CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes.  Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado.  Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido a que son proyectos de alto impacto en áreas protegidas con reconocimiento internacional.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Cámara de Comercio respalda violación a los derechos humanos en proyecto hidroeléctrico

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

AES recibe respaldo

06-27-2009 | MANUEL LUNA G.
mluna@laestrella.com.pa

La Cámara de Comercio pide respuesta contundente

Capital PANAMÁ. La cúpula empresarial panameña salió en defensa del proyecto Changuinila 1 (Chan 75).

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, advirtió que la suspensión de este proyecto hidroeléctrico “traería consecuencias graves para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanas solicitó recientemente suspender la construcción y demás actividades vinculadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del río Changuinola, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva.

La medida fue tomada en respuestas a denuncias presentadas sobre supuestos daños causados al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas ngöbe que habitan el Valle del río Changuinola.

Pero Linares dijo que confía “en que las respuestas que el gobierno brinde demostrará de forma contundente que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que solicitaron la suspensión del proyecto”.

De acuerdo con el representante de los empresarios, la suspensión de la obra “sería un atentado contra la seguridad jurídica y enviaría un mensaje negativo para la inversión extranjera”. El proyecto hidroeléctrico generará 223 magavatios y actualmente registra un avance del 40%, en donde ya se han invertido 300 millones de dólares, de los 560 millones que costará la obra.

Unos 1,800 trabajadores laboran en el proyecto, que está programado para concluir en el año 2011.

El proyecto es desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp, donde el Estado panameño también es accionistas.

Las autoridades panameñas han rechazado que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Mientras que grupos ambientalistas aplaudieron la medida adoptada por la OEA, el pasado 17 de junio.

Linares dijo que es preocupante que grupos anarquistas ajenos a los intereses de los panameños estén impulsado campañas difamatorias, manifestaciones, sabotaje y desinformación en contra del proyecto hidroélectrico.

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Burica Press le ha dado seguimiento a esta situación y sólo puede advertir que la Cámara de Comercio de Panamá, jamás aportó opiniones o comentarios que deslindaran las responsabilidades encomiadas a AES y al Estado Panameno como máximo responsable.

El discurso del senor Linares es tardío para defender los intereses de AES y los intereses de todo el gremio, que como buenos anarquistas sólo respetan las leyes a conveniencia.  AES y el Estado han incurrido en violación a los derechos humanos de pueblos indígenas y esto amerita una sanción ejemplar.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y nadie bajo ninguna circunstancia o motivo puede violar por acción o por omisión los sagrados derechos humanos.

La CIDH ha recibido diversas notificaciones y aclaraciones del Gobierno, que evidentemente no ha podido ocultar los hechos que ha llevado a esta sesuda decisión de este máximo órgano de justicia internacional.

Ahora sólo queda acatar, la medidas cautelares enunciadas.

Burica Press

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

CIDH solicita detener construcción de hidroeléctrica Chan 75

CIDH solicita detener controversional represa en Panamá

Burica Press –Derechos Humanos y Ambiente

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, ha confirmado que han solicitado al Gobierno de Panamá medidas cautelares en beneficio del pueblo indígena Ngäbe asentado en el Valle del Río Changuinola con el fin de evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los ciudadanos Ngobes afectados por un megaproyecto de energía hidráulica denominado Chan 75 en el noroccidente de Panamá. Este proyecto está siendo desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp., donde el Estado panameno también es accionista.

La CIDH solicita suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la petición P-286/08, en la cual se alega que el Estado panameno a incurrido en violaciones a los derechos consagrados en varios artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

La denuncia ante la CIDH se realizó el 7 de marzo de 2008 y fue admitida en junio de 2008. Ahora luego de un ano ha resuelto de manera provisional solicitar medidas cautelares del caso denunciado. En veinte días el Gobierno de Panamá debe rendir un informe de actuación donde se observe el acatamiento de las medidas cautelares impuestas.

El gobierno de Panamá ha negado de manera reiterada que el Estado panameno haya incurrido en violaciones a los Derechos Humanos de los indígenas residentes en el valle del Río Changuinola. Sin embargo, los propios indígenas Ngobes, junto a los peticionarios han reiterado las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en los diferentes procesos administrativos y civiles que ha ejecutado el Estado panameno y la empresa AES Changuinola en el área del conflicto donde el Estado también es parte interesada por ser accionista.

Vista del Valle del Río Changuinola, área del primer sitio presa del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 de AES Corporation (AES Changuinola)

Vista del Valle del Río Changuinola, área del primer sitio presa del Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 de AES Corporation (AES Changuinola). Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá. Foto. Cortesía de ACD.

El fundamento de esta decisión de basa en el artículo 25 del Reglamento Oficial de la CIDH, que trata sobre medidas provisionales. Este artículo menciona que “en cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia; y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes…”.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá y Cultural Survival (CS) de EE.UU. ratificaron en julio de 2008 con documentación adicional y nuevas pruebas, la solicitud de medidas cautelares. Los peticionarios refutaron la defensa del Gobierno de Panamá ante esta instancia internacional que evalúa el avance del Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I (Chan 75) y los daños que está causando a los bienes, honra y cultura de los Ngäbe asentados en el valle del Río Changuinola, área indígena y área legalmente protegida denominada Bosque Protector de Palo Seco, además es Reserva de la Biósfera y área de amortiguamiento del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad La Amistad .

Larissa Duarte, Directora de ACD, ha dicho que “hoy como organización nos sentimos complacidos por la decisión de la CIDH y esperamos el cumplimiento inmediato por parte del Estado panameno“.

ACD como organización ha argumentado a través de un comunicado que el Estado de derecho real y efectivo es una prioridad que como organización civil del país hemos estado exigiendo para evitar danos irreparables a las culturas indígenas y a la magnífica área protegida de categoría internacional como lo es La Amistad, que protege la inmensa riqueza biótica, paisajística y cultural de la cuenca del Río Changuinola.

A nivel internacional el Center for Biological Divers (CBD), quien ha catalogado como atrocidad ambiental este proyecto, ha mostrado su complacencia por la decisión adoptada por la CIDH en favor de los Ngäbes.

Burica Press todavía no ha podido obtener la reacción de los indígenas del valle del Río Changuinola beneficiados por estas medidas cautelares que debe cumplir el Estado panameno.

MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

1-) Suspensión de las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la Provincia de Bocas del Toro, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos humanos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adopción de las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

La reconquista de los territorios indígenas

DERECHOS INDÍGENAS

La nueva conquista

Claude Vergès de López
opinion@prensa.com

Pronto se cumplirán 510 años de la primera conquista de América que acabó con los territorios indígenas.

Luego de años de lucha, con el apoyo solidario de los grupos latinos que los reconocían como sus ancestros y hermanos, los estados latinoamericanos reconocieron sus derechos sobre territorios segregados. Sacándoles de las costas y de los llanos, se les arrinconó en la serranía y en los bosques tropicales que no tenían valor mercantil conocido.

Pero la nueva tecnología ha permitido encontrar riquezas naturales en estos bosques y montañas y es necesario reconquistar estas tierras.

Esta nueva conquista moderna no necesita de mercenarios y aventureros armados, estos sirven para intimidar; las leyes y los cuerpos institucionales son suficientes para despojar a las comunidades indígenas de las tierras que no han titulado porque su cultura no reconoce propiedad sobre la vida-tierra.

En el siglo XVI, los conquistadores se apropiaban de las tierras plantando marcas hasta donde alcanzaba su caballo, su mirada o su bala. Hoy es suficiente delimitar su propiedad sobre un mapa, con la complicidad de los gobiernos de turno, cuando no son los propios integrantes de la burocracia estatal que se valen de estos artificios.

En ocasión, estos nuevos conquistadores se valen de la pobreza de la población para argumentar con falacia que “el territorio republicano es de toda la ciudadanía”, empujándola a la migración para el cultivo extensivo que no es sostenible, para recuperar los terrenos a bajo precio; con estos argumentos demagógicos, enfrentan a dos grupos similares en la pobreza y se regocijan públicamente de su inversión. En ocasiones no conocen su propiedad, solo el valor de lo que puede producir. No importan las personas que ahí viven históricamente: los indígenas y la historia no tienen valor salvo para el turismo y las fotos de campañas electorales.

Las vacas que deben ocupar las tierras de los nasos tienen más derechos que los hombres, mujeres y niños de este grupo (¿Si el gobierno de la época se equivocó, por qué no reubicar al supuesto propietario?). Las minas en el territorio ngöbe valen más que los ríos y que un grupo al cual se ha negado sus derechos humanos desde la primera conquista.

Los supuestos conflictos armados en el Darién favorecen a una presencia militar y esconden la venta de madera centenaria.

En la Amazonia, el Gobierno brasileño cierra los ojos sobre la violencia de los señores feudales y la destrucción de los grupos indígenas que cuidan la reserva del planeta; del lado peruano es el propio Gobierno el que llama al desalojo de las tribus.

Frente a esta ofensiva, la información y la solidaridad son esenciales, tanto a lo interno como en el ámbito internacional.

La globalización de los beneficios privados debe acompañarse de la globalización de la lucha jurídica e informativa a favor de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad por la historia y la pobreza; es poco lo que se puede esperar de un sistema jurídico y social local con prejuicios culturales e intereses creados.