Iglesia católica de Chiriquí se pronuncia sobre hidroeléctricas

Parroquia Inmaculada Concepción

Congregación de San Vicente

La Concepción, Chiriquí, República de Panamá * Teléfono 770-6327

10 de junio 2010

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo.” (Carta del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero 2010)

Respetuosos Hermanos y Hermanas del Consejo Municipal de Bugaba,

¡Que la paz y el amor de nuestro Dios Creador estén siempre con ustedes!

Durante los últimos años, la Iglesia católica a nivel mundial y especialmente a nivel de América Latina, ha tomado en cuenta la importancia de buscar modelos de desarrollo que respeten al hombre y la creación de nuestro Dios.  La Conferencia Episcopal de América Latina proclamó en Aparecida que “el discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador.” (Aparecida 125).

Por eso, como feligreses de la Iglesia, no podemos ignorar la proliferación de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí, especialmente en el  distrito de Bugaba.  Según los últimos datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hay 16 proyectos hidroeléctricos en construcción, diseño final o trámites solamente en nuestro  distrito.  Con varios proyectos en cada río, los impactos ambientales, tanto como sociales y culturales, son graves.

“Ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible” (Aparecida 126). Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  solicitado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), las concesiones de la “cuenca de agua número 102”, que nos afecta, ponen 98% del agua de los ríos en manos de empresas hidroeléctricas y dejan 2% designado para el uso doméstico, turístico, agrícola, agropecuario, entre otros (BID estudio 102-3).  Esta realidad está muy lejos de los conceptos del bien común, el destino universal de los bienes, y la justicia distributiva –conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Como bien sabemos, los proyectos que ya están amenazando la vida de las comunidades, forman parte de un plan que vende energía a nivel de América Central.  Actualmente como país, tenemos la capacidad instalada de 1,789 megavatios.  El día de mayor consumo en toda nuestra historia fue de 1,175 megavatios.  Una buena planificación de energía va a tomar en cuenta el crecimiento del país en un contexto de responsabilidad a todos los niveles: social, agropecuario, industrial y empresarial.  Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos que tienen concesiones y licencias otorgadas,  con capacidad de 1,685.79 megavatios, lo que representa un total de 3,474.79 megavatios, sin incluir  los otros proyectos en trámites con capacidad de producir 4,621.68 megavatios adicionales.  Es decir, un país que consume un promedio de menos de 1,000 megavatios está dando concesiones para producir cinco veces más que su consumo (todos los datos provienen de la ASEP).   Este plan internacional no considera los efectos negativos locales que estos proyectos conllevan y reduce el agua a un simple bien del mercado internacional, en lugar de una bendición de Dios que nos da la vida.

A nivel de las comunidades hemos escuchado la promesa de progreso económico como una justificación adecuada.  No obstante, la experiencia de muchos de nosotros a nivel de la comunidad es de engaños, mentiras y violencia por parte de las empresas y gobierno.  Aunque mejores caminos, educación y salud son muy importantes, estos proyectos no toman en cuenta la complejidad del desarrollo humano que va más allá de lo económico, ni consideran los miembros de las comunidades como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.  “Como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad.” (Aparecida 471).

Este  es un periodo muy importante donde las decisiones que tomemos tendrán grandes consecuencias para el bien común y la vida de las generaciones futuras.  Por eso, pedimos a ustedes como representantes de los bugabeños:  a) cumplir con los acuerdos municipales números cuarenta  y tres (43) y cuarenta y cinco (45) de 2008 que proclaman las riquezas naturales del distrito como patrimonio municipal, y b) rechazar los permisos de construcción de hidroeléctricas en nuestros ríos. Solicitamos también, implementar las nuevas tecnologías de energía alternativa, como la solar y la eólica, en remplazo de la energía térmica e hidroeléctrica con sus nocivas repercusiones.

Estamos en un momento de esperanza, un momento para la posibilidad de decisiones responsables. En su última encíclica, el Papa dijo que “cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia” (Caritas in Veritate 51).

– Ha llegado el momento de celebrar la vida en cada forma como un milagro de Dios.

– Ha llegado el momento de pensar nuevamente qué es el verdadero desarrollo sostenible, que no destruye la creación ni al ser humano en el proceso.

– Ha llegado el momento de entender la gran riqueza contenida en nuestro distrito, con una biodiversidad privilegiada a nivel mundial.

– Ha llegado el momento en que Bugaba sea un buen ejemplo de responsabilidad ambiental para el país, y Panamá se distinga como ejemplo de responsabilidad ambiental para el mundo.

Que el Dios de la vida siempre nos proteja, ilumine el camino de esperanza y nos de la fuerza y el valor de tomar decisiones responsables para hoy y mañana.

Rev. Edison Famanía, CM.                                 Rev. Geovany Morales, CM.

Párroco de Concepción                                          Párroco de Volcán

Rev. Rolando Molina, CM.                                  Rev. José Fitzgerald, CM.

