Gobierno excluye a municipios de ordenamiento territorial y urbanístico

Excluyen a municipios en cambios urbanos

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial suspendió, mediante Decreto Ejecutivo número 179 del 26 de febrero de 2010, la potestad de los municipios de conocer y resolver las solicitudes de cambio de zonificación.

La Alianza Prociudad calificó la decisión como un “retroceso” a lo alcanzado en la Ley de Urbanismo. “Es una clara intención de cerrar espacios de participación”, centralizando la toma de decisiones para dejar a los ciudadanos como meros espectadores, dijeron.

Ejecutivo decidirá cambios urbanos

El cambio de uso de suelo no será tema de análisis en los municipios, sino en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Miviot monopolizará cambios de uso de suelo. LA PRENSA/ Archivo

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los municipios dejarán de tener el papel protagónico en los cambios de zonificación y los planes de ordenamiento territorial que le otorgó la Ley 6 de 2006, mejor conocida como Ley de Urbanismo.

Mediante el Decreto Ejecutivo 179 del 26 de febrero de 2010, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) eliminó la participación de las oficinas de Planificación Municipal en el proceso de cambio de zonificación.

El Decreto Ejecutivo 23 del 16 de mayo de 2007 que reglamenta la Ley de Urbanismo, establecía en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 que las solicitudes de cambio de zonificación o de uso de suelo deberían presentarse ante las oficinas de Planificación Municipal, que debería esperar la opinión técnica de la Junta de Planificación correspondiente antes de emitir una resolución para aprobar o negar el cambio solicitado. Estas resoluciones debían ser firmadas por los alcaldes.

A partir del pasado martes –cuando se publicó el nuevo decreto en Gaceta Oficial–, la decisión final relativa a los cambios de zonificación queda en manos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Miviot.

Para Felipe Rodríguez, ex integrante de la Junta de Planificación del Municipio de Panamá, la medida contradice el espíritu de la Ley de Urbanismo que buscaba darle potestad a los municipios en cuanto a planificación. Es “un retroceso” en la descentralización, dijo.

Se intentó conocer la versión del Miviot, pero no fue posible. Sin embargo, de acuerdo con el citado Decreto Ejecutivo 179, la medida se fundamenta en dos aspectos: en que el proceso de descentralización regulado por la Ley 37 de 2009 quedó suspendida hasta el 30 de junio de 2014, y en la creación del nuevo Viceministerio de Ordenamiento Territorial.

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CONSULTE LAS SIGUIENTES LEYES Y NORMAS

Ley 61 de 23 de octubre de 2009, que reorganiza el Ministerio de Vivienda y se establece el Vice Ministerio de Ordenamiento Territorial

Gaceta No. 26428 -B; Publicada el: miércoles, 16 de diciembre de 2009

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Decreto Ejecutivo Nº 371
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO EJECUTIVO No. 23 DE 16 DE MAYO DE 2007, QUE REGLAMENTA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”.

Gaceta No. 26463 -B; Publicada el: miércoles, 3 de febrero de 2010

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Resolución Nº 43-2010
“POR LA CUAL SE DISPONE LA OCUPACIÓN FÍSICA Y MATERIAL, POR MOTIVOS DE INTERÉS SOCIAL URGENTE, LAS ÁREAS E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN UBICADAS DENTRO DEL POLÍGONO DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO CURUNDÚ, DOCUMENTO ADJUNTO A LA PRESENTE RESOLUCIÓN, POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”.

Gaceta No. 26468 -B; Publicada el: miércoles, 10 de febrero de 2010

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Decreto Nº 155
“POR EL CUAL SE NOMBRA A LA VICEMINISTRA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”.

Gaceta No. 26485 -A; Publicada el: martes, 9 de marzo de 2010

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Resolución Nº 104-2010
“POR LA CUAL SE ESTABLECE MIVIOT COMO LAS SIGLAS CON LAS QUE SE IDENTIFICARÁ AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Decreto Ejecutivo Nº 179
“POR EL CUAL SE SUSPENDE LA VIGENCIA DEL CAPÍTULO QUINTO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 23 DE 16 DE MAYO DE 2007, QUE REGLAMENTA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”.

Gaceta No. 26314; Publicada el: martes, 30 de junio de 2009

ASAMBLEA NACIONAL
Ley Nº 37
“QUE DESCENTRALIZA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Gaceta No. 26421 -A; Publicada el: viernes, 4 de diciembre de 2009

ASAMBLEA NACIONAL
Ley Nº 77
“QUE SUSPENDE LA VIGENCIA DE LA LEY 37 DE 2009, QUE DESCENTRALIZA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y RESTABLECE LA VIGENCIA DE DISPOSICIONES LEGALES”.

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A la Autoridad Nacional del Ambiente también la están dejando por fuera y que son parte de sus funciones legales.

Este decretos y todos esos movimientos legales son ilegales porque no se han sometido a la discusión que amerita según la ley de transparencia. Igualmente infringe el Decreto Ejecutivo que regula la Evaluación de Impacto Ambiental que ordena que las políticas como esta de ordenamiento territorial sea sometida a una Evaluación Ambiental Estratégica para la toma de decisiones informado y no por decreto de hecho como pretenden.

Burica Press

Cinta costera es una falla urbanística

ENTREVISTA

Un urbanismo lleno de fallas

Un consultor del BID da una mirada al desarrollo urbano del distrito capital. Cuestiona algunos proyectos públicos.

PROYECCIÓN. Arturo Samper diseñó el primer ‘Plan de espacio público’ de Bogotá, Colombia. CORTESÍA/Arturo Samper
Perfil
TRAYECTORIA.

Arquitecto, diseñador y planificador urbano. Arturo Samper obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Adquirió una maestría en planeación urbana y una maestría en arquitectura con especialización en diseño urbano de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia.

Desde 2006 asesora al Gobierno panameño en materia de urbanismo y en el programa nacional de administración de tierras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Arturo Samper, un colombiano naturalizado canadiense, ha asesorado a las autoridades gubernamentales panameñas en materia de urbanismo en los últimos tres años, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde Estados Unidos nos ofrece, por correo electrónico, sus perspectivas de la ciudad de Panamá, en las que considera la cinta costera como una falla urbanística, los buses articulados como una mejor opción de transporte para la ciudad capital –en vez del metro– y aboga por una transformación del Ministerio de Vivienda. La propuesta está en la Asamblea Nacional.

La ciudad de Panamá ha experimentado un desarrollo urbano en los últimos años. Se han dado cambios de zonificación que la ciudadanía ha salido a cuestionar. ¿Qué piensa usted de todo esto?

Según datos de la Junta de Planificación de Panamá, parecería que son muy pocos los cambios de zonificación que esta ha aprobado desde que se constituyó en 2006.

Por lo tanto, muchos de los grandes edificios que hoy se ven, están sobre propiedades que ya tenían un uso del suelo y densidad.

Lo que sí es claro, sin embargo, es que el código de zonificación que se aplica es vetusto. Fue concebido en una época en la que “alta densidad” era lo que reflejaba una edificación de 12 pisos (Vía Argentina, Vía Brasil, por ejemplo) y no las torres de 60 pisos de hoy.

Por esto, lo que la ciudad de Panamá necesita es un nuevo código de zonificación.

Según su experiencia internacional, ¿cuáles son las fallas en cuanto a diseño urbano de la ciudad de Panamá?

Personalmente veo la cinta costera como una falla, pues cuando la mayoría de las ciudades del mundo están desmontando sus autopistas del borde del mar para reclamar el espacio exclusivamente para el peatón, Panamá está instalándola.

También veo las concesiones de playa y/o fondo de mar como una gran falla, pues representan la toma del espacio y patrimonio colectivo para el beneficio directo de unos pocos, es decir, los que pueden pagar.

Me disculparán algunos, pero siempre he visto el hotel Miramar más bien como el “Mírame” o el “Solo yo miro”.

La ciudad de Panamá (Arraiján y San Miguelito incluidas) lo que tiene es un potencial impresionante: tres aeropuertos, las instalaciones de las antiguas bases, el Canal, los parques Metropolitano y Soberanía, los conjuntos históricos, Ancón, los corredores turísticos de Amador, y su geografía. Estos son hitos a partir de los cuales se puede construir o reconstruir una ciudad de impresionante valor urbanístico. El reto, para mí, está en tres frentes: primero, en estructurar operaciones urbanas y rurales de escala (en vez de ir predio a predio), analizando en cada caso la manera en que los promotores asuman muchos más costos sociales y de infraestructura que los que actualmente asumen.

¿Qué cosas se pueden rescatar del urbanismo panameño?

La ciudad de Panamá tiene su propia historia y carácter, y es sobre ellas que se debe construir. Vea los ejemplos de La Exposición, o los barrios de los años 50, ó los conjuntos de la antigua Zona del Canal. Con estos ejemplos basta para tomar referencias y darles continuidad sobre el espacio urbano, el medio ambiente y la arquitectura. Una calle, como la Vía Argentina o la Vía Brasil, es motivo de orgullo en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente, muchos de los proyectos de hoy están orientados al mercado de consumo externo. Por eso, hay que buscar promotores, proyectos y proyectistas que piensen más en el mercado interno.

¿Qué piensa sobre las políticas de ordenamiento territorial de Panamá?

Las políticas de ordenamiento territorial de Panamá están muy bien expresadas en diversas leyes, entre las que se destacan la Ley 21 de 1997, la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998), la Ley de Cuencas (Ley 44 de 2002), la Ley 6 de 2006, la Ley 44 de 2006, y los decretos ejecutivos 283 de 2006, 209 de 2006 y 23 de 2007, entre otros.

En su conjunto, bien podría decirse que estos documentos cubren las principales áreas de actuación de los distintos actores, a través de cuya acción se transforma y por consiguiente se ordena o reordena el territorio.

Por esto, creo que el reto hacia el futuro está más en el marco institucional para el ordenamiento territorial, que en las políticas que definen el tema.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia urbanística para construir una ciudad más justa?

La principal respuesta a esta compleja pregunta está en el artículo 3 de la Ley 6 de 2006, que señala que el desarrollo territorial se hará garantizando la propiedad privada, pero también haciendo cumplir la función social y ecológica de esta. Debe prevalecer del interés general sobre el particular, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Añadiría que entre los asuntos más urgentes está poner en marcha un programa sólido de formación humana en estos temas del desarrollo, con el fin de lograr ordenamiento e institucionalidad para la gestión territorial.

Hay que controlar las operaciones liberales en el mercado de las tierras y en el inmobiliario para permitir un desarrollo más equitativo, y esto solo se logrará con la formación de mentes jóvenes en estos temas.

Discuten con celeridad código agrario de Panamá

ASAMBLEA. NUEVO CÓDIGO AGRARIO.

Eliminan artículos polémicos

Ex directores de Reforma Agraria opinan que la reforma no resuelve el problema de la tenencia de la tierra.

El magistrado Alberto Cigarruista se quejó del bombardeo de los medios a la propuesta de la Corte.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Los artículos 7 y 9, principales escollos en la discusión del proyecto que crea un nuevo Código Agrario, fueron eliminados ayer durante las consultas que realiza la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Esos artículos, que formaban parte de los principios en que se fundamenta la propuesta, eran vistos por productores y gremios agrícolas como una amenaza a la propiedad privada, ya que dejaban a potestad del Estado decidir el uso o propiedad de las tierras en función de garantizar la seguridad alimentaria. Los artículos, alegaban, no ofrecían seguridad jurídica para quienes ostentan la propiedad de la tierra.

Tras el debate inicial, al que asistieron incluso ex ministros de trabajo y ex directores de reforma agraria, se avanzó hasta el artículo 13, de los 247 que contiene el proyecto.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, se quejó del “injusto bombardeo” que los medios han hecho a los diputados, y aclaró que los derechos posesorios no dan la titularidad de la tierra, ya que el Estado es el dueño y “este principio lo contempla la Constitución”.

CÓDIGO AGRARIO.La ley incluye expropiaciones por seguridad alimentaria.

Gremios piden suspender debate

Mónica Ríos, de Pronat, aseguró que el nuevo código no le quitará sus tierras a quien las hace producir.

J.J. Vallarino III expresó su temor a que ocurran nuevas expropiaciones, como pasó en Bayano con los militares.

LA PRENSA/Víctor Arosemena
CONFLICTOS. La tenencia de tierra ha sido un problema que dista mucho de resolverse en muchos países del mundo. Panamá no escapa de ello.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional desestimó ayer la petición de Hermann Gnaegi, delegado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, de suspender las consultas sobre el proyecto de Código Agrario hasta no delinear bien sus principios y la seguridad jurídica de los productores.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, proponente del proyecto, sostuvo que de aceptarse, se perdería la oportunidad de lograr una buena ley, “ya que se perdería el entusiasmo y el trabajo que se ha acumulado durante 10 años”.

Este proyecto no es de piedra, dijo, “podemos mejorarlo. Si se aprueba, bien; y si no, entonces seguiremos con la misma ley y los pleitos que duran 15 y 20 años sin resolverse”.

Gnaegi, productor ganadero en Natá, expresó que no reconocer los derechos posesorios en el texto preocupa grandemente a los productores, y sobre todo, a la banca privada y estatal, ya que aquellos mantienen hipotecas que, de expropiarse las tierras, los haría quedar en indefensión.

No obstante, el abogado Santander Tristán, del Programa Nacional de Administración de Tierras, insistió en que debe hacerse un esfuerzo por lograr esta ley en beneficio de los necesitados. Tristán aclaró que en el artículo 7, la palabra “se reserva” se refiere a las tierras del Estado.

Durante la consulta, el abogado Ovidio Díaz Espinosa elevó una propuesta para reemplazar los artículos 7 y 9, en busca de definir mejor el tema de la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para garantizar las inversiones, modernizar y mejorar la productividad del agro.

La propuesta señala que el Estado velará por el desarrollo de la actividad agraria y garantizará la seguridad alimentaria de su población. En casos de urgencia, podrá expropiar tierras que estén ociosas, siempre y cuando respete los derechos de sus titulares o de quienes tienen derechos de posesión. A ello, añade el pago de la debida indemnización.

Tanto Cigarruista como Tristán rechazaron esta propuesta alegando que contempla una expropiación extraordinaria, al incluir una indemnización.

Para el magistrado, lo que intenta este proyecto es mejorar la seguridad jurídica de quienes trabajan con derechos posesorios y no afectarlos, ya que el Estado es dueño de las tierras si no están tituladas.

También intervinieron Rolando Mejía y Eric Jiménez, ex directores de Reforma Agraria, quienes advirtieron que el proyecto está muy lejos de ser un buen Código Agrario.

Jiménez afirmó que los constantes conflictos por la tenencia de la tierra siguen sin resolverse en el texto, lo cual es fundamental.

Principios de la ley agraria

.SOCIAL: El Estado distribuirá la tierra en forma “racional”.

.ECONÓMICA: No se permitirá que haya áreas ociosas o improductivas.

.AMBIENTAL: No se permitirá el uso de agroquímicos sintéticos que debiliten el suelo.

Asalto del gabinete al Archipiélago de Bocas del Toro

Esta nueva Resolución de Gabinete es violatoria de la Ley de Urbanismo que define cómo y quienes intervienen en el ordenamiento territorial de una municipalidad.  Además esta política supuesta promoción turística, si la fuera requiere por Ley una evaluación ambiental estratégica que defina el impacto de tal política.

Esta Resolución le quita de facto el derecho al Municipio de Bocas del Toro la potestad constitucional y legal de ordenar su territorio.

Es una resolución de gabinete típica de países corruptos, donde impera el interés privado por el interés nacional.  Prácticamente alguien con intereses e influencias en Palacio están asaltando al Archipiélago de Bocas del Toro.

El señor Presidente sabe de toda esta corrupción y es parte por acción y omisión.  La peor corrupción es la del uso del gobierno para hacer leyes en nombre del Estado para favorecer propios intereses.

El gobierno actual no quiere dejar un sólo recurso libre para los panameños en Bocas del Toro.  Qué barbaridad!

Burica Press

He aquí la resolución de gabinete de marras.

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RESOLUCIÓN DE GABINETE No. 95

(de 18 de junio de 2008)

Que declara Área de Desarrollo Especial para su aprovechamiento turístico, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro

EL CONSEJO DE GABINETE,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones, establece que el Consejo de Gabinete, por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Panameño de Turismo, podrá declarar como áreas de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, las áreas del territorio insular que reúnan especiales condiciones para la atracción turística, en atención a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, siempre que la inversión por realizarse, aparte de su impacto económico, garantice la generación de un número de empleos significativos para el área;

Que, mediante la Resolución de Gabinete No.41 de 13 de febrero de 1996, se declaró constituida en Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional el área denominada Zona 2, Bastimentos;

Que, desde la declaratoria de dicha área como Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional, no se ha logrado fomentar el desarrollo de facilidades e infraestructuras turísticas en toda la región del Archipiélago de Bocas del Toro;

Que dentro del Archipiélago de Bocas del Toro existen islas, islotes y cayos, que contienen atractivos y recursospatrimoniales, a partir de los cuales se pueden fomentar importantes desarrollos turísticos, teniendo como premisa el desarrollo de productos de ecoturismo, bajo criterios de desarrollo sostenible;

Que las zonas turísticas distinguidas en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, entre ellas la Zona 2, Bastimentos, así como la Región del Archipiélago de Bocas del Toro, reúnen las condiciones especiales para la atracción turística; sin embargo carecen de la infraestructura básica para el desarrollo de dicha actividad;

Que tanto el Instituto Panameño de Turismo, como el Ministerio de Economía y Finanzas, han recomendado al Consejo de Gabinete, conforme al artículo 19 de la Ley 2 de 2006, la declaración como área de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico en la República, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro;

Que es interés primordial del Consejo de Gabinete, la promoción de empleos, el desarrollo económico y la conservación del ambiente;

Que posterior a un análisis técnico y de consultas realizados con otras entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Panameño de Turismo, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Nacional de Cultura, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y Autoridad de Aeronáutica Civil, se considera conveniente para la adecuada promoción del Desarrollo Turístico, dentro del Archipiélago de Bocas del Toro, la declaratoria como Área de Desarrollo Especial, la delimitación poligonal que a continuación se detalla: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167, Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2, . No 26069 Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de junio de 2008 1

RESUELVE:

Artículo 1. Declarar Área de Desarrollo Especial para su Aprovechamiento Turístico en la República de Panamá, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro, localizado dentro del siguiente polígono: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167 Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2 .

Artículo 2. Los proyectos que se realicen en el área declarada de desarrollo especial, se ajustarán a las políticas del Instituto Panameño de Turismo y del Ministerio de Economía y Finanzas, y se  implementarán dentro de las áreas específicas determinadas para tal efecto, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial para Áreas de Desarrollo Urbano, que se elabore para tal efecto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Panameño de Turismo establecerán, en conjunto con las entidades competentes, un plan de monitoreo que involucre sendas inspecciones a todos los proyectos que se realicen en el área, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones y plazos pactados en los contratos correspondientes, acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 4. Esta Resolución reconoce la existencia de áreas anexas insulares establecidas en la Ley 10 de 1997, siempre que éstas hayan sido aceptadas por las comunidades indígenas a través de los organismos tradicionales locales y comarcales. En aquellas tierras comunales con una población de más de trescientos indígenas y no descrita en la Ley 10 de 1997, se aplicarán los criterios de derechos posesorios ejercidos previos a la Ley 2 de 2006, sin perjuicio de la declaratoria de tierras colectivas basadas en la propiedad colectiva indígena.

Artículo 5. El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, declarado área protegida mediante Resolución No.022-88 publicada en la Gaceta Oficial No.21,129 de 6 de septiembre de 1988, con una superficie de trece mil doscientas veintiséis hectáreas (13,226 ha.) queda excluido de la zona de desarrollo especial para aprovechamiento turístico establecida en la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 6. Las áreas urbanizadas, según los parámetros establecidos en el artículo 16  del Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006, identificadas en la zona de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, quedan excluidas de la aplicación de la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 7. La expresión gráfica de las áreas excluidas en los artículos 5 y 6 que anteceden, quedan debidamente establecidas en el Mapa Temático PRONAT No. 1, que contiene una representación gráfica del Plano No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008, y ambos forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 8. Esta Resolución empezará a regir desde su aprobación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley 2 de 2006, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006 y la Ley 10 de 1997.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días de mes de junio de dos mil ocho (2008).

MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República

El Ministro de Gobierno y Justicia,

DANIEL DELGADO-DIAMANTE

El Ministro de Relaciones Exteriores,

SAMUEL LEWIS NAVARRO

El Ministro de Educación, SALVADOR A. RODRÍGUEZ G.

El Ministro de Obras Públicas,

BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO

La Ministra de Salud,

ROSARIO TURNER MONTENEGRO

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,

EDWIN SALAMÍN JAÉN

La Ministra de Comercio e Industrias,

CARMEN GISELA VERGARA

El Ministro de Vivienda, GABRIEL DIEZ P.

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

GUILLERMO SALAZAR NICOLAU

La Ministra de Desarrollo Social,

MARÍA ROQUEBERT LEÓN

El Ministro de Economía y Finanzas,

HÉCTOR E. ALEXANDER H.

El Ministro para Asuntos del Canal,

DANI KUZNIECKY

DILIO ARCIA TORRES

Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete.

Fuente oficial: Gaceta Digital Oficial No. 26069, miércoles 25 de junio de 2008.


Nuevo código penal mantiene vigentes delitos ambientales

Mantiene vigentes los delitos ambientales y urbanísticos

Nuevo Código Penal en Panamá

Burica Press, Panamá, 31 de mayo de 2008. El martes 22 de mayo de 2007 fue promulgada en la Gaceta Oficial Digital No. 25796, la Ley No. 14 de 18 de mayo de 2007 que adopta el nuevo Código Penal de la República de Panamá. En esta ley se dió un año de gracia para hacerla efectiva que se cumplió el pasado 23 de mayo de 2008, aunque algunos capítulos como el capítulo ambiental y ordenamiento territorial ya estaban vigentes por efecto de una ley previa a las reformas del Código Penal que incorporó específicamente los delitos ambientales en el artículado del Código Penal.

En el nuevo Código Penal, los delitos ambientales han quedado incluidos en el  Título XIII, el cual también incluye delitos contra la violación al ordenamiento territorial.

El desglose del título sobre los delitos ambientales incluye capítulos de delitos contra los recursos naturales, delitos contra la vida silvestre, delitos de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial y delitos contra los animales domésticos.

A continuación Burica Press publica la transcripción del Título XIII de Código Penal aludido:

Título XIII

Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial

Capítulo I

Delito contra los Recursos Naturales

Artículo 391. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales.

2. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas.

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, arqueológico o científico.

4. Cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema.

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas.

6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera.

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente.

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección ordenada por autoridad competente.

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la imposibilidad de retornar a la situación anterior.

Artículo 392. Quien, sin la autorización de la autoridad competente, construya dique o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, afectando directamente el ecosistema, la salud de las personas o una actividad económica, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 393. Quien obstruya o impida el libre curso de las aguas residuales será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa y arresto de fines de semana.

Artículo 394. Quien, sin la autorización de la autoridad competente o en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga material radioactivo, aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

La pena se aumentará de una parte a la mitad cuando dichos residuos o desechos:

1. Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan un peligro para las personas o la vida silvestre.

2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas.

3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos.

4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la vida silvestre, por su clase, cantidad o calidad.

Artículo 395. Quien venda o traspase a cualquier título permiso de subsistencia doméstica sin autorización legal será sancionado con cincuenta a cien días-multa.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 396. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de subsistencia para la tala de árboles que no le corresponda será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 397. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 398. Quien sin autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa existente tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a protección especial, en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o restringidas, o cuando estas protejan vertientes que provean de agua potable a la población será sancionado con pena de tres a siete años de prisión.

Artículo 399. Quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo.

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas.

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico.

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas.

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente.

Artículo 400. Quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas genere emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Capítulo II

Delitos Contra la Vida Silvestre

Artículo 401. Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o especie de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones incluidas en estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las medidas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad:

  1. Si se realiza en un área protegida
  2. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas vigentes.
  3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos.
  4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción.
  5. Si se da en grandes proporciones.

Artículo 402. Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o en extinción o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción sea restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de iniciación e investigación.

Artículo 403. Quien, sin autorización de la autoridad competente o infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o propague especies de la vida silvestre o agente biológico o bioquímico, capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en peligro su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Capítulo III

Delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento Urbanístico Territorial

Artículo 404. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros estudios de naturaleza similar que, a sabiendas, incorpore o suministre información falsa o inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud humana o el ambiente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes.

Artículo 405. El servidor público que, con inobservancia de la normativa ambiental correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro documento aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 406. El promotor o el concesionario que incumpla los estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades económicas, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 407. Quien conociendo la irregularidad cometida haga uso o derive provecho de cualquier modo, de las conductas descritas en los artículos 405 y 406, aunque no haya participado en su ejecución, será sancionado como si fuera autor.

Artículo 408. El servidor público que venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión sobre todo o parte de un bien inmueble de dominio público o que sea parte de un área protegida será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión.

Artículo 409. Los promotores, constructores o técnicos directores que realicen una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de tres a seis años.

Artículo 410. El promotor o el concesionario que inicie la ejecución de una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo con la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, sin haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía nacional.

Artículo 411. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

Artículo 412. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Capítulo IV

Delitos contra los Animales Domésticos

Artículo 413. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con cien a doscientos días-multa o trabajo comunitario.

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