perder en la zona cercana a donde habitan. Igualmente tienen preocupaciones sobre el acceso a las áreas, la cacería y la pesca, la calidad del agua, y la posibilidad de cultivar los alimentos que forman parte de la dieta Ngobe, en especial los tubérculos.

Es importante señalar que por su topografía, las tierras que se inundarán en el valle fluvial del Changuinola, son aquellas más ricas y aptas para la agricultura, mientras que las que se encuentran por encima de la cota del lago tienden a ser pobres, erosionables y de alto riesgo de deslizamientos por la alta inclinación del terreno. Esta situación se agrava por la cercanía del proyecto al Parque Internacional La Amistad, donde la ANAM no permitirá nuevos asentamientos y uso de tierras. En ninguna parte del informe de AES y Gestión Urbana se indica la capacidad de cubrir la necesidad para aquellas familias sin acuerdos de reubicación (79%) con tierras de igual o mejor calidad que se encuentren cercanas a sus viviendas. No es sorpresa entonces que aquellas familias que según Gestión Urbana ya tienen convenios con la empresa sobre sus fincas (sección 4.5.1), hayan recibido términos muy desfavorables. Este seria el caso de la finca de la familia de Venancio Salina que está a 6 horas de su vivienda, dificultando sobremanera su uso diario para la agricultura de subsistencia.

Además, existen incongruencias en el cuadro de convenios de fincas firmados entre AES y las familias, ya que en la sección de observaciones confirma que la mayoría aún no cuenta con convenios. Esto indica que en realidad no se ha definido su situación, sino que simplemente han acordado abandonar sus fincas. Por otra parte, tanto el reporte del MIDES como Gestión Urbana admiten que las hijas de la Sra. Isabel Becker aún no cuentan con fincas de reposición, 10 meses después de su reubicación, a pesar de haberlas solicitado explícitamente en sus acuerdos.

El no saber que tipo de tierras les darán, y dónde se encontrarán, es una situación inadmisible para una población indígena que depende casi completamente de la agricultura de subsistencia. La presión del avance de la construcción hace que realicen acuerdos sin ninguna consideración sobre los impactos a largo plazo de la reubicación, llevándolos a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. El hecho de que AES ni siquiera haya asegurado los medios de subsistencia de algunos de los casos mejor conocidos en los medios de comunicación, como el de Patricia Castillo; y que el Gobierno de Panamá aun este confrontando dificultades con el cumplimiento de los compromisos de la reubicación de Bayano que se realizó hace mas de treinta años, son señales preocupantes sobre el incierto futuro que le espera a las personas que están firmando acuerdos bajo condiciones de presión.

Finalmente, el informe de AES para el Ministerio de Relaciones Exteriores comenta que la empresa le dará a la población afectada tierras tituladas a cambio de aquellas que se perderán. Sin embargo aun no se ha cambiado la legislación Panameña que hacen inadjudicables y no titulables las tierras de donde viven los Ngöbe y donde se encuentran los presuntos sitios de reubicación. Por lo tanto, la aseveración de AES es falsa.

IV. Respuestas a otros Puntos Hechos por el Gobierno de Panamá o AES que no han sido cubiertos anteriormente en el documento.

Nos complace mencionar que el Gobierno de Panamá ha reconocido en su Informe que los pobladores que viven en el área que está siendo impactada por la hidroeléctrica Chan 75 son Ngöbe – uno de los pueblos indígenas reconocidos en Panamá. Como tales, ellos están protegidos por todas las leyes internacionales y domésticas relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, el Gobierno expone que los peticionarios no tomaron en cuenta la legislación panameña que regula la ANAM. Nosotros negamos esta posición ya que sí se menciona en numerosas ocasiones las irregularidades en el uso de la legislación ambiental panameña. Como se manifestó anteriormente, la ANAM no ha garantizado el cumplimiento de la ley que regula los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) al aprobar estudios de impacto ambiental categoría I (de nulo o mínimo impacto) en zonas habitadas por grupos indígenas y que son a su vez áreas protegidas, ambos criterios que de cumplirse la ley obligarían a clasificar los EIA como de impacto significativo. Como se dijo, según la legislación ambiental, los EIA categoría I no permiten espacios de participación ciudadana. Pero, además de la problemática ya descrita, queremos hacer énfasis en que el Gobierno derogó de manera subrepticia la mayoría de los artículos de derecho indígena en la Ley General de Ambiente. La Ley No. 41 de 1998, o Ley General de Ambiente, era una de los pocos cuerpos de ley que especificaban ciertos derechos de los pueblos indígenas y deberes del Estado para con estas poblaciones, la mayoría ubicados en el título VII de la Ley. En el año 2000, la población Ngöbe y la población Bugle del Tabasará lográron ganar un caso en la Corte Suprema utilizando estos artículos. Sin embargo, en el 2003 la Asemblea Legislativs se aprobó la Ley 18, la cual a pesar de ser simplemente una ley de modificación de límites de corregimientos, utilizó su último artículo para derogar 5 artículos de la ley General de Ambiente, o Ley 41 de 1998.24 Entre los articulos derogados estan los artículos 63 y 96 que establecían el co-manejo entre la ANAM y las autoridades indígenas para la conservación de recursos naturales.

Además, se derogo el artículo 98, que les daba el derecho al “uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales renovables, ubicados dentro de las comarcas y reservas indígenas creadas por ley”. Los otros artículos eliminados, el 101, y el 102, establecían que se requería la autorización de autoridades tradicionales competentes para el “aprovechamiento con fines industriales o comerciales de los recursos ubicados en tierras de comunidades o pueblos indígenas”, y que las comunidades indígenas “sólo podrán ser trasladados de sus comarcas y reservas, o de las tierras que poseen, mediante su previo consentimiento.” En otras palabras, el Gobierno ha eliminado las herramientas legales que existían anteriormente para defender los derechos territoriales de la población indígena.

Finalmente, los Peticionarios absolutamente rechazan las alegaciones del Gobierno de que nosotros:

  • No hemos entendido el estatus legal internacional de La Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, si bien no es tratado, es una fuente importante para la interpretación de del derecho Inter-Americana de Derechos Humanos;

  • Erróneamente se utilizaron el concepto de “Comarca” o “tierra
    ancestral”, para denominar el territorio donde se construye la represa. Sin embargo, el artículo127 de la Constitución Nacional protege todas las tierras indígenas, y no sólo las tierras comarcales.

  • No hemos agotado remedios domésticos; o

  • Se nos prohíbe presentar esta petición porque ACD es un co-firmante de una petición ante la UNESCO para incluir al Parque Internacional La Amistad, como Sitio Patrimonio en Peligro. Esta petición se relaciona a los impactos ambientales y ecológicos y no a situación de los derechos humanos del pueblo indigena Ngöbe de la zona.

Nuestros argumentos en contra de estas alegaciones del Gobierno pueden ser encontrados en la petición. Peticionarios además rechazamos cualquier otra alegación o error atribuido a nosotros por parte del Gobierno de Panamá que no esté mencionado entre estas Observaciones.

V. Conclusión

Por todas las razones mencionadas en la Petición inicial y aquellas mencionadas en estas Observaciones, los Solicitantes respetuosamente solicitan que esta Honorable Comisión proteja inmediatamente los derechos del pueblo indígena Ngöbe, tal como es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al recomendar Medidas Cautelares solicitadas en nuestra Petición.

Respetuosamente presentado,

________________________________ 28 de julio, 2008

Ellen L. Lutz

LISTA DE ANEXOS

Correspondencia

Carta de Charco la Pava a AES Changuinola 1 de julio 2008

— La comunidad reclama a la empresa por no cumplir lo acordado frente a figuras del gobierno

Carta de la Alcaldesa de Changuinola al Sub-comisionado de Policía 25 de marzo 2008

La alcaldesa denuncia las acciones intimidatorias de la policía y solicita al Sub-comisionado que las retire del área.

Carta de Ligia Castro, Administradora General de la ANAM,

a Ariel Rodríguez, Presidente de ACD 10 de junio 2008

— La Administradora General de la ANAM afirma que las tierras en las que viven los Ngobe no son tierras indígenas por no encontrarse en comarcas y por ser área protegida. Confirma que las negociaciones entre la empresa y las comunidades son meramente privadas, sin participación del gobierno.

Testimonio de Sra. Isabel Becker

(transcripciones ngöbere-español) noviembre 2007

–La Sra. Isabel explica su experiencia de la firma de contrato, aceptando cuando se cansó de tener a las personas de AES todos los días en la casa y ver que le ofrecían una buena finca.

Reporte del Antropólogo Dr. Philip Young julio de 2008

Declaración Jurada de Lucia L. Lasso julio de 2008

Figuras (identificadas individualmente)

(Diagramas y photos sobre la situación actual en la zona)

Photografías de la Zona y Testimonios por Miguel Lombardo

(30 de Abril a 3 de Mayo de 2008)

Entrevistas – CD

Ernesto López (video) febrero 2008

–Este dirigente de Charco la Pava cuenta las principales preocupaciones de las comunidades Ngöbe del Río Changuinola.

Julia, Elsa y Patricia Castillo (hijas Sra. Isabel Becker) (audio) noviembre 2007

— Las hijas de la Sra. Isabel Becker comentan sobre su situación en las casas donde fueron reubicadas. Patricia Castillo cuenta como sucedió la “firma” de su contrato.

Adelaida Miranda (audio) enero 2008

— Esta dirigente mujer Ngöbe comenta su experiencia en los hechos del 3 de enero

Willi Abrego (audio) enero 2008

–Este residente de Charco la Pava cuenta su experiencia en los hechos del 3 de enero

1 Jo M. Pascualucci, “The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Rights System” (La Evolución de Derechos Indígenas Internacionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos), Human Rights Law Review 6:2 (2006), 281, 315.

2 Caso de la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, Solicitud para Medidas Provisionales en Guatemala, Orden de la Corte del 4 de julio 2006, Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Considerando” párrafo 5. Ver también, Mayagna (Sumo) Caso Awas Tingni, Medidas Provisionales en Nicaragua, Orden de la Corte del 6 de septiembre 2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en “Considerando” párrafo 9.

3 Ver la Solicitud de de Medidas Provisionales adjunta a la Petición en p.38 et seq.; Ver también “Maya Indigenous Communities of the Toledo District v Belize” (Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo vs Belize) Informe No. 40/04 (2004); 13 IHRR 553 (2006) en párrafo. 8.

4 Case of the Saramaka People v. Suriname (Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam), 2007 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. C) No. 172 (28 de noviembre 2007), 134. La Corte citó en apoyo a una conclusión similar al Relator Especial de la ONU en la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas. Relator Especial de la ONU en la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado según la resolución 2001-65 de la Comisión (Quincuagésima novena sesión, Doc. ONU E/CN.4/2003/90, Enero 21, 2003, p. 2, 66.)

5 Bartolomé, L.J., de Wet, C., Mander, H., Nagraj, V.K. 2000. Displacement, Resettlement, Rehabilitation, Reparation, and Development (Desplazamiento, Reubicación, Rehabilitación, Reparación y Desarrollo) Informe Temático WCD I.3 preparado como un insumo para la Comisión Mundial para Represas, Ciudad del Cabo, p. 46

6 Ver fotos Anexo No. 4.

7 Declaration Jurada de Lucia Lasso

8 Ibid.

9 Informe de Gestión Urbana sobre acuerdos de fincas (quinto cuadro de sección 4.5.1).

10 Ver Informe Suplementario del Dr. Philip Young

11 Declaración Jurada de Lucia Lasso

12 Ver el anexo “Figuras.”

13 Bartolome, L.J., de Wet, C., Mander, H., Nagraj, V.K. 2000. Displacement, Resettlement, Rehabilitation, Reparation, and Development (Desplazamiento, Reubicación, Rehabilitación, Reparación y Desarrollo) Informe Temático WCD I.3 preparado como un insumo para la Comisión Mundial para Represas, Ciudad del Cabo, p. 46

14 Ver Anexo Carta de Charco la Pava a AES Changuinola.

15 Carta Dirigida por Ligia Castro de Doens, Administradora General de la ANAM a Ariel Rodríguez, Presidente de la ACD. 10 de julio de 2008.