Párroco de San Andrés                                         Asesor de CEMCODE (Coordinadora del Equipo

Misionero de la Concepción por la Defensa de los Ecosistemas)

Secretaría de Energía definirá política energética

electricidad. se crea un comité consultivo integrado por cinco entidades.

Legalizan la Secretaría de Energía

La Ley que crea la nueva entidad gubernamental fue promulgada ayer en la Gaceta Oficial.

Funcionará como una dependencia del Órgano Ejecutivo adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

En 60 días, contados a partir de ayer, se deben integrar las direcciones de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias y la Comisión de Política Energética del Ministerio de Economía y Finanzas para crear la Secretaría de Energía.

Con la promulgación ayer en la Gaceta Oficial de la Ley 52 del 30 de julio de 2008 que crea la Secretaría Nacional de Energía, se deben integrar físicamente los funcionarios de las dos entidades, explicó un vocero gubernamental.

La Secretaría de Energía funcionará como una dependencia del Órgano Ejecutivo adscrita al Ministerio de la Presidencia, establece la mencionada legislación.

Entre sus funciones, la ley le atribuye a la Secretaría de Energía: formular, planificar estratégicamente y establecer las políticas del sector.

Además, debe velar por el cumplimiento de las políticas energéticas que se establezcan en el sector energía, así como asesorar al Órgano Ejecutivo en materia energética.

La Secretaría debe asumir las funciones y atribuciones que por mandato de ley tenía la Dirección General de Hidrocarburos y Energías Alternativas, así como las de la Comisión de Política Energética.

“La idea es integrar en un solo ente las dos entidades que tienen que ver con el sector energético”, comentó el gerente de la Empresa de Generación Eléctrica, Carlos Carcache.

La legislación crea un comité consultivo que estará constituido por cinco miembros: los gerentes de la Empresa de Transmisión Eléctrica y de la Empresa de Generación Eléctrica, el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada y el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

El ministro para Asuntos del Canal, Dani Kuzniecky, permanecerá como presidente de la secretaría hasta el 30 de junio de 2009.

—————–

Nótese que la Secretaría de Energía no incluye a la sociedad de consumidores, ni ambientalistas preocupados por los recursos hídricos, la biodiversidad y el bienestar social, lo que nos indica la línea de decisión trazada por el Gobierno Nacioanal, el cual no le interesa democratizar las decisiones que nos afectan a todos para bien o para mal.

Este cuerpo creado más que técnico es político y sus políticas responderán a intereses políticos del momento sin dudas. Ya lo han demostrado sin estar legalizados!

Como puede un Ministro sin cartera del Canal seguir siendo el Presidente de la nueva Secretaría que en teoría debe ser una labor de tiempo completo! No puede ser que esta Secretaría sea vista por el Sr.  Kuzniecky como un camarón laboral. Esto sigue y seguirá mal respondiendo a quienes todos sabemos. Qué pena.

Burica Press

Debate sobre el servicio eléctrico

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Contribución al Debate: Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico.

Aníbal Grimaldo Césoedes

Ingeniero consultor en el sector eléctrico

La crisis actual de los precios de la energía impacta no solo a nuestro país sino al conjunto de países importadores de petróleo. Algunos piensan que además de ser un problema de precios, es la manifestación de que estamos en el final de la era del petróleo barato en donde gravitan a su vez, la especulación, la caída del dólar y otros factores geopolíticos.

Se considera como un hecho cierto que la crisis energética tiene un carácter excepcional por lo que para su tratamiento los países recurren no solo a un enfoque nacional, sino regional y global. Es un momento en que el tema energético debe revisarse a profundidad y a la luz de la mejor información. Las medidas correctivas, la elaboración de propuestas y la elección de alternativas, así como la mejor utilización de nuestros recursos pasan por un debate informado del tema y han de incidir de manera determinante en nuestro devenir como país. Es por ello que consideramos que este debate debe ser a fondo. No podemos en este momento dejar fuera de la discusión la esencia de nuestras relaciones con las empresas que en su momento resultaron adjudicatarias de la compra venta de acciones del IRHE. Antes bien, se considera necesario examinar en primera instancia si hubo exceso o no, en la delegación por parte del estado de la conducción del sector eléctrico a los inversionistas de las empresas privatizadas. En consecuencia, determinar si este posible déficit de control sobre variables esenciales en el funcionamiento del sector eléctrico agrava el problema.

En este orden de pensamiento nos parece de particular interés la propuesta recogida en la Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico que plantea la revisión de los contratos de administración del estado con estas empresas, por cuanto éstos son uno de los secretos mejor guardados de la privatización. Revisarlos significa en primera instancia, conocerlos. Hasta ahora invocando su carácter de confidencialidad los mismos han evitado el escrutinio público y actualmente es difícil referirse a ellos con propiedad.

