UNESCO ordena a Panamá a proteger el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá

UNESCO ordena a Panamá a proteger el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá

Burica Press – 16 de julio de 2011. El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Unidas Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su última sesión de junio de 2011 ha solicitado al Estado de Panamá con la Decisión WHC-11/35.COM/7B del 7 de julio de 2011, a presentar para la evaluación del Centro del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos, todos los proyectos, estudios y propuestas relacionadas con las alternativas para futuros trabajos de la Cinta Costera, incluyendo las especificaciones técnicas del proyecto, así como las evaluaciones de impacto del patrimonio para su revisión antes de su aprobación.

La UNESCO en su decisión retoma las recomendaciones emanadas de la misión del Centro de Patrimonio Mundial/ ICOMOS y toma sus recomendaciones y pide al Estado Parte una serie de acciones de manejo, conservación y administración del bien, que incluye completar una política completa integral y apoyada legalmente para la propiedad; completar y aprobar el establecimiento del Centro Histórico como un distrito especial, y delimitar y definir los límites de la propiedad para su presentación al Centro del Patrimonio Mundial, y definir sus zonas de amortiguamiento incluyendo su marco regulador para su aprobación por el Comité del Patrimonio Mundial y poner en funcionamiento una sola autoridad de gestión responsable de la propiedad para asegurar la coordinación de las actividades en ambos componentes de la propiedad y el cumplimiento de las medidas reglamentarias.

Además le solicita completar la revisión del Plan de Emergencia presentado en el 2009, e identificar las medidas prioritarias para la implementación y aplicación adecuada de las mismas, incluidos los recursos necesarios.

UNESCO solicita suspensión de Cinta Costera Fase 3 por el Casco Antiguo

La UNESCO ha solicitado suspender la construcción de la Fase 3 del Proyecto Cinta Costera, “que potencialmente podría tener un impacto sobre el Valor Universal Excepcional del bien, y someter al Centro del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos, de conformidad con el párrafo 172 de las Directrices Operativas, las alternativas incluidas las especificaciones técnicas para el proyecto, así como evaluaciones de impacto en el patrimonio para su revisión antes de su aprobación”

En la última parte de la decisión, la UNESCO también pide al Estado Panameño a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, en febrero de 2012, un informe actualizado sobre el estado de conservación de la propiedad y la aplicación de la anterior, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Casco Viejo de la ciudad de Panamá en 1860. Foto: Eadweard Muybridge; Fuente: Flickr.com/Yanilka Batista

La UNESCO decidió inscribir esta propiedad sobre la base de tres criterios culturales, teniendo en cuenta que Panamá fue el primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico de las Américas, en 1519 y que conserva intacto el trazado de calles al estilo clásico español de calles y avenidas perpendiculares que forman manzanas homogéneamente cuadradas (damero), así como la arquitectura de sus edificios, en la que el estilo español se mezcla de forma insólita con el francés y el americano primigenio. En este histórico se localiza el Salón Bolívar, donde el Libertador Simón Bolívar trató infructuosamente de establecer un congreso continental multinacional en 1826.

De acuerdo a los criterios para definir Sitios de Patrimonio Mundial el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá es un un ejemplo sobresaliente de edificaciones o conjunto arquitectónico o paisaje que ilustra una etapa importante en la historia humana, que entre otras cosas resalta el valor universal excepcional.

Por su parte el Ministro de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez, en representación del gobierno panameño, desmiente que la UNESCO haya ordenado la suspensión de la construcción del proyecto de Cinta Costera Fase III. Él indica que la UNESCO y “el Gobierno Nacional evaluarán y analizarán en conjunto los informes técnicos ambientales, sociales y patrimoniales existentes sobre cada una de las tres propuestas para la interconexión vial entre avenida Balboa y la avenida de Los Poetas” en la ciudad de Panamá.

El proyecto de Cinta Costera Fase III propuesta por el gobierno de Panamá ha unificado el rechazo de grupos de la sociedad civil panameña quienes argumentan que dicha propuesta de carreteras rodeando el Casco Viejo de la ciudad es inaceptable, porque destruye la naturaleza histórica y paisajística del Sitio de Patrimonio Mundial.