16 Montano, Minerva. 1999. Diagnóstico de Aspectos Sociales, Ambientales, Culturales y Económicos del Bosque Protector Palo Seco, Bocas del Toro. ANAM-PANAM

17 Entrevista realizada por Lucia Lasso a Adelaida Miranda, 4 de enero de 2008. Minuto 03:28. Entrevista realizada por Dawn Jones a Ernesto López, febrero de 2008, minute 05:53. Entrevista realizada por Feliciano Santos a Isabel Becker, 10 de noviembre de 2008, p. 3

18 Ver anexo, Carta dirigida por Virginia Abrego, Alcaldesa del Distrito de Changuinola al Sub-comisionado de la Policía Nacional de Bocas del Toro, José Manuel Ríos, 25 de marzo de 2008.

19 El Informe del Gobierno comenta que no se detiene el paso de las organizaciones y cita como ejemplo la entrada del Banco Mundial y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON). Sin embargo, el primero es un entidad con financiaciones millonarias al Gobierno y que entró en la zona dos meses después de presentada la petición de medidas cautelares. La segunda organización no entró por vía terrestre, sino que por helicóptero, evitando así cualquier contacto con los sitios de la policía.

20 Entrevista grabada, “Hijas Sra. Isabel, parte 1”, minuto 20:20.

21 Informe de MIDES.

22 Informe de Gestión Urbana-AES.

23

 Declaración Jurada de Lucia L. Lasso

24 Ley 18 de 2003, la cual “Crea los corregimientos Las Lamas, segregado del corregimiento La Pitaloza en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, y San Jose, segregado del corregimiento San Juan, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas; modifica los artículos 22 y 64 de la ley 58 de 1998 y adopta otras disposiciones” República de Panamá, Gaceta 24,731 del 31 de enero del 2003.


BAJE EL DOCUMENTO COMPLETO EN VERSION PDF: Respuesta al Estado_Final julio08

Panamá demandada ante CIDH por hidroeléctricas

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR
EL GOBIERNO DE PANAMÁ CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS NGÖBE E
INDIVIDUOS EN EL VALLE DEL RÍO CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, PANAMÁ

Introducción:

Esta petición es presentada por Cultural Survival, una organización sin fines de lucro con base en Cambridge, Massachusetts, EE.UU., que promueve los derechos, voces y visiones de pueblos indígenas alrededor del mundo, y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización panameña sin fines de lucro, que ha trabajado con las comunidades indígenas ngöbe en Bocas del Toro, Panamá, por varios años.  La presente petición está hecha en nombre de varias comunidades indígenas ngöbe, totalizando aproximadamente 5 000 personas que viven a lo largo del río Changuinola, en el distrito del mismo nombre.  Las comunidades sufren violaciones de sus derechos garantizados por los Artículos 5, 7, 13, 21 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como resultado de la concesión que el gobierno de Panamá dio a AES-Changuinola, una compañía privada, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

Jurisdicción:

El Gobierno de Panamá ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos el 22 de junio de 1978 y accedió al Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), el 18 de febrero de 1993.  Panamá aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1990.

Agotamiento de los Recursos Internos:

Esta petición es admisible bajo los Artículos 46 (1)(a) y 46 (2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.  El Artículo 46(1)(a) requiere que los recursos internos se satisfagan de acuerdo a la legislación interna, admitidos por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.  El Artículo 46(2) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos proporciona excepciones a la ley de agotamiento de recursos internos, donde “no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos y; haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.”[1] La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo en el Caso del Pueblo Saramaka  vs.  Surinam, que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades [de los pueblos indígenas], sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres… para garantizar el derecho a la propiedad comunal de los integrantes de los pueblos indígenas, los Estados deben establecer un recurso efectivo con las garantías de debido proceso […] que les permita reivindicar sus tierras tradicionales.”[2]El 22 de diciembre de 2007, los abogados Donaldo Sousa y Susana Serracín interpusieron un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, alegando los mismos hechos que hemos mencionado aquí.[3] Hasta la fecha, la Corte no ha fallado sobre la admisibilidad de este amparo, y el magistrado responsable por el caso está encarando una enorme acumulación de causa[4].

Antes de interponer el amparo, miembros de la comunidad ngöbe hicieron numerosos intentos de buscar reparaciones dentro de Panamá, inclusive ante algunos órganos ministeriales responsables por la protección de los pueblos indígenas de Panamá: el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Defensoría del Pueblo.  Estas comunidades ngöbe también han pedido ayuda a las autoridades gubernamentales responsables de la adjudicación de concesiones a AES-Changuinola: la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y la Autoridad Nacional del Ambiente.  En todas las instancias, las peticiones de los ngöbe han sido ignoradas o rechazadas, alegando que el ministerio o entidad no posee autoridad para examinar quejas de indivíduos o de pueblos indígenas contra AES-Changuinola.

Dado el retraso de la Corte Suprema de Justicia en determinar si el amparo es admisible – mucho menos tomar una decisión al respecto – y la clara urgencia de intervención en este asunto para evitar posibles daños irreparables, los peticionarios respetuosamente sostienen que no resta ningún recurso efectivo en Panamá para las comunidades indígenas ngöbe.

Historia:

Los ngöbe, que suman unas 170 000 personas, es el grupo indígena más grande de Panamá.  La gran mayoría vive aún de manera tradicional en la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé y en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas en el oeste de Panamá, donde se sustentan con agricultura y pesca de subsistencia.  También plantan cacao y café, que venden para adquirir las necesidades básicas que no producen, como azúcar, ropas y material escolar.

El Gobierno de Panamá (GDP) planea construir una gran cantidad de represas hidroeléctricas en los próximos años, principalmente en ríos al oeste de Panamá en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.  En mayo de 2007, la entidad de medio ambiente del Gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), aprobó la concesión por 20 años a AES-Changuinola de 6 215 hectáreas en el bosque protector de Palo Seco.  AES-Changuinola es una subsidiaria de Allied Energy Systems Corporation (AES), con base en Arlington, Virginia, Estados Unidos.  La concesión autoriza la construcción de la represa hidroeléctrica Chan-75, primera de una serie de represas que proyectan construir en el curso del río Teribe-Changuinola.  La concesión transfiere posteriormente a AES-Changuinola la autoridad para administrar el sector del Bosque Protector de Palo Seco donde la represa está siendo construida.  La represa Chan-75 está en construcción.

La represa inundará cuatro comunidades ngöbe – Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba – que albergan aproximadamente 1 005 personas que tendrán que ser reubicadas.  Otros 4 000 ngöbe que viven en comunidades vecinas, incluyendo Nance de Riscó y Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza, serán negativamente afectados porque la represa destruirá sus rutas de transporte, inundará sus terrenos de cultivo, acabará con el acceso a las fincas y abrirá el camino a nuevos colonizadores no ngöbe.

La represa también causará daños ambientales a la Reserva de la Biosfera La Amistad.  Expertos han determinado que hay un alto índice de riesgo en perder importantes especies migratorias de peces de ríos, porque la represa acabará con esta ruta de migración.  Algunas de estas especies, como Joturos pitchardi, llamado localmente bocachica, son fuente importante de proteínas en la dieta ngöbe.

Las tierras en cuestión están ubicadas en territorios ocupados por los pueblos indígenas hace siglos o milenios.  Desde la época colonial, familias ngöbe se han desplazado fluidamente de una región a otra dentro de este territorio, para conseguir sus necesidades de subsistencia.  La mayoría de las comunidades ngöbe que serán inundadas por la represa se establecieron durante la década de 1950 por ngöbes que, como resultado de presiones concernientes a tierra en comunidades vecinas, se dispersaron por tierras tradicionalmente indígenas, en ese entonces sin cultivos, y establecieron nuevos hogares y tierras para cultivo.  Cuatro generaciones de ngöbe han vivido en estas tierras, que nunca han sido tituladas.

En 1983, el Gobierno de Panamá adoptó el decreto número 25, que creaba el Bosque Protector de Palo Seco.  Este bosque sirve como zona de amortiguación para el Parque Internacional La Amistad, que es dividido con Costa Rica.  El sector panameño del Parque fue aprobado e incluido como Sitio de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1990.  El Bosque Protector de Palo Seco es también parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá que protege centenares de miles de bosques tropicales en tierras altas y bajas, y abriga abundante vida salvaje, así como especies naturales, migratorias, endémicas y en peligro de extinción.  La Reserva de la Biosfera sostiene a los cuatro pueblos indígenas – los cabecar, los bribri, los naso y los ngöbe – que sobrevivieron a los conquistadores españoles y las hostiles expediciones promovidas por la Corona Británica en el siglo 18.

Las comunidades ngöbe a las que esta petición se refiere están todas localizadas en el Bosque Protector de Palo Seco.  Cuando Palo Seco fue establecido, muchas de las comunidades ngöbe incluyendo Charco la Pava, Guayabal, Valle de Riscó y Changuinola Arriba estaban bien establecidas.  El Gobierno de Panamá no se esforzó en distinguir las tierras ngöbe de las tierras del Gobierno, ni se les explicó a los ngöbe que vivían allí que ellos no tenían más derechos de propiedad en sus tierras ni en sus cultivos.   Es más, muchos de los habitantes locales no sabían en aquel entonces que el Gobierno había superpuesto un bosque de protección en sus territorios.  En ningún momento el GDP indemnizó a los ngöbe por sus tierras en el Bosque Protector.  Todas las tierras que el GDP concedió a AES están dentro del Bosque Protector.

En 1997, el GDP creó la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé para los pueblos indígenas ngöbe y buglé que viven en el oeste de Panamá.  En ese entonces, el GDP creía que la comarca no incluía todos los territorios ngöbe y estableció una categoría legal llamada “Áreas Anexas”, que nunca fueron definidas en el espacio.  Estas son áreas que son habitadas tanto por pueblos indígenas como por latinos u otros pueblos no indígenas.  La descripción legal de las Áreas Anexas es vaga, pero cuando se crearon el entendimiento general fue que los pueblos indígenas que vivían en esas áreas tenían los mismos derechos que los pueblos indígenas que vivían en las comarcas indígenas del país.  También fue entendido que en algún punto en el futuro, el GDP demarcaría las tierras indígenas en las Áreas Anexas.  Valle de Riscó y Nance de Riscó son oficialmente reconocidos como Áreas Anexas.  Los residentes de estas comunidades tienen derechos a tierras para cultivo dentro y alrededor de todas las otras comunidades, y a movilizarse una y otra vez entre sus hogares en las comunidades y las tierras para cultivo, dependiendo de si están dentro del año escolar o por razones familiares.  Desde la perspectiva de los ngöbe, el territorio indígena abarca sus hogares en la comunidad, las tierras para cultivo y todos los otros hogares y tierras en que ellos tienen derecho de uso según su sistema de posesión de tierras.  No hay personas no indígenas, a no ser por los ocasionales agentes de servicio social o los misioneros que viven en cualquiera de los territorios ngöbe que sean sujetos de la presente petición.

En 2001 Panamá recibió fondos del Banco Mundial para demarcar las tierras indígenas dentro del país.  La demarcación de las tierras ngöbe fue identificada como de alta prioridad.  Mientras territorios indígenas – incluyendo ngöbe – están siendo demarcados en otros lugares, las tierras ngöbe en el curso del río Changuinola en Bocas del Toro, no han sido aún demarcadas.

El gobierno no ha hecho ningún esfuerzo significativo para consultarle a las comunidades  ngöbe, o para obtener un consentimiento libre, previo e informado para el proyecto de represa en su territorio.

La única audiencia anterior a la concesión fue en 2005, en el pueblo de Almirante, localizado fuera del territorio ngöbe.  Mientras oficiales locales de la ANAM y del gobierno se han reunido muchas veces, desde entonces, con las comunidades afectadas, las reuniones siempre presentan la represa como un “hecho”.  En vez de tratar los ngöbe como un pueblo indígena que debe ser respetado y con el que debe llegarse a un acuerdo, el gobierno ha tratado a los ngöbe como individuos y familias atrasados que no disfrutan de los beneficios del desarrollo.   En vez de preguntarles lo que quieren, el gobierno les dice qué “necesitan”.