Algunos antecedentes sin embargo permiten inferir, aunque de manera aproximada, la naturaleza de los mismos. Al momento de la transformación del IRHE en empresas Distribuidoras, Generadoras y Transmisora para su posterior privatización, consumada en el año 1997, el estado panameño optó por vender a los nuevos inversionistas entre 49 % y el 51 % del patrimonio en las empresas distribuidoras y generadoras, y retener el 100 % de la empresa de transmisión. En esta operación los contratos de administración fueron el instrumento utilizado por el Estado para asegurarle a los inversionistas que mantendrían un control de las empresas eléctricas parecido al que tendrían si el Estado no fuera socio; es decir, el contrato de administración minimiza el rol del Estado al nivel de dueño pasivo que delega en el socio administrador la totalidad de las funciones inherentes a la conducción empresarial en el día a día y en la toma de decisiones estratégicas. Estos temas de gran trascendencia en el quehacer de la industria eléctrica solo se pueden conocer a cabalidad si se consulta la letra y el espíritu de estos contratos; de allí, la gran importancia que tiene la divulgación de los mismos. Aún si sobre estos existen compromisos de confidencialidad, el interés público para enfrentar la crisis energética justifica que se conozca el contenido de los mismos.

Opinamos que si en el estudio de estos contratos se confirma lo que arriba hemos supuesto, no cabe duda que el Estado debe abandonar su política de delegar en estas empresas la conducción estratégica del sector y asumirla en forma responsable, especialmente en estos tiempos de grandes retos.

Así mismo el análisis de los Estados Financieros de estas empresas, no solo para el presente año sino para estos diez años de funcionamiento permitiría conocer el desempeño de las mismas en la prestación del servicio público de electricidad, sus márgenes de utilidad en un ambiente de aumento de los precios de energía para los clientes y comprobar si sus políticas de inversión están destinadas a mitigar en forma adecuada el alza de los precios. Se podrá también comprobar si las operaciones realizadas por estas empresas responden en forma equitativa a los intereses del inversionista, sin menoscabo de los que corresponden al socio Estado.

Finalmente la construcción de alternativas y el mejor uso de nuestros recursos, están estrechamente ligados a la planificación que resulta de aplicar en forma concreta una política energética. En la construcción del sistema eléctrico intervienen aspectos tales como: mantener una adecuada mezcla de capacidad hidráulica, térmica, eólica y de otras fuentes renovables; la construcción de las obras de transmisión e interconexiones internacionales; las medidas de administración de la demanda y eficiencia energética; la utilización óptima del agua de las cuencas priorizando los requerimientos del medio ambiente y de sus habitantes. Todo esto considerando criterios de desarrollo y sostenibilidad, minimizando los costos de inversión, funcionamiento y mitigación de impactos que en su totalidad son afrontados por los usuarios a través de las tarifas eléctricas. La coordinación de estos aspectos muchas veces conflictivos requiere de la aplicación de técnicas de planificación tanto en la elaboración de los planes como en el seguimiento del equilibrio esencial del sistema. La planificación de la generación en el marco regulatorio vigente tiene solo un carácter indicativo; es el inversionista, quien bajo la influencia de las fuerzas de mercado, decide sobre el tipo, el momento y la dimensión de las obras de generación que se deben construir. Esta forma de proceder no garantiza la coordinación y el seguimiento de los aspectos antes mencionados y por el contrario, puede desembocar en desequilibrios importantes, falta de inversión y exacerbar conflictos entre diferentes grupos de interés.

Con lo anterior nuestro propósito es el de enfatizar sobre la importancia de los puntos enunciados por el Defensor del Pueblo ya que los mismos permiten orientar el debate hacia un análisis crítico del desenvolvimiento del sector eléctrico en aras de determinar las medidas correctivas que deban aplicarse al marco regulatorio vigente. Igualmente, buscar un mejor equilibrio en el sector eléctrico entre el papel rector del estado, las empresas prestadoras del servicio público, los usuarios, el medio ambiente y los pobladores afectados por la construcción de proyectos. Estos objetivos pueden lograrse devolviendo a la planificación su papel de herramienta indispensable en la elaboración de los lineamientos importantes en la construcción de alternativas de un sistema eléctrico eficiente.

Panamá necesita apagones

Se necesitan apagones para crear responsabilidad

Ariel R. Rodríguez Vargas
Biólogo, académico y ecologista

Qué fácil es la vida para mucha gente, sobre todo si nacieron en una cuna con alto consumo energético y cero responsabilidades ambientales y sociales.

Hace unos días un abogado, que debe ser joven y de clase media escribió un artículo en La Prensa titulado –Apagones para el 2009–, donde como clarividente interesado veía espectros tenebrosos e indeseables de apagones para el próximo año y la primera frase que dice es que “no hay suficiente capacidad generadora instalada para hacer frente a la demanda que se proyecta para el próximo año”. Lo interesante y confabulador de tal argumento es que no nos indica cuál será la demanda y cuánto será la capacidad instalada y cuánto será la capacidad disponible! Así se puede decir cualquier cosa y confundir al lector que desconoce el tema.