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VEA ADEMÁS

Decisión fina 35 COM 7B.130 adoptada

129. Sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá (Panamá) (C 790bis)

Decisión: 35 COM 7B.130

El Comité del Patrimonio Mundial,

Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

Recordando la Decisión 34 COM 7B.113, aprobada en su 34 ª reunión (Brasilia, 2010),

Toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado Parte para mejorar el estado de conservación de la propiedad, en particular en los aspectos referentes al sistema de gestión y la suspensión de la ejecución del proyecto Cinta Costera dentro de la propiedad;

También toma nota del compromiso del Estado Parte a presentar para la evaluación del Centro del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos, todos los proyectos, estudios y propuestas relacionadas con las alternativas para futuros trabajos de la Cinta Costera, incluyendo las especificaciones técnicas del proyecto, así como las evaluaciones de impacto del patrimonio para su revisión antes de su aprobación;

Toma nota además de los resultados de la misión de monitoreo reactiva conjunta del Centro del Patrimonio Mundial/ICOMOS y toma sus recomendaciones y pide al Estado Parte lo siguiente:

a) Completar una política completa integral y apoyada legalmente para la propiedad,

b) Completar y aprobar el establecimiento del Centro Histórico como un distrito especial, y delimitar y definir los límites de la propiedad para su presentación al Centro del Patrimonio Mundial, y definir sus zonas de amortiguamiento incluyendo su marco regulador para su aprobación por el Comité del Patrimonio Mundial,

c) Poner en funcionamiento una sola autoridad de gestión responsable de la propiedad para asegurar la coordinación de las actividades en ambos componentes de la propiedad y el cumplimiento de las medidas reglamentarias,

d) Completar la revisión del Plan de Emergencia presentado en 2009, identificar las medidas prioritarias para la implementación y un plan práctico para aplicación, incluidos los recursos necesarios,

e) Suspender la construcción de la Fase 3 del Proyecto Cinta Costera, que potencialmente podría tener un impacto sobre el Valor Universal Excepcional del bien, y someter al Centro del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos, de conformidad con el párrafo 172 de las Directrices Operativas, las alternativas incluidas las especificaciones técnicas para el proyecto, así como evaluaciones de impacto en el patrimonio para su revisión antes de su aprobación;

También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, en febrero de 2012, un informe actualizado sobre el estado de conservación de la propiedad y la aplicación de la anterior, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.
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Traducción: Burica Press del documento original publicado en línea (Caso 129): http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-20e.pdf

Ciudad de Panamá un dechado de corrrupción y mal gusto urbanístico

Las autoridades guardan silencio

Caos urbanístico

En la ciudad de Panamá, las violaciones a las normas de construcción son el resultado de los cinco años de Jaime Salas como ingeniero municipal.

INFRACCIÓN. La construcción de un hotel, en calle 49, Bella Vista, se ha tomado el espacio público, lo que impide el libre y seguro tránsito. Esta acción viola un Acuerdo Municipal de 2006, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por el Ingeniero Municipal. LA PRENSA/Carlos Lemos

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

mpalm@prensa.com

La ciudad de Panamá es un caos urbanístico, una mezcla –a partes iguales– de cemento y violaciones a las disposiciones que regulan las obras de construcción y los espacios públicos, en un sector que mueve millones de dólares en inversiones.

Los responsables directos de semejante anarquía son el alcalde Juan Carlos Navarro y el ingeniero municipal Jaime Salas.

El poderío de este último se puede cuantificar en los 18 mil permisos de construcción que –según sus propios cálculos– ha expedido como ingeniero municipal.

“Estamos hablando de 3 mil 500 millones de dólares de inversión que pasaron por esta dirección durante estos cuatro años y medio que tenemos”, señaló.

Este diario tiene semanas de investigar las violaciones en materia de desarrollo urbano, sin respuesta de las autoridades municipales.

Jaime Salas da la cara por una ciudad donde se multiplican las obras de construcción que violan abiertamente las leyes de desarrollo urbanístico

Una ciudad depredada

En la capital no se construye, demuele u ocupa nada si el Ingeniero Municipal no otorga un permiso. He aquí el resultado de cinco años de gestión.