Además, el gobierno le ha otorgado la responsabilidad de reubicación y desarrollo de los pueblos ngöbe a AES-Changuinola.  De esta manera, el gobierno se ha lavado las manos de cualquier responsabilidad legal por el acoso y la presión a la que AES-Changuinola ha sometido a los ocupantes de tierras.  El departamento del gobierno ante el cual los ngöbe podrían reclamar – la Defensoría del Pueblo – sólo puede interferir en asuntos en los que el gobierno esté involucrado en violaciones a los derechos humanos.  Sólo después de meses de reclamaciones el GDP se ha involucrado en el proceso de reubicación, pero hasta en esas reuniones, los oficiales del gobierno han dejado claro que lo único a negociar es la reubicación y el desarrollo.  El GDP no ha querido negociar sobre la construcción de la represa en tierras ngöbe, o sobre correctivos a las violaciones a los derechos territoriales del pueblo ngöbe.

Desde mayo de 2006, AES-Changuinola ha buscado apropiarse de las tierras ngöbe de familia en familia, sin respetar las prácticas tradicionales ngöbe de tenencia  de la tierra.  Utilizando la posibilidad de grandes sumas de dinero y la amenaza de desalojo, AES-Changuinola ha atraído a los jefes de familias, muchos de los cuales no hablan español o son analfabetos, para que firmen documentos que supuestamente otorgan derechos a AES-Changuinola a cambio de dinero u otros beneficios a la familia o al individuo.  En muchos casos, AES-Changuinola no ofrece copias de estos documentos a los miembros de las familias; en otros, se les aconseja no mostrar los documentos a nadie.

Muchos de los que firmaron esos documentos son analfabetos en español o solo hablan ngöbere.  Muchos tenían una impresión sobre lo que estaban accediendo cuando firmaron, pero sólo después descubren que AES-Changuinola interpretó los documentos para que decir que la compañía tenía el derecho de destruir sus tierras para la construcción de la represa.  Muchos ngöbe que al principio se rehusaban a firmar los contratos con AES fueron hostigados o acosados por la compañía y funcionarios del gobierno provincial o local para que lo hicieran.

Para noviembre de 2007, la construcción de la carretera de la vía pavimentada más cercana en las afueras del Bosque Protector Palo Seco, al sitio de la represa estaba en proceso, y se había comenzado a desarrollar el sitio de la represa Chan-75 en ambas orillas del río.  Justo antes de la navidad, después de que los contratistas que trabajaban para AES-Changuinola anunciaran los planes de dinamitar el sitio de la represa, los  ngöbe hicieron una manifestación pacífica contra la continuación de la construcción, y en las fiestas de navidad la construcción cesó.  El 2 de enero de 2008, autoridades de la policía aseguraron a los manifestantes que las conversaciones comenzarían la semana siguiente, lo que causó que los manifestantes desarmaran los campamentos y volvieran a sus casas.  Pero el 3 de enero de 2008, la construcción reinició.  Unos 200 a 300 ngöbe volvieron al sitio, donde fueron recibidos por un escuadrón de aproximadamente 40 policiales empuñando palos.

Cincuenta manifestantes fueron detenidos, incluyendo tres menores de edad (dos de los cuales eran bebés).  La policía le quebró la nariz a Iván Miranda, de nueve años, y lastimó el brazo de su hermana de doce años, Amanda Miranda.  Otra manifestante, Ana Castillo, fue empujada contra el piso, mientras su bebé de tres años se agarraba a su cuello.  Mientras peleaba, su falda se le cayó y la policía no permitió que ella vistiera la pieza de nuevo.  Un policía puso su bota en la cabeza de Manuel López, un hombre de avanzada edad que se había caído al piso.  Con excepción de Iván y Amanda Miranda Ábrego, los manifestantes fueron transportados a Changuinola, un pueblo bananero ubicado a una hora de auto, donde permanecieron por 30 horas antes de ser sueltos.  No se presentaron cargos.

Iván y Amanda fueron separados de sus padres y llevados por un tiempo a la estación policial de Almirante.  Aún no está bien claro dónde pasaron la noche, pero aparentemente Amanda fue llevada al hospital de Changuinola.  Para efectos prácticos, fueron secuestrados y escondidos durante aquella noche, aparentemente para ocultar que estaban heridos.

Entretanto, la policía que permaneció en el área realizaron registros casa por casa en Charco la Pava, el pueblo más cercano al sitio de la represa, buscando a los líderes que consideraban responsables por la manifestación, incluyendo al maestro de escuela y líder comunitario Ernesto López.  Usando un helicóptero, la policía persiguió López y dos otros líderes ngöbe, Feliciano Santos y Weni Bagamá, hasta las colinas cercanas donde permanecieron por aproximadamente 36 horas.

Desde comienzo de enero, la construcción se ha intensificado y los equipos ahora trabajan día y noche.  Los residentes se quejan de que el ruido de la construcción y la claridad intensa de la construcción nocturna no los dejan dormir.  La construcción de la carretera se ha extendido río arriba, del sitio de la represa Chan-75 hasta fincas de los pueblos ngöbe que se oponen al proyecto.  El Sub-Comisionado de la Policía Nacional, José Manuel Ríos, ha ordenado vigilancia permanente para proteger y patrullar el territorio ngöbe en la concesión AES-Changuinola.

El 29 de diciembre, Nelson Ábrego, el corregidor (similar a un magistrado pero con el poder de emitir órdenes de detención) de Valle de Riscó, ordenó que la policía detenga a cualquier persona que interfiera con la construcción de la represa y retenga por 24 horas.  Individuos que han intentado evitar que AES-Changuinola destruyera sus tierras o sus hogares, han sido detenidos.  A entendimiento del peticionario, en enero el corregidor estipuló una segunda orden que permitía que la policía estableciera estaciones cerca del lugar de la represa, permitiendo acceso al Bosque Protector Palo Seco sólo a los residentes locales y los trabajadores de la construcción.  Se ha prohibido a periodistas y observadores de ONGs preocupados por este caso viajar a Charco la Pava para reunirse con los habitantes de las comunidades ngöbe.  Ya que el área carece de electricidad y no hay cobertura de internet y de teléfonos celulares, la comunicación externa con los ngöbe sólo puede ser hecha si los residentes viajan a Changuinola o si los de afuera se las arreglan para llegar caminando por sinuosas montañas, rutas alternas que aún no son vigiladas por la policía.

Los siguientes casos describen las violaciones de los derechos humanos vividos por una familia – la de Ana Castillo.  Otras familias ngöbe tienen historias similares.

Caso ejemplo: El Caso de Ana Castillo y los Miembros de su Familia:

Ana Castillo es una mujer ngöbe de 37 años, que reside en el pueblo de Charco la Pava, en la provincia de Bocas del Toro, Panamá.  Hasta finales de octubre de 2007, vivió gran parte del tiempo con su madre, viuda de 59 años, Isabel Becker, en su casa localizada en el punto a través del río Changuinola donde AES-Changuinola está ahora construyendo la represa hidroeléctrica Chan-75.  Ana Castillo tiene cuatro hijos pequeños con el líder comunitario de Charco la Pava, Francisco Santos, cuyos terrenos quedaban justo cruzando el río de donde Ana y su madre residían.  Además, Ana tiene tres hijos de un matrimonio anterior, y Francisco tiene otros niños más.

De enero a octubre de 2007, AES-Changuinola y funcionarios del gobierno local y nacional presionaron repetidamente a Isabel Becker, que es analfabeta y sólo habla ngöbere, a poner su huella digital en los documentos que transferirían los derechos de sus tierras a la compañía.  La compañía nunca buscó el consentimiento de Ana Castillo, a pesar de que bajo la tradición ngöbe, ella y su madre tienen los mismos derechos sobre sus tierras y la casa.

El 4 de enero de 2007, AES-Changuinola llevó a Isabel Becker a la ciudad de Panamá, donde la recibieron en las oficinas de AES-Changuinola en el piso 25 de un edificio comercial.  La señora Becker, cuyo contacto con el mundo no ngöbe se limitaba a los cortos viajes a Changuinola, no tenía idea de cómo usar el elevador.  Una vez dentro del edificio, Humberto González, presidente de la compañía, y Celia Bonilla, que habla ngöbere y trabaja en AES-Changuinola, le dijeron a la señora Becker que ellos necesitaban su consentimiento para venderles su tierra ese mismo día.  La señora Becker entendió que ella no podría irse de allí si no firmaba.  Sin dinero para el viaje de vuelta, ella dependía de la compañía para su transporte.  Después de 10 ó 12 horas, ella finalmente puso su huella digital en un documento previamente preparado en español, que no pudo siquiera leer, sólo para volver a su casa.  Ella entendió en aquel entonces, que sólo había autorizado a la compañía a realizar trabajos temporales en sus tierras.  No le dieron una copia del documento en el que había puesto su huella digital.  Después de meses de insistencia de Ana Castillo y otros miembros de la familia, la compañía les proporcionó una copia del documento en mayo.

Entre enero y octubre, la compañía amenazó continuamente a la señora Becker y a su familia, utilizando un método de zanahoria y garrote.  Alguien venía a la casa y los amenazaba diciendo que la policía estaba por desalojarlos de sus tierras.  Después, al día siguiente, alguien más venía a la casa con comida para toda la familia y la promesa de un futuro promisorio después de firmar el contrato.  El alcalde de Changuinola trató de convencer a la señora Becker a firmar un nuevo documento, al igual que el gobernador de Bocas del Toro.  Le aseguraron que ellos velaban por sus intereses, certificándose de que ella hiciera el mejor negocio, pero que ella no tenía otra alternativa sino abandonar sus tierras.

El 15 de junio, la hermana de Ana Castillo, Patricia Castillo, cuya casa estaba en la misma propiedad, firmó un acuerdo con AES-Changuinola, que había entendido se trataba de un acuerdo de arrendamiento para uso de sus tierras.  De hecho, como descubrió después, el acuerdo era para que ella abandonara sus tierras.  Después de mucha angustia y sufrimiento, ella se mudó a una casa en las afueras de Changuinola, que AES-Changuinola le concedió.

El 21 de julio, representantes de la oficina del alcalde de Changuinola y una niveladora, fueron a la casa de Isabel Becker y Ana Castillo.  La señora Becker, que estaba enferma en cama, se desmayó.  Los representantes del alcalde la llevaron al hospital en Changuinola para que la examinaran, y luego a una casa en las afueras de Changuinola, diciéndole que era “su nueva casa”.

Pensando que la niveladora estaba desmantelando su casa en Charco la Pava, la señora Becker les rogó que la dejaran volver en seguida, pero el representante del alcalde le dijo que ella tenía que quedarse en el pueblo.  Ella pasó toda la noche llorando.

En agosto y septiembre el trabajo de construcción aumentó.  Para entonces, la compañía había convencido de firmar a dos hijas más de Isabel, que vivían cerca de ella en Charco la Pava.  Ellas firmaron y la compañía destruyó sus casas.  Fueron reubicadas en casas hacinadas al estilo occidental, en el sector de Finca 4, en las afueras de Changuinola.  A pesar de haber recibido una compensación monetaria, están con dificultades de mantenerse por el alto costo de la vida, la falta de agua potable, la pérdida de comunidad y la vida agitada urbana.

La intimidación se intensificó tanto, que a finales de octubre, la señora Becker accedió.  Ella “firmó” un segundo documento que vendía su casa (de nuevo en español) que aumentó la cantidad de dinero ofrecido.  La señora Becker todavía no entiende lo que vendió, pero está claro que AES-Changuinola piensa que ahora es propietaria de todas las tierras de Isabel y de los miembros de su familia.

El 25 de noviembre, los representantes de AES-Changuinola vinieron a su casa y le dijeron a la señora Becker que ella tenía que abandonar su casa inmediatamente.  La compañía pasó la niveladora en la casa y luego incendió la parte exterior de la propiedad familiar.  Los animales de la señora Becker, huyeron al monte, y cuando la familia volvió a buscarlos, sólo algunos fueron encontrados.  La señora Becker perdió casi todas sus posesiones.  Ese mismo día, una docena de policías rodeó la propiedad y el GDP inauguró oficialmente el proyecto de represa hidroeléctrica Chan-75.  Ningún miembro de las comunidades ngöbe participó de la ceremonia.