En contraparte, el día anterior una periodista de la revista Ellas de La Prensa, Maria del Pilar Méndez, también publicó un artículo que retrata el problema en Panamá con el magnífico título de su artículo: “Derroche de Energía” y luego en su segundo párrafo decía: “La crisis que hace poco vivió Panamá no tenía exactamente que ver con el hecho de que la energía no alcance, sino con que los embalses de Bayano y Fortuna, las principales hidroeléctricas, no contaban con el caudal suficiente para abastecer de energía a la población”.

Lago Bayano, represa grande

Fig. 1. Lago Bayano que alimenta la hidroeléctrica de Bayano que inundó más de 40,000 hectáreas de selvas y tierras indígenas Kunas y Emberás. La cantidad  de metano, un poderoso gas causante del efecto de invernadero, emitida por este lago nunca ha sido estimada.

A continuación la periodista da el enfoque del gobierno que por supuesto no es un enfoque sabio, ya que advierte de un problema promoviendo más hidroeléctricas como solución: “Sin embargo, el secretario de Energía, Dani Kuzniecky, señala que un escenario similar podría repetirse aún con los embalses llenos, debido a la necesidad de ahorro energético, pues los costos de producción de energía se incrementan y para evitarlo es necesaria la construcción de nuevas hidroeléctricas para suplir la creciente demanda“, pero el siguiente párrafo del artículo de la periodista con mucha astucia comienza a desnudar dónde está el problema y a continuación escribe “Aún así, la naturaleza manda y fue ella quien dio las señales de que se debe buscar alternativas para la generación de energía, tal vez menos invasivas para el medio ambiente“.

Y es justo esta frase última de la periodista la que nos indica por donde andamos tabla. Primero, el país luego de las privatizaciones de 1997 quedó eunuco de una institución planificadora que diseñara de manera estratégica la política de energía eléctrica del país y es por eso que tenemos a un Ministro del Canal sin cartera en una Secretaría de Energía sin cartera con una pequeña oficina y una secretaria y fuente de agua! Magnífico escenario de planificación estratégica que nos ha llevado a que cada vez que sale de esa oficina lo único que se le ocurre decir es que se necesitan más hidroeléctricas y si los periodistas le indican que las hidros pueden fallar, entonces cambia la casetera y dice: bueno por eso es que también son necesarias las térmicas. Cuando los periodistas le cuestionan de otras fuentes de energía indica: pueden ser pero no son factibles en este país. Él y un pequeño grupo de la vieja escuela del IRHE enquistados en otras instituciones tienen secuestrado el discurso de lo que a este país le conviene en términos de energía sostenible, cuyo eje principal debe ser el ahorro y no la producción at infinitum de energía como si esto no tuviese ninguna consecuencia ambiental o social. ¡Craso error! Las privatizaciones han desangrado el país y ahora estas empresas y promotores amenazan seriamente con represar decenas y decenas de ríos del país e instalar decenas de plantas térmicas donde lo único que hay en mente es el lucro per se, sin importar los profundos daños colaterales, ambientales y sociales que causan con estas estructuras.

Pero como siempre hay una luz al final de túnel, todavía abrigamos esperanzas que el gobierno nacional se percate que el problema no es la capacidad instalada que actualmente es suficiente para varios años, más los aportes adicionales insostenibles que ya están en camino, el problema es el consumo desmedido de aire acondicionado en los comercios, oficinas privadas y públicas. Con sólo disminuir de manera obligatoria el consumo de aires acondicionados a dos tercios, el consumo de energía en Panamá caería radicalmente a picos máximos de 900 MW y si le sumamos una política de ahorro nacional real por compromisos ambientales generacionales este pico máximo pudiera caer aún más, mientras la capacidad instalada en el 2010 estaría por arriba de los 1700 MW y la capacidad disponible por el orden de los 1500 MW. En todo esto no olvidemos que el país está agregando una capacidad superior con el sacrificio de cuencas en áreas protegidas de Bocas del Toro y ríos de riqueza biológica y belleza invaluable de Chiriquí y Veraguas, hechos que serían inaceptables en un país civilizado!

Los apagones son necesarios si el ciudadano panameño citadino insiste en derrochar lo que con tanto sacrificio ambiental cuesta generar. El problema en Panamá no es la capacidad instalada, ni la capacidad disponible es el derroche, la falta planificación eléctrica de producción, uso y consumo sostenible y sobre todo la irresponsabilidad ciudadana, especialmente de los que deberían tener mayor conciencia por tener mayor acceso a educación y cultura.