Plaza Independencia. Se permitió la construcción, pese a que su promotor agregó pisos y destruyó fachadas y patios internos, lo que está prohibido por ley.1208208
Puente vehicular Sobre el río Matasnillo. Es un proyecto de los dueños del Multicentro, para conectar el ‘mall’ con una pequeña calle en Marbella.

TEXTO: Mónica Palm
FOTOS: CARLOS LEMOS

panorama@prensa.com

El sitio web de la Alcaldía de Panamá, en el link correspondiente a Ingeniería Municipal, dice que “impulsa y fortalece el ordenamiento del desarrollo urbanístico y la infraestructura municipal, mediante el control y aplicación de las normas de Desarrollo Urbano”.

Pero un vistazo por las calles de la ciudad muestra que, en la práctica, sucede otra cosa. Un recorrido da ejemplo del caos.

Por todas partes hay incumplimiento de las normas de construcción. Violaciones que se repiten una y otra vez. Si se hiciera un balance de nuestra realidad urbana, ¿cómo se habría de valorar el desempeño de Jaime Salas, ingeniero municipal por los últimos cinco años? ¿Cuál sería su legado, a 34 días de dejar la jefatura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales?

Las Torres de Babel

A lo largo de Avenida Balboa y Punta Pacífica se construyen las torres más altas de Latinoamérica. La mayoría tiene un volumen que sobrepasa la línea de construcción o invade el espacio público, incumpliendo todas las disposiciones relacionadas con el libre y seguro tránsito peatonal por las aceras.

El Acuerdo Municipal 148 de 2006 obliga a los constructores a colocar vallas perimetrales, e instalar redes de retención de escombros, mallas de protección y cobertizos sobre las aceras, “para garantizar la libre y segura circulación de los peatones”. Eso no lo saben, por ejemplo, en el proyecto hotel Emperador en Bella Vista, calle 49, donde no se tomaron estas medidas; más bien, lo contrario: en la entrada montaron una puerta cochera que invade por completo el espacio público.

El mismo acuerdo dispone que las aceras solo pueden utilizarse “temporalmente” para cargar y descargar materiales, “guardando un espacio que no ocupe más de 1.20 metro lineal del largo de la acera por el 40% de su ancho”. Y si no hay acera, toda la carga y descarga deberá realizarse dentro de la propiedad. No obstante, en un lugar tan a la vista de las autoridades como Obarrio, este diario constató que una obra que se levanta en la cuadra lateral al Parque Harry Strunz, se ha apropiado de parte de él para colocar ahí sus materiales.

Se supone que todo esto lo debe vigilar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Los infractores se exponen a multas que van de 50 dólares a 100 mil dólares, y no podrán reanudar la obra hasta pagar y rectificar. Las multas las impone el Ingeniero Municipal.

Salas no precisó a cuánto asciende lo recaudado durante su gestión, que empezó el 2 de septiembre de 2004. Aunque le prometió a este diario que haría llegar la cifra Eso nunca sucedió.

Un puente brillante

¿Otro legado de Salas? Una servidumbre privada, encima de un río.

Luna Brillante, S.A., operadora del Multicentro, construye un puente vehicular sobre la desembocadura del río Matasnillo para unir así el boulevard Elhayek (a un costado del centro comercial y del hotel Decápolis) con una pequeña calle sin salida, denominada Barreduela A, en Marbella.

Se trata de la misma empresa que, en el año 2003, intentó construir una rampa de acceso al Multicentro, hasta que un fallo de la Corte Suprema frustró sus planes.

La construcción del puente se da sobre fincas que pertenecen a Luna Brillante. En Barreduela A –originalmente, un conjunto de apenas 11 casas y un edificio de 12 apartamentos– la empresa compró varios dúplex que ya demolió. Ahí levantó los pilotes del puente.

Los vecinos alegan que la calle es muy estrecha, con solo dos paños y una función “muy local”. Esa callecita será ahora una de las entradas al hotel y al mall. No es difícil imaginar el congestionamiento vehicular que se avecina.

Patrimonio en peligro

De los desafíos a las normas de urbanismo no se salva ni el Casco Antiguo, desde 1997 declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el ocaso de su gestión, Ingeniería Municipal ha permitido que se reanuden las obras de un edificio de seis pisos en San Felipe, a pesar de que la norma dice que en ese sector no pueden haber inmuebles de más de cuatro pisos.