El 9 de noviembre de 2007, Ana Castillo interpuso una denuncia ante la ANAM, sobre la destrucción de su casa por AES-Changuinola.  En la denuncia, ella alega que la compañía coaccionó a su madre a renunciar a todas sus tierras incluyendo otras en las que otros miembros de la familia tenían derechos, según la tradición ngöbe de tenencia de tierras.  Ella asegura que como resultado de las acciones ilegales de la compañía perdió todas sus tierras y su hogar.  Ana además alegó que cuando su madre hizo el acuerdo con AES-Changuinola, ella había entendido que sólo había transferido a AES-Changuinola las tierras en las que ella tenía derecho exclusivo.  La ANAM rehusó la denuncia de Ana diciendo que carecía de autoridad para actuar sobre eso.

Dos días después, AES-Changuinola le ofreció a Ana Castillo $8 000 por su parte de la propiedad y las tierras que ella había perdido como resultado de las negociaciones con su madre.  Ana Castillo no aceptó la oferta y le dijo a la compañía que no estaba interesada en vender.

El 5 de diciembre, Ana Castillo y dos otros pueblerinos ngöbe viajaron a la ciudad de Panamá para buscar ayuda del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), encargado de proteger y ayudar grupos vulnerables.  Allí, sus reclamaciones fueron rehusadas bajo el fundamento de que la institución no recibe quejas.

Durante el periodo en que AES-Changuinola estaba presionando su madre para que firmara, la compañía estaba ejerciendo la misma presión en su compañero sentimental, Francisco Santos, de 62 años, analfabeto que habla algo de español.  Hasta antes de que AES-Changuinola recibiera la concesión del Bosque Protector de Palo Seco, comenzó a ofrecerle a Francisco Santos contratos de varios estudios sobre su propiedad.  Francisco fue atraído por el dinero.  Él firmó acuerdos el 3 de mayo de 2006 (por $9 616 por daños a su propiedad), el 7 de octubre de 2006 (por $4 916 para uso de la propiedad para estudios), y el 7 de febrero de 2007 (por $4 000 por daños a la carretera relacionados a los estudios) como resultado de las actividades de AES-Changuinola.  En mayo de 2007, Francisco firmó un acuerdo adicional para perforaciones posteriores y estudios en su tierra que incluían una declaración de que un acuerdo de vender la tierra a AES-Changuinola debería estar por separado.  Francisco nunca firmó otro contrato, pero AES-Changuinola declara que está autorizada a poseer todas sus tierras porque ya ha pagado a Francisco una cantidad de dinero sustancial.

El 5 de enero de 2008 o aproximadamente, los contratistas de AES-Changuinola comenzaron la remoción de árboles en la tierra próxima a la región donde planean construir la represa.  Cuando sus hijos Benero Santos y Francisco Castillo confrontaron a los trabajadores de la construcción, la policía los detuvo por 24 horas por impedir el avance de la construcción.  Al remover los árboles en la finca de Francisco Santos, 25 personas, incluyendo Santos y los hijos de Ana Castillo, fueron desposeídos y ahora dependen de la caridad de la iglesia católica.

Ana Castillo y sus cuatro hijos participaron de la manifestación en el sitio que era su tierra, el 3 de enero de 2008.  Cuando la policía entró para acabar con la manifestación, Ana fue golpeada y empujada al suelo, mientras su hijo de tres años, Ronel, se agarraba a su cuello.  Mientras luchaba, su falda se le cayó al piso y la policía no permitió que ella se la pusiera de vuelta.  Ella y sus cuatro hijos (Anselmo, de 12 años; Didiel, de 11 años; Urene, de 7; y Ronel) fueron llevados a Changuinola donde permanecieron por 30 horas antes de ser liberados.  No se presentaron cargos.   Mientras estaba en la cárcel, fue hostigada e insultada repetidas veces por ser portavoz comunitaria.  El 5 de enero de 2008, Ana sintió un dolor cuando respiraba.  Después comenzó a vomitar.  Fue examinada por un doctor en un pueblo próximo, que le encontró moretones en el tórax.

Los ngöbe que viven en las orillas del río Changuinola son Indígenas:

En varias ocasiones, los representantes del GDP y AES-Changuinola han atestiguado que los residentes de los pueblos a lo largo del río Changuinola son descendientes de ngöbe, pero no son indígenas.  Cultural Survival le pidió al profesor de Antropología de la Universidad de Oregon, Dr. Philip Young, un especialista en asuntos ngöbe, que viajara a Charco la Pava y comunidades adyacentes ngöbe, para que nos diera su visión sobre la “indigenidad” del pueblo.  Él viajó con un amigo que hablaba ngöbere, proveniente de una comunidad ngöbe en la provincia de Chiriquí, del 5 al 7 de enero de 2008.  Su reporte está anexo.

El doctor Young confirmó que el pueblo de las comunidades a lo largo del Río Changuinola, afectados por la construeción de la represa, son de hecho indígenas ngöbe.  Todos hablan ngöbere como lengua materna.  Muchos hablan también español, a pesar de que algunas mujeres sólo hablan ngöbere.  El Dr. Young descubrió después que mientras muchas de las mujeres ngöbe de la comunidad no usan la tradicional nagua diariamente, como la mayoría de las mujeres ngöbe de Chiriquí, la mayoría sino todas tienen naguas y se las ponen en ocasiones especiales.  Sólo mujeres de cultura ngöbe usan estos vestidos; mujeres de cultura latina o afro-antillana no los usan.  Sin embargo, las mujeres en estas comunidades realizan las tareas generalmente designadas a las mujeres en toda la Comarca Indigena Ngöbe-Buglé, incluyendo la manufactura del tradicional kra (bolsas de red).  El Dr. Young notó también que los ngöbe de esta región practican la agricultura de subsistencia de la manera ngöbe tradicional, que ellos complementan con producción de cultivo para venta, notablemente el cacao.

Prácticas Ngöbe de Tenencia de la Tierra:

El Dr. Young, que ha estudiado las prácticas ngöbe de tenencia de la tierra por más de 40 años, descubrió que la mayoría de las familias ngöbe de esta región se mantienen en estas prácticas tradicionales.  Las tierras ngöbe son colectivas, y pertenecen a la comunidad.  Grupos allegados y miembros individuales de familias tienen derecho de uso.  El control de la tierra es adquirido por aquellos miembros de grupos allegados que residen en la tierra.  El jefe del grupo allegado, usualmente el hombre más viejo, pero también podría ser una viuda mayor, reparte los derechos de uso.  El concepto occidental de propiedad privada ha aparecido en algunas comunidades ngöbe en el oeste de Panamá, pero instancias de venta de pequeños espacios de tierra de un ngöbe a otro, son raras.  Lo que predomina es el patrón tradicional.

Los conceptos de tenencia de la tierra entre comunidades ngöbe a lo largo del Río Changuinola varían.  Aquellos que firmaron contratos con AES-Changuinola fueron criticados por los que sostienen que la tierra pertenece a los grupos de parentesco y era la herencia para sus hijos.  Casi todos los ngöbe en el área se han pronunciado negativamente hacia la venta de cualquier tierra a AES-Changuinola.  En vez de hablar de leyes o de propiedad privada, las personas con las que el Dr. Young conversó, sostienen que “ellos han vivido allí por tanto tiempo, que es impensable pensar que serían forzados a dejar sus tierras sin ningún lugar para ir”.

Violación de Derechos Humanos y Libertad Personal de los ngöbe

(Artículos 5 y 7 de la CADH)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce hace tiempo que las detenciones de personas son arbitrarias si las razones son “irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”.[1]5   En este caso, las órdenes del corregidor han impedido que los ngöbe se involucren en cualquier esfuerzo de manifestaciones pacíficas para proteger sus tierras y recursos tradicionalmente suyos.  Los ngöbe que participan en manifestaciones pacíficas son inmediatamente encarcelados sin prestar cargos.  El 3 de enero de 2008, una gran

manifestación pacífica fue recibida no sólo con detenciones sino con violencia policial, que en muchos casos, incluyendo aquellos referentes a menores de edad, llegaron a niveles de crueldad y degradación.  Los niños arrestados durante la manifestación fueron detenidos por 30 horas con sus padres y otros adultos, en contravención al Artículo 5 de la CADH, y dos de ellos, Iván y Amanda Miranda Ábrego, fueron mantenidos por separado, lejos de sus padres en un lugar desconocido, para ocultar que estaban heridos.

Violación de Derechos a la Información, Participación y Consentimiento Preliminar, Libre e Informado

(Artículos 13 y 23 de la CADH):

La participación pública está ligada al Art. 23 de la Convención Americana, que dice que cada ciudadano debe gozar del derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, así como libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, como dice el Art. 13.  En el informe sobre Ecuador, la Comisión consideró que la protección al derecho a la vida y a la integridad física “deberá concretarse con medidas encaminadas a respaldar y acrecentar la capacidad de las personas para salvaguardar y reivindicar esos derechos”.[2] En ese caso, donde el asunto involucraba esfuerzos de protección contra   condiciones ecológicas que amenazan la salud humana, la norma aplicada era “que la población tenga acceso a la información, participe en los procesos pertinentes de toma de decisiones y cuente con recursos judiciales.”[3] La Comisión recomendó que Ecuador tomara medidas para asegurar que todas las personas tengan el derecho de participar, individual y colectivamente, en la formulación de decisiones que conciernen directamente el medio ambiente.[4]

En el caso de Maya Toledo, la Comisión observó que uno de los elementos centrales en el derecho de protección de propiedades indígenas es el requisito de consultas informadas y efectivas con las comunidades indígenas referentes a actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales.[5] Cualquier determinación en que sea de sus intereses de tierra que hayan usado u ocupado, o decisiones del Estado que vayan a tener un impacto en las tierras indígenas y en sus comunidades, como por ejemplo garantías de concesión para explotación de sus recursos, deberán ser completamente informadas y se debe buscar el consentimiento de la comunidad como un todo.[6] Por lo menos, esto requiere que todos los miembros de la comunidad estén enteramente informados sobre la naturaleza y las consecuencias del proceso, y se les dé el derecho de participar individual y colectivamente.[7] En el caso Saramaka, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más allá, indicando que proyectos de desarrollo o inversión en gran escala que puedan tener un impacto en comunidades indígenas o territorios tribales, requiere

no sólo consulta, sino consentimiento informado, libre y previo, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del pueblo.[8]

En el caso ngöbe, el GDP no se esforzó mucho para informar a las comunidades sobre el proyecto de represa.  El GDP y la compañía comenzaron negociando la construcción de Chan-75 y dos otras represas en el Río Changuinola en los primeros años del milenio.  En aquella época, la compañía sostuvo el nombre “Hidroteribe”.  En 2003, Hidroteribe fue autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (que más tarde se convirtió en Autoridad Nacional de los Servicios Públicos o ASEP) a preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para desarrollar la hidroeléctrica Chan-75 para la generación de energía.  Cuando los miembros de la comunidad supieron de esto en 2004, se opusieron.

Cada propuesta de represa hidroeléctrica entra a la ASEP y la ANAM por vías separadas.  El destino de un proyecto no tiene relación con el destino de otros.  La ANAM aprueba el EIA y la Concesión de Agua, y la ASEP garantiza la concesión para producir electricidad.  El proyecto no pertenece al GDP, pero al concesionario privado.  A pesar de que el proceso de adjudicación de concesiones para producir electricidad no requiere consulta pública, la aprobación del EIA sí.  Concesiones de Agua no requieren de consulta pública, pero en el caso de la represa Chan-75, la ANAM exigió que AES-Changuinola

obtuviera una concesión por separado del Bosque Protector Palo Seco, y este procedimiento necesitó consulta pública.

En enero de 2005, AES-Changuinola presentó su EIA a la ANAM.  Tres meses después, en abril de 2005, la ANAM presentó el EIA para consulta pública (así como el EIA de la AES para las otras dos represas en el Río Changuinola).  La única audiencia pública previa a la aprobación del EIA sucedió en abril de 2005, en el pueblo de Almirante, fuera del territorio ngöbe.  Sólo algunos ngöbe directamente afectados por el proyecto estuvieron presentes en las audiencias.  Durante el periodo de pronunciamiento público CEDETENG, ONG ngöbe; ANAI, ONG ambiental; y ACD (co-peticionarios de este caso); así como muchos miembros de la comunidad, enviaron cartas reclamando sobre la inadecuación del EIA, especialmente tratándose de la consulta pública y los efectos que las represas tendrían en las comunidades locales y en peces migratorios utilizados como alimento a lo largo del Río Changuinola.