Por favor, levántese de su silla, vea que cosas están gastando energía eléctrica en este momento y pregúntese con responsabilidad si debe estar encendidos o apagados. Además fíjese si gotea algún grifo y si es así capture un litro de esa pérdida y mida en qué tiempo se llenó , extrapole a una hora  y luego multiplique por 24. Esta será la cantidad de agua potable que se desperdicia diariamente de ese grifo que debe estar arreglado. Recuerde que para enviar el agua a su casa se consume mucha energía eléctrica y mucho dinero en potabilizarla.

Me robo un frase propia que a veces decimos por allí: “el ahorro energético es una prioridad en todos los países del mundo, independientemente de su capacidad de generación eléctrica, ya que al ritmo de consumo de energía en el mundo, nos estamos consumiendo rápidamente el planeta tierra y por defecto el futuro de todas las formas de vida que existen“.

Los recursos de planeta se agotan y somos nosotros los únicos responsables de ello. Termino esta reflexión con la siguiente pregunta ¿se necesitan apagones para crear responsabilidad ambiental?

Puntos interesantes para el debate energético

El debate energético, una necesidad urgente

15 DE MAYO.Tengo que admitir mi satisfacción al leer en la La Prensa el artículo del representante del BID en Panamá, Marcelo Antinori. En Panamá urge realizar un debate sobre el tema energético. Pero lo más importante es que esta posición es compartida por varios actores de la sociedad civil afectados por el actual lineamiento energético. Para aquellos que siguieron la movilización de campesinos e indígenas que acamparon en la Plaza Catedral, sabrán que el punto número cinco del documento entregado a la Presidencia pedía “abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales y energéticas”.Consideramos que además de los puntos de debate presentados se deben incluir otros aspectos importantes.Así, evaluar la necesidad energética que tendrá el país en el futuro debe ir más allá de considerar un aumento de demanda, sino que también debe contemplar medidas para controlar el consumo.

¿Cuáles son las implicaciones de sostener un crecimiento de 7% de la demanda energética? ¿Tiene el país la capacidad de carga para soportar el efecto acumulado de las decenas de proyectos de generación necesarios para satisfacer este crecimiento continuo? ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir el consumo energético y simultáneamente mejorar la calidad de vida de las personas? Se deben tomar consideraciones como la presentada por el arquitecto mexicano Luis Carlos Herrera, en el foro “Desarrollo Sostenible, construyendo para el planeta”: implementar diseños de construcción que reduzcan el consumo desmedido de energía, entre muchas otras.Además de incluir el tema de reducción de consumo, el debate energético debe incluir discusiones profundas sobre los derechos de la población a ser “sacrificada”.

¿Qué garantías se tienen actualmente del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas? ¿Cuáles son las consecuencias de que el Estado se desligue de toda responsabilidad en las negociaciones con las comunidades? Debido a que una cantidad significativa de los proyectos propuestos se realizan en territorios indígenas, ¿qué está haciendo Panamá para asegurar el respeto de las tradiciones y la supervivencia de usos culturales? ¿Cuáles son las implicaciones de efectuar proyectos en sus territorios sin respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos?Resulta importante que los estudios de factibilidad no solo evalúen si el proyecto es viable económicamente y técnicamente, también debe incluir una evaluación social y ambiental.

Por lo tanto, se debe discutir sobre la mejor manera de cuantificar los costos de aspectos como la pérdida de especies acuáticas, la pérdida de tierras agrícolas productivas, la pérdida de usos culturales, la fragmentación de bosques, cambios en la distribución de usos del agua, entre muchos otros. El debate debe permitir el análisis del impacto acumulado de los proyectos, y no solo de los individuales.¿Alguien sabe qué porcentaje del agua nacional quedará embalsada -o controlada- si se realizaran los proyectos?Concordamos con el Sr. Antinori, se está incrementando la “polarización” y “politización” de los actores, lo cual no beneficia a nadie.Sin embargo, hay que dejar claro que esta situación se ha debido en gran parte a la renuencia del Estado panameño de realizar un debate amplio e informado antes de empezar a implementar forzosamente sus lineamientos energéticos.

Lucía L. Lasso

Critican proyecto de la ley energética

normativa. se incentivarán inversiones.

Critican proyecto de la ley energética

Alianza 12 de Marzo cree que el proyecto no beneficia ambiental, social ni económicamente a Panamá.

Según Pedro Miguel González, ‘no podemos permitir que en dos años no haya energía en el país’.

LA PRENSA
INSUFICIENTE. En Panamá se necesitan más inversiones energéticas.

Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

El grupo ambientalista Alianza 12 de Marzo ha remitido una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, en la que solicita que se retire el proyecto que modifica la ley 45 de 2004, mediante la que se “establecen incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias”.

El primer debate de este proyecto de ley tuvo lugar en abril de 2007. Un año después, la Asamblea ha incluido en su orden del día el segundo debate del documento, pero este todavía no ha tenido lugar.

Alianza 12 de Marzo estima que “la Asamblea Nacional, al margen de una política energética avalada por una evaluación ambiental estratégica, como lo indica la Ley General de Ambiente, está imponiendo un proyecto que parece ser hecho a medida de las partes interesadas en el negocio, y no en función del beneficio del país y sus intereses ambientales, sociales y económicos”.