Salas, incluso, ignoró la petición de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, que el 3 de abril de 2009 solicitó la paralización “indefinida” de las obras, al comprobar que lo que se hacía en campo no se parecía en nada a lo aprobado en planos.

Pero Salas tiene otro criterio. “Lo que está en el plano es lo que ellos tienen construido”, dijo recientemente en una entrevista.

Le sobran las advertencias de la posible falsificación de esos planos. Incluso, hay una denuncia penal en curso abierta en el Ministerio Público.

Pero como la denuncia la puso una asociación sin fines de lucro (Icomos Panamá) y no Patrimonio Histórico, Salas le quita validez.

“Ellos no son parte del proceso… Han presentado una querella en el Ministerio Público, que no sé de qué es”, dijo con desprecio.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (en formación) advirtió que si persisten las anomalías en el Casco Antiguo, se corre el riesgo de perder la calificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, con su consecuente impacto económico, ya que el barrio representa el segundo destino turístico de Panamá.

Vecina, ¿me pasa el taladro?

Otro resultado de la gestión de Salas: los permisos de ocupación. Entre 2008 y lo que va de 2009, Acodeco recibió 13 quejas de consumidores contra proyectos “que tienen permisos municipales de construcción y no cumplen con los estándares de construcción”.

Diana de la Guardia dice ser una de esas capitalinas que son víctimas de la irresponsabilidad de Jaime Salas.

Como Ingeniero Municipal, otorgó permiso de ocupación –desde julio de 2008– a un condominio frente al mar denominado Ocean One, en Costa del Este. Más de 10 meses después, el edificio no está terminado, según de la Guardia, residente del edificio de 75 apartamentos, aunque solo 28 están ocupados.

De la Guardia convive con electricistas, plomeros y desechos de la construcción, que alegremente almacenan en los lobbys y estacionamientos. No se sabe si algún día terminarán. Lo que más le molesta es que aunque no ha terminado su trabajo, el constructor del edificio ya cobró, puesto que el banco le desembolsó el 100% del monto de la hipoteca.

“Jaime Salas no mide el daño y las consecuencias que tiene el otorgar los permisos de ocupación cuando el apartamento no está listo”, se quejó.

Salas, en su defensa, señaló que el Acuerdo Municipal 116 de 1996 le faculta para otorgar permisos de ocupación “parciales” o cuando el inmueble se encuentre sin terminar “en lo que respecta a acabados”. Lo que no dice es que ese mismo acuerdo, en su artículo 60, excluye los “inmuebles incorporados o por incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal”.

Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio y también residente en un edificio a medias, pero con permiso de ocupación, consideró que Salas está violando la ley “total, abierta y vulgarmente… Inclusive, es confeso”.

“Él solo puede hacer lo que la ley le permite, y el artículo 60 del Acuerdo 116 es claro al respecto”, acotó.

El promotor del P.H. Ocean One es Saúl Faska, de F&F Properties. Esta misma empresa es la responsable del Star Bay, cuya construcción está vinculada al derrumbe de una acera en Avenida Balboa, y del Porto Fino, en San Francisco, donde recientemente explotó un ducto de gas en el interior de un apartamento.

Cuando este diario le preguntó por Salas, Faska dijo tener muy buena opinión de la gestión de éste como Ingeniero Municipal.

¿Por qué el gremio constructor lo protege? ¿Qué responsabilidad le cabe al alcalde Juan Carlos Navarro? ¿Cómo llegó a ser Ingeniero Municipal? ¿Es compatible su cargo, con la operación de un negocio particular, vinculado al sector?

ENFOQUE
Una ciudad rebajada a la mediocridad

Brooke Alfaro*
brooke@cwpanama.net

OPINIÓN. En los últimos cinco años, los funcionarios del Mivi y del Municipio de Panamá han violado normas vigentes en materia de desarrollo urbano, dejando de lado su obligación de planificar para un ordenado crecimiento urbano.