La concesión de Chan-75 para la producción de electricidad fue aprobada por el Ente Regulador en abril de 2006, alrededor de seis meses después de la aprobación del EIA de la ANAM.  Luego, en el otoño de 2006, AES-Changuinola cambió el diseño de la represa, lo que hubiera requerido de un nuevo EIA y un nuevo proceso de consulta pública.  Sin embargo, la ANAM aprobó la “actualización” del EIA, que permitía que AES no presentara un nuevo EIA.  No todos los cambios hechos en el diseño del proyecto  por la AES-Changuinola se incluyeron en la actualización.

En enero de 2007, la ANAM anunció un periodo de cinco días de consulta pública, antes de garantizarle a AES-Changuinola la concesión de 6,215 hectáreas en el Bosque Protector Palo Seco.  La resolución AG 0366 de la ANAM, que regula concesiones en áreas protegidas, requiere que ella obtenga el consentimiento de autoridades tradicionales cuando las concesiones están localizadas en tierras indígenas.  Sabiendo esto, Francisco Santos, Ernesto López, Celestino Ábrego y Manuel Miranda, de Charco la Pava, enviaron una carta a la ANAM alegando que la concesión violaría sus derechos constitucionales y humanos.  Sin importar esto, la ANAM le concedió los derechos a AES-Changuinola el 25 de mayo del 2007, y AES comenzó la construcción unos días después.

En mayo de 2007, la ANAM también aprobó el EIA de AES para la carretera de acceso al local de la represa, bajo la categoría de autoridad reguladora que no necesita consulta pública (Categoría I), a pesar de que los procedimientos de la ANAM para estudios de impacto ambiental lo requieran cuando llevados a cabo en áreas indígenas o en bosques protegidos, debiendo tener procedimientos más estrictos, incluyendo consulta pública.  El EIA aprobado en mayo de 2007 alteró significativamente la ubicación de la carretera que la ANAM había aprobado en 2005, que hubiera desviado y por consiguiente protegido las fincas de las familias ngöbe residentes de Nance de Riscó y Charco la Pava.

En el otoño de 2006, AES contrató los servicios de Gestión Urbana, una compañía privada que elabora estudios sociales para procesos de reubicación.  En esa misma época, AES comenzó negociaciones con jefes de familias para estudiar y tener acceso a sus tierras.  La compañía también comenzó a demarcar el lago que la represa iría a construir y comenzó a decirle a los pueblerinos que si no firmaban el acuerdo ahora, el agua inundaría todas sus tierras y no tendrían más recursos.

AES-Changuinola no se esforzó en negociar colectivamente con las comunidades.  En vez de eso, usó jefes de familias uno a uno, utilizando técnicas que se aprovecharon de la falta conocimiento de negociaciones occidentales.  Cuando estos jefes de familia no querían acceder a los deseos de la compañía, ésta hostigó y usó tácticas de intimidación para conseguir lo que quería.  Otra táctica usada por AES fue reunirse con miembros de familias que se habían mudado a Changuinola u otras áreas urbanas y conseguir el consentimiento de ellos.  Ejemplo de esto es el caso de Elin Ábrego, una viuda ngöbe que no habla español.  AES entró en contacto con su hija, Celia, que vive en el pueblo, y le ofreció $36 000 por un acuerdo para construir la carretera en las tierras de su madre.  La hija firmó y aceptó el dinero, avisándole a la compañía que ella no era la propietaria de las tierras.  Cuando el resto de la familia supo sobre la transacción,  enviaron una carta a AES-Changuinola, firmada por todos los miembros de la familia, repudiando el acto.  A pesar de eso, la compañía continuó la construcción de la carretera sin el consentimiento de la señora Ábrego.

Bajo presiones por parte de AES-Changuinola, Isabel Becker, Francisco Santos y otros jefes de familias, residentes de Charco la Pava, viajaron a la ciudad de Panamá a comienzos de julio de 2007, donde se reunieron con representantes nacionales de la ANAM y reclamaron sobre las tácticas usadas por la compañía para adquirir sus tierras.  También expresaron su temor en ser reubicados y la falta de un plan de reubicación en el proyecto del EIA.  Más tarde, ese mismo mes, Gestión Urbana presentó el plan de reubicación, que decía que las comunidades deberían ser trasladadas montaña arriba, a sectores ambientalmente sensibles del Bosque Protector Palo Seco.  Esta recomendación contradecía el EIA aprobado en octubre de 2005, que prohibía cualquier reubicación a Palo Seco por motivos ambientales.

En respuesta a las constantes reclamaciones de los pueblerinos, representantes nacionales de la ANAM realizaron la primera de dos reuniones con las comunidades ngöbe el 6 de agosto de 2007 en Valle Rey.  En esa reunión, la ANAM le dijo a los pueblerinos que Gestión Urbana había creado un plan primario de reubicación, y que la ANAM estaba enviando una comisión especial para estudiar las recomendaciones de Gestión Urbana, saber la opinión de la comunidad y considerar las reclamaciones y preocupaciones de la comunidad.  La ANAM prometió una segunda reunión de seguimiento en dos meses, en donde un plan más entendible de reubicación sería presentado a las comunidades.  Más tarde, ese mismo mes, Francisco Santos, Manuel Miranda, Ismael Quintero y Clemente Molina presentaron una queja formal a la oficina regional de la ANAM, sobre la reubicación ilegal que ya estaba llevándose a cabo en Palo Seco.  Unas semanas después, la ANAM cambió el Art. 5 de la resolución del EIA de octubre de 2005, para permitir que AES-Changuinola reubicara el pueblo en Palo Seco.

La reunión de seguimiento ocurrió tres meses después, el 9 de noviembre de 2007 en Charco la Pava.  Varios de los altos oficiales de la ANAM viajaron de helicóptero junto al presidente de AES-Changuinola, Humberto González; la gobernadora de Bocas del Toro, Ester Mena; un sacerdote local, Padre Corpus López; y el jefe de la policía de la provincia de Bocas del Toro, José Manuel Ríos.  También estaban presentes dos representantes de la Defensoría del Pueblo, el departamento encargado de salvaguardar los derechos humanos.  Los pueblerinos presentaron su petición de parar la construcción de la represa hasta que tuvieran una consulta más apropiada con las comunidades indígenas.

En la reunión, González describió el proceso de construcción de la represa y los beneficios que traería al país como un todo.  Eduardo Reyes, sub-administrador de la ANAM, promovió los “beneficios” de la represa alegados a los ngöbe, incluyendo oportunidades de empleo en ecoturismo, y aumento de oportunidades en el campo de la educación y la salud.  Les prometió que serían reubicados a tierras similares, en otros sectores del Bosque Protector de Palo Seco, que no estaban protegidos por ley y les mostró un mapa donde esas tierras estarían.

Los miembros de las comunidades ngöbe, se opusieron uno a uno a la construcción hasta que tuvieran la oportunidad de entender plenamente lo que estaba sucediendo y dar una respuesta colectiva.  Muchos dijeron que sin mucha especificación, ellos no confiaban en las promesas de reubicación del gobierno.  Expresaron preocupación en trasladarse a las montañas, a las inciertas áreas demarcadas en los mapas de la ANAM, que dijeron ofrecían riesgos ambientales y tenían suelo pobre. Dijeron que no querían mudarse a Changuinola o vivir en casas que no fueran ngöbe construidas por AES.  Dejaron claro que querían permanecer juntos como comunidad y que preferían agricultura de subsistencia que depender a trabajos con salario en el pueblo.  Dijeron que su forma tradicional de vivir les ofrecía mucha más protección contra la pobreza (como un ngöbe dijo “no podemos comer una casa”).  Y dijeron que temían perder su cultura si eran forzados a vivir en barrios mixtos cerca de Changuinola, como el que AES-Changuinola le consiguió a Isabel Becker y sus hijas.

En una fecha después de la reunión, la ANAM, notando que las tierras identificadas para reubicación eran ambientalmente sensibles, le pidió a AES-Changuinola que preparara un nuevo EIA para la reubicación de las comunidades ngöbe afectadas, en el Bosque Protector Palo Seco.  El EIA está siendo elaborado, pero aún no ha sido aprobado por la ANAM.  Al igual que el EIA para la nueva carretera, la ANAM clasificó este EIA como Categoría I, que dice que no requiere consulta pública, a pesar de que los requisitos de la entidad para EIA en áreas indígenas y bosques protegidos requieren que se coloquen en otra categoría más alta.  Mientras la dislocación de las comunidades ngöbe se está intensificando, no se han ofrecido opciones para reubicación en las cuales se considere la opinión del pueblo se pueda alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, AES-Changuinola continua negociando las tierras con jefes de familias individualmente.  Como generalmente son analfabetos, no hablan español y avanzados en edad, la compañía frecuentemente confía en miembros más jóvenes de estas familias para servir como intermediarios.  Estos intermediarios, muchas veces se han aprovechado de los más ancianos, haciéndolos firmar documentos que ellos no entienden o con los cuales no concuerdan.  En ningún momento, AES-Changuinola negoció con comunidades ngöbe, como comunidad en sí, o recibió algún consentimiento previo, libre y bien informado antes de presionar los jefes de casa a firmar acuerdos.

Violación de los Derechos de Propiedad de Comunidades ngöbe (Artículo 21 de la CADH):

Hace mucho, la Comisión ha reconocido que, por motivos de desarrollo, los estadosson libres de explotar sus recursos naturales y de garantizar concesiones a compañías privadas para que lo hagan.  Al mismo tiempo, la Comisión ha sido clara en decir que las normas de los derechos humanos regionales “requiere que el desarrollo se lleve a cabo bajocondiciones que respeten y aseguren los derechos humanos de los individuos afectados”.[9]

Los estados, entonces, no están exentos de estas obligaciones en sus proyectos de desarrollo.[10]

Dondequiera que tierras y recursos indígenas estén involucrados, los proyectos de desarrollo deben respetar los derechos colectivos de propiedad indígena.  En el caso Toledo Maya, la Comisión sabía la importancia del desarrollo económico, pero insistió en que “las actividades de desarrollo deben ir acompañadas de medidas adecuadas y efectivas para garantizar que las mismas no se lleven a cabo a expensas de los derechos fundamentales de las personas que pueden ser particular y negativamente afectadas, incluidas las comunidades indígenas y el medio ambiente del que dependen para su bienestar físico, cultural y espiritual.”.[11]

La Comisión también ratificó los derechos de los pueblos indígenas de proteger sus tierras y recursos tradicionales de explotación y degradación ambiental.  La Comisión instó también que los Estados tomen medidas para restaurar, proteger y preservar los derechos de pueblos indígenas en tierras ancestrales.[12]

En el Capítulo 9 de su Tercer Informe sobre Paraguay[13], la Comisión se refirió a quejas que había recibido sobre que “El medio ambiente está siendo destruido por empresas ganaderas, agrícolas y forestales, que reducen sus capacidades y estrategias tradicionales tanto en cuanto a alimentación como a actividad económica.”[14] La Comisión notó después la presencia de agua contaminada y la construcción de proyectos hidroeléctricos que inundaron tierras tradicionalmente indígenas y destruyeron una biodiversidad incalculable[15].  La Comisión recomendó que Paraguay adoptara las medidas necesarias para proteger el habitat para que comunidades indígenas fueran protegidas de la degradación ambiental[16].