Según Pedro Miguel González, la Ley 45 no ha surtido los efectos deseados y con este proyecto se trata de dar viabilidad a los propósitos de la ley original y promover la generación de energía, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente.

“En Panamá debería de haber más inversiones en materia de energía. Lo que no podemos permitir es que dentro de unos años no tengamos energía en el país y se estanque el desarrollo nacional”, señala el presidente de la Asamblea.

El proyecto de ley contempla importantes beneficios fiscales tanto a “mini generadoras” de energía como a “Sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias”. A juicio del grupo ambientalista, “el proyecto intenta hacer ver beneficios, pero a cambio de un altísimo costo de oportunidad de captar divisas para el Estado”.

¿Cuál es la política energética de Panamá?

¿Cuál es la política energética de Panamá?

Ariel R. Rodríguez V.*

Dice el gobierno nacional, de manera unilateral y al margen de los principios democráticos de amplia participación ciudadana libre e informada en los temas sensibles del país, que ante los retos del país por efecto de la globalización y la subida de los precios internacionales del petróleo se hace urgente una “política energética coherente” en la que han definido una — Política energética del Estado– dividida en dos componentes: la Política Nacional del Sector Eléctrico y la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas.

Lineas de transmisión, distribucion y usuarios

Línes de transmisión de alto voltaje, líneas de distribución al fondo y usuarios conectados al servicio en la ciudad de Panamá. Foto: A. Rodríguez.

El supuesto propósito primordial de esta política del Estado “es propiciar el abastecimiento de las necesidades energéticas del país bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, aumentando la cobertura de los servicios, desarrollando los recursos naturales de manera sustentable, promoviendo el uso racional y eficiente de la energía y respetando el medio ambiente.” Esta terminología y escenario suena muy bien como toda política de papel.

Siguen diciendo maravillas: “La promoción de las energías renovables y limpias tiene el objetivo de estabilizar el precio de la energía, ahorrar divisas mediante la disminución de la generación eléctrica a base de combustibles y por consiguiente mitigar el impacto ambiental reduciendo las emisiones. Esta política es cónsona con el Protocolo de Kyoto del cual Panamá es signataria por lo cual tiene acceso a los créditos de carbono que coadyuvarán al desarrollo de los proyectos de energías renovables y limpias mediante el mecanismo de desarrollo limpio, atrayendo divisas al país”, lo cual no deja de crear expectativas de avance hacia un país de estadistas civilizados y ambientalmente responsables.

Y siguen diciendo palabras o frases aún más responsables y hasta progresistas: “Hay que recordar que por cada Megawatt de generación con energías renovables y limpias el país se ahorra aproximadamente 10,000 barriles de petróleo al año. No obstante, los desarrolladores de los proyectos energéticos deberán respetar los derechos de los afectados y contemplar la adecuada mitigación de los aspectos sociales como medida indispensable para lograr la armonía entre la población, el ambiente y los requerimientos del desarrollo nacional”, lo cual parece no dar cabida a malas interpretaciones y resultados contrarios a estos objetivos. Son palabras muy dulces y tentadoras para un ciudadano común e incluso para un ambientalista incauto. El asunto es que justo en este momento que escribimos este artículo, se cumple un mes que un contingente de policías antimotines golpearon y encarcelaron a 54 indígenas Ngöbes indefensos y sin armas que defendían sus tierras en Charco La Pava, sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en mero centro de un área protegida y Reserva de la Biosfera! Tuvieron el descaro de encarcelar a padres con niños menores de 12 años! Estuvieron encarcelados por 24 horas, sin comer y vilipendiados por la propia policía nacional y por los nuevos jefes de la Policía Nacional en Bocas del Toro: los señores de AES Corporation, filial AES Panama-Changuinola. En más de un mes tienen secuestrados y tienen en estado de sitio a todos los indígenas residentes en el área del proyecto de AES y simplemente en este país no pasa nada.

Siguen con el telón de la inversión y las catástrofes como planteamiento justificatorio de sus acciones o supuestas políticas: “La cobertura de la creciente demanda de energía eléctrica que asciende alrededor del 4% al 5% anual, es un reto y requiere la participación de inversionistas nacionales e internacionales para poder cubrir el programa de inversiones en este sector que asciende a más de B/. 1,000 millones durante los próximos 10 a 12 años. Para ello se están tomando medidas para lograr contratos de energía y potencia eficientes y a plazos razonables entre las empresas de generación y de distribución, mantener una reserva apropiada de generación y un adecuado balance hidro-térmico para evitar racionamientos cuando se produzca el fenómeno del Niño”. Aquí se les olvidó incorporar que hay que advertirle a las empresas promotoras de hidroeléctricas que no hagan propaganda engañosa diciendo que el precio de la energía al consumidor bajará por la puesta en funcionamiento de sus proyectos hidros, tal y como en su momento lo hizo AES para promocionar el proyecto de Estí y ahora lo hace para promocionar sus proyectos hidros en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, denominados por ellos, Chan 75, Chan 140 y Chan 220.