Muchas veces parecieran estar al lado y en complicidad con algunos promotores interesados solo en lucrar. Por ello vemos cómo una bella ciudad es hoy un ejemplo de mediocridad, en la que la calidad de vida empeora a diario. No han implementado un existente Plan Metropolitano de Desarrollo, lo dejaron engavetado o es manipulado a su conveniencia. Por ejemplo, el Plan, aprobado por Decreto Ejecutivo, señala que los manglares y humedales de Tocumen y Juan Díaz son reservas ecológicas y áreas verdes no desarrollables, pero increíble como suena, lo violan para permitir en muchas de estas áreas un desarrollo residencial. Y no fue por falta de terreno. ¿A conveniencia de quién lo hicieron? Ciertamente no de la ciudad.

Perdimos una oportunidad de oro para hacer algo exquisito en Amador. Punta Pacífica parece un gueto de lujo, sin un solo parquecito público. Se nos fue Bella Vista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica. San Francisco se transforma de forma caótica. Se irrespetan las normas del Casco Antiguo y áreas revertidas, etc.

Nunca antes se han visto tantas comunidades organizadas para tratar de proteger los barrios donde viven. De poco ha servido. Las “consultas públicas” son un show, pues al final el Mivi y el Municipio hacen lo que les viene en gana, como vimos recientemente en las áreas revertidas.

Allí todas las comunidades rechazaron múltiples proyectos por ilegales e impopulares, pero los funcionarios, sin ninguna pena, procedieron a cambiar la ley. Por ello ya no tendremos en Panamá una “ciudad jardín” y muchos bosques urbanos serán reemplazados por barriadas de lujo y edificios altos.

Como sociedad civil debemos demandar un ordenamiento territorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreas diseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes tranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros que regalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados; más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias; menos áreas verdes, y más Figalis brotando impunemente por todos lados.

*El autor es arquitecto y pintor

Hotel el emperador En calle 49, Bella Vista. Un ejemplo de apropiación del espacio público. Ingeniería Municipal tiene poder para imponer las sanciones que contempla el Acuerdo 148 de 2006. Midrasha talmud torah Sinagoga en Bella Vista, en fase de ampliación y remodelación. La nueva infraestructura se toma espacio público.
Marina Park En el corregimiento de Bella Vista. El piso superior invade la línea de construcción. Punta Marina Edificio de dos torres de 57 y 47 niveles, en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Empezó su cons- trucción, aunque sus promotores aún no tienen concesión para rellenar fondo de mar.
Burges Es un bar, en la planta baja de un edificio en calle 47, Bella Vista. Ahora mismo se construye una tarima en el área de estacionar. Colinda con una escuela. Desconocido Frente a la cinta costera, a dos cuadras del restaurante Boulevard. Casi ponen el ‘lobby’ en la Avenida Balboa. Sin letreros a la vista que indiquen el nombre del proyecto. Otra violación a las normas.
El llantero Solo se le autorizó acceso para la actividad comercial desde Vía Israel. Cuando la empresa incumplió y abrió un ingreso por las calles 68 y Flor del Espíritu Santo, Salas se negó a cerrar el acceso, como pidió el director de Desarrollo Urbano. Ocean One Edificio en Costa del Este. Tiene permiso de ocupación desde julio de 2008. 10 meses después, no está terminado. En la foto, el estado de una de las cocinas. Se expidió el permiso, aunque la ley exige un acabado al 100%.
PLaza panamá Frente a Niko’s Café, en Vía Israel. La losa superior sobrepasa la línea de construcción. H-Tech En calle 53, urbanización Obarrio. Su volumen superior sobrepasa la línea de construcción.
Bella Mare Torre de apartamentos en Punta Pacífica. La losa de los pisos superiores está fuera de la línea de construcción. Venetian Tower En Punta Pacífica. Al igual que Bella Mare, la losa de estacionamientos se sale de la línea de construcción permitida.

San Felipe y su derecho a tener playas libres de construcción

CASCO VIEJO. PROCURADOR RECLAMA FINCAS PARA EL ESTADO.

San Felipe, eje de una polémica

El pedido de Oscar Ceville incluye al ex Club Unión, que un inversor compró en abril pasado por $7.5 millones.

Están en igual situación al menos 10 fincas del Casco Viejo, ubicadas entre el mar y la antigua muralla.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

PROPIEDAD. La Constitución de 1941 estableció que las áreas de playa o ribera del mar son bienes de dominio público.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

El antiguo Club Unión en San Felipe supo esconder muchos misterios: por sus lujosos salones se decidió una porción del destino de Panamá. Hoy sus ruinas también esconden un secreto.

Según el procurador de la Administración, Oscar Ceville, el terreno debió pasar al Estado en 1961. Y para hacer realidad esa disposición instó –en una nota fechada el 24 de julio de 2007– a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas para que reclame esa parcela. El viejo Club Unión no sería el único que permanece en la nebulosa legal: hay unas 10 fincas más, ubicadas entre la antigua muralla que rodeaba a San Felipe y el mar.

Vea San Felipe: entre lo público y lo privado

INVESTIGACIÓN. PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PIDE RECUPERAR PARA EL ESTADO MILLONARIOS TERRENOS.

San Felipe: entre lo público y lo privado

El director de Catastro, Mariano Quintero, dijo que estudiará la situación de las fincas sobre el mar.

En el centro de la pelea se encuentra uno de los edificios más representativos de la zona: el ex Club Unión.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

PLAYA. La propiedad donde funcionaba el ex Club Unión se encuentra fuera de los primeros límites originales de San Felipe.

Presione para ver

La ley prohíbe que los cambios aumenten la altura y el tamaño del edificio, pero pretenden construir cuatro pisos.

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

Una atmósfera indescifrable rodea las ruinas de la construcción blanca. Como si una muda ligazón al pasado de Panamá lo mantuviera en pie, a pesar del abandono. Pero el edificio del ex Club Unión en el Casco Viejo no solo refleja la imagen de otro tiempo, sino que además representa algo menos romántico: al Estado holgazán.

Desde 1961 la finca 14861, sobre la que está construida el edificio, debió pasar al Estado por estar constituida sobre áreas de playa o ribera de mar, según lo estableció la Constitución Política de 1941. Así lo ratificó el 3 de marzo de 1997 la ex procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher. Igual postura tomó su reemplazo, Oscar Ceville, el 24 de julio pasado.

Sin embargo, ningún gobierno se interesó en su suerte. Y el millonario terreno continuó en manos privadas.

Aparte de la finca del ex Club Unión, Ceville reclamó para el Estado alrededor de 10 parcelas que se encuentran entre la antigua muralla de la ciudad colonial –hoy casi desaparecida– y el mar.

El funcionario emitió su opinión a pedido de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), quien le remitió una nota el 10 de abril último. ¿El motivo? La sociedad Propiedades de la Bahía –del inversor estadounidense Paul Stallings– había comprado el terreno por 7 millones y medio de dólares y deseaba construir un hotel de lujo. Por eso, la OCA quería asegurarse de que fueran viables los planos a pesar de que el inmueble encerraba una contradicción: se hallaba sobre la ribera del mar (en terreno público) pero, por otro lado, estaba inscripta en el Registro Público a nombre de un particular.

Ceville zanjó esa incoherencia de un plumazo: reclamó a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que presente una acción judicial para intentar recuperar los terrenos. “Basados en la opinión del Procurador, vamos a empezar una investigación para identificar qué fincas se encuentran sobre la ribera del mar”, anunció su director, Mariano Quintero, quien conoció el escrito de Ceville por La Prensa.

En un cajón

A pesar de la opinión de Ceville, la Oficina del Casco Antiguo continuó con el trámite de factibilidad de los planos que presentó la firma Propiedades de la Bahía. El escrito del Procurador incomodaba y su destino estuvo cantado: terminó congelado en un cajón del elegante edificio de la calle 3.

Sin el documento en el horizonte, el director del organismo que decide sobre San Felipe, Ariel Espino, aprobó el anteproyecto que presentó la empresa el 20 de agosto pasado.

Espino, además, dejó esperando al cartero: nunca informó a la Dirección de Catastro de la situación. “Lo que dice el Procurador es que es muy posible que eso [la finca del ex Club Unión] sea del Estado y el MEF tiene que hacer esto y aquello, pero mientras eso no ocurra esa propiedad sigue siendo de un particular”, se justificó (ver recuadro).

Se esconden los archivos.

En la Dirección de Catastro hay un antecedente respecto de los terrenos en San Felipe: es la circular que envió el 9 de marzo de 2005 a esa dependencia el antiguo director nacional de Patrimonio Histórico, Domingo Varela. La inquietud de Varela era la misma: ¿Se puede aprobar un proyecto turístico en el ex Club Unión cuya finca se encuentra sobre la ribera del mar por fuera de los límites de la antigua muralla? En aquella época el grupo hotelero Decameron analizaba levantar un hotel allí.

Varela se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. O sí, pero sin ir hasta el fondo del asunto. El entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hizo lo más fácil: el 22 de marzo de 2005 se limitó a informar que la finca en cuestión estaba inscrita por un particular. Y nada más.

La situación de la finca del viejo club social se repite en unas 10 fincas más. Según la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que los terrenos están en manos privadas, en 1961 las “playas, riberas de playa y fondo de mar, en manos de particulares pasaron a ser bienes de dominio público”.

Ese fue el argumento que utilizó Ceville y que la Oficina del Casco Antiguo ignoró. Y la Dirección de Catastro ni se enteró.

Para que esos terrenos pasen al Estado, entonces, solo resta que se formalice la titularidad, según Ceville. Los nuevos dueños del ex Club Unión, por su parte, no están tan convencidos de ello. “Existen fincas costeras debidamente constituidas y legalmente inscritas en la república de Panamá, cuyos titulares son particulares y cuyo derecho de propiedad es anterior a las reformas constitucionales”, consideró el bufete Fábrega, Molino & Mulino, representante de Stallings, quien le compró el viejo Club Unión a la empresa Hoteles Decameron el 16 de abril de 2007.

¿Más problemas?

La situación de la finca no es el único escollo que deberá sortear Stallings si en algún momento piensa cortar la cinta de su nuevo negocio: según la ley, las restauraciones en el Casco Viejo no pueden aumentar la altura y el tamaño del edificio original. Y los planos que Stallings presentó a la Oficina del Casco Antiguo incluyen volúmenes nuevos. “La parcela y las ruinas son de tamaño diferente y es un problema porque, al tratar de usar el total de la propiedad, se está creando una volumetría que nunca existió”, comentó Espino.

“Siempre –amplió–, desde que se hizo el primer proyecto en esa propiedad, se dijo que el edifico existente debía restaurarse y, tomando en cuenta que la finca era mucho más grande que el edificio, se podía añadir una segunda ala que fuera compatible con el diseño”. Espino aseguró que en los planos la cuestión está resuelta. Especialistas consultados, sin embargo, opinaron lo contrario.

Ariel Espino: ‘El Casco Antiguo es previo a toda la legislación’

Para el director de la Oficina del Casco Antiguo, Ariel Espino, la situación de las tierras ubicadas entre la antigua muralla y el mar están en un laberinto. Y la salida no está al alcance de la mano. “El Casco Viejo es previo a toda la legislación que tiene que ver con estos temas”, dijo. “Por eso –agregó– es una situación bastante anómala donde la interpretación de la ley se complica”.

Espino no está convencido, por otro lado, de los resultados de un posible reclamo judicial por parte del Estado. “Es posible que se determine que solo un porcentaje de la finca está en el lecho marino y otro porcentaje no”, pronosticó.

Linet Montenegro, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico, tiene otras prioridades: cuidar que la herencia que existe no se deteriore. “Nuestra función es recibir un proyecto y ver si cumple con los requisitos”. Montenegro insistió en que el MEF ya se pronunció sobre la cuestión en 2005. Sin embargo, esa dependencia nunca dictaminó sobre el fondo del asunto: ¿De quién son los millonarios terrenos?

Para el representante legal de Propiedades de la Bahía esa pregunta no admite doble respuesta. “El Procurador dice que el Estado tiene ciertos derechos sobre la finca, pero para reclamarla tiene que presentar una acción judicial”, señaló el abogado José Preciado. “Eso es lo mismo que expropiar la propiedad”, añadió. Ayer, Guillermo Cochez (junto con Víctor Martínez) se adelantó y presentó una demanda de bien oculto para ser beneficiario, junto con el Estado, de la recuperación de los bienes.

Relacionado: Un terreno atravesado por el lujo

Un terreno atravesado por el lujo

La finca nació en 1942.

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La finca sobre la que el Club Unión construyó su primera sede propia, en San Felipe, nació el 18 de noviembre de 1942 de la fusión de dos lotes que le vendió el Municipio de Panamá. Casi 30 años después, la sociedad Club Unión S.A. se desprendió de sus terrenos: fue el 9 de junio de 1971.

En aquella época los cuarteles dominaban la política de Panamá y el edificio no escapó de ello: su nuevo propietario pasó a ser la Sociedad de Beneficencia de la Guardia Nacional. Lo pagó en 112 mil dólares.

Luego de la invasión de Estados Unidos, el 15 de julio de 1992, la Asociación de Beneficencia de los Miembros de la Fuerza Pública (antes Sociedad de Beneficencia de la Guardia Nacional) traspasó por 340 mil dólares la propiedad a la sociedad Falúa Investments, que por el mismo precio la vendió a Yack Financial el 27 de agosto de 1999.

El nuevo siglo trajo consigo una fiebre inmobiliaria en el istmo. El negocio del ladrillo comenzó a despegar y la finca no fue la excepción. El 23 de mayo de 2003 la compró la sociedad Hoteles Decameron por un millón 800 mil dólares. El grupo hotelero comenzó los estudios para levantar un hotel de lujo. Pero, al tiempo, la idea se desinfló. Ahora la empresa Propiedades de la Bahía, de Paul Stallings, volvió a reactivar la idea. Solo para contar con la tierra pagó 7 millones y medio de dólares.

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Muy buen reportaje de La Prensa, Felicitaciones al periodista Santiago Fascetto.

Burica Press

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SAN FELIPE.

Ariel Espino se aleja de polémica por terrenos

El titular de la Oficina del Casco Antiguo aclaró que la Dirección de Patrimonio Histórico aprueba los planos.

LA PRENSA/Archivo

Viejo Club Unión923753

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

El titular de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), Ariel Espino, dijo ayer que la Dirección de Patrimonio Histórico –del Instituto Nacional de Cultura (INAC)– es la encargada de aprobar los proyectos del área de San Felipe. “Patrimonio Histórico pone el sello y la firma”, se excusó. Espino se alejó así de la polémica por la aprobación de los planos del hotel de lujo que la firma Propiedades de la Bahía analiza construir en el terreno del ex Club Unión.

A pesar de que el procurador de la Administración, Oscar Ceville, le advirtió mediante una nota a Espino –el 24 de julio pasado– que la finca del viejo Club Unión debió pasar al Estado en 1961, la Dirección de Patrimonio Histórico –que maneja Linet Montenegro– ignoró la advertencia y aprobó el proyecto el 20 de agosto último.

Ceville reclamó las tierras para el Estado, basado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2005, que ratificó la letra de la Constitución de 1941.

“No estamos escondiendo información”, dijo Espino, y luego aclaró: “La duda legal sobre la propiedad de la finca se decide en la justicia, y la presentación debe hacerla el Ministerio de Economía y Finanzas”. Aparte del viejo Club Unión, unos 10 terrenos –entre la antigua muralla y el mar– estarían en igual situación.

“La Oficina del Casco Antiguo depende del Instituto Nacional de Cultura, pero no forma parte de su organigrama”, se atajó el funcionario. “No somos autónomos pero casi”, amplió. Espino detalló que hizo la consulta al Procurador por pedido del ex director del INAC, Domingo Varela. Y no en forma autónoma.

CONSENSO HISTÓRICO

Junto a la situación legal del inmueble, el flamante dueño del ex Club Unión –que pagó 7 millones y medio por la propiedad– enfrenta otro problema: la prohibición legal de aumentar la altura y el tamaño del edificio original.

Pero, según Espino, eso no es un escollo. “La propiedad es muy complicada: por 10 años el consenso en la Dirección de Patrimonio Histórico fue que los dueños debían restaurar el edificio original y añadir un ala nueva”, comentó.

“La normativa no dice claramente qué hacer con ese lote, porque esa propiedad sería la excepción y no la regla”, destacó en diálogo telefónico con este diario.

La Prensa, 9 de octubre de 2007