La Corte Interamericana ha adoptado un punto de vista similar sobre la “propiedad” comunitaria indígena, extendiéndola a tierras ocupadas y usadas por pueblos indígenas que ellos no consideran que se pueden “poseer”.[17] En Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni  vs. Nicaragua, que involucraba la concesión gubernamental de derechos de extracción de madera en tierras de la comunidad Tingni, la Corte descubrió que Nicaragua había violado los derechos indígenas de propiedad, estipulado en el Art. 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.[18] En su decisión acerca de reparaciones, la Corte declaró que el Estado debe adoptar leyes locales, normas administrativas y otros medios necesarios para crear mecanismos efectivos de estudios, demarcaciones y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes, valores y costumbres indígenas.[19] Faltando demarcaciones de tierras indígenas, el Estado se debe abstener de realizar o permitir actos por sus agentes o terceros que puedan afectar la existencia, valor, uso o aprovechamiento de esas propiedades localizadas en las tierras Awas Tingni.[20] En el Caso de las Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo vs. Belice[21], la Comisión expandió su juicio al de la Corte, sobre el caso Awas Tingni.  Responsabilizó a Belice por violar los derechos garantizados en los Artículos II (igualdad), XIII (propiedad) y XVIII (protección judicial) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al permitir la extracción de madera y petróleo en tierras indígenas, de no reconocer y garantizar los derechos de los maya en esas tierras, y también de no otorgar la protección judicial de los derechos mayas, debido a atrasos en los procesos.[22] También comprobó las alegaciones de los maya sobre contravenciones del Estado y el impacto negativo en su medio ambiente, crucial para su subsistencia.[23]

La Comisión recomendó que el Estado proteja los derechos de las comunidades indígenas maya a propiedad comunal que ellos han ocupado y usado tradicionalmente, y delimite, demarque y garantice la titulación de los territorios de acuerdo a las prácticas y costumbres de propiedad maya.[24] La Comisión también recomendó que Belice se abstuviera de cometer cualquier acto que conduzca a los agentes del Estado, o terceros, actuando con aquiescencia o tolerancia, afectando la existencia, valores, uso o aprovechamiento de las propiedades localizadas en el área geográfica ocupada y usada por los maya hasta que su

territorio sea delimitado, demarcado y titulado.[25] Finalmente, la Comisión instó al

Estado a reparar los daños cometidos al medio ambiente, como resultado de la extracción de madera en territorios maya.[26] La decisión de la Comisión fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Belice, que alegó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas debe informar las leyes locales en lo respectivo a los derechos humanos protegidos por la constitución.[27]

En otro caso de derechos de propiedad indígena decidido el 29 de marzo de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló que Paraguay violó los derechos de propiedad, vida y protección judicial de la comunidad indígena Sawhoyamaxa.[28] Los solicitantes alegaban que el Estado había faltado a su deber de garantizar los derechos ancestrales de la comunidad, dejándolos vulnerables en lo relativo a alimentación, salud y saneamiento.[29] La Corte instó al Estado a demarcar tierras indígenas y proveer un fondo de desarrollo, entre otros remedios[30]

Finalmente, la Corte extendió de manera significativa los derechos de protección a la propiedad de los pueblos indígenas en su fallo de 2007 en el caso de Pueblo Saramaka  vs. Surinam.[31] Como

en los casos anteriores, este caso se refiere a reclamos de tierras y recursos provenientes de concesiones otorgadas por el Estado a una compañía privada para la exploración y explotación de recursos naturales, pero surgió una disputa sobre si los Saramaka, descendientes de esclavos africanos traídos a Surinam en el siglo 17 y cuyos ancestros escaparon al interior del país para establecer comunidades autónomas y matrilineales, eran o no una comunidad tribal con derecho a las mismas medidas concernientes a los pueblos indígenas.[32] La Corte halló que, como los otros pueblos tribales, los Saramaka mantienen una “fuerte relación espiritual” con sus tierras tradicionales, lo que constituye una fuente de vida e identidad cultural para ellos.[33] Luego concluyó que la jurisprudencia sobre tierras indígenas y derechos de los recursos se aplicaban a ellos también.

En el caso de Saramaka, la Corte hizo un balance entre las necesidades de desarrollo de Surinam y los derechos de los Saramaka de usar y aprovechar sus tierras y recursos.  La Corte alegó que el derecho de protección no es absoluta y no puede ser interpretada para obstaculizar concesiones para explotación y extracción en el territorio Saramaka.[34] El Art. 21 se refiere a la limitación de derechos de propiedad bajo ciertas circunstancias, pero aún donde el estado considere las condiciones en el Artículo,

la Corte evaluará y dará un importante peso a la pregunta de “si la

restricción implica una denegación de las tradiciones y costumbres [de los pueblos indígenas y tribales] de un modo que ponga

en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes

“.[35] La Corte mencionó tres garantías esenciales:

(1)   el Estado debe asegurar la efectiva participación de los miembros de la comunidad, en conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación cualquier plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en su territorio;

(2)   el Estado debe garantizar que el pueblo reciba beneficios razonables de tales planes en su territorio; y

(3)   el Estado debe asegurarse de que ninguna concesión será hecha en el territorio, excepto y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, con la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.[36]

El primer paso requiere que el Estado compile y disemine información, y se involucre en consultas de buena fe, por medio de procedimientos culturalmente apropiados, con el propósito de llegar a un acuerdo.  “El Estado también debe asegurarse de que los miembros de la comunidad tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de

salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria

“.[37] Más importante aún, la Corte sostuvo que proyectos de desarrollo e inversión en gran escala, que tendrían gran impacto en el territorio, sólo podrían continuar con el consentimiento previo, libre y a conciencia del pueblo, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.[38]

Aplicando estas pruebas a los hechos en Saramaka, la Corte descubrió que las concesiones del Estado cumplieron con las garantías necesarias y por tantolos derechos de propiedad del pueblo Saramaka.  La Corte ordenó la demarcación de las tierras Saramaka comenzando dentro de los tres meses y finalizando dentro de los tres años, y la renuncia al uso del territorio hasta que esto sea hecho, excepto con consentimiento bien informado, libre y previo por parte del pueblo de Saramaka; la revisión de todas las concesiones ya entregadas; la realización de EIA antes que cualquier concesión sea entregada; y adopción de medidas judiciales y administrativas necesarias para la consulta con los Saramaka; y reparaciones efectivas para ellos.[39]

En el caso ngöbe, ni el GDP ni AES-Changuinola hicieron ningún esfuerzo en respetar los derechos de propiedad colectiva de los ngöbe.  Al contrario, la compañía insistió en negociar como si los ngöbe fuesen no indígenas y conociesen conceptos occidentales de propiedad, que no tenían semejanzas con la cultura ngöbe.  En vez de negociar con la comunidad entera, la compañía procedió a sobornar u hostigar individualmente a los jefes de familia para obtener el consentimiento, sin que ellos tuvieran la autoridad de renunciar a las tierras a las cuales sus familiares tenían el derecho de uso.  Además, la mayoría de estos jefes de familia son analfabetos, no hablan bien español, y nunca se involucraron en negociaciones para el uso o venta de sus tierras con los no ngöbe.

Como en los casos Awas Tingni, Toledo Maya, y el Saramaka, el GDP no tomó medidas para asegurar que las tierras ngöbe estaban demarcadas, estudiadas o tituladas antes de otorgar la concesión a AES-Changuinola para construir la represa hidroeléctrica en ellas.  De hecho, a pesar de contar con recursos del Banco Mundial desde 2001 para estos fines, no realizó estudios, demarcaciones, ni titulación de tierras ngöbe a pesar de planear la construcción de la represa hidroeléctrica en este territorio desde 2003.

MEDIDAS REQUERIDAS

Los solicitantes respetuosamente solicitan a la Comisión recomendar las siguientes

medidas:

1.  Restitución

  • El GDP debe declarar nulos e inválidos los acuerdos hechos entre AES-Changuinola y jefes de familia ngöbe individualmente y restablecer la posesión pacífica de todas las tierras y otras propiedades a cada ngöbe y a la comunidad como un todo.
  • El GDP debe restablecer uma entidad confiable e independiente para investigar las violaciones de derechos humanos contra los ngöbe individualmente y como comunidad, cometidos entre diciembre de 2005 hasta el presente, proporcionando las reparaciones para tales violaciones.
  • El GDP debe establecer uma entidad confiable e independiente con capacidad técnica para investigar daños ambientales causados por el proyecto de la represa hasta el presente, y reparar los ambientes degradados por causa de las carreteras en construcción.

2.  Compensación

  • El GDP debe compensar todas las violaciones que no puedan ser restituidas, incluyendo daños morales y pecuniarios resultantes de detenciones y arrestos injustos; daños irreparables a la propiedad y el ambiente, y sufrimiento, humillación y dolor.

3.  Guarantías de no repetición:

  • El GDP debe efectuar un EIA y un Análisis Ambiental Estratégico, para asegurar que proyectos futuros sean consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los ngöbe.
  • El GDP debe investigar, demarcar, y nombrar todas las tierras indígenas antes de iniciar negociaciones para proyectos de desarrollo en esas tierras.
  • El GDP debe adoptar leyes que aseguren que todas las tierras indígenas sean protegidas de usurpación a menos que las comunidades indígenas hayan participado del proceso de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, que les permite dar su consentimiento libre, previo y bien informado sobre el desarrollo de represas hidroeléctricas en sus territorios.

Si desea el informe completo (original en inglés) visite la página de Cultural Survival http://www.cs.org (o siga la liga abajo desplegada de Cultura Survival) y en español consulte con la redacción de Burica Press (BuricaPress@gmail.com)


[1] Gangaram Panday vs. Surinam, Corte I-A de D.H.  Serie C No. 16 (1994), ¶ 47.

[2] Informe sobre Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10, rev. 1, Abril 1997, Cap. VIII, a ¶ 93.

[3] Id.

[4] Id. en ¶ 94.

[5] Communidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo, Reporte No. 40/04, Caso No. 12.053, (Belice) (12 de octubre de 2004), ¶ 142.

[6] Id. ¶142

[7] Id. ¶142

[8] Caso del pueblo  Saramaka  vs. Surinam, 2007 Corte Interam. D.H. (ser. C) No. 172 (28 de noviembre 2007), ¶134.  La Corte apoyó la conclusión similar del relator especial de la ONU sobre la situación de los DH.HH. y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, enviado de acuerdo a la resolución de la Comisión 2001-65 (sesión 59, NU Doc. E/CN.4/2003/90, 21 de enero 2003, p. 2, ¶ 66.)

[9] Informe sobre Ecuador , supra, n. 2.

[10] Id.

[11] Caso Toledo Maya, supra, n.5; ver también  Corte Interam. D.H., Reporte sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97 Doc. 29 rev.1, cap.. VI (29 de septiembre 1997).

[12] Ver, e.g., Caso Yanomami, Rep. No. 12/85, Caso 7615 (Brasil), (1985); Caso Mary y Carrie Dann, Reporte No. 99/99, Caso 11.140 (Estados Unidos) (1999); Medidas de Precaución, De Vereninig van Saramakaanse (Surinam) (8 de agosto 2002).

[13] Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, OEA/Ser.L/V/II.110, Doc. 52 (9 de marzo  2001)

[14] Id  cap. IX ¶ 38.

[15] Id. cap. IX ¶ 42.

[16] Id.  cap. IX ¶ 50(8).

[17] La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni  vs. Nicaragua, 2001 Corte Interam. D.H. (Ser. C) No. 79 (31 de agosto de  2001)

[18] Id.  ¶¶ 173(1) & 173(2).

[19] Id. ¶ 173(3).

[20] Id.  ¶ 173(4).

[21] Caso Toledo Maya, supra n. 5.

[22] Id.  ¶¶ 192 – 196.

[23] Los peticionarios alegaron que instrumentos internacionales, incluyendo los proyectos de declaraciones de la ONU e Interamericanas sobre pueblos indígenas y la Declaración de Río, reconocen la necesidad de que los Estados protejan el ambiente de que los pueblos indígenas dependen y que tal obligación es “implícita” en la Declaración Americana en el contexto de asuntos de reclamos de tierras indígenas”. ¶ 53.  La Comisión no se refirió a este punto, pero consideró que habían ocurrido daños ambientales y que esto causó un impacto negativo sobre los derechos indígenas. La Comisión descubrió que los daños eran resultado de una falla en los mecanismos del Estado, de supervisar, monitorear y asegurar que tuviera suficiente personal para salvaguardar que las concesiones de extracción de madera ocurriera sin daños al ambiente y a las tierras y comunidades maya.   Id.  ¶ 147.

[24] Id. en ¶ 197(1)

[25] Id. en ¶ 197(2).

[26] Id. en ¶ 197(3).

[27] Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Belice, Pueblos Maya. Vs. Juez General de Belice,  Reclamación No.s 171 y 172 del 18 de octubre de 2007.

[28] Caso de las Comunidades Indígenas Sawhoyamaxa  vs. Paraguay, 2006 Corte Intereram. D.H. (ser. C) No. 146, ¶¶ 248(1)-(3) (29 de marzo de 2006).

[29] Id. en ¶ 2.

[30] Id. en ¶¶ 239-241.

[31] Caso Saramaka, supra, n. 8.

[32] Id. en ¶ 78

[33] Id. en ¶ 82.

[34] Id. en ¶¶ 125-127

[35] Id. en ¶ 128.

[36] Id. en ¶ 129.

[37] Id. en ¶ 133.

[38] Id. en ¶ 134.

[39] Id. en ¶ 194.


[1] Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 46

[2] Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Sentencia del 28 de noviembre de 2007, Corte Inter. D.H.., ¶ 178, citando el Caso de la Comunidad Indígena yakye Axa vs. Paraguay, (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C No 125, párr. 96

[3] El amparo se adjunta.

[4] Ver Informe Legal de Susana Serracín Lezcano, adjunto a esta petición

Helping the Ngobe Keep Their Land

PanamaFor centuries the Ngobe people have lived by the rivers in the remote hills of western Panama, but now the government of Panama sees profit in those rivers, and they have given concessions to subsidiaries of the American company AES to build a series of large hydroelectric dams. The dams would flood the Ngobe’s traditional territory, destroy their homes and fields, and break apart communities and families. To clear the way for the dams, the AES subsidiary and the Panamanian government are pressuring the Ngobe to sign away their rights on documents they can’t read, and are using unscrupulous techniques to drive them out.

With our Panamanian partners, we have filed suit to stop this project, but that is only the first step, and we are anticipating a long uphill battle. Fighting corporations and governments is a challenging and expensive proposition, and we can only do it with the support of our members (we are a person-to-person charity: the majority of our funds come from individuals like you, not from grants). If you are not a member yet, please consider joining us; if you are already a member, please consider making an additional donation to help this urgent effort to save the Ngobe’s homeland while it can still be saved.

Contratos ilegales de AES con indígenas Ngobes

Panamá, 8 de abril de 2008

Dra. Ligia Castro

Administradora General

Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM

República de Panamá

E. S. D.

Estimada Licenciada Castro:

Es nuestro deber denunciar la ilegalidad cometida por la empresa AES Changuinola S.A. en las comunidades Ngobe del río Changuinola, debida a la obtención de forma fraudulenta de contratos ilegales, con el propósito de que mediante los cuales habitantes de dichas comunidades cedan sus territorios ancestrales a dicha empresa.

AES Changuinola argumenta a menudo que más del 40% de las familias han firmado contratos, sin embargo es necesario dejar claras las circunstancias irregulares y/o ilegales en las cuales muchos de ellos se han firmado. Al respecto, reiteramos que la ausencia de un Plan de Reubicación, que además tenga como base estudios científicos serios en materia social y cultural, debidamente aprobado por las comunidades afectadas, ha provocado el traslado de indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, lo que viola de manera flagrante los artículos 17, 18, 124 y 127 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972.

Dicha omisión en contra de la comunidad Ngobe, conculca sus derechos y los coloca en un estado de indefensión, debido a que constantemente son intimidados, forzados y engañados. Además, no han contado con la asesoría legal correspondiente, siendo el alto índice de analfabetismo, la baja escolaridad o la barrera del idioma, o todo a la vez, que muchos de estos indígenas no dominan el idioma español. Sumado a todo esto, ninguna institución pública ha velado por ellos, pues ha sido la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la entidad que ha permitido que sea la empresa la que negocie bajo una perspectiva privada una serie de contratos, a todas luces ilegales, frente a estas comunidades vulnerables que, debido a la presión que se ejerce contra ellos, en ocasiones han firmado estos contratos ilegales donde, evidentemente, se han dado vicios del consentimiento, todo ello al margen de la ley.

A continuación exponemos algunos de los hechos acontecidos en estas comunidades y relativos a la firma de contratos y/o convenios ilegales de parte de sus residentes:

1. Los contratos presentados son individuales, no colectivos y las tierras son colectivas. Según el artículo 127 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar a las comunidades indígenas tanto la reserva de las tierras como la propiedad colectiva necesarias para garantizar su desarrollo pleno. Sin embargo, a pesar de la contundencia del mandato constitucional citado, la ANAM comete una injusticia histórica en contra de la comunidad Ngobe al permitir y avalar la ejecución del proyecto hidroeléctrico en perjuicio de los intereses colectivos, culturales y la seguridad alimentaria de la comunidad indígena Ngobe.

Además conviene agregar que la letra y el espíritu de la ley en el artículo 9 de la Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, “Por la cual se crea la Comarca Ngobe-Buglé y se toman otras medidas”, establece de manera clara que las tierras colectivas, están constituidas para obtener el logro del bienestar común, tanto en los aspectos culturales, como en lo económico y social de la comarca. También en el artículo 17 se señala que tanto el uso como la propiedad colectiva de las tierras es el régimen de la mayoría de los habitantes de la comarca Ngobe.

Si bien las áreas afectadas por la concesión a AES CHANGUINOLA, S.A., para la construcción de los proyectos hidroeléctricos quedaron fuera de los límites de la Comarca Ngobe-Buglé; es un hecho cierto e indubitable que la poblaciones son culturalmente Ngobe, con sus mismos valores culturales, religiosos y formas de control social. Por lo tanto, el uso colectivo de tierras es un principio imprescindible para el bienestar de su población, y contravenir la voluntad de la población Ngobe sometiéndolos a traslados y reubicación forzados, siguiendo un patrón occidental de propiedad privada, es una violación a sus Derechos Humanos. . Cabe mencionar que el derecho a que se les reconozca el uso colectivo de tierras a las poblaciones indígenas fuera de las comarcas fue recalcado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante su 92 periodo de sesiones, a través del documento CPR/C/PAN/CO/3/ del 4 de abril de 2008, en la observación final No. 21 que a continuación citamos:

21. El Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones incluidas en el informe del Estado parte y recibidas de fuentes no gubernamentales sobre la existencia entre la población en general de prejuicios raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no se encuentran dentro de una comarca. (Artículos 1, 26 y 27 del Pacto).

El Estado parte debería:

a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas;

b) Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud adecuados;

c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto;

d) Reconocer los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales;

2. Han sido forzados mediante amenazas a firmar todos los contratos de venta. Como prueba anexamos la carta de la Alcaldesa Virginia Ábrego Salinas dirigida a José Miguel Ríos, Sub-comisionado de Policía de Bocas del Toro, la cual confirma el hostigamiento al que han estado y están siendo sometidos los habitantes de las áreas aledañas de Valle del Rey siendo visitados por miembros de la policía e, incluso, intimidados frente a funcionarios de la municipalidad, y a través de la cual la Alcaldesa solicita sean retiradas las unidades de policía de dicha comunidad.

Prueba de las muchas negociaciones que se han desarrollado bajo una fuerte presión, es el caso del cual AES siente mayor orgullo, el de Isabel Becker, quien obtuvo una buena finca por su reubicación. Sin embargo, aunque el resultado pueda parecer satisfactorio, el hecho es que las negociaciones comenzaron con un encierro de 12 horas de la Sra. Becker junto a cuatro de sus familiares en enero de 2007, de las cuales resultó un primer acuerdo irregular y viciado, tras el cual, después de mucha presión externa, se logró una finca mayor, pero totalmente aislada. Este aislamiento no es sólo de su familia, sino de toda la comunidad, pues ya no puede ir caminando a visitar a la gente que conoce de toda la vida, sus vecinos y amigos de siempre. Esta mujer ha vivido durante más de 30 años en el área y este aislamiento le ha afectado seriamente su salud emocional. Este tipo de situaciones tan negativas como lo es el aislamiento al que se ha visto sometida la Sra. Becker, y más a cierta edad, pueden acarrear graves daños a la salud de cualquier persona, viéndose forzada a vivir en soledad.

3. Muchos contratos no son por cesión de tierras, sino pago por acceder a ciertas propiedades con el fin de realizar parte de los estudios necesarios para la posterior construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, tales como trochas y pozos de perforación. Sin embargo la empresa utiliza estos contratos de estudios para justificar su posesión del terreno.

La Ley General de Ambiente, establece claramente una protección especial a los pueblos indígenas, en cuanto a que las actividades que se realicen en sus territorios en ningún momento causen o promuevan su menoscabo. Esto, evidentemente, no se ha cumplido en los estudios realizados para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan-75.

En el caso del convenio de indemnización por realización de trochas y pozos de perforación en la finca de Don Francisco Santos Nico, de aproximadamente 250 hectáreas y de la cual depende su núcleo familiar integrado por 25 personas aproximadamente, y la compañía Hidro Teribe, S.A. (AES), hubo irregularidades con respecto a la no especificación del terreno a ser alterado y se anexa a la presente misiva. Algunas de las irregularidades son no especificar los límites de las áreas susceptibles de estudio, ni información detallada de las dimensiones de las áreas de trocha y de los pozos; y en la segunda cláusula, donde se especifican las etapas de pago, el segundo pago cuyo valor es la mitad de la cantidad total ofrecida a Don Francisco, está supeditado a la cesión de las tierras necesarias de su propiedad para la construcción de Chan 75. Esto implica que, por una parte, las trochas y los pozos pueden ser de dimensiones desproporcionadas con respecto al tamaño de la finca y se desconoce el tamaño real del terreno dañado y, por otra, que si AES justifica que es necesaria la totalidad de la superficie de su finca para la construcción de la hidroeléctrica, el Sr. Santos se quedará sin propiedad. Obviamente no contó con la debida asesoría legal, ni autoridad estatal alguna que velara por sus intereses, a fin de que este tipo de atropello no sucediera y mucho menos se cubriera bajo el manto de una cuestionable legalidad a través del contrato leonino en mención, por lo cual Don Francisco Santos Nico y su familia, se encuentran en la precaria y desamparada situación arriba detallada.

4. Ningún firmante dispuso de asesor legal, mientras que AES cuenta con un bufete de abogados de una de las mejores firmas del país. Supuestamente, personal de AES ha estado aconsejando a los residentes potencialmente firmantes que no contratasen abogado por el alto costo que les iba a acarrear. Hay que recordar que el deber de las instituciones públicas de este país, así como el de cualquier otro, es velar y salvaguardar los intereses de todos los panameños, más si se trata de etnias tan vulnerables como lo son los pueblos indígenas Ngobe Buglé y Naso Teribe.

5. Se ha cometido fraude facilitado por el bajo índice de escolaridad de la mayoría de los residentes en Charco La Pava, Valle del Rey y Guayabal. Un claro ejemplo de esto, es el de Patricia Castillo de Santo, hija de Isabel Becker, la cual fue víctima de un vil engaño por parte de AES ya que firmó un convenio por pago y traspaso final a nombre de AES Changuinola de los derechos posesorios de su finca para la construcción de la presa Chan-75 en forma permanente. La Sra. Castillo sostiene que el compromiso que ella adquirió con la empresa era de alquiler del terreno y no de traspaso del derecho posesorio. Así pues, firmó un contrato de venta pensando que firmaba uno de alquiler de sus tierras.

Con respecto a esto, cabe mencionar la observación final No. 21 del documento CPR/C/PAN/CO/3/ del 4 de abril de 2008 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, citada ya anteriormente, en su apartado a), cuando recomienda que el Estado parte debería garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecue a sus necesidades específicas.

6. Se impuso un Plan de Reubicación sin consentimiento de la población posterior al inicio de obras, por lo que, sin haber conseguido un consenso, se comenzaron las reubicaciones de forma arbitraria y forzada sin aprobación de dicho Plan por parte de la ANAM y de las comunidades afectadas, lo que atenta contra sus propias formas de consulta, decisión, valores, usos y costumbres. El artículo 12 del Decreto de Gabinete No. 53 de 26 de febrero de 1971, “Por medio del cual se aprueba el Convenio No. 107 de la OIT, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes”, señala entre otras cosas que no deberá darse el traslado a las poblaciones en cuestión sin su libre consentimiento y, además, establece una serie de aspectos o condiciones que deben respetarse, como que los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a las necesidades y garantizar su desarrollo futuro.

Es pertinente señalar que la Constitución señala en el artículo 124 que el Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional. Además, el artículo 10, numeral 5 de la Resolución AG-0366-2005, “que establece el procedimiento para la Concesión de Administración en Áreas Protegidas y se dictan otras disposiciones” establece que son requisitos generales para otorgar un contrato de administración en áreas protegidas, en los casos donde se involucren comunidades indígenas, contar con experiencia en trabajo con grupos indígenas y contar con el aval de las autoridades indígenas correspondientes.

7. No están aprobados los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sobre las reubicaciones, además de que jamás deberían ser aprobados con categoría I, ya que permitirían que se reasentaran personas sin tener ni siquiera derecho a un Foro Público, hecho imprescindible e irrefutable teniendo en cuenta la gravedad implícita en reubicar población.

El Decreto Ejecutivo No. 194 de 25 de agosto de 1999, “Por el cual se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Ngobe-Buglé”, en su Considerando, establece el reconocimiento a la autonomía indígena y la autogestión del pueblo Ngobe, en condiciones de respeto y armonía. Corresponde a esta alta corporación de justicia garantizar que estos Derechos Humanos no sean ilusorios, toda vez que las comunidades indígenas tienen amplios derechos consagrados a nivel internacional y constitucional, como la demarcación de sus territorios y la prioridad de ser informados y consultados en los casos en que sus derechos sean amenazados en su calidad de vida, cultura y tradiciones por el desarrollo de proyectos en sus territorios, en los cuales han vivido ancestralmente en armónica convivencia con la naturaleza circundante como área de vida y reservorio de biodiversidad.

Tras lo anteriormente expuesto, le solicitamos encarecidamente que su despacho considere todos los contratos como viciados e inválidos y, por tanto, se tomen las medidas correspondientes para anular estos contratos ilegales, restituyendo los derechos y garantías fundamentales de aquellas personas a las cuales se les han usurpado sus fincas y territorios ancestrales, y se garantice de igual forma que las familias afectadas reciban las compensaciones debidas por los daños y afectaciones a los que han sido injustamente sometidas.

Panamá como Estado tiene una obligación legal de acatar las recomendaciones de la ONU sobre el mejoramiento y reestablecimiento de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, hoy amenazados con proyectos al margen de una política energética plenamente establecida y discutida con la sociedad civil como lo ordena la democracia participativa.

Muchas gracias.

Atentamente,

M. Sc. Ariel Rodríguez Vargas

Vice-Presidente de Alianza para la

Conservación y el Desarrollo (ACD)

Telefax 223-9170

ariel.rodriguez@acdpanama.org

Cc: Lic. Felipe Cano, Viceministro de Trabajo y Desarrollo Social

Cc: Lic. Miguel Delgado Diamante, Ministro de Gobierno y Justicia

Cc: Lic. Severino Mejía, Viceministro de Gobierno y Justicia

Cc: Ing. Mariano Benjamín Quintero Visuete, Director General de Catastro y Bienes Patrimoniales, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la República de Panamá.

Cc: Ing. Balbina Herrera, Ministra de Vivienda de la República de Panamá, Ministerio de Vivienda (MIVI).

Cc: Lic. Valentín Pineda, Administrador Regional, ANAM Bocas del Toro.

Cc: Lic. Virginia Abrego, Alcaldesa de Changuinola

Cc: Lic. Ricardo Vargas, Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.

Cc: Medios de Comunicación

Represión policíaca a indígenas en Bocas del Toro

Represión policíaca en Bocas del Toro

Marco A. Gandásegui, hijo
gandasegui@hotmail.com

Las comunidades indígenas ngöbe, de la provincia de Bocas del Toro, han sido objeto en los últimos meses de una represión que recuerda las tristes jornadas de muerte y sufrimiento de la década de 1960. Reproduzco para el conocimiento de los lectores una cronología con los hechos más recientes preparados por Lucia L. Lasso, directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo.

Representantes de las comunidades ngöbes se reunieron el 8 de noviembre del 2007 en la comunidad de Charco La Pava, Bocas del Toro, con altos directivos de la ANAM y de la empresa norteamericana AES Changuinola. Asistieron también representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y de la Policía de la provincia. Los ngöbes aprovecharon la oportunidad para expresar su rechazo a las tácticas violentas utilizadas por la empresa en contra de las comunidades. AES está construyendo una hidroeléctrica sobre el río Changuinola (el proyecto Chan-75). Durante la reunión, los representantes indígenas pidieron formalmente que se detuviera el proyecto hasta que se investigaran las irregularidades.

Según Lasso, la petición nunca fue respondida y el 19 de diciembre se inició una protesta pacífica contra la construcción. El 26 de diciembre, unidades de la Policía empezaron a ir de casa en casa preguntando por la identidad de todos los presentes. Varios de los líderes se vieron obligados a esconderse. El 29 de diciembre llegó la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego, con 20 policías y un ultimátum: abandonar la protesta o enfrentar la fuerza de la Policía.

El 2 de enero de 2008, varios periodistas y corresponsales de Bocas del Toro trataron de entrar a la zona para cubrir la protesta. Sin embargo, se les impidió el paso bajo el argumento de que había ocurrido un derrumbe. La mañana siguiente la maquinaria de la empresa empezó a trabajar nuevamente. Al ver esto, los indígenas ngöbe retomaron su campamento comunitario de protesta pacífica.

Los antimotines deshicieron el campamento tirando gases lacrimógenos y arrestaron a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de 8 meses. Fueron esposadas y trasladadas a la estación de policía de Changuinola donde permanecieron por 24 horas. Ana Castillo, cuya cosecha fue destruida por las maquinarias, dejó plasmado su testimonio de lo sucedido: “Me agarraron y me tiraron al suelo. Mi niño estaba chillando y el policía me tiró abajo de nuevo, con las manos esposadas en la espalda. Me desnudó ahí, delante de todo el mundo. Mi bebé estaba todavía aquí, agarrado a mi cuello”.

Desde ese día la Policía ha permanecido en el área, impidiendo la libertad de movimiento a la que tienen derecho todos los ciudadanos, concluye Lucía Lasso. Los miembros de Charco La Pava, Valle del Rey y Nance de Riscó siguen protestando pacíficamente, y cada vez que se reúnen llegan alrededor de 50 unidades antimotines a deshacer la manifestación. La construcción de la hidroeléctrica Chan-75 avanza a costa de la fuerza policial, y no gracias a un diálogo abierto con los actores interesados. La creación de energía en el país no se puede alcanzar a costa del sometimiento violento de los pueblos indígenas que pierden sus tierras en proyectos hidroeléctricos sobre los que nunca fueron consultados.

-El autor es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

Publicado en La Estrella de Panamá, 17 de enero de 2008.

ACD denuncia ante ONU los abusos ocurridos en Bocas del Toro

A continuación Burica Press reproduce un informe de la situación que le ocurre a los indígenas de Bocas del Toro por proyectos hidroeléctricos de la Corporación AES Changuinola, planteados dentro de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá.

ORIGINAL ENVIADO POR FAX A WASHINGTON

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

ACD-087-07

Panamá, 27 de Noviembre de 2007

Relator Especial de la Situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas

Oficina del Alto Comisionado por lo Derechos Humanos

Estimado Sr. Relator:

Le escribo como representante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar por la preservación y el respeto del patrimonio ambiental y cultural de nuestro país. Desde el 2002, nuestra organización trabaja en la provincia de Bocas del Toro, en el oeste Panameño, junto al Pueblo Ngobe y el Pueblo Naso para la defensa y conservación de sus territorios ancestrales.

Nos dirigimos a usted porque estamos sumamente preocupados por las crecientes irregularidades que se están dando en relación a la construcción de proyectos hidroeléctricos en territorio Ngobe al margen del río Changuinola. Este pueblo no tuvo la oportunidad del consentimiento libre e informado previo al otorgamiento de la concesión.

Tampoco se les está reconociendo el derecho colectivo a sus tierras en los procesos de reubicación. Sin embargo, la construcción ya ha iniciado y el sentimiento de frustración e indefensión de la población es muy alto, por lo que nos han pedido que les apoyemos.

Por este motivo le estamos adjuntando un informe que detalla los distintos elementos de este caso, especialmente aquellos que consideramos violatorios a los derechos de este pueblo. Le pedimos en nombre de las comunidades Ngobe del río Changuinola que por favor intervenga para que el gobierno nacional tome las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las normas internaciones y el derecho de los pueblos indígenas.

Se despide de usted atentamente,

Lucía Lasso
Antropóloga
Directora Ejecutiva
ACD Panamá

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Situación de las poblaciones Ngobe afectadas por la construcción de represas en la Provincia de Bocas del Toro, en Panamá.

1- Construcción de tres proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Noroccidente de Panamá.

  • – Según el gobierno de Panamá se vive una crisis energética en el país debido a que la demanda por energía ha igualado la oferta. A pesar de ser un discurso de toda la estructura de gobierno, las instituciones que se relacionan directamente con el tema son la Comisión Nacional de Política Energética, responsable de la planificación del suministro energético, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que otorga las concesiones para proyectos energéticos. Nuestras investigaciones apuntan a que todo este discurso es fraudulento con el único ánimo de promover los proyectos hidroeléctricos. Las cifras indican que Panamá tiene varios años de superávit de energía que supera en la mayor parte del año el 100% el consumo promedio.
  • – En el 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro, a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75,140 y 220, respectivamente, y producirían en conjunto aproximadamente 411 mega vatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. AES Panamá administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como Bayano y Estrella-Los Valles, luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos en los 90’s. AES Changuinola, es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro. Cabe mencionar que con la privatización, la industria se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.
  • – La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados (Resoluciones DINEORA IA-086-2005; DINEORA IA-087-2005; DINEORA IA-088-2005). Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la perdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.
  • – El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.
  • – Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí), Fortuna (ubicada en Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá), Gatún (ubicada en Panama).

2- Estatus del territorio donde se construirán las represas.

  • – La cuenca del río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad y al Corredor Biológico Mesoamericano. El Parque Internacional La Amistad es un sitio de patrimonio de la humanidad.
  • – Aunque el Bosque Protector Palo Seco no goza de la misma protección ambiental que el Parque Internacional de la Amistad, es considerada como un área importante de amortiguamiento de este parque.
  • – Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

3- Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas.

  • – La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4000. La cifra de 3500 ha sido estimada por nosotros, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Risco y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa), ni tampoco a Valle de Risco, Nudobiti y Soledad de Risco, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.
  • – El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas mas de 3000 hectáreas de terreno. Según la “Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)” elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de 1,394.754 hectáreas. El diseño original que era mas pequeño hablaba de un embalse de 1,145.228 hectáreas.
  • – Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras “anexas” a la Comarca pero los limites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no es todavía debatido. Recientemente nos enteramos de que existe un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES. Actualmente estamos solicitando copia de este documento. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitacion de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.
  • – Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida y por lo tanto no podían ser tituladas.

4- Presuntas irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola.

  • – La Autoridad Nacional del Ambiente exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentan anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar; y c) según la legislación interna (las leyes que regulan los EIA son: ley 41 de del 1 de julio de 1998 y el Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.
  • – A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social de las comunidades indígenas afectadas.
  • – A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de “negociación” se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.
  • – Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.
  • – Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.
  • – A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, por lo que las familias indígenas de la zona no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra.

5- Recursos legales interpuestos

  • – Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, ACD interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona.
  • – Denuncia Penal ante la Policía Técnica Judicial: por la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa, lo cual esta penalizado como crimen ecológico. Esta denuncia se interpuso contra la ANAM, AES y la Consultora que hizo el estudio. Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.
  • – Denuncia ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker.
  • – Esta en proceso un Amparo de Garantías constitucionales por la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

6- Tema de las amenazas y coerciones

  • – La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:
  • o Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.
  • o Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.
  • o Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.
  • o Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.
  • – El caso de la Sra. Isabel Becker, que por ser dueña del área escogida para ser sitio de presa, estuvo bajo presión constante para que cediera sus tierras. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entro en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita medica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalan en “su nueva casa” en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó abajo su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.
  • – Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Tienen ellos quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.
  • – Existen múltiples quejas de los habitantes del área que esta comprendida entre Almirante y el sitio de presa sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.
  • – En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

Fotos de las comunidades, y el efecto de la construcción, pueden obtenerse a través del sitio web http://picasaweb.google.com/acdpanama