Lago Bayano, Panamá

Lago Bayano fue lanzado como proyecto hidroeléctrico insignia de la política inconsulta de gobierno de la década de 1970, sin controles ambientales, ni mucho menos evaluaciones ambientales estratégicas. El daño ambiental y social causado fue y sigue siendo de consecuencias devastadoras, sin embargo las empresas están reídas lucrando de este desastre ambiental y social, digno de un país cuartomundista. Foto. A. Rodríguez (2007).

Luego mencionan los planes de interconexión regional eléctrica: “Las oportunidades que se le presentan al país de convertirse en un canal energético entre el Pacto Andino y Centroamérica, se evalúan bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, respetando las leyes y la normativa ambiental correspondiente y cualesquiera otros aspectos considerados de interés nacional. Se adelanta el estudio de factibilidad para la integración energética entre Colombia y Panamá en base al Memorando de Entendimiento celebrado el 1 de noviembre de 2004, que firmamos con el presidente Uribe”. Sin embargo, a continuación sigue otro párrafo que si no es leído con cautela es un párrafo inocente más: “Se avanzó en la integración con Centroamérica con el proyecto SIEPAC donde se recibirán ofertas durante este año para la construcción de 1830 kilómetros de línea de transmisión desde Panamá hasta Guatemala con una capacidad de intercambio de 300 MW entre países, basado en el Tratado Marco. También se licitó la línea de interconexión con Costa Rica a voltaje intermedio de 34.5 KV para suplir la provincia de Bocas del Toro y se avanza en la línea del Anillo de la Amistad de 230 KV para integrar a Costa Rica con una capacidad de intercambio de 120 MW y posibilitar el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos e integrar a la provincia de Bocas del Toro al Sistema Interconectado Nacional”. Este párrafo explica los apuros en desarrollar proyectos hidroeléctricos en las áreas indígenas y áreas protegidas de Bocas del Toro que son las áreas mejor conservadas del país. Entonces aquí comienzan las preguntas: ¿Estos parecen ser proyectos en proceso y no a políticas pre-establecidas? ¿Entonces dónde está el efecto de las políticas o es que las políticas solo son relatoras de lo que está ocurriendo independientemente de una política previamente establecida? Algo debió ser primero y es evidente que el albedrío ha sido la brújula que ha establecido rumbos a seguir. Esto significa que no hay política energética real, ni mucho menos efectiva.

AES en el Bosque Protector de Palo Seco

¿Es la destrucción de un área protegida, Reserva de la Biósfera y área de amortiguamiento de un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad parte de la estrategia de la política energética de Panamá? En realidad todo suena a corrupción, libre albedrío y robo de los mejores bosques y aguas de Panamá para negocios de construcción y de exportación de energía a través del anillo de interconexión La Amistad. Foto: ACD.

Luego el discurso del Gobierno entra a otra etapa que confunde más a cualquier incauto y es la del ahorro energético en el consumo doméstico, comercial, gubernamental e industrial que como está planteado es una maravilla que todo ambientalista desea escuchar: “El uso eficiente y racional de la energía es otra prioridad donde se debe combatir el desperdicio de energía que se da en los distintos subsectores. Es necesario promover una cultura de ahorro y uso racional de la energía en todas sus formas. La cultura del ahorro energético se debe inculcar desde la edad escolar de manera organizada y que forme parte del programa de enseñanza adoptado de manera científica por el Ministerio de Educación. En este sentido todos los sectores incluyendo el sector público, privado y doméstico tienen un potencial de ahorro importante, que según los estudios desarrollados a la fecha representan entre el 10% y el 30% dependiendo de las medidas a implementar. Por otro lado, las normas técnicas y el diseño de edificaciones deben tomar en cuenta la eficiencia energética. El Gobierno Nacional debe dar el ejemplo con la implementación del Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PLANURE).”. Parecen haber atrapado en el aire el discurso ambientalista, para que no digan que no están sintonizados por los paradigmas esbozados por los activistas ambientales del mundo que defienden cuencas hidrográficas y biodiversidad y personas afectadas por proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos dependientes de carbón o petróleo; pero de allí a cambiar los planes y proyectos planteados en donde los amigotes de los estadistas del MEF y de la nueva Secretaría de Energía son arte y parte, nada. Todo sigue su curso, a pesar de incorporar tan loable discurso.

El loable discurso continúa y se profundiza aún más las alternativas energéticas y la soberanía: “La diversificación de la canasta energética como estrategia para mitigar los altos costos de los derivados del petróleo tradicionales y afirmar la seguridad del suministro es una prioridad donde se deben agilizar los estudios de factibilidad para la introducción del gas natural a la matriz energética de Panamá, sea por vía marítima y/o gasoducto, siendo un combustible más limpio que puede ser utilizado en plantas de generación térmica existentes y futuras con precios competitivos. Se debe promover el aprovechamiento de la energía biomásica para producir biogás en el caso de los municipios más populosos de manera sustentable, promover la cogeneración de energía aprovechando el bagazo de caña al final de la zafra, entre otras alternativas.” Qué maravilla hablar hasta de soberanía energética, pero el país ha perdido y sigue perdiendo su soberanía alimentaria. Esto sólo desnuda que efectivamente lo que se quiere es proseguir con el libre albedrío en los proyectos de generación eléctrica que impulsan los promotores privados, montados al margen de este discurso gubernamental no vinculante legalmente y que sólo sirve para agradar a los oídos del Banco Mundial y del BID para que le sigan desembolsando dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para gastos burocráticos diversos y para pagarle el insano e inmoral subsidio a las empresas generadoras y distribuidoras de Panamá, que nos sangran vilmente, a pesar que de un plumazo del gobierno nacional se puede evitar este sangrado irracional que a nombre del alza del combustible muchas empresas eléctricas térmicas e hídricas se ahogan en altos ingresos, como en ningún otro país sería posible.

Si las soluciones al asalto que nos hacen por igual las empresas hidroeléctricas, termoeléctricas y distribuidoras han sido planteadas desde hace mucho tiempo, tal y como lo esboza la propia Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) que consisten en las siguientes medidas o recomendaciones: “Que se adopten por las instancias correspondientes todas las medidas legales y de otra naturaleza indispensables para corregir las distorsiones del mercado eléctrico, a fin de proteger efectivamente los intereses de los clientes y personas beneficiarias del servicio público de electricidad.” ¿Por qué no se ha hecho nada, sin embargo, se siguen aprobando con urgencias evidentes en las madrugadas de los 31 de diciembres de todos los años muchas otras leyes contrarias a los intereses nacionales? ¿Por qué no aparece una ley madrugonazo que tumbe el negociado montado por la mafia de la industria energética que nos consume a todos por igual?

¿Por qué y me tomo las propias palabras de la CONAE, dado los indicios encontrados y la complejidad del tema, que afecta el interés público, el Gobierno no continúa y refuerza las investigaciones iniciadas por esta Comisión y adopta las medidas que se requieran para que estas empresas no sigan haciéndole daño al país a cambio de un lucro desmedido y ganancias desproporcionadas?

¿Por qué la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no realiza una investigación a fondo sobre las distorsiones del mercado eléctrico, que han ocasionado que un alto porcentaje de la energía sea vendida en el mercado ocasional, con una alta volatilidad, en vez de haber sido contratada de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico?

¿Por qué el Ente Regulador de los Servicios Públicos o la Autoridad que corresponda, con fundamento en la Ley exija, mediante la resolución pertinente a las empresas distribuidoras el cumplimiento de la obligación de contratar oportunamente el suministro de sus clientes y sancione ejemplarmente cualquier incumplimiento?

¿Por qué el gobierno nacional impulsa generadoras eléctricas en áreas protegidas y áreas indígenas teniendo decenas de opciones que incluyen el uso de verdaderas energías alternativas y el uso adecuado de la interconexión internacional que hace que el mercado generación eléctrica sea abierto y no cerrado como han pretendido hacer ver?

El día que no exista corrupción en la protección de todas estas empresas que desangran al país con su negocio energético, entonces se acabará la fiebre especulativa que se ha montado en todo el país y que amenaza áreas protegidas, ríos, riachuelos, comunidades indígenas, especies endémicas, reservas biológicas, corredores biológicos, paisajes protegidos, especies migratorias, biodiversidad de sitios estratégicos, sitios de patrimonio mundial, etc.

¿Y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Ley General del Ambiente que ordena la evaluación ambiental estratégica y el estudio y áudito ambiental de los proyectos y las políticas nacionales donde están? Están como dicen los muchachos de la Universidad de Panamá: Están vendiendo a Panamá, con sus ríos, la biodiversidad y los pueblos indígenas incluidos.

¿Será que la ANAM tiene como excusa que los lineamientos sobre energía no son técnicamente una verdadera política nacional de energía y al no serlo no tiene, ni puede ser evaluada ambientalmente?

Corolario: Este país anda en caos ambiental y no por los ambientalistas. Anda en caos porque los gobernantes no saben lo que es una política de estado e impera el libre albedrío y la violación a las leyes. La ANAM que debe jugar un rol fundamental en detener este desorden desconoce sus deberes legales o simplemente los ignora a conveniencia de sus directores. Ante este escenario estamos viendo lo que estamos viendo: una piñata llamada Panamá que cumple años el 3 de noviembre bajo el signo de los escorpiones, que según la leyenda , los hijos se devoran a su propia madre.

Panamá, 4 de febrero de 2008.

* Biólogo y Académico, Presